Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa T-2605/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por Surgas S.A. en PE1716402-2025 (ESC00427700.pdf), con costas.-
2Desestimar el planteo de temeridad y malicia procesal articulado por la actora en PE1721615-2025.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: T-2605/24-TSJ Interlocutorio N°: 498 Actor: TARCAYA MARINA MARIA LAURA Demandada: SURGAS S.A.
Objeto: LABORAL Fecha: 28-05-2025 Texto: TOMO X -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 498 FOLIO Nº 1890/1893 PROT. ELECT. TSS1 006 O.251
Río Gallegos, 28 de mayo de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “TARCAYA MARINA MARIA LAURA c/ SURGAS S.A. s/ LABORAL”, Expte. Nº T-18.474/17 (T-2605/24-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal que articulara la demandada Surgas S.A., por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Facundo González Figueroa, en PE1716402-2025 (ESC00427700.pdf), ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo obrante en PE1682808-2024, por cuanto declara mal concedido el recurso de casación que interpusiera en PE1234501-2024.- El presentante, luego de transcribir en su totalidad el recurso de casación que tramitó ante esta instancia, sostiene que: “…se encuentra debidamente comprobado el fallo arbitrario emitido por la Cámara de Apelaciones y ratificado por el TSJSC ya que no tuvo en cuenta las impugnaciones efectuadas a las pericias ni los testigos ofrecidos por esta parte. El pronunciamiento que aquí se impugna ocasiona a mi mandante un gravamen irreparable, concreto, actual y derivado del claro accionar de la parte actora.” (cfr. PE1716402-2025, ESC00427700.pdf, pág. 28).- Seguidamente se ordena correr traslado a la parte contraria del referido recurso, quien lo contesta en PE1721615-2025.-
En dicha oportunidad la parte actora alega que: “La presentación constituye una más de las tantas dilaciones que la demandada viene pergeñando a lo largo de todo el proceso judicial, carente de todo fundamento, con el solo objetivo de lograr devengar en el tiempo el crédito laboral conteniendo su licuación absoluta.” (cfr. PE cit., pág. 2).-
Añade que: “La conducta descripta lidia con la mala fe procesal y en los términos de la Ley 1444 solicito la misma sea analizada y en su caso se haga expresa mención de dicho aspecto aplicando los correctivos que correspondan, por cuanto es evidente la conducta obstructiva y dilatoria.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Afirma que: “…la simple lectura del recurso presentado, implica una verdadera vergüenza que se pretenda acceder a la mayor Judicatura del país con una pieza carente de toda mención normativa y jurisprudencial.” (cfr. PE y pág. cits.).-
No advierte: “…ninguna crítica razonada de la cuestión a recurrir, más una simple mención y repetición de los hechos de autos narrados en la demanda y repetidos en otras etapas procesales, incluso en los recursos presentados.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Agrega que: “Se trata de un burdo copia y pegue, el cual debiera ser objeto de un llamado de atención por dispensar el tiempo y el trabajo de las distintas instancias.” (cfr. PE y pág. cit.).-
Concluye que: “El remedio extraordinario interpuesto por la parte demandada…no reúne los mínimos requisitos para su admisibilidad y procedencia y así pido se declare con costas.” (cfr. cit. pág. 4).-
Corrida la vista correspondiente al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, dicho funcionario dictamina, respecto del recurso impetrado, expresando que: “…la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (Fallos 312:1494), por ello soy de opinión que V.E. debe (sic) declarar inadmisible el recurso impetrado.” (cfr. PE1733707-2025, pág. 3).- Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE1043761-2025.-
II. Analizando la presentación de Surgas S.A. y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Nº 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Alto Cuerpo verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del CPCyC de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que la recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011. Si bien se ha presentado en formato digital, en las propiedades del documento se advierte que lo ha deducido en tamaño A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo primero de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal, dado que la presentación no supera las cuarenta (40) páginas y ha sido escrita con letra claramente legible, no obstante las páginas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 exceden los renglones permitidos por la normativa citada (art. 1º del Reglamento).- También se observa que cuenta con carátula en hoja aparte, conteniendo las exigencias establecidas en el artículo 2º; incumpliendo los requisitos establecidos en los incisos a) y parcialmente los del inciso i). Ello así, en tanto y en cuanto se omite indicar el objeto de la presentación, y la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como de índole federal, relacionadas con la resolución recurrida.-
No obstante, dichos incumplimientos no serán tenidos como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado -a fin de no incurrir en un exceso de rigor formal- atento lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: “Arzúa, Horacio Ricardo Mario c/ Estado Nacional - Administración de Parques Nacionales res. 11/2000”, del 2 de marzo de 2011 (Fallos 334:196).-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exige el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia; que fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.- Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b). Pese a que realizó un relato de las circunstancias relevantes del caso, ello no resulta suficiente para considerar cumplido el mencionado inciso, dado que omitió precisar la vinculación existente -en cada una de las etapas- con la cuestión constitucional planteada (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2011, pág. 107).- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c) de la Acordada Nº 4/2007, se observa que la recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. aut. y ob. cits., págs. 108/109) sino que se limitó a transcribir los argumentos expuestos en el recurso de casación que fuera declarado inadmisible por este Alto Cuerpo.- Un capítulo aparte debemos dedicar a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos: 148:60; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. autos: “Reynoso Edgardo R. c/ Borzi Celia T.”, publicado en E.D. 126-170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, pág. 104).- Si bien en la carátula acompañada se indica que se vulneraron derechos de raigambre constitucional (ejercer la industria lícita, el derecho de propiedad, la defensa en juicio y el debido proceso) ello no se encuentra reflejado en el cuerpo del recurso extraordinario deducido, toda vez que la recurrente no funda su impugnación en ninguno de los incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48 (cfr.
