Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 37.968-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución DE PRLA No 2137/16, recaída en el expediente administrativo SIGEA 12197-8886- 2008, en cuanto impone la pena de multa a la firma Taranto SA. Costas a cargo de la co actora importadora.
2Confirmar la referida Resolución DE PRLA No 2137, en cuanto intima el pago de tributos, los que ascienden a un total de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 76/100 (USD 43.898,76.-), con más los intereses devengados desde el 26/08/2015 hasta su efectivo pago. Costas a cargo de las co actoras.
3Revocar parcialmente la citada Resolución, en cuanto intima el pago de los rubros IVA Adicional y la percepción del Impuesto a las Ganancias. Costas a cargo del Fisco.
4Distribuir las costas de lo resuelto en los puntos 2 y 3 de la presente en un 70% a cargo de las co actoras y en un 30% a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-139819416-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 17 de Diciembre de 2025 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala “F”, para resolver el Expediente Nro. 37.968-A, caratulado “TARANTO S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, y su acumulado N° 38.082-A caratulado “LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A.”, El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que a fs. 67/85 se presenta la firma TARANTO S.A. mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 2137 de fecha 11 de mayo de 2016 en el marco de las actuaciones SIGEA N° 12197-8886-2008, por la cual se la intima al pago de la suma de pesos $138.237,16.-, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, y por la que, asimismo, se le exige la suma de u$s43.898,76.- en concepto de tributos, con más la suma de $86.365,65.- correspondiente a percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias, todo ello en relación a la destinación de importación temporaria DIT Nº 05 001 IT13 000107 R.
Se agravia la recurrente, afirmando que la totalidad de los insumos importados fueron reexportados con anterioridad al vencimiento de la DIT mencionada. Opone excepción de prescripción respecto de la acción del Fisco para imponer penas y percibir tributos. Manifiesta, en lo que respeta a la pena, que en las actuaciones administrativas se aperturó sumario con fecha 11/05/2011, y que el 11/05/2016 se dictó la resolución cuestionada, exactamente el día en que prescribía la acción, efectuándose la notificación de la misma el 20/04/2017, es decir un año después. Cita normativa y jurisprudencia. Afirma que se ha vulnerado la garantía constitucional de defensa en juicio y el derecho a obtener una decisión en el “plazo razonable”, atento que han transcurrido 12 años desde la oficialización de la destinación y 10 años desde el vencimiento de la misma.
Respecto a la documental, manifiesta que se encuentra imposibilitada de arrimar la misma atento que se han cumplido los plazos de conservación conforme los términos del art. 67 del Código de Comercio. Sostiene, en lo que respecta a la destinación, que las reexportaciones se encuentran probadas en el sistema informático M.O.A., de la propia Aduana, por lo que no podría desconocer ni objetar las descargas. En referencia a los Certificados de Tipificación y Clasificación, indica que ha aportado documentación glosada al SIGEA 12197-10102-2008. Solicita la aplicación del beneficio de la duda consagrado en el art. 898 del C.A. Invoca el concepto de “buena fe”, como exculpación de infracción y eximente de sanción, manifestando que se encuentra acreditado en la sustanciación del sumario, la desidia del servicio aduanero y la buena fe de la firma importadora, a quien se le corrió vista a diez años del hecho imputado, se le notificó el auto de apertura a prueba y se la condenó sin más.
Eventualmente, solicita la aplicación de los arts. 972 y 916 del Código Aduanero. Plantea la improcedencia de la pretensión tributaria, ello atento a la reexportación de la totalidad de la mercadería. Asimismo, impugna la liquidación practicada en dólares -para el caso que la acción del Fisco no sea considerada prescripta e inviable-, procurando un cobro al tipo de cambio correspondiente a la fecha anterior al pago, destacando que debe tomarse la fecha del hecho imponible, ello conforme los términos de los arts. 638 y 639 del C.A. En igual sentido, peticiona la inaplicabilidad y declaración de inconstitucionalidad de la Resolución 3271/2012. Cuestiona la aplicación de la percepción del Impuesto al Valor Agregado y Ganancias, manifestando en relación a este último, que goza de una reducción al 3% al momento imponible.
