Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa T-2605/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE1234501-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1508472-2024.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: T-2605/24-TSJ Interlocutorio N°: 3849 Actor: TARCAYA MARINA MARIA LAURA Demandada: SURGAS S.A.
Objeto: LABORAL Fecha: 18-12-2024 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3849 FOLIO Nº 7059/7063 PROT. ELECT. TSS1 063 I.241
Río Gallegos, 18 de diciembre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “TARCAYA MARINA MARIA LAURA c/ SURGAS S.A. s/ LABORAL”, Expte. Nº T-18.474/17 (T-2605/24-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por el Dr. Facundo González Figueroa por derecho propio y en representación de la demandada Surgas S.A. (cfr. PE1234501-2024), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial en cuanto rechazó el recurso de apelación deducido por la demandada y confirmó la sentencia dictada en Primera Instancia (cfr. PE1192945-2023).- Este último decisorio, hizo lugar a la demanda interpuesta por la Sra. Marina María Laura Tarcaya contra Surgas S.A por los rubros previstos en los artículos 232, 233, 245 de la LCT, Sac proporcional, vacaciones proporcionales (art. 156 de la LCT), Sac sobre preaviso, Sac sobre integración, descuento de salarios por inasistencia, indemnización del artículo 80 de la LCT y agravamiento indemnizatorio del artículo 2º de la Ley Nº 25.323 con mas los intereses calculados según la tasa activa promedio mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos (cfr. PE213637-2021, págs. 9/11).-
II. Contra dicha decisión se interpone recurso de casación acusando quebrantamiento de las formas sustanciales y errónea aplicación de la ley (cfr. PE1234501-2024, pág. 1).-
Como fundamento del mismo, la parte recurrente aduce que: “La resolución recurrida es lisa y llanamente nula porque no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las constancias de la causa, y resulta arbitraria…” (cfr. PE cit., pág. 2).-
Afirma que: “…de la lectura de este expediente, no se encuentra acreditado en este la notificación de la licencia durante el período en cuestión, por lo que dicha afirmación carece de sustento fáctico jurídico. Queda plasmado de forma totalmente concluyente los incumplimientos de la actora a sus obligaciones laborales, la que es -principalmente- poner su fuerza de trabajo a disposición de mi mandante, no habiéndose presentado a trabajar desde el mes de Marzo de 2017. Esto teniendo en cuenta que la extinción de la relación laboral fue de fecha 26 de julio del corriente (5 meses sin trabajar, y la primera licencia del mes de marzo del mismo año); como asimismo de no presentarse a los controles médicos determinados por la patronal. De esta forma se encuentran plasmados los incumplimientos de la Sra. Tarcaya no solo a poner su fuerza de trabajo a disposición de la empresa, sino también la violación de los deberes de buena fe, fidelidad, diligencia y colaboración determinados por los Arts. 62, 63, 84, 85, 86 y ccdtes. de la Ley de Contrato de Trabajo, y que deben primar en toda relación laboral…” (cfr. PE cit., pág. 5).- Agrega que: “…La falta de respuesta a los emplazamientos para que se reintegre a sus tareas y efectúe los controles patronales autorizados por ley, constituyen inobservancias de la actora de los deberes a su cargo, quedando mi mandante habilitado para hacer uso de la excepción de incumplimiento contractual dispuesta por el art. 1201, Código Civil., y por ende, encontrándose cumplido el requisito subjetivo de la trabajadora de ausentarse sin ánimo ni justificación de reintegrarse al trabajo, el despido directo resultó justificado…” (cfr. PE cit., págs. 5/6).- Sostiene que: “…de la lectura de la sentencia aquí apelada, pareciera que no se efectuó la mas mínima defensa procesal y judicial, ya que en ningún momento se tomaron en consideración las pruebas aportadas por esta parte…La sentencia…resulta ser una continuación del escrito de demanda ya que se consideraron sólo y únicamente los hechos allí relatados.” (cfr. PE cit. pág. 6).-
Añade que: “…Las licencias no se discuten, las licencias se prueban. No todo se soluciona enviando cartas documentos, hay que probar lo que se escribe. Cosa que la actora no hizo, en atención a que el 'nutrido intercambio epistolar' se dilató durante casi medio año, en el que la actora no solo no se presentó a trabajar, sino que tampoco se presentó a los controles médicos indicados por la patronal…” (cfr. PE y pág. cits.).-
