Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 38.469-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución 163/2017 (AD VICO), dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Villa Constitución Constitución en la Actuación SIGEA Nº 12534-33-2010 (069-SC-39-2012/2).
2Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-148513057-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 13 de Diciembre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “TANONI HNOS S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 38.469-A (y su acumulado Nº 38.470-A) , El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En los procedimientos en cuestión, se suscita un debate relativo a la clasificación en la posición arancelaria de NCM 1517.90.10.900C en relación con una presunta operación de exportación de aceite comestible que consiste en una combinación de aceite de girasol y maíz. A raíz de la interrogante sobre si se trataba de aceite exclusivamente de girasol o, por el contrario, se configuraba como una amalgama de aceite de girasol y maíz, se inició un procedimiento administrativo que culminó con la determinación del tributo y la imposición de una multa por la declaración inexacta en virtud del artículo 954, inciso a), del Código Aduanero.
II. Las partes recurrentes plantean interrogantes respecto a la base de hechos del acto administrativo aduanero. De manera concisa, argumentan que en el ámbito administrativo no se logró corroborar la falta de precisión en la declaración presentada. Para respaldar esta alegación, presentan informes de diversas entidades que indicarían que las pruebas realizadas sobre la mercancía son coherentes con la existencia de una mezcla de aceite de girasol y maíz.
III. Por su parte, el representante del organismo fiscal encomia la defensa del acto administrativo impugnado, subrayando que el informe elaborado por el Instituto Técnico de Examen de Mercaderías (ITEM) dejó constancia de que "la muestra informada mediante el protocolo analítico N° 71810 muestra un perfil cromatográfico congruente con el aceite de girasol". Expone que, según se deduce de dicho protocolo, la mercancía sometida a ensayo se configuraría como aceite de girasol puro, lo que, por consiguiente, implicaría un cambio en los derechos a abonar, aumentando del 5% al 30%. Indica que la parte recurrente intenta hacer prevalecer una comunicación de la Cámara Arbitral de Aceites Vegetales y Subproductos, la cual plantea meramente una posibilidad, en contraposición a un análisis específico realizado por el ITEM, en el que el protocolo documenta un perfil específico de la mercadería.
IV. En consecuencia, el objeto de la controversia se centra en la clasificación arancelaria de una supuesta operación de exportación de aceite comestible, concretamente, si debe ser categorizado como aceite de girasol puro o como una mezcla de aceite de girasol y maíz, de acuerdo con la posición arancelaria NCM 1517.90.10.900C. Este debate se origina debido a una disputa sobre la exactitud de la declaración aduanera presentada, lo que resulta en la determinación de impuestos y la imposición de una multa por parte de las autoridades aduaneras. Además, la controversia también abarca la validez y la relevancia de los informes y protocolos analíticos presentados por ambas partes, así como la responsabilidad del despachante de aduana en el proceso.
IV. En estas circunstancias, se observa que en la página 14 de los documentos correspondientes a las Actuaciones Administrativas (AA), se halla el Protocolo de Análisis N°71810 elaborado por el ITEM, a través del cual se informa que la mercancía no se ajusta al perfil cromatográfico característico de un aceite de girasol-maíz (una mezcla de aceite), sino que efectivamente coincide con el perfil cromatográfico propio de un aceite de girasol (es decir, un aceite puro).
V. Inicialmente, debemos reconocer de manera inequívoca que nos resulta ajeno decidir si una sustancia se adscribe a una u otra categoría. Nuestra labor se circunscribe, en esencia, a la evaluación de si las conclusiones alcanzadas por el órgano competente encargado de esclarecer la naturaleza de los acontecimientos se erigen sobre un fundamento sólido que acata las pautas establecidas. Las disposiciones normativas pertinentes otorgan al servicio aduanero la facultad de examinar los sucesos con relevancia tributaria y determinar su adecuación conforme al marco jurídico aplicable.