Hace reserva del caso federal. Ofrece prueba documental e informativa. Solicita se revoque la resolución apelada con expresa imposición de costas.
Que a fs. 104/109 se presenta la aseguradora LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A. mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 2137 de fecha 11 de mayo de 2016, en el marco de las actuaciones SIGEA N° 12197-8886-2008, por el que se formula cargo y se la intima en su carácter de garante, al pago de la suma de u$s43.898,76.- en concepto de tributos adeudados por la firma TARANTO S.A., más la suma de $86.365,65.- correspondiente a percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 C.A., en relación a la destinación de importación temporaria DIT Nº 12197-8886-2008. Se agravia sosteniendo que se ha producido la violación de la garantía del debido proceso, atento a la duración de la causa, la falta de producción de medidas de pruebas y la parcialidad del juez administrativo interviniente en el procedimiento aduanero, solicitando la nulidad del fallo. Manifiesta que se ha garantizado en forma exclusiva los tributos originados en la operación de referencia, hasta la suma máxima asegurada, destacando que no garantiza ni responde por los derechos adicionales que pudieran corresponder abonar al importador, ni las multas que se le impusieren, ni los intereses originados por la mora del importador. En igual sentido, rechaza la pretensión en lo que respecta al IVA adicional y la percepción del Impuesto a las Ganancias. Sobre el curso de los intereses, reitera que no debe responder por la mora del importador, agregando que resulta confiscatoria e inconstitucional la tasa de intereses aplicada en la causa. Solicita que se aclare el fallo dictado en sede aduanera, atento que no se han discriminado los derechos adicionales aplicados, limitando el reclamo efectuado a los límites indicados en concepto de derechos de importación, dejándose de lado todo concepto que no se deba cubrir con la garantía, como tampoco se ha dispuesto en forma clara la suma máxima respecto la cual debe prosperar la acción. Ofrece prueba documental e informativa, hace reserva del caso federal, y solicita se dicte sentencia dejando sin efecto el cargo formulado, con expresa imposición de costas.
II. Que a fs. 126/138 la representación fiscal contesta el traslado conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por las contrarias que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Respecto a la prescripción de las acciones del Fisco, rechaza los fundamentos de la importadora sosteniendo que el fallo administrativo se dictó en plazo, por lo que la acción para imponer sanciones no está prescripta. En relación a los tributos, expresa que se instruyó sumario el día 11/05/2011, es decir en plazo, suspendiéndose el término del instituto, y que se produjo a la vez su interrupción a raíz de la notificación de la corrida de vista. Es decir, desde la instrucción sumarial hasta el dictado del pronunciamiento, la prescripción de la acción tributaria se encontraba suspendida.
Con respecto a la duración del sumario infraccional, cuestiona a la importadora mencionando que nunca presentó un pronto despacho, teniendo a disposición dicho recurso. Que la firma prefirió armar una prosa irónica respecto del accionar aduanero en lugar de explicar el cumplimiento, o por qué no canceló la DIT conforme a derecho. En lo que refiere a la doctrina del plazo razonable, señala que la protección de la persona jurídica no ha sido incluida en el Sistema Interamericano, ya que la misma le es acordada al hombre, no a la empresa. Respecto a la liquidación tributaria, ratifica la competencia de la Aduana para expedirse sobre las percepciones y el IVA, atento que el litigio es netamente aduanero.
Rechaza la atenuación de la sanción del art. 916 C.A., como el reencuadre pretendido en el art. 972 del C.A. Ratifica la validez de la liquidación en dólares estadounidenses, solicitando el rechazo en relación a la inaplicabilidad de la ley 23.905, atento que los montos fueron establecidos en dicha moneda, y notificados a la actora. En relación a los agravios de la aseguradora acerca de su responsabilidad, limite y liquidación, expresa que el Fisco pretende que la aseguradora responda por la obligación tributaria que contrajo contractualmente. Recuerda que el contrato de fianza expresamente establece que la compañía de seguro responde en los mismo términos que el importador. Y que, dado que éste responde por los tributos más los adicionales cuestionados, resulta lógico que la aseguradora deba hacerse cargo del IVA adicional y del anticipo del Impuesto a las Ganancias, con la alícuota del 11%.
