Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 24.765-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el artículo 1°) de la Resolución DE PRLA N° 1163/2008 dictada en la Actuación N° 12040-323-2008 - 605.837/2002, en cuanto condena a la importadora TARCOL S.A. al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 9.786,90).
2Confirmar parcialmente el artículo
3De la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada a importadora, declarando que los tributos adeudados en concepto de IVA ascienden a PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 6.850,83), con más el CER aplicable a la fecha de pago, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 05/12/2003 hasta la fecha de total y efectivo pago.
3Revocar parcialmente el art. 3°) de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, y la aplicación del CER sobre tales rubros.
4Costas según los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-32144825-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 27 de Marzo de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados “TARCOL S.A. c/D.G.A. s/Recurso de apelación”, Expediente N° 24.765-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 19/28vta. se presenta la firma TARCOL SA por apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 1163/2008 dictada en la Actuación ADGA 605.837/2002 mediante la cual se la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA al pago de una multa de $ 9.786,90 y se la intimó al pago de $ 13.375,43 en concepto de tributos con más el CER. Efectúa una reseña de los antecedentes que componen el sumario administrativo. Relata que a través del DIT N° 846-4/96 importó temporariamente mercadería con vencimiento de plazo de permanencia el 12/01/2002. Esgrime que en procura de regularizar la situación, efectuó múltiples presentaciones con el objeto de obtener las liquidaciones pertinentes para abonar los conceptos correspondientes.
Asevera que la pretensión de tributos dista mucho de ser la correcta en los términos de ley. Plantea la improcedencia del IVA adicional y Ganancias. En relación al IVA adicional, analiza la Resolución General DGI 3431/91 y se refiere a la exclusión prevista en el art. 2 inc. 3 de la mentada Resolución. Apunta que en el caso de autos, la mercadería importada es una máquina, razón por la cual, en los términos de la citada normativa se debe considerar como exenta del pago de IVA Adicional. Alude al Dictamen del servicio jurídico ANA DIC N° 1345/97 que se expidió sobre la cuestión convocada. En cuanto al impuesto a las ganancias, explica que el objeto de tal impuesto son las ganancias como derivación de la importación o exportación de bienes y no la importación o exportación en sí misma.
Subraya que los adicionales en cuestión solo resultan de aplicación ante determinados casos que nos los que reconoce la operación en trato. Postula que la mercadería amparada en el DIT referenciado, el objeto de su importación y destino se encuentra exento de abonar al momento de su registro los adicionales pretendidos. En otro orden, plantea la improcedencia del CER previsto en el Decreto 214/02. Asegura que el reclamo efectuado por el servicio aduanero en todo momento fue expresado en “PESOS”: liquidación, apertura de sumario, corrida de vista y hasta el dictado de la propia resolución apelada, en la cual expresamente se determina formular cargo por los tributos adeudados los cuales ascienden a “PESOS”(art. 3°).
Considera que una errada interpretación respecto al tipo de moneda produciría un verdadero reformatio in pejus. Afirma que la obligación al pago de los tributos contenida en el art. 3 de la resolución apelada ya se encontraba fijada en pesos con anterioridad al dictado de la ley 25.561 y, por lo tanto, los arts. 4 y 8 del Decreto 214/02 resultan inaplicables. Aporta jurisprudencia en apoyo de su postura, ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
II. Que a fs. 37/42 la representación fiscal contesta el recurso y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Resalta que la actora realizó una importación temporal, que no cumplió con su obligación de reexportar la mercadería en legal término, por lo que se ha configurado la infracción endilgada, surgiendo en consecuencia, la responsabilidad tributaria. Argumenta que la cuestión en debate se circunscribe a la inclusión de los conceptos IVA adicional y del impuesto a las ganancias en la liquidación tributaria efectuada. Respecto a la improcedencia de la percepción del IVA y del impuesto a las ganancias, remite a los términos de la ley de IVA según el texto de la ley ley 23.349, su decreto reglamentario y a la Resolución General 3431/91. En lo relativo a la aplicación del CER, deja en claro que el servicio aduanero hizo estricto cumplimiento de la normativa vigente. Expone que el CER no es un tributo, sino un coeficiente que fue creado para equilibrar y/o morigerar las consecuencias emanadas de una pesificación asimétrica. Aduce que al momento de dictarse la resolución aduanera estaba en plena vigencia las leyes 23.905 y 23.928. Precisa que la contraria conocía que su obligación estaba pactada en dólares, como también que tras la pesificación de la economía su deuda se transformaba en pesos con más la aplicación del CER. Describe el escenario de emergencia que atravesaba el país cuando se dictó la ley 25.561 y el Decreto 214/02. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura, ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 78 se declara la causa de puro derecho. A fs. 82 se elevan los autos a la Sala G y a fs. 83 se pasan a sentencia.
