Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35.180-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución (DE PRLA) Nro. 2456/2014, de fecha 13 de mayo de 2014, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 12064-172-2004. Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-25950480-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 12 de Marzo de 2026 Reunidos los Vocales de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “TC INTERPLATA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expte. N° 35.180-A, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 31/48 se presenta, por apoderada, la firma “TC INTERPLATA S.A.” e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) Nº 2456/14, dictada en la Actuación administrativa SIGEA Nº 12064- 172-2004, mediante la cual se la condena por la infracción prevista en el artículo 947 del Código Aduanero —en función del artículo 863 del mismo cuerpo legal— imponiéndose multa por la suma de $ 117.560 y una multa sustitutiva del comiso, que asciende a la suma de $ 58.780, por presunto contrabando menor de divisas, ocurrido en diciembre de 2004.
Explica que el procedimiento se inició a partir de un hecho denunciado en la Terminal Exolgan, en el cual un camión de caudales, contratado por Ultramar Argentina S.A., habría entregado valores al buque “Thor Nautilus”, sin cumplimentar trámites aduaneros. Señala que tales hechos fueron investigados en sede penal y culminaron con el sobreseimiento total; y que en el año 2007 la propia Aduana había desestimado la denuncia por contrabando. Sin embargo —afirma— recién en 2009 se abrió sumario por infracción al artículo 947 del Código Aduanero y solo en 2014 se le corrió vista, esto es, casi diez años después de los hechos.
Alega la nulidad de la corrida de vista por carecer de individualización de la conducta imputada y por fundarse exclusivamente en la falta de presentación de documentación dentro de un plazo irrazonablemente exiguo. Sostiene que la Aduana rechazó sin fundamento sus nulidades y pruebas, y que el sumario careció de la actividad mínima necesaria para cumplir con el artículo 1091 del ordenamiento de rito.
En cuanto al fondo del asunto, manifiesta que T.C. INTERPLATA S.A. se limitó a prestar un servicio de transporte y custodia de valores, que aportó la factura y recibo correspondientes, y que no intervino en trámites aduaneros —a cargo exclusivo de Ultramar Argentina S.A.—. Asegura que no existió ardid ni engaño alguno, pues el camión se sometió a todos los controles de seguridad y Aduana, conforme surge de las declaraciones obrantes en el expediente. En consecuencia, sostiene que no se configuró contrabando, puesto que la figura requiere dolo y un ardid eficaz que cause error al servicio aduanero, elementos que —afirma— no han sido acreditados.
Plantea, además, la violación del plazo razonable, citando jurisprudencia de la CSJN que impone a la Administración resolver dentro de términos adecuados, y resalta que la demora de casi diez años antes de la primera vista le ocasionó indefensión material. Finalmente, invoca el principio in dubio pro reo del artículo 898 Código Aduanero, formula reserva del caso federal y ofrece prueba. Solicita se dicte sentencia revocando la resolución apelada, con expresa imposición de costas a la demandada.
II. Que a fs. 59/62 se presenta la representante del Fisco Nacional y contesta el traslado conferido respecto del recurso de apelación interpuesto por “T.C. INTERPLATA S.A.” contra la Resolución Nº 2456/14 dictada en la Actuación Nº 12064-172-2004, mediante la cual se la condenó por la infracción prevista por el artículo 947 del Código Aduanero.
Sostiene que la resolución recurrida es legítima y ajustada a derecho, por cuanto el sumario se inició a raíz de la denuncia formulada por el personal de la ex División Puertos y Aeropuertos, según la cual dos empleados de la firma “T.C. Interplata S.A.”, junto con el Sr. Hernán Daniel Muñoz, habrían ingresado U$S 20.000 sin documentación habilitante al buque Thor Nautilus en la Terminal Portuaria Sud. Indica que, tras la intervención penal y el posterior sobreseimiento, se remitieron las actuaciones a la Aduana para investigar la posible infracción, disponiéndose la instrucción del sumario y corriéndose vista a los imputados.
Afirma que la firma actora fue debidamente intimada a aportar el contrato de transporte del día 17/12/2004 y que, ante su incumplimiento, se reiteró la vista, frente a la cual, finalmente presentó descargo. Agrega que el Sr. Muñoz fue declarado en rebeldía. Concluye que, habiéndose cumplido todas las etapas procesales, la Aduana dictó la resolución condenatoria con suficiente fundamentación fáctica y jurídica, sin advertirse lesión alguna al derecho de defensa.
Sostiene que los hechos acreditados encuadran en el artículo 863 del Código Aduanero —por impedir o dificultar mediante ardid o engaño el control aduanero sobre exportaciones— y que, en atención al valor involucrado, corresponde la figura del contrabando menor del artículo 947, cuya multa fue correctamente graduada. Rechaza las alegaciones de la actora por considerarlas insuficientes para desvirtuar la tipicidad atribuida, destacando que el ingreso de divisas al buque se realizó sin documentación y sin autorización aduanera, conducta que —asevera— se encuentra plenamente probada.