Destaca que el accionar de la Aduana fue ajustado al debido proceso, afirmando que no ha incurrido en nulidad alguna ya que ha seguido el procedimiento previsto en la legislación vigente. En relación a la tasa de interés, recuerda que el Tribunal Fiscal de la Nación tiene prohibido considerar la inconstitucionalidad de la misma, y que sólo puede declarar la ilegalidad de interpretaciones ministeriales o administrativas. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia rechazando la excepción de prescripción como la apelación interpuesta por las contrarias, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-8886-2008 se inician a fs. 1 con el Acta de Denuncia 206/08 de fecha 23/06/2008. A fs. 4 obra carpeta de la destinación 05 001 IT13 000107 R. A fs. 5 se encuentra la Nota 4236/08 (SE PRTE) que advierte la transgresión al régimen de destinación suspensiva respecto al importador Establecimiento Metalúrgico Ochoteco, e indica como fecha de momento imponible 29/11/2007. A fs. 6 se efectúa el aforo de la mercadería, determinando que la misma es de importación permitida. A fs. 12/14 se liquidan tributos y se determina la multa. A fs. 16/19 se incorporan impresiones de pantalla correspondientes a las pólizas Nro. 21874 y 22847. A fs. 20 y vta. con fecha 11/05/2011 se dispone la instrucción del sumario y se corre vista a la importadora, como también se cita a la compañía de seguros La Perseverancia S.A. A fs. 24 se reliquidan los tributos y el cálculo de la multa. A fs. 25 se rectifica la vista conferida. A fs. 35/42 se presenta la compañía de seguros y efectúa su descargo. A fs. 44/45 obra la constancia de publicación de edictos en fecha 26/08/2015, para notificar a la firma importadora. A fs. 54/70 se presenta la firma TARANTO S.A., e informa que la destinación temporal en cuestión se encuentra cancelada, aclarando que la misma está documentada a nombre de Establecimientos Metalúrgicos Ochoteco S.A., que fue fusionada en proceso de “fusión por absorción” por parte de la empresa presentante. A fs. 72 mediante Nota 35/16 (DV CEXA) se ratifica la denuncia. A fs. 74/78 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 2137 de fecha 11/05/2016, apelada en la especie. Que se encuentra unida por cuerda las actuaciones SIGEA 12197-10102-2008, donde la firma importadora Establecimiento Metalúrgico Ochoteco S.A. efectúa una declaración jurada en fecha 02/07/2008 solicitando la cancelación de la DIT de referencia, adjuntando documentación.
IV. Que corresponde en primer lugar, analizar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, opuesta por firma Taranto SA: se agravia la recurrente de que la resolución aquí apelada fue dictada en 11/05/16, esto es precisamente el día en que se venció el plazo de cinco años, que empezó a correr con el dictado de la instrucción del sumario el 11/05/11, agregando que fue – además – notificada casi un año después, el 20/04/17.
Que los artículos 934 y 935 del Código Aduanero establecen que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.
Por su parte, el artículo 937 del citado cuerpo legal establece que "la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordene la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”.
Que, conforme con la normativa citada, teniendo en consideración la fecha del vencimiento del DIT en cuestión (29/11/2007) y la fecha en que comenzó a correr la prescripción (01/01/2008), cabe destacar que el auto por el que se dispuso la apertura del sumario administrativo, de fecha 11/05/2011 (el Código Aduanero hace expresa referencia al dictado del auto por el cual se ordene la apertura de sumario y no a su posterior notificación, de acuerdo a los términos señalados por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Wonderland” S.R.L., del 12 de mayo de 2009, Fallos: 332:1109), interrumpió el curso de la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 937, inc. a), de la ley 22.415.
Que, asimismo, corresponde añadir que una vez reanudado el plazo de cinco años para la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, el mismo volvió a ser interrumpido por el dictado de la resolución aduanera condenatoria, de fecha 11/05/2016, en los términos contemplados en el citado artículo 937, inc. d), del referido cuerpo normativo.