IV. Que la Actuación N° 12040-323-2008 - 605.837/2002 se inicia con la denuncia N° 1003/02 contra la firma TARCOL S.A. por presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 CA, respecto del DIT N° 846-4/96 cuyo vencimiento operó el 12/01/2002. A fs. 5 se glosa la carpeta del DIT referenciado con su documentación complementaria. A fs. 7 se procede a la valoración de la mercadería, a fs. 8 se practica liquidación de tributos. Se agrega la Actuación N° 12040-324- 2008 por medio de la cual la importadora solicita autorización para nacionalizar la mercadería del DIT en cuestión. Se glosa la Actuación N° 12040-325-2008 a través de la cual la firma solicita que se practique liquidación a efectos de nacionalizar mercadería. Se añade la Actuación N° 12040-326-2008 por la cual la importadora adjunta documentación relativa al DIT en cuestión. A fs. 33 la Sección Procedimientos Técnicos hace constar que el pedido de nacionalización de la temporal en trato fue realizado en forma extemporánea. Se agrega la Actuación N° 12040-327-2008 en la que la importadora reitera solicitud. A fs. 37, el 28/04/2003 se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA y se corre vista a la imputada en los términos del art. 1101 del CA., que se notifica a la interesada el 20/11/2003 (fs. 50). A fs. 46/48 la aseguradora formula descargo. A fs. 65/74 la imputada contesta vista. Se glosa la Actuación N° 12040-328-2008 por la cual se reitera solicitud de que se practique liquidación. A fs. 79 se produce determinación de tributos y multa. A fs. 80/81 obra consulta de garantías y de juicios universales. A fs. 82 se tiene por extemporánea a la presentación realizada por la firma TARCOL SA a fs. 55/78. Asimismo, no se hace lugar a la nulidad solicitada toda vez que la liquidación fue ratificada con la liquidación de fs. 84. A fs. 89 consta consulta al registro general de infractores. A fs. 90/91, el 19/03/2008 se dicta la Resolución DE PRLA N° 1163/2008. A fs. 94/95 la recurrente acredita la interposición de recurso ante esta instancia.
V. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., respecto de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT N° 846-4/96, registrado por la firma importadora TARCOL S.A. ante la Aduana de Buenos Aires, el 09/02/1996, al amparo del art. 31 ap. 1 inc. a) del Decreto 1001/82, con vencimiento del plazo de permanencia el 12/01/2002.
VI. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo, CTC etc.) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que de modo tal, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. – eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VII. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa para verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación de la destinación en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que mediante el DIT N° 846-4/96, oficializado ante la Aduana de Buenos Aires el 09/02/1996 y con vencimiento de plazo de permanencia el 12/01/2002, la actora importó la siguiente mercadería 1(una) “MÁQUINA DIFUSORA DE ORUJOS DE UVA POR BANDA PARA OBTENCIÓN DE FLEMAS VÍNICAS MEDIANTE EL PRINCIPIO DE EXTRACCIÓN CONTINUA (DIFUSIÓN) EN CONTRACORRIENTE, EXTRACTORA DE ZUMOS, SEMI ARMADA PARA SU MEJOR EMBALAJE Y TRANSPORTE, NUEVA, MARCA PADOVAN”.
Que en sede aduanera, a través de la Actuación N° 12040-324-2008 la importadora solicitó autorización para nacionalizar la mercadería del DIT en cuestión. A fs. 33 de las act. adm., la Sección Procedimientos Técnicos determinó que el pedido de nacionalización de la importación temporal en trato fue realizado en forma extemporánea.
Que de esta manera, la Aduana condenó a la importadora por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA al pago de una multa y la intimó al pago de tributos.
Que al interponer recurso ante esta instancia, la importadora no acompañó ni ofreció prueba que acreditara la regularización en término de la mercadería ingresada temporalmente mediante el DIT en trato.
Que así las cosas, de las constancias obrantes en la causa surge que ninguna prueba se aportó en relación al cumplimiento de las obligaciones referentes al DIT N° 846-4/96 que desvirtúe los términos de la resolución cuestionada. Consecuentemente, corresponde tener por configurada la infracción prevista en el art. 970 del C.A., y configurado el hecho imponible de importación irregular a consumo de la mercadería previsto en el art. 274 del C.A.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la multa impuesta a la firma importadora en el art. 1° de la resolución recurrida, por la suma de pesos nueve mil setecientos ochenta y seis con noventa centavos ($ 9.786,90). Con costas a la actora.
VIII. Que sentado lo precedente corresponde analizar la determinación de la deuda tributaria reclamada en autos. Que en lo concerniente a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, la cuestión analizada por la CSJN en la causa “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas” del 26/11/2019, radicó en determinar si la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos.