Indica que: “…luego de todo el tiempo transcurrido de licencias (6 meses), y finalizado la primera etapa de este proceso, solo cuenta con unos pretendidos 'certificados médicos' que intentan probar una situación sin el debido sustento técnico y menos aún con el debido contralor de la patronal…La pericia psiquiátrica…oportunamente requerida por esta parte fue efectuada por una sicóloga (sic). Fue asimismo impugnada por esta parte en varias ocasiones, con fecha 9 de agosto y 10 de septiembre de 2019…Es claro que el diagnóstico, pronóstico y tratamiento dado a la señora Tarcaya por profesionales siquiatras oportunamente, debería haber sido valorado en el acto pericial, por personal idóneo de dicha praxis…” (cfr. PE cit., pág. 7).- Aduce que: “…la perito psicológica, erróneamente pone como causa lo que es condiciones de trabajo, y lo que podría ser el episodio del 10 de marzo de 2017, como algo que genera miedo. Si el hecho del 10 de marzo de 2017, hubiera sido amanzane (sic) para la vida de la señora Tarcaya en términos reales, o si hubiera presenciado una muerte, sería el causante del estrés postraumático. Es decir que valora de forma errónea lo que es un estrés postraumático agudo, ya sea por error conceptual o por error lógico pericial…la sentencia recurrida, da por hecho una situación que no fue determinada médicamente para saber si el sustento de la retención de tareas por la Sra. Tarcaya tiene fundamento o no…” (cfr. PE cit., págs. 7/8).- Con relación al estrés pos traumático afirma que: “…la Licenciada aporta solamente la definición de dicha enfermedad, cuando aquí lo que se trata de resolver es si la situación por la que atravesó la actora fue la causal o detonante de dicho traumatismo. Debiendo también informar cómo la falta de estructura de la oficina laboral puede implicar una causa clara y suficiente que ponga en riesgo la vida de la encartada en un episodio, en un acto, y no en una sucesión de hechos sufridos…durante su vida laboral dentro de la empresa de mi mandante.” (cfr. PE. cit., pág. 9).- Agrega que: “…queda la reserva de saber si, por la descripción de la perito psicóloga, respecto de la psiquis de la peritada, si esta no padecía de factores preexistentes, que le hicieran padecer un cuadro de ansiedad como el descrito (sic), sobre todo al momento que lo planteó en el año 2017…” (cfr. PE cit. pág. 10).-
En lo tocante a la prueba testimonial sostiene que: “…surge que no existió jamás una actitud persecutoria o de acoso hacia la actora (testigo Rolando Angel Fernández, pregunta 3era de la ampliación del pliego). Esta prueba no fue ni mencionada en la sentencia en crisis. Esto fue ratificado por el testigo Sergio Alejandro Arias, cuando respondió la pregunta 4ta de la ampliación del pliego. Esta prueba tampoco fue ni mencionada, ni tenida en cuenta por el a quo.” (cfr. PE y pág. cits.).- En cuanto a los certificados emitidos por los profesionales que atendían a la actora y la pericia psicológica de fs. 294 afirma que: “…Dichos certificados carecen de validez. Los mismos fueron impugnados vigente la relación laboral, y en sede judicial. No solo fueron emitidos por profesionales no aptos para determinar la sintomatología que dice la actora padecer, sino que carecen de los contenidos mínimos que deben contener para ser considerados 'certificados médicos'…Nada de esto fue tenido en cuenta, ni mencionado en la sentencia por el a quo. Ni la más mínima referencia, aunque sea para emitir su opinión al respecto de por qué no fue tenida en cuenta. Esto hace nula de nulidad absoluta la sentencia de primera instancia” (cfr. PE cit., págs. 10/11).- Seguidamente sostiene que la retención de tareas por parte de la actora no estuvo justificada por lo que no corresponde el pago de los haberes durante ese periodo y que la causa del distracto fue por abandono de tareas por lo que nada corresponde abonar en este sentido. Y que los rubros indicados en los apartados a), b), c) y d) del V considerando no corresponden ya que siguen la suerte de la causa del despido (cfr. PE cit., pág. 12).-
Expresa con relación a la indemnización del artículo 2º de la Ley Nº 25.323 que: “…Obviamente hace referencia, al despido incausado y no abonado, no como en el presente caso en que se desvinculó a la trabajadora por abandono de trabajo…por eso el agravamiento no corresponde…” (cfr. PE cit., págs. 12/13).-
Por otra parte sostiene que: “…los agravios interpuestos contra la resolución de Primera Instancia, no fueron tratados por la el (sic) Tribunal apelado, y en algunos de los casos muy suscintamente (sic)…no se ha leído en profundidad el escrito de apelación, ya que se ha indicado concretamente la prueba que no se tuvo en cuenta por el a quo a fin de dictar Sentencia. La que obviamente la Cámara tampoco tuvo en cuenta…la Excma. Cámara no trató el tema de los agravios y pruebas colectadas en cuanto a la validez intrínseca y extrínseca de los pretendidos 'certificados médicos' arrimados por la actora. Esa prueba, que determina la verdadera intención de continuación de la relación laboral por la actora, no fue evaluada ni por el a quo ni por la Cámara de Apelaciones…” (cfr. PE cit., pág. 13).- Concluye que: “…Darle la interpretación que pretende la Excma. Cámara deriva en forma inequívoca en que la única forma en que se configure el abandono, es presentando un telegrama de renuncia.” (cfr. PE cit., pág.14).-
La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la parte demandada (cfr. PE1508472-2024).-