Que, por lo tanto, de todo lo expuesto se desprende que no se ha producido la pretendida prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, por lo que corresponde desestimar el planteo articulado por la recurrente en tal sentido.
V. Que, seguidamente, corresponde analizar el planteo de prescripción de la acción del Fisco, también introducido por la firma importadora, para percibir tributos.
Que la cuestión se encuentra expresamente regulada por los artículos 803 y siguientes del CA, el cual establece que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado, conforme lo dispone el art. 804 primera parte. En el caso bajo análisis, y por aplicación de las citadas normas, resulta que la prescripción de la acción del Fisco comenzó a correr desde el 1 de enero de 2008, toda vez que el hecho gravado ocurrió al vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería importada temporalmente, que operó el 29/11/2007.
Que, por su parte, el art. 805 del C.A. determina que la prescripción para percibir los tributos se suspende, entre otros supuestos, desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilite el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión.
Que, de conformidad con las constancias de las actuaciones administrativas, la resolución que dispone la instrucción del sumario data de fecha 11/05/2011 –es decir, habiendo transcurridos sólo 3 años, 4 meses y 10 días desde el cómputo inicial del plazo prescriptivo (1/1/2008)-, por lo que desde la mencionada fecha y hasta el dictado de la resolución definitiva (11/05/2016) que habilite el ejercicio de la acción para percibir el tributo, la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos se mantuvo suspendida en los términos del artículo 805, inciso a), del Código Aduanero, y si bien la misma fue notificada al interesado en fecha 20/04/2017, de la litis se desprende que aún no había acaecido la prescripción del plazo quinquenal, de conformidad con lo previsto legalmente en los artículos anteriormente citados.
Que, en consecuencia, el plazo de prescripción en el caso de autos comenzó a correr el 01/01/2008 para la destinación en trato, y se vio suspendido desde el 11/05/2011 hasta que recayere decisión que habilite el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión –siendo que en fecha 16/5/2016 la Aduana formula cargo a la recurrente por los tributos correspondientes las destinaciones individualizadas en autos-; por lo tanto, cabe concluir que el servicio aduanero ha ejercido su acción para percibir tributos cuando aún no se había operado la prescripción, con lo cual corresponde el rechazo de la excepción formulada.
VI. Que, en relación a los agravios planteados por Taranto SA en lo que respecta a la aplicación del “plazo razonable”, entiendo que no corresponde aplicar en la especie dicha doctrina -introducida por esta Sala “F” en el ámbito nacional tributario a partir del año 2012- atento que la recurrente es una sociedad anónima importadora y no una persona física.
Que, en efecto, corresponde destacar que la inobservancia del “plazo razonable” de tramitación del presente proceso y su afectación de garantías convencionales no puede ser aplicada en el sub-lite, toda vez que con fecha 26 de febrero de 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”
Bajo tales premisas, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como “un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Que, asimismo, y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique en el caso dicha doctrina –que si bien no es absoluta, no deviene prudente apartarse en el sub lite-, sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
Que, por lo demás, tampoco corresponde aplicar a la litis la doctrina sustentada por esta Sala “F” in re “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.” (EX 2019-112544550- APN-SGASAD- TFN), de fecha 03/02/2022, que tramitara por ante la Vocalía de la 18° Nominación, toda vez que la plataforma fáctica de aquél expediente, en el cual la DGA había demorado más de 9 (nueve) años en notificar la resolución definitiva –extremo que diera lugar, por su marcada excepcionalidad, a que este Tribunal aplicara la doctrina del “margen de apreciación nacional” para sortear el límite impuesto por la OC 22/16 de la CIDH y declarar la prescripción de la acción del Fisco en relación a la destinación de importación objeto de dicha causa- difiere sustancialmente de la presente litis, por lo que la referida solución resulta inaplicable para resolver el supuesto bajo examen.
VII. Que, sentado lo precedente, corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada se ajusta a derecho, en lo que respecta al fondo de la cuestión.