Que en el citado precedente la CSJN ha dicho “9°) Que, al ser ello así –tal como acertadamente se asevera en el dictamen obrante a fs. 223/225- a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177). 10) Que, sobre esa base, cabe concluir que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”.
Que de acuerdo al pronunciamiento señalado, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
IX. Que por lo tanto, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos de la mercadería en infracción, sin incluir las percepciones de IVA Adicional y el impuesto a las ganancias, en virtud de lo expuesto en el Considerando anterior. A tales efectos, se tiene en consideración la liquidación de fs. 8 de las act. adm.
DIT N° 846-4/96 RUBROS % BASE IMPONIBLE ADUANA 32.623,00 BASE IMPONIBLE IVA 32.623,00 IVA 21,00% 6.850,83 TOTAL $ 6.850,83
X. Que en cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), se formulan las siguientes consideraciones. Que el decreto 214/02, en su artículo 8, dispone: “Las obligaciones de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el artículo 4 del presente decreto”. El artículo 4, al que dicha norma remite establece que a dichas deudas “se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.
Que tratándose, la de autos, de una deuda u obligación generada por un hecho anterior a la entrada en vigencia de la Ley 25.561 -importación para consumo irregular de fecha 12/01/2002 - esa suma debió liquidarse conforme el art. 20 de la ley 23.905, en dólares (U$S). En el caso, el importe exigido en la corrida de vista de fs. 37 en fecha 28/04/2003 (notificada a la importadora el 20/11/2003), fue expresados en pesos, cuando ya $ y U$S no eran equivalentes (pues se había derogado la ley 23.928 no encontrándose vigente la paridad cambiaria $ 1 - U$S 1), y se efectuó después del Decreto 214/02. La deuda tributaria quedó así “pesificada” por el Decreto 214/02 (con la paridad 1 a 1), es decir “en virtud” de dicho decreto (y no había sido pesificada -por la Aduana- antes de dicho decreto). Por eso no es aplicable al caso el criterio de la C.S.J.N. sentado en el caso “Editorial Perfil”, sent. del 12/08/2008, y sí es aplicable el criterio de dicha C.S. sentado en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica”, sent. del 17/04/2007, en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Dec. 214/02 el CER es inescindible del capital adeudado.
Que en conclusión, la obligación tributaria nació expresada en dólares estadounidenses al tiempo de registro del DI en cuestión, por aplicación del art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991), subsistiendo como tal a la fecha en que entró en vigencia la ley de emergencia 25.561, por lo cual no cabe duda que resulta alcanzada por la pesificación dispuesta por el Decreto N° 214/02, del 3/2/2002.
Que, por aplicación de la doctrina sentada por la C.S.J.N. ya referida, el C.E.R. es inescindible del capital adeudado, por lo que procede su inclusión a los efectos del cómputo de los intereses (sobre el rubro en que se determinó procedente).
XI. Que en consecuencia, corresponde confirmar parcialmente la resolución aduanera, en cuanto a la exigencia tributaria del rubro I.V.A que asciende a $ 6.850,83, con más el CER y los intereses devengados desde el 05/12/2003 hasta la fecha de total y efectivo pago (art. 794 del C.A.); y revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto a la exigencia de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, y la aplicación del CER sobre tales rubros. Con costas conforme los respectivos vencimientos.
Que por ello, VOTO POR:
1. Confirmar el artículo 1°) de la Resolución DE PRLA N° 1163/2008 dictada en la Actuación N° 12040-323-2008 - 605.837/2002, en cuanto condena a la importadora TARCOL S.A. al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 9.786,90).
2. Confirmar parcialmente el artículo 3°) de la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada a importadora, declarando que los tributos adeudados en concepto de IVA ascienden a PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 6.850,83), con más el CER aplicable a la fecha de pago, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 05/12/2003 hasta la fecha de total y efectivo pago.
3. Revocar parcialmente el art. 3°) de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, y la aplicación del CER sobre tales rubros.
4. Costas según los respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad SE
1. Confirmar el artículo 1°) de la Resolución DE PRLA N° 1163/2008 dictada en la Actuación N° 12040-323-2008 - 605.837/2002, en cuanto condena a la importadora TARCOL S.A. al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 9.786,90).
2. Confirmar parcialmente el artículo 3°) de la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada a importadora, declarando que los tributos adeudados en concepto de IVA ascienden a PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 6.850,83), con más el CER aplicable a la fecha de pago, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 05/12/2003 hasta la fecha de total y efectivo pago.
3. Revocar parcialmente el art. 3°) de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, y la aplicación del CER sobre tales rubros.
4. Costas según los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2025.03.27 16:04:51 ART Date: 2025.03.27 17:26:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.27 18:43:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.27 18:43:14 -03:00
Fin de la sentencia