Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa T-2550/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, Provincia de Santa Cruz, en PE584814-2022 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE891906-2023.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: T-2550/23-TSJ Interlocutorio N°: 3776 Actor: TAPIA CLAUDIA ALEJANDRA Y OTROS Demandada: GUAQUEL JOSE Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 21-11-2023 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3776 FOLIO Nº 6821/6824 PROT. ELECT. TSS1 047 I.231
Río Gallegos, 21 de noviembre de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “TAPIA CLAUDIA ALEJANDRA Y OTROS c/ GUAQUEL JOSE Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº T-21.226/07 (T-2550/23-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto del Dr. Fernando Miguel Basanta y de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, Provincia de Santa Cruz, por intermedio del Sr. Fiscal de Estado, Dr. Fernando Pablo Tanarro y su letrada apoderada, Dra. Paula Analía Hernández (cfr. PE584814-2022), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE544850-2022, que hizo lugar parcialmente al recurso de apelación promovido por la Sra. Claudia Alejandra Tapia; admitió íntegramente la apelación de los Sres. Lucas Heber Ayub y Lautaro Nahir Ayub; rechazó el recurso de apelación articulado por el Estado Provincial y, en consecuencia, revocó los puntos III y IV de la sentencia de Primera Instancia componiéndolos positivamente y manteniendo el temperamento adoptado por el Juez de Grado en lo concerniente a las tasas de interés aplicadas. Asimismo, el Tribunal de Alzada declaró la nulidad de la regulación de honorarios efectuada por el Juez de Grado fijando los emolumentos profesionales de los letrados intervinientes por su actuación en ambas instancias (cfr. PE cit., págs. 55/57).- A su turno, el fallo de Primera Instancia, en los puntos III y IV, había hecho lugar parcialmente a la demanda instaurada, rechazando los rubros concernientes al daño moral pretendidos por los Sres. Víctor Gabriel Ayub, Lucas Heber Ayub y Lautaro Nahir Ayub, condenando a José Temístocles Guaquel y a la Provincia de Santa Cruz a abonar la suma de pesos cuatro millones ochocientos setenta mil ($ 4.870.000,00) correspondiente a diversos rubros derivados de las secuelas psicofísicas sufridas por la Sra. Tapia a causa del siniestro vial ocurrido e impuso intereses a tasa pura del seis porciento (6%) desde el momento del hecho -17 de mayo de 2004- y hasta la fecha de la sentencia -21 de septiembre de 2018- y a la tasa activa promedio que pública el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento, desde ésta última fecha y hasta su efectivo pago; todo ello con costas a los accionados (cfr. fs. 1712/1731).-
II. La parte recurrente motiva su recurso en la causal de violación de la ley o doctrina legal, en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. PE584814-2022, págs. 1/2).-
Dicho recurso fue declarado formalmente admisible por la Excma. Cámara de Apelaciones en PE891906-2023.-
III. Que, encontrándose reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación, corresponde declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada y por el término allí establecido. Así lo votamos.- Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani, de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Los hechos que motivaron el tratamiento del presente recurso de casación han sido adecuadamente expuestos en el relato de mis distinguidos colegas preopinantes; sin embargo disentimos con la decisión a la que se ha arribado, propiciando la declaración de inadmisibilidad del recurso deducido.-
II. Bajo el título de aplicación errónea de la ley afirma que la sentencia: “…aplica erróneamente el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, al emplear el nuevo código para resolver situaciones jurídicas ya consumadas para acoger los agravios de los hijos de la actora…En la sentencia de primera instancia se rechazó la pretensión indemnizatoria a favor de los jóvenes Ayub por aplicación del art. 1078 del derogado Código Civil (norma vigente a la fecha del evento dañoso, de la contestación de la demanda y de la traba de la litis en autos).” (cfr. PE584814-2022, pág. 3).- Agrega con relación a ello que: “El error en la aplicación de la ley en que incurre la Cámara de Apelaciones consiste en pasar por alto que, en los procesos de daños y perjuicios lo determinante para establecer quien ostenta legitimación para reclamar es la ley aplicable a la fecha del hecho, porque es la que fija la clase de responsabilidad y su extensión. Ello así por cuanto la sentencia de daños no crea un derecho nuevo, sino que reconoce un derecho preexistente determinando su alcance y el monto de la reparación. De ahí que, aunque el nuevo código pueda aplicarse para la cuantificación del daño de quien a la luz de la ley vigente al momento del hecho tenía derecho a reclamar...por tratarse de consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes…no debe aplicarse para constituir en la sentencia un derecho que no existía de acuerdo a la ley vigente: en el caso el derecho de los hijos de la actora a una indemnización (cfr. PE cit., pág. 4).- En cuanto a la violación de la doctrina legal refiere que el fallo recurrido es violatorio de la doctrina sentada al Tomo XIX, Sentencia, Reg. 654, Folio 3759/3767, al condenar al pago de los intereses calculados a la tasa activa (cfr. PE cit., págs. 4/5).-