Que no resulta controvertido que, mediante la destinación de importación temporal Nº 05 001 IT13 000107 R, la firma importadora ESTABLECIMIENTO METALÚRGICO OCHOTECO S.A., cuya continuadora resulta ser la sociedad TARANTO SA (conforme fusión por absorción informada a fs. 63/70 de las act. Adm.), documentó el ingreso temporario de 125,06 toneladas de acero para la fabricación de tornillos, al amparo del decreto 1439/96, clasificados en la PA 7217.10.90.990E (Item 1) y PA 7229.90.00.000J (Item 2), por un plazo de permanencia cuyo vencimiento operó el 29/11/2007.
Que, por el régimen suspensivo al que se acogió la propia firma, la mercadería documentada quedó sometida a la obligación de ser reexportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia -conf. artículo 250 C.A.- o eventualmente, a convertirse su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del C.A.
Que las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del despacho que nos ocupa -Res. ANA 127/92 y sus modificatorias-, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos permisos de embarque.
Que, al no existir -inicialmente- constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria, el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., oportunidad en que, asimismo, se reclamó el pago de los tributos considerados adeudados.
Que este Tribunal Fiscal tiene dicho en reiterada jurisprudencia que sólo puede demostrarse la reexportación de la mercadería con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializadas, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica a la DIT en cuestión y con los certificados de tipificación y clasificación (CTC) que correspondan.
Que queda a cargo de la importadora la obligación de presentar los documentos aduaneros que permitan la acreditación de la reexportación para consumo en término de la totalidad de la mercadería (permisos de embarque o destinaciones), así como también, en el caso, por tratarse de mercadería que sería sometida a un proceso de perfeccionamiento industrial, de los Certificados de Tipificación y Clasificación, que acrediten la cantidad e identidad de los insumos importados en la mercadería exportada.
Que el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) resulta un documento fundamental para evaluar la descarga de un despacho de importación temporaria, ya que permite determinar la cantidad de insumo importado que fue utilizada en la elaboración del producto que finalmente es exportado, así como los porcentajes de pérdidas, residuos, mermas y sobrantes resultantes del proceso productivo llevado a cabo por la empresa. Que, efectuado el análisis de los descargos efectuados por ambas firmas -importadora y compañía de seguros- y de la documentación incorporada en la instancia administrativa, mediante Nota Nº 35/16 (DV CEXA) de fecha 06/05/2016 (ver fs. 72 act. Adm.), el servicio aduanero finalmente concluye que se encontrarían en infracción la totalidad de la mercadería importada temporalmente, toda vez que las descargas efectuadas bajo el CTC 0363074/05 "no habrían sido tomadas en cuenta por no corresponder la relación insumo producto declarada en el mismo, por implicar una merma y pérdida tangible superior al insumo utilizado", agregando que "tampoco habrían sido consideradas las descargadas que involucran al CTC S01-0063986/06, según Declaración Jurada presentada por la firma, atento que los Certificados utilizados en el SIM son el S01-002937/98 o S01:0148838/0, los cuales no fueron aportados, imposibilitando de esta manera el cruce de la documentación", dictándose con posterioridad la resolución aqui cuestionada.
Que la apelante sostiene en su recurso que ha cumplido con las obligaciones derivadas del régimen especial de importación temporal, esto es la reexportación dentro del plazo estipulado para ello, y que las exportaciones lucen probadas en el Sistema Informático MOA de la propia Aduana, con lo cual no podría desconocer ni objetar las descargas en sÍ mismas. Respecto a los Certificados de Tipificación, afirma que a fs. 54/55 del SIGEA 12197- 10102-2008 luce el S01:0404474/2005 que rectificaría la Solicitud 0363074/2005, y a fs. 56 la Solicitud S01:0063986/06, y que no cuenta con las solicitudes S01:002937/98 y S01:0148838/0 atento el tiempo transcurrido que imposibilita la localización de los mismos, agregando que la firma importadora Taranto S.A. absorbió a “Establecimientos Metalúrgico Ochoteco S.A.”, en el año 2015, no contando con la documentación que pertenecía a otra empresa, requerida en autos.
VIII. Que a efectos de determinar si se ha configurado la infracción imputada a la sociedad apelante, corresponde efectuar el análisis de la prueba documental aportada en autos.