PE y pdf cits.). En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una Ley del Congreso (art. 14, inc. 1º de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14, inc. 2º de la Ley Nº 48) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14, inc. 3º de la Ley Nº 48), al contrario, en el fallo recurrido, se declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada (cfr.
PE1682808-2024).- Resulta importante destacar que a lo largo del recurso extraordinario la recurrente reitera los argumentos desarrollados en su recurso de casación sin lograr rebatir el desarrollo argumental expuesto en la resolución impugnada que fuera dictada por este Alto Cuerpo y mucho menos intentar vincularlo con la cuestión federal que se invoca en la carátula acompañada.-
Tampoco se advierte en el escrito bajo estudio: “...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas.” (cfr. inc. e) del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007). Esto se sigue de la inexistencia de cuestión federal (cfr. art. 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B.: “Recurso extraordinario federal”, 2º edición, La Ley, 2012, pág. 432).- Además, le corresponde al recurrente precisar con exactitud la cuestión o caso federal que se ha discutido en el juicio y demostrar la vinculación existente entre los fundamentos de la resolución dictada y la efectiva lesión de las garantías constitucionales vulneradas, a fin de que pueda ser válidamente fallado. La relación directa, exige que los agravios expresados contengan un adecuado nexo o ensamble, entre la cuestión federal planteada, los términos de la resolución recurrida y las cláusulas de la Constitución Nacional afectadas. En caso contrario, si no se presenta o advierte la mencionada relación directa e inmediata, no habrá materia para el remedio federal (cfr. aut. y ob. cit., págs. 432/433).- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional y de diversos Tratados Internacionales, constituye una mera enunciación de principios y normas supuestamente vulneradas que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal ni mucho menos la relación directa con la materia debatida. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 367, Folio 1383/1391, entre otros).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
Corresponde concluir entonces, que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
III. Que, asimismo, es menester analizar lo vinculado con la sanción solicitada por la parte actora en PE1721615-2025.-
Sobre el particular se debe decir liminarmente que establecer si la conducta procesal de los profesionales y/o las partes es pasible de una sanción: “...remite al estudio de cuestiones de hecho, privativas de los jueces de grado (conf. SCBA: ‘Biagi, Mónica P. c/ Televisora Privada del Oeste S.A. s/Despido’ L 67749 S, del 26 de octubre de 1999), y sabido es que estas cuestiones no son abordables, en principio, en esta instancia extraordinaria salvo el caso de absurdo...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3279, Folio 5441/5444).- No obstante lo expuesto, es preciso recordar que este Alto cuerpo mantiene un criterio restrictivo sobre la imposición de sanciones por temeridad y malicia (cfr. Sentencia, Tomo XI, Reg. 393, Folio 2130/2138, Tomo XXII, Reg. 716, Folio 4303/4311).-
Conforme lo hemos sostenido la sanción que prevé el artículo 45 del CPCyC aplicable a este tipo procesos por remisión del artículo 121 de la Ley 1444 debe ser interpretada con criterio restrictivo y suma prudencia tratando de evitar el más mínimo menoscabo al ejercicio del derecho de defensa de las partes.-
No es ello un simple criterio genérico, sino una premisa insoslayable a los fines de la valoración de la procedencia de la sanción. Es a partir de este principio, que puede afirmarse que en el caso de autos no logra apreciarse en la actividad del recurrente un ejercicio abusivo del derecho de defensa o un exceso en el uso de la jurisdicción, como así tampoco una utilización arbitraria de los actos procesales (en este caso la vía extraordinaria del recurso interpuesto), con una finalidad meramente obstructiva destinada a dilatar el cumplimiento de la sentencia de grado.- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido al respecto que: “El órgano jurisdiccional debe valorar la conducta de los litigantes, en el horizonte de la temeridad y malicia, con suma cautela. En consecuencia, si a la luz de un examen realizado con espíritu crítico de las circunstancias del caso, no se percibe que se haya excedido el ejercicio prudente y discreto de los medios defensivos, ni tampoco que a raíz de la conducta del ejecutante se hubiere producido una obstrucción o dilación notoria del curso normal del proceso, ha de desestimarse la pretensión de sanciones de ese tipo.” (cfr. sum., “Plan Rombo S.A. De Ahorro Para Fines Determinados C/ Cuomo Javier Eduardo Y Otro/A S/ Ejecucion Prendaria”, causa LP1246/6, del 06/02/2025).- En tal sentido, corresponde destacar, que no basta para tener por acreditada una conducta temeraria o maliciosa que las defensas articuladas por la parte sean desestimadas por poseer esmirriados argumentos fácticos y jurídicos, debiendo por el contrario, apreciarse en forma nítida y manifiesta aquella conducta reveladora de la exclusiva intención de dilatar en forma abusiva e infundada el desarrollo del proceso. El artículo 45 del CPCyC, no tiene como fin sancionar la carencia de razones jurídicas de los litigantes, sino que ello se encuentre impulsado por una conducta evidentemente maliciosa. En este orden de ideas no se observa en el recurrente tal conducta intencionada con la claridad, que debería emerger para lograr ensombrecer el derecho de defensa en juicio que nuestra Carta Magna garantiza a las partes. Todo ello a pesar de la improcedencia de las defensas articuladas por la recurrente, conforme se ha desarrollado en los párrafos anteriores, por lo que la petición efectuada por la accionante debe ser desestimada.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por Surgas S.A. en PE1716402-2025 (ESC00427700.pdf), con costas.-
2. Desestimar el planteo de temeridad y malicia procesal articulado por la actora en PE1721615-2025.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal a/c Presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1006O.251 Tomo: X Interlocutorio: 498 Folio N°: 1890/1893 Secretaría: 1
Fin de la sentencia