Finalmente aduce que existe una evidente arbitrariedad en la forma en que se cuantificó el daño en la sentencia impugnada y en la forma dispuesta para el cómputo de intereses (cfr. PE cit., pág. 5).-
Puntualmente sostiene que: “Desde la contestación de demanda esta parte ha sostenido que con posterioridad al hecho dañoso la Sra. Tapia nunca dejó de percibir haberes del Estado provincial, hasta la obtención de una jubilación por incapacidad. Por tal razón se manifestó la improcedencia de la indemnización reclamada como pérdida de chance...En la sentencia de Cámara…se realizó el cálculo de los haberes que la Sra. Tapia podría haber percibido desde el hecho que origina el expediente hasta los 80 años de edad (fijando a tal edad el límite de la expectativa de vida) y seguidamente se otorgó un monto indemnizatorio correspondiente a la afectación a la capacidad vital de la víctima.” (cfr. PE cit., pág. 6).- Agrega que la decisión de la Alzada es contradictoria en cuanto afirma que: “… la indemnización por incapacidad sobreviniente es procedente porque no solo comprende la capacidad laborativa (rubro que ya se encontraba cubierto con los haberes percibidos por la Sra. Tapia aunque no prestara servicios con posterioridad al hecho dañoso), sino también la capacidad vital de la víctima y después ordena indemnizar ambos rubros como si la actora no hubiese percibido haberes con posterioridad al accidente.” (cfr. PE cit., pág. 7).- Sostiene que: “…la interpretación que se realiza en el resolutorio recurrido incurre en afirmaciones netamente dogmáticas y no constituye una derivación razonada con arreglo a las circunstancias del caso y por ello incurre en arbitrariedad, ya que no repara en que además de la capacidad vital de la Sra. Tapia…ordena indemnizar el rubro incapacidad laborativa como si no se encontrara probado en autos que la actora nunca dejó de percibir haberes.” (cfr. PE y pág. cits.).- Finalmente aduce que existe una evidente arbitrariedad en la forma dispuesta para el cómputo de los intereses del rubro incapacidad sobreviniente. Esboza al respecto que: “…condena a pagar intereses por montos futuros, ya que no constituye un razonamiento lógico, toda vez que no puede devengar intereses retroactivamente (desde el momento del hecho) un capital fijado a valores actuales correspondiente a la indemnización que abarca desde el momento del cómputo hacia el futuro.” (cfr. PE cit., pág. 8).- Hacer reserva del caso federal (cfr. PE cit., pág. 9).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la Provincia de Santa Cruz (cfr. PE891906-2023).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE582793-2023.-
III. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.- En lo tocante a la violación de la ley, la casacionista considera que se ha aplicado erróneamente el artículo 7º del Código Civil y Comercial de la Nación al emplearlo para resolver situaciones jurídicas ya consumadas para acoger los agravios de los hijos de la actora (cfr. PE584814-2022, pág. 3).-
Sin embargo, el planteo efectuado por la recurrente no demuestra la transgresión que aduce puesto que se limita a manifestar exclusivamente que la Cámara pasa por alto que -en los procesos de daños y perjuicios- lo determinante para establecer quien ostenta legitimación para reclamar es la ley aplicable a la fecha del hecho.-
Hecho que en modo alguno alcanza para suplir el apuntado déficit ni para otorgar basamento a un recurso excepcional como lo es el de casación.-
Y es que: “...‘Existe ‘violación’ de ley cuando, frente a una determinada situación de hecho, se prescinde de aplicar la norma que conceptualiza esa situación, eligiéndose otra norma cuyas menciones contemplan un supuesto distinto. La ‘errónea aplicación’ de ley significa, en cambio, que si bien la norma ha sido correctamente elegida, se le acuerda, por restricción o ampliación, un sentido incompatible con el supuesto de hecho planteado en el proceso’ (confr. Palacio, Lino E., Recursos Procesales, Lexis Nº 2508/001696).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2639, Folio 3967/3970).- Ninguno de los supuestos mencionados han sido demostrados, pues como se dijo la impugnación deducida se limita a indicar que se ha aplicado erróneamente el artículo 7º del CCyCN sin dar mayores precisiones al respecto omitiendo suministrar fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta el decisorio en crisis.-