Que la recurrente acompaña, a fs. 19/26, copias simples de las destinaciones 07 001 IC82 001584 S y 07 001 IC84 001933 S, oficializadas en fecha 13/11/2007, que, según sus dichos, cancelarían respectivamente los residuos y las pérdidas de la temporaria de autos; de ambas surge que los Certificados de Tipificación y Clasificación involucrados resultarían ser las solicitudes S01:0363074-05 – respecto de la cual se solicitó rectificación – y S01:0063986-06. Seguidamente, aporta la impresión del seguimiento de la destinación suspensiva, en la que se enumera la totalidad de los permisos de embarque a través de los cuales ésta se habría cancelado, de los cuales sólo se han efectivamente agregado los siguientes: 07 001 EC03 014416F (fs. 302), 07 001 EC03 009321 E (fs. 303), 06 001 EC03 044996 U, 07 001 EC03 009311D, 07 001 EC03 018961Y, 07 001 EC03 010913 D, 07 001 EC03 013322A, 07 001 EC03 010918X, 07 001 EC03 010876L, 07 001 EC03 015314D (fs. 250), 06 001 EC03 003841E, 06 001 EC03 004613C, 06 001 EC03 006520 B, 06 001 EC03 007463 X, 06 001 EC03 008380H, 06 001 EC03 009886T, 06 001 EC03 010750B, 06 001 EC03 011806E, 06 001 EC03 013299 M, 06 001 EC03 014491H, 06 001 EC03 016416G, 06 001 EC03 019544L, 06 001 EC03 020758 K, 06 001 EC03 020793 J, 06 001 EC03 023199M, 06 001 EC03 023367J, 06 001 EC03 031322 W, 06 001 EC03 033142B, 06 001 EC03 033144D, 06 001 EC03 040815G, 06 001 EC03 040909 K (fs. 264); los restantes permisos no pudieron ser remitidos atento que dicha documentación fue desafectada de la Aduana de Campana, ordenándose su eliminación en fecha 29/10/14, conforme surge de la copia del Acta de Eliminación aportada por la demandada, y glosada a fs. 256 de las presentes actuaciones. Por otra parte, el permiso 07 001 EC03 008052 E, cuyo original fue agregado a fs. 291, no cancela la destinación en trato, tal como surge del cotejo de su correspondiente hoja de descarga, debiendo ser desestimado.
Que, si bien se acompañó cuantiosa documentación, lo cierto es que la misma resulta insuficiente a efectos de analizar la cancelación de la destinación temporaria en trato: por un lado, la solicitud S01:0063986-06 nunca fue agregada, así como tampoco el certificado definitivo; y por otro, en relación a la solicitud S01:0363074-05, sólo se agregó el pedido de rectificación. Habida cuenta que, como fuera dicho, la citada documentación resulta imprescindible a efectos a analizar el cumplimiento del régimen, no cabe sino concluir que la firma importadora TARANTO SA ha incurrido en la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA.
IX. En consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo mi criterio – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
X. Que corresponde entonces practicar liquidación a efectos de determinar los tributos y multa adeudados, en relación a lo cual, cabe aclarar, que no resulta procedente el reclamo respecto a las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
Que resulta de aplicación en autos, la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019, donde se expidió, en relación a las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como adecuadamente lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”
Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la que se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
XI. Que, en función de lo expuesto, corresponde practicar la siguiente liquidación:
ITEM 1
Valor en Aduana USD 3818,86.-
Derechos de Importación (12%) USD 458,26.-
Tasa de Estadística (0,5%) USD 19,09.-
Base IVA USD 4296, 21.-
IVA (21%) USD 902,20.-
Tributos USD 1379,55.-
ITEM 2
Valor en Aduana USD 110310,53.-
Derechos de Importación (14%) USD 15443,47.-
Tasa de Estadística (0,5%) USD 551,55.-
Base IVA USD 126305,56.-
IVA (21%) USD 26524,17 .-
Tributos USD 42519,19.-
Total Tributos: USD 43898,74.- TC 3,149 (fs. 24 AA) = $ 138.237,13.-
Total Multa (graduación 1 vez el importe de los tributos) $ 138.237,13.-
XII. Determinada la procedencia del reclamo, corresponde analizar los planteos de la aseguradora en relación al límite del seguro de caución.