Los presentes pasan al Acuerdo en PE926559-2024.-
III. Como previo a efectuar el examen preliminar que establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz corresponde que este Alto Cuerpo se expida con relación a la presentación efectuada por el Dr. Facundo González Figueroa por derecho propio.-
Que surge del examen de autos que el nombrado intervino durante todo el desarrollo del proceso como letrado apoderado de la parte demandada. No obstante ello, en el encabezamiento del recurso de casación se indica que se presenta “por propio derecho y por la representación acreditada de Surgas S.A.” pero, de la lectura del mismo se desprende que su representado resulta agraviado por la sentencia de Cámara.-
En consecuencia, el presentante no posee legitimación suficiente para interponer el recurso por derecho propio en tanto y en cuanto resulta ajeno a la litis debiendo limitarse este Tribunal Superior de Justicia al examen de admisibilidad del recurso interpuesto por el nombrado en representación de Surgas S.A.-
IV. Expresado ello, debemos efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- Como punto de partida se advierte que los fundamentos del recurso de casación constituyen una reproducción prácticamente exacta de los fundamentos esbozados en el escrito de apelación (cfr. PE227945-2021), lo que denota una deficiente técnica recursiva.-
Es decir, nos encontramos ante la insuficiencia técnica del recurso en examen, desde que su crítica al fallo no pasa de ser una mera opinión personal que pretende sustituir el criterio de los magistrados de la anterior instancia, lo que torna inadmisible el recurso intentado.-
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “…'...resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que reproduce similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, que ya fueron analizados y resueltos por la Cámara actuante y se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante sin lograr demostrar el error jurídico que justifique la tarea casatoria de esta Suprema Corte...' (cfr. 'Álvarez Sosa María c/ Valero Daniel y otros s/ Simulación' y su acumulada 'Álvarez Sosa María Esther c/ Valero Daniel Félix y otros s/ Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual (exc. estado)', causa LP C 119.753 S, del 25/10/2017).” (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXIV, Reg. 3755, Folio 6744/6749, entre otros).- También se verifica que los planteos de la recurrente remiten, ineludiblemente, al examen de cuestiones de hecho y prueba que resultan, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en el caso bajo estudio.-
A la luz de todas estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva obrante en PE1234501-2024 no satisface, mínimamente, los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
Es menester recordar, a estas alturas, que en su acto sentencial la Alzada ha dado una respuesta razonable al tema que se sometió a su decisión, sin que se vislumbre la existencia de la violación de la ley, el quebrantamiento de formas y la arbitrariedad alegada por la casacionista (cfr. PE cit., págs. 1/2).-
V. En relación a la violación o errónea aplicación de la ley denunciada, resulta imperativo que la casacionista despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Registro N° 3440, Folio N° 5819/5823), lo que no ha acontecido en el caso bajo estudio.- Si bien a lo largo del escrito recursivo la recurrente menciona algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, omite indicar de manera concreta cuál de ellos es el que considera supuestamente conculcado, y efectuar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.- Así, no surge del libelo bajo estudio, un intento serio que persiga demostrar acabadamente el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada, quedando la argumentación del recurso reducida a cuestiones fácticas y probatorias, ajenas a esta instancia extraordinaria.-
VI. Las argumentaciones vertidas en el planteo recursivo relativas a la causal de quebrantamiento de formas tampoco logran evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento y el acto sentencial.-
La recurrente asevera que la Cámara no analizó sus planteos y que en algunos casos los analizó muy sucintamente. Sostiene que no se ha leído en profundidad el escrito de apelación ya que se ha indicado concretamente la prueba que no se tuvo en cuenta por el a quo. Además, agrega que la Cámara tampoco trató el tema de los agravios y pruebas colectadas en cuanto a la validez intrínseca y extrínseca de los pretendidos certificados médicos.-
Ahora bien, cabe puntualizar que el programa impugnativo de la recurrente exhibe una técnica recursiva insuficiente, puesto que no individualiza los preceptos adjetivos presuntamente quebrantados. Amén de ello, su demostración también resulta fallida, en tanto los magistrados de la Cámara examinaron cada uno de los cuestionamientos sometidos a su decisión sin que sea dable advertir omisión alguna, tal como lo afirmara la impugnante.-