Ante tal omisión es preciso recordar que: “No es función de la Corte suplir de oficio la mención de las normas omitidas por el recurrente y por ende, no está habilitada para declarar la violación o errónea aplicación de los preceptos no invocados en el recurso.” (cfr. sum. SCBA, “P. B. I. c/ R. J. B. s/ Nulidad de matrimonio”, causa LP Ac 33.010 S, del 26/06/198; “Acosta Patrocinio c/ Isnain María s/ Daños y perjuicios”, causa LP Ac 39.094 S, del 21/06/1988, entre otros).- El recurso de casación, de la manera en que ha sido planteado, no llega a constituir la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que la recurrente sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar demostrar en qué se han equivocado los magistrados que ya se expidieron, menos aún fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis, la procedencia y razonabilidad de su pretensión revisora.- Se advierte entonces que la lectura del escrito portador del recurso de casación desnuda la carencia de una crítica concreta y razonada de la resolución que se ataca, requisito insoslayable de la vía que se intenta. No contiene, dicho libelo, una explicación razonable que demuestre, aunque sea mínimamente, cómo es que, en el caso concreto, se ha producido el error que amerite desechar la resolución de Cámara.-
IV. Lo mismo ocurre con relación a la arbitrariedad que se aduce toda vez que no se observa, en el pronunciamiento impugnado, ninguno de los presupuestos que la configuran. Es decir, la casacionista se limita a expresar que el fallo de Alzada resulta arbitrario en la forma en que ésta cuantificó el daño y en la forma dispuesta para el cómputo de los intereses (cfr. PE cit., págs. 5/8) sin lograr demostrar ni argumentar que el mismo constituya una decisión sujeta a descalificación por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales; antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con los criterios sustentados por los jueces, el fallo abunda en fundamentos de diverso orden que le dan suficiente consistencia jurídica.-
V. Idéntica suerte adversa debe asignarse al pretenso agravio vinculado con la violación de la doctrina legal en referencia a la tasa de interés impuesta.-
De la lectura del expediente se advierte que la recurrente intenta cuestionar en esta instancia la tasa de interés aplicable a los rubros de condena luego de que tal cuestión quedase firme.-
La sentencia de Primera Instancia fue la que determinó que se debía aplicar la tasa activa utilizada por el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos (cfr. fs. 1712/1731 vta.); pero esta cuestión no fue motivo de agravio en el recurso de apelación interpuesto contra dicho pronunciamiento por parte del Estado Provincial (cfr. PE252033-2021). Entonces, de lo hasta aquí expuesto, surge que el recurrente cuestiona tardíamente la tasa de interés aplicable, pues recién en la casación introduce este agravio que resulta a todas luces novedoso.- En coincidencia con lo antedicho se ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: “...reiteradamente ha declarado este Tribunal que es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si los agravios que contiene constituyen el fruto de una reflexión tardía, pues no corresponde que la Suprema Corte considere temas novedosos que no han sido sometidos a conocimiento de los jueces de grado (conf. causas L. 117.578 ‘Guzmán’, sent. de 10-XII-2014 y L. 116.810 ‘L., M.A.’, sent. de 24-VI-2015).” (cfr. “Díaz Juan José c/ Conarpresa S.A. y otra s/ Despido”, causa LP L 118.847 S, del 04/08/2016).- Es en virtud de lo expuesto que el presente agravio no resulta apto para la apertura de esta instancia extraordinaria.-
En síntesis, al examinar los términos del recurso interpuesto, se advierte que las conclusiones de la Cámara no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error en la sentencia en crisis. Así, la recurrente tan sólo indica su discrepancia con la sentencia atacada propiciando una interpretación distinta de los hechos y de la normativa en la que se funda, invocación que por sí sola no basta en el ámbito del recurso que nos ocupa dada la limitación extraordinaria de la instancia.-
VI. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte demandada, Provincia de Santa Cruz, en PE584814-2022 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE891906-2023, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.- Así lo votamos.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y el voto de los Sres. Vocales Dra. Reneé Guadalupe Fernández y Dr. Fernando Miguel Basanta, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, Provincia de Santa Cruz, en PE584814-2022 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE891906-2023.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1047I.231 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3776 Folio N°: 6821/6824 Secretaría: 1
Fin de la sentencia