VI. Bajo estas circunstancias, es oportuno cuestionar el grado de flexibilidad que tenemos para apartarnos de las conclusiones de las autoridades administrativas. Dada la recurrencia de esta situación, se ha sostenido que no se infringe el principio constitucional del debido proceso legal cuando se encarga a funcionarios administrativos la tarea de discernir los hechos que potencialmente constituyen violaciones a la normativa (SCOTUS 287 U.S. 329). Por consiguiente, es manifiesto que las agencias administrativas, como el servicio aduanero, ostentan la autoridad delegada para establecer y definir pautas de comportamiento que contravienen la ley, evaluar los eventos que podrían dar lugar a dichos comportamientos y hacer cumplir las disposiciones emitidas. En consecuencia, la jurisprudencia ha permitido que estas agencias ejerzan simultáneamente facultades y competencias legislativas, judiciales y ejecutivas. Al mismo tiempo, se debe garantizar un procedimiento justo antes de privar a alguien de un interés de propiedad, ya que el debido proceso exige la concesión de una audiencia adecuada, con el derecho a presentar pruebas y argumentos pertinentes. En consideración de la realidad descrita anteriormente, se ha argumentado que no constituye una violación del sagrado principio constitucional del debido proceso permitir que sean los funcionarios administrativos quienes resuelvan los hechos que podrían dar lugar a una transgresión de la norma legal. De esta premisa se desprende que las entidades administrativas poseen una competencia legislativa delegada, lo que les permite no solo definir y reconocer conductas que contravienen el orden jurídico, sino también evaluar las circunstancias que podrían dar origen a tales conductas y, posteriormente, asegurar el cumplimiento de las disposiciones emitidas. En este contexto, la jurisprudencia ha otorgado a estas agencias un tríplice poder: legislativo, adjudicativo y ejecutivo.
VII. En este contexto, simultáneamente, se destaca la apremiante necesidad de preservar el derecho a un examen adecuado previo a la eventual privación de cualquier interés de propiedad. Es imperativo recordar que el debido proceso no es un mero formalismo, sino que implica la necesidad de una audiencia sustantiva, donde se permita a las partes involucradas presentar pruebas y argumentos pertinentes. Por lo tanto, la aplicación de los principios del debido proceso es obligatoria para la entidad administrativa. En resumen, se puede afirmar de manera concisa que el debido proceso requiere la concesión de una audiencia adecuada en la que se garantice el derecho a presentar pruebas y argumentos apropiados.
VIII. Además de lo expuesto, es fundamental resaltar que en un sistema de gobierno republicano se requiere la posibilidad de someter a revisión judicial las decisiones administrativas. No obstante, esta revisión judicial no es viable cuando la legislación sujeta la acción de la agencia a su propia discreción (SCOTUS 401 U.S. 402). Para no alejarnos de la cuestión central, es importante recordar que la revisión judicial tiene como finalidad delimitar el margen de discreción de las agencias administrativas y garantizar que estas desempeñen sus funciones conforme a la ley. En su esencia, es innegable afirmar que el debido proceso exige la celebración de una audiencia con todas las garantías. Durante dicho procedimiento, emerge inexorablemente el derecho a presentar pruebas y formular argumentos pertinentes. Añadiendo un nivel de complejidad a esta reflexión, es esencial señalar que el núcleo de una república implica la posible intervención del poder judicial para revisar las decisiones de la esfera administrativa. Es crucial subrayar que el propósito último de esta revisión es asegurar que las agencias operen dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y restringir su discrecionalidad.
IX. En relación con esto, es imperativo resaltar que las decisiones emitidas por las agencias administrativas tienen fuerza vinculante, a menos que se demuestre, mediante pruebas contundentes, la existencia de mala fe o una conducta inapropiada (SCOTUS 411 U.S. 138). No obstante, los tribunales de justicia son los encargados de evaluar en última instancia la legitimidad de los poderes delegados y su ejercicio adecuado (SCOTUS 239 U.S. 3). En última instancia, resulta esencial analizar que, cuando el Congreso encomienda a una agencia administrativa la responsabilidad de elegir los medios para implementar la política establecida por la legislación, la elección de las medidas a tomar no puede ser anulada a menos que un tribunal de justicia determine que es "injustificada en la ley" o "carece de justificación fáctica".