En virtud de ello, solicita que se rechace la apelación y confirme la resolución aduanera en todas sus partes, con costas. Acompaña la correspondiente actuación administrativa y formula reserva del caso federal.
III. Que de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas SIGEA nro. 12064-172-2004 surge que el día 17 de diciembre de 2004, el buque de bandera extranjera “Thor Nautilus” se encontraba amarrado en la Terminal Portuaria Exolgan, sita en Dock Sud, partido de Avellaneda (véase el Acta labrada por personal de la ex División Puertos y Aeropuertos que obra a fs. 2/3).
A las 15:50 horas de ese día ingresó a la terminal un vehículo remise, conducido por el Sr. Adrián Patricio Ferrari, transportando al Sr. Hernán Daniel Muñoz. Con posterioridad, siendo las 16:00 horas ingresó un camión blindado de transporte de valores, perteneciente a la firma “T.C. Interplata S.A.”, identificado como interno 75, dominio SUC 844, conducido por el Sr. Alejandro Díaz y con los porta valores Sres. Carlos Quintín Núñez y Walter Castro (véase el Acta mencionada, la planilla de control de ingreso y egreso de vehículos de fs. 23/24, declaración testimonial del Sr. Carlos Núñez de fs. 89 y vta., y Nota nro. 169/04 (SE SP56) de fs. 69/71 de las actuaciones administrativas) .
El personal aduanero tomó conocimiento de que un transporte de caudales se dirigía al buque, motivo por el cual la Segunda Jefa de la Aduana, Sra. Ana María Gómez, impartió la orden de que el camión no avanzara hacia el muelle sin que previamente se exhibiera la documentación aduanera correspondiente (en el caso se cumplía con la fórmula EC51- Egreso de Valores), en caso de tratarse de una exportación de divisas, instruyendo al Jefe de Seguridad de la Terminal, Sr. Carlos Vidal, a tal fin. El camión de caudales permaneció “por cuestiones de seguridad” detenido dentro de la terminal. Durante ese lapso, se produjeron comunicaciones entre personal de la terminal, la Aduana y los intervinientes. (véase el acta mencionada y las declaraciones testimoniales de la Sra. Ana María Gómez y el Sr. Carlos Vidal a fs. 86 y vta. y, 92 y vta. respectivamente).
Ante la falta de exhibición de documentación aduanera, la Sra. Ana María Gómez ratificó su decisión de que el camión no podía dirigirse al buque y dispuso su retiro, lo que fue transmitido por el Sr. Carlos Vidal al personal de seguridad. La salida del camión fue registrada a las 16:40 horas (véase el acta mencionada y la planilla de control de ingreso y egreso de vehículos de fs. 23/24).
No obstante ello, de las planillas de movimiento de personas en planchada (v. fs. 25), del acta de procedimiento (v. fs. 2/3) y de las declaraciones de los vigiladores de la terminal Sres. Cristóbal Alvarenga y Marcelo Apolinario (véase fs. 62 y vta., y 63 y vta., respectivamente), surge que los porta valores que se trasladaban en el camión descendieron del mismo con anterioridad a su salida de la terminal y fueron luego transportados en el vehículo en el que se desplazaba el Sr. Hernán Daniel Muñoz, portando una bolsita de nylon de aproximadamente 25 cm por 10 cm, con la que ingresaron al buque “Thor Nautilus” en un horario previo al egreso definitivo del camión (alrededor de las 16:30 horas).
La Planilla de Movimiento de Personas sobre la planchada registra el ingreso de los Sres. Carlos Quintín Núñez y Walter Castro al buque consignándose como motivo “caudales”, así como también registra el ingreso del Sr. Hernán Daniel Muñoz en carácter de “tram. papeles” (véase fs. 25 de las actuaciones administrativas). En su declaración testimonial el Sr. Marcelo Apolinario —personal de vigilancia de la terminal— manifestó haber observado únicamente una bolsita de nylon que envolvía un paquete de tamaño aproximado 25 cm de largo por 10 cm de alto, sin poder identificar su contenido ni monto. Por su parte, el Sr. Carlos Núñez, uno de los porta valores, y el Sr. Hernán Daniel Muñoz, en su declaración testimonial e indagatoria, respectivamente, manifestaron que el contenido del bolso consistía en dinero en efectivo que habría sido entregado al capitán del buque para pago de sueldos y gastos de a bordo (véase las declaraciones indagatoria y testimonial a fs. 87/88 y 89 y vta., respectivamente).
En cuanto al monto del dinero involucrado, corresponde señalar que no existió constatación material ni secuestro de las divisas por parte de la autoridad aduanera. La suma de U$S 20.000 surge únicamente de la declaración testimonial del porta valor, Sr. Carlos Quintín Núñez, siendo luego mencionada de modo referencial por la funcionaria aduanera, Sra. Ana María Gómez, y tenida por acreditada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico actuante al tiempo de dictar el sobreseimiento, sin que conste en autos verificación física del dinero ni respaldo documental directo del importe en cuestión.