En suma, la articulación así deducida no tiene cabida en esta instancia excepcional, por cuanto la misma no alcanza a afectar la sentencia atacada, cuya ponderación refleja un desenvolvimiento sistemático, objetivo y serio de la relación entre la decisión del caso y sus constancias concretas, con la ley aplicable y las garantías constitucionales en juego.-
VII. Con relación a la supuesta arbitrariedad denunciada, se observa que la interesada se limita a mencionar la existencia de dicho vicio sin efectuar un desarrollo argumental que lo ponga de manifiesto. En efecto, la casacionista se limita a expresar que el fallo de Cámara resulta arbitrario (cfr. PE1234501-2024, pág. 2) sin lograr demostrar ni argumentar que el mismo constituya una decisión sujeta a descalificación por carecer de fundamentos, o por abandono notorio de prescripciones legales; antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con los criterios sustentados por los jueces, el fallo abunda en fundamentos de diverso orden que le dan suficiente consistencia jurídica.- Este Tribunal tiene dicho que: “...'la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación'...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458 y VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros) lo que no fue suficientemente demostrado por la recurrente.- En definitiva, y más allá de que la demandada denuncia la existencia de arbitrariedad, los fundamentos de la casación remiten a temas de hecho y prueba, en principio, ajenos al ámbito casatorio. La impugnación está estructurada en torno a circunstancias fácticas y de contenido procesal -se pretende aquí la revisión de los hechos y las pruebas de la causa- todo lo cual resulta extraño al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial.-
Nutrida jurisprudencia ha expresado que: “Tanto la interpretación del intercambio telegráfico, así como la evaluación de la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia -o no- de injuria, la apreciación de la entidad de las causales invocadas para disponer un despido y la valoración de las pruebas adunadas a la causa para su demostración; constituyen cuestiones reservadas a la ponderación de los jueces de la instancia de grado. Sus conclusiones no son revisables en casación, salvo que se acredite la existencia de absurdo en la valoración de los hechos y las pruebas producidas, o que la injuria fue apreciada sin la prudencia que la ley exige (art. 242, L.C.T.).” (cfr. sum.
SCBA “Segovia José c/ Finexcor S.A. s/ Despido”. LP L. 124992 S 30/09/2021. En igual sentido: “Marchetti, Roberto Guido c/ L´Oreal Argentina S.A. y otro/a. s/ Despido”, LP L. 117899 S del 20/09/2017) (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXXVI, Reg. 3843, Folio 7039/7042 y XXXV, Reg. 3795, Folio 6885/6888).- Se advierte, también, que la valoración del material probatorio y el mérito que, de las pruebas adunadas a la causa, hicieron los Jueces preopinantes constituyen una materia privativa de los jueces de grado que no pueden ser revisadas en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante que no alcanza a intentar demostrar la consumación de algún vicio. Al respecto, ha señalado este Alto Cuerpo que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3034, Folio 4906/4909).- La Cámara de Apelaciones ha efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegando a conclusiones que no patentizan la exteriorización de la sola voluntad del juez, ya que aportan las razones del veredicto. No se advierte en éste error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se ha intentado acreditar ni evidenciar. Por otra parte, corresponde a la impugnante demostrar la existencia del absurdo y no al Superior Tribunal de Justicia explicar por qué no se ha configurado (cfr.
Juan Carlos Hitters: “Técnica de los recursos extraordinarios y de casación”, 2ª. edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, págs. 452/471). Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por el recurrente no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni intentan demostrar que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3331, Folio 5558/5560).- En éste contexto, reiteramos, que la recurrente no ha logrado demostrar la violación de la ley, el quebrantamiento de las formas y la arbitrariedad de la sentencia que invoca, ya que sólo se desprenden del recurso, discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho y prueba.
Por ello no se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con el criterio sustentado por los jueces, éste se encuentra debidamente fundado. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte demandada en PE1234501-2024 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1508472-2024, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE1234501-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1508472-2024.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1063I.241 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3849 Folio N°: 7059/7063 Secretaría: 1
Fin de la sentencia