X. En este contexto, se ha sostenido que la sentencia de la corte de apelaciones resultó arbitraria al revocar la decisión de la Comisión de Energía Atómica de otorgar a Vermont una licencia para operar una planta de energía nuclear (SCOTUS 435 U.S. 519, 558). La Corte Suprema afirmó que el tribunal inferior interfirió inapropiadamente en el proceso de toma de decisiones de la Comisión al restringir su ejercicio de discreción administrativa. En este sentido, es fundamental destacar que los tribunales de revisión no deben entrometerse de manera indebida en el proceso de toma de decisiones de las agencias, ya que, conforme al estándar establecido en el influyente caso "Chevron", si la agencia administrativa propone una interpretación razonable de la ley, los jueces no deben invalidarla (SCOTUS 467 U.S. 837).
XI. Fue relevante mencionar este asunto, ya que está intrínsecamente relacionado con los casos en los que la agencia determina un hecho que puede presentar cierta ambigüedad en su configuración. En cuanto al ejercicio de la revisión judicial, la jurisprudencia respalda la idea de otorgar una mayor deferencia a las determinaciones de hecho en comparación con las conclusiones de derecho. En este sentido, es importante subrayar que la revisión judicial se restringe a evaluar si la agencia administrativa actuó dentro de los límites de los parámetros razonables.
XII. En el contexto previamente señalado, debe remarcarse que las conclusiones de las agencias administrativas adquieren un carácter determinante al ser sometidas a revisión por los tribunales, siempre y cuando estén respaldadas por pruebas. La apreciación de pruebas en conflicto corresponde a las entidades administrativas y no a los tribunales, salvo en cuestiones de naturaleza legal.
XIII. En el marco de la evaluación realizada, se constata que los tribunales, en su labor de revisión, no pueden desechar de manera arbitraria las conclusiones y las interpretaciones de la agencia administrativa, ni reemplazar su propio criterio por el adoptado por dicha entidad. Se establece un grado de deferencia, inclusive, hacia la interpretación legal de la agencia, siempre y cuando esta no se aparte de las atribuciones legales otorgadas ni contradiga un precedente judicial previo. En ese sentido, cabe destacar que los desafíos a las acciones administrativas prosperan únicamente si la determinación o la interpretación administrativa resulta contraria a la ley o manifiestamente irrazonable. Es fundamental recordar que los jueces carecen de expertise en las materias confiadas a las agencias y no forman parte de ninguna de las ramas políticas del gobierno. Por ende, en el marco de esta delegación, se espera que se confíe en las opiniones de política pública de la entidad administrativa para fundamentar sus decisiones.
XIV. Sobre las bases de las premisas señaladas, encuentro que la respuesta administrativa es manifiestamente irrazonable. El razonamiento fiscal es digno de la llamada falacia del tercero excluido, también conocida como la falacia de la falsa dicotomía o el falso dilema, por cuanto representa un error lógico que se manifiesta cuando una situación se presenta de manera simplista, como si solo hubiera una alternativa posible, cuando, en realidad, existe una gama mucho más amplia de opciones o matices que no están siendo debidamente considerados. Esta falacia, de naturaleza engañosa, radica en la premisa de que la elección se reduce de manera tajante a una opción excluyente, marginando cualquier otro matiz o posibilidad. En esencia, la falacia del tercero excluido se apoya en una dicotomía artificial que no refleja la complejidad real de muchas cuestiones. La falsa dicotomía, al simplificar excesivamente un problema o una cuestión, tiende a presentar la elección de manera polarizada, negando la existencia de opciones intermedias o matices.