Conforme surge de las pólizas de seguro Nro. 21874 y Nro. 22847, cuyas impresiones de pantalla fueron incorporadas a fs. 247/248, mediante respuesta al pedido de informes dirigido a la Dirección General de Aduana, la apelante “LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A.”, garantizó al servicio aduanero el pago hasta la suma de USD 91.525, 41.- y USD 28.332,22.- respectivamente, por eventuales obligaciones en concepto de tributos como consecuencia de la operación de importación temporaria involucrada en autos, con más intereses y accesorios. Que el seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
La aseguradora garantiza a la Aduana hasta una suma máxima, sin importar los conceptos individuales que comprenden la misma, en cuanto su obligación queda comprendida por los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería importada temporariamente, vigentes a la fecha en que se considera cometida la infracción, y hasta el importe de la garantía otorgada, sin perjuicio que la obligación del importador pueda ser superior.
Que conforme el artículo 3° de la resolución DE PRLA N° 2137, el importe de la exigencia tributaria asciende a dólares estadounidenses U$S 43.898,76.- más los intereses previstos en el art. 794 C.A., resultando dicho monto claramente inferior en relación a las sumas máximas garantizadas a través de las pólizas individualizadas. En consecuencia, siendo que las sumas indicadas en las pólizas de seguro de caución constituyen el límite económico por el que debe responder la aseguradora, toda vez que el monto reclamado en relación a los tributos se encuentran dentro de su límite y determina el alcance de su responsabilidad, corresponde desestimar los agravios formulados por la co-actora La Perseverancia S.A.
XIII. Finalmente, en lo que respecta al agravio formulado por la compañía de seguros sobre el curso de los intereses, no se advierten razones de mérito para apartarme de lo establecido en el Código Rector en lo que respecta al cómputo de los mismos, y que de conformidad a lo previsto en el artículo 794 del Código Aduanero, éstos comenzarán a devengarse desde el vencimiento del plazo de 10 días contados desde la fecha en la cual la firma importadora se notificó de la corrida de vista del sumario, esto es con fecha 26/08/2015 (conforme fs. 44/45 AA).
Conforme lo expuesto, VOTO por:
1. Confirmar la Resolución DE PRLA No 2137/16, recaída en el expediente administrativo SIGEA 12197-8886- 2008, en cuanto impone la pena de multa a la firma Taranto SA. Costas a cargo de la co actora importadora.
2. Confirmar la referida Resolución DE PRLA No 2137, en cuanto intima el pago de tributos, los que ascienden a un total de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 76/100 (USD 43.898,76.-), con más los intereses devengados desde el 26/08/2015 hasta su efectivo pago. Costas a cargo de las co actoras.
3. Revocar parcialmente la citada Resolución, en cuanto intima el pago de los rubros IVA Adicional y la percepción del Impuesto a las Ganancias. Costas a cargo del Fisco.
4. Distribuir las costas de lo resuelto en los puntos 2 y 3 de la presente en un 70% a cargo de las co actoras y en un 30% a cargo del Fisco.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que comparto la propuesta realizada por el Dr. Garbarino para dar solución al entuerto traído a debate, más no comparto lo expuesto en el discurrir de su voto, en relación a los sujetos alcanzados por la Convención Americana de Derechos Humanos entiendo que, si bien la CIDH se ha expedido en el marco de OPINIÓN CONSULTIVA OC-22/16 DE 26 de febrero de 2016 solicitada por la República de PANAMÁ en el marco de la discusión respecto de la titularidad de derechos de las personas jurídicas en el sistema interamericano de derechos humanos (interpretación y alcance del artículo 1.2, en relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13 , 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46 y 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo 8.1.a y b del protocolo de San Salvador, que las personas jurídicas no son titulares de derechos convencionales, por lo que no pueden ser consideradas como presuntas víctimas en el marco de los procesos contenciosos ante el sistema interamericano (Considerando 70), no menos cierto es que también dejó sentado que “los Estados, al adoptar medidas necesarias para hacer efectivos los derechos humanos, lo deben hacer también con respecto de personas jurídicas que se encuentren bajo su jurisdicción, a fin de evitar que eventuales acciones de ellas puedan comprometer su responsabilidad internacional en esta materia. De modo que las personas jurídicas están, en todo caso, obligadas a respetar, en el correspondiente orden interno o nacional, los derechos humanos y, en el evento de que ello no acontezca, los pertinentes Estados pueden ver comprometida su responsabilidad internacional en la medida que no garanticen su libre y pleno ejercicio por toda persona natural sujeta a su jurisdicción” (Considerando 31).