Del Acta labrada por personal de la ex División Puertos y Aeropuertos (véase fs. 2/3) surge que recién después de que los valores ya habían sido trasladados al buque, el personal aduanero requirió la presencia de personal de la agencia marítima vinculada al buque, presentándose el Sr. Hernán Daniel Muñoz como asistente de operaciones de “Agencia Marítima Ultramar SA”.
Ante lo ocurrido, se dispuso la interdicción del buque, se incorporaron planillas, documentación del buque y se dio intervención a la División Puertos y Aeropuertos, elevándose un informe a la Justicia en lo Penal Económico con fecha 20/12/2004 (véase Nota Nº 169/04 de fecha 20 de diciembre de 2004 que luce a fs. 67/71). Con basamento en ello, se inició la causa penal N° 12.190, caratulada “Muñoz, Hernán Daniel s/ contrabando”, en la que fue indagado el Sr. Hernán Daniel Muñoz y se tomó declaración testimonial a otros intervinientes. Mediante sentencia del 21 de abril de 2005, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico actuante tuvo por acreditado que el hecho versaba sobre la exportación de la suma de U$S 20.000, pero, en virtud de la reforma introducida por la Ley 25.986, consideró que el hecho debía ser tratado como contrabando menor, disponiendo el sobreseimiento de los imputados por atipicidad penal y remitiendo las actuaciones a la Dirección General de Aduanas, para la investigación infraccional (véase fs. 75 y vta.).
La División Secretaría de Actuación Nº 5 dispuso -mediante la Resolución (DE PRLA) Nº 2847/07- desestimar la denuncia y remitir las actuaciones a la División Secretaría de Actuación Nº 2 a fin de investigar la presunta comisión de la infracción de contrabando menor, la cual fue aprobada mediante la Resolución Nº 972/07 (SDGTLA) -véase fs. 79/81-.
En atención a ello, se dordenó la apertura de sumario contencioso por la infracción prevista en el artículo 947 del Código Aduanero y la remisión del mismo a la División Sumario de Prevención, a fin de que informe el destino dado a la mercadería involucrada (véase fs. 83). Luego, se dispuso correr vista de lo actuado a la firma “T.C. Interplata S.A.” y al Sr. Hernán Daniel Muñoz, a quienes se les imputó la comisión de la infracción prevista en el artículo 947 del Código Aduanero (véase 94 y 101).
En sede administrativa, se declaró la rebeldía del Sr. Hernán Daniel Muñoz, mientras que la firma “T.C, Interplata S.A.” fundó su defensa en que el servicio de transporte de valores había sido contratado por la agencia marítima Ultramar S.A., y que su intervención se limitó a cumplir una orden comercial (véase fs. 115/123). En dicho marco, la empresa recurrente ofreció prueba documental consistente en la agregación de una factura y un recibo, así como prueba informativa bancaria, a fin de identificar al librador del cheque invocado como medio de pago del servicio. Tales medidas probatorias fueron oportunamente denegadas por la autoridad aduanera, lo que motivó la interposición de recurso de revocatoria, que también fue rechazado.
Durante el trámite sumarial se pudo comprobar, con la agregación a fs. 134/136 de la consulta al Sistema Malvina, que el Sr. Hernán Daniel Muñoz no se encontraba registrado como apoderado ni dependiente ante el Servicio Aduanero por la Agencia Marítima Ultramar S.A.
Con base en la documentación presentada, la Aduana dictó la Resolución (DE PRLA) 2456/14, por la cual tuvo por configurada la infracción de contrabando menor prevista en el artículo 947 del Código Aduanero, en función del artículo 863, disponiendo las sanciones correspondientes (véase fs. 139/143).
IV. Que, en primer lugar, la recurrente plantea la nulidad del auto de corrida de vista por considerar que el mismo no habría individualizado con precisión la conducta imputada ni la norma presuntamente vulnerada, sosteniendo que ello habría impedido el pleno ejercicio de su derecho de defensa.
Que dicho agravio no puede prosperar.
En primer lugar, de las constancias de autos surge que a fs. 94 se dispuso la corrida de vista a la firma T.C. Interplata S.A., imputándosele expresamente la infracción prevista en el artículo 947 del Código Aduanero y requiriéndosele, en forma concreta, que informara los datos del contratante del servicio de transporte de valores llevado a cabo el día 17/12/2004, así también que acompañara la correspondiente factura comercial por el servicio prestado. Posteriormente, ante el incumplimiento de dicha intimación, se volvió a correr vista a fs. 101, reiterándose la imputación infraccional.
Ello demuestra que la imputación no fue genérica ni ambigua, sino que estuvo referida de manera precisa a la presunta comisión de contrabando menor de exportación de divisas, indicando la fecha del hecho, el medio utilizado, el buque involucrado y el objeto material de la infracción.
En segundo término, no debe perderse de vista que la firma recurrente tuvo acceso pleno a las actuaciones administrativas, las cuales incluso retiró para su fotocopiado, circunstancia que fue expresamente valorada por la Aduana al rechazar el planteo de nulidad (véase fs. 110 de las act. adm,). En tales condiciones, no resulta atendible sostener un estado de