XV. En el contexto previamente expuesto, resulta destacable que, en las páginas 92 y 93 de las AA, se encuentra tanto el oficio enviado a la Cámara Arbitral de Aceites Vegetales y Subproductos de la Bolsa de Comercio de Rosario como su respuesta. En dicho oficio, se solicitó a esta entidad que brindara información acerca de si los contenidos de ácidos palmíticos, esteáricos, oleicos y linoleicos mencionados en el protocolo de análisis del ITEM adjunto eran congruentes con un aceite que fuera una mezcla de girasol y maíz. La respuesta emitida por la Cámara fue la siguiente: "Informamos que los contenidos de ácidos palmíticos, esteáricos, oleicos y linoleicos correspondientes al protocolo de análisis Lab 71810 son compatibles con un aceite mezcla girasol-maíz. Se entiende por compatible la posibilidad de que contengan mezcla girasol-maíz". Asimismo, consta en el expediente, en la página 115, la designación de un perito ingeniero químico con el propósito de examinar los mencionados contenidos de ácido palmítico, esteárico, oleico y linoleico, tal como se detalla en el título "Valoración" del Protocolo de Análisis del ITEM, y dictaminar si dicha valoración o contenido era concordante con un aceite que fuera una mezcla de girasol y maíz. El perito, a través de un informe pericial presente en las páginas 222 a 227, llegó a la conclusión de que "no es posible afirmar que la muestra sea exclusivamente Aceite Puro de Girasol, pero tampoco es posible afirmar que sea una mezcla". Además, en relación a los aspectos relevantes para esta cuestión, señaló que "en el expediente no se incluye el cromatograma correspondiente (Perfil Cromatográfico) al que hace mención el informe, no se menciona si desde la Fecha de Entrada hasta el momento del análisis, la muestra fue conservada en condiciones controladas ni si el ensayo se realizó en dicha fecha o en la fecha de realizado el protocolo. Tampoco se menciona si la retención del sobrante de muestra fue y/o está conservado en condiciones controladas (…) disponer de los mencionados perfiles cromatográficos tanto de los aceites puros como de la mezcla sería lo óptimo para obtener información directa de las muestras a través de la comparación de estos y también para conocer datos de cómo y cuándo fue realizado el análisis".
XVI. A todo lo anteriormente expuesto, se debe agregar que la autoridad fiscal no proporcionó observaciones o comentarios en relación a la prueba presentada, en particular los argumentos presentados en las páginas 253 a 262, correspondientes a las firmas "Tanoni Hnos SA" y "Marta Bazzano de Locatelli", respectivamente. Al evaluar el nivel de prueba sin una respuesta de la aduana, este tribunal se encuentra ante una falta de certeza con respecto a los hechos en cuestión. Por lo tanto, en conformidad con lo establecido en el artículo 898 del Código Aduanero, se hace necesario adoptar la posición que resulta más favorable para el imputado.Principio del formulario Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución 163/2017 (AD VICO), dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Villa Constitución en la Actuación SIGEA Nº 12534-33-2010 (069-SC-39-2012/2).
2. Con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht, en especial a los Considerandos XV y XVI, que permiten resolver en los términos del art. 898 del Código Aduanero.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero al voto del Instructor y que si bien se advierten elementos que permiten valorar en ambos sentidos los peritajes practicados, abona a las conclusiones del voto del Dr. Licht el fraccionamiento en latas de 900 ml. de la mercadería con la leyenda de su composición (aceite mezcla), de manera que su comercialización minorista despeja suficientemente la sospecha de engaño en cuanto a su pureza.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución 163/2017 (AD VICO), dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Villa Constitución Constitución en la Actuación SIGEA Nº 12534-33-2010 (069-SC-39-2012/2).
2. Con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.12.13 20:04:58 ART Date: 2023.12.13 20:11:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.13 20:35:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.13 20:35:32 -03:00
Fin de la sentencia