Si bien la CIDH impone una restricción en tanto “quienes” son los sujetos pasibles de la preservación convencional –persona humana o natural-, subsiste la obligación de los operadores judiciales –en su interpretación funcional más amplia que la estrictamente orgánica- de preservar la responsabilidad internacional de la República ante los eventuales reclamos que quienes conforman las personas jurídicas en el legítimo uso de su derecho pudieren incoar ante la Comisión Interamericana de DDHH derivándose en hipotéticas condenas que hubieren de recaer por la inobservancia de lo establecido en la Convención.
El conflicto que sugiere la OC 22-16 se devela a la luz de nuestra Carta Magna, pues las garantías judiciales de la Convención, son un “corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art.18 de la Constitución Nacional el cual es de aplicación a todas las personas sujetas al ordenamiento jurídico argentino sin distinciones”, por lo que, en definitiva las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica deben entenderse complementarias de los derechos y garantías reconocidas en nuestra Carta Magna, no pudiendo restringirlos o alterarlos (art.75 inc.22 CN), por consiguiente no puede invocarse dicha convención para restringir los derechos del contribuyente.( Palma Patetta y Macchi SH C/ DGA S/ Recurso directo de organismo externo, Expte 56559/2015, Sala V CNCAF, Rta 27/4/2017).
En síntesis, velar por el cumplimiento de la Convención y hacer efectivo sus preceptos, implica –en todos los supuestos- cumplir con la Carta Magna preservando el interés del Estado, blindándolo con legalidad y eficiencia de las disfuncionalidades y yerros de quienes lo integran orgánicamente, lo exponen a reclamos que, a la larga, habrá de afrontar, con su Tesoro, toda la Nación.-
Dicho lo anterior, y como bien desarrolla el Dr. Garbarino a lo largo de su voto, no se colige de los obrados un temperamento proactivo de las coactoras –a quienes no les son ajenas las demoras en que incurre el servicio aduanero en la sustanciación de procedimientos como el aquí analizado-, amén de destacarse que la cuestión, el incumplimiento al régimen de destinación de importación temporaria y de profusa documental, resulta de complejidad suficiente para rechazar el instituto del plazo razonable para imponer las consecuencias derivadas de su inobservancia.
Así lo voto.
Por ello, SE
1. Confirmar la Resolución DE PRLA No 2137/16, recaída en el expediente administrativo SIGEA 12197-8886- 2008, en cuanto impone la pena de multa a la firma Taranto SA. Costas a cargo de la co actora importadora.
2. Confirmar la referida Resolución DE PRLA No 2137, en cuanto intima el pago de tributos, los que ascienden a un total de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 76/100 (USD 43.898,76.-), con más los intereses devengados desde el 26/08/2015 hasta su efectivo pago. Costas a cargo de las co actoras.
3. Revocar parcialmente la citada Resolución, en cuanto intima el pago de los rubros IVA Adicional y la percepción del Impuesto a las Ganancias. Costas a cargo del Fisco.
4. Distribuir las costas de lo resuelto en los puntos 2 y 3 de la presente en un 70% a cargo de las co actoras y en un 30% a cargo del Fisco.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9), Dra. María Gottifredi (23-29735183-4) y Dr. Eduardo Javier Bendayan (20-20838448-2). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.12.17 18:03:44 ART Date: 2025.12.17 18:23:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.17 18:25:16 -03:00
Fin de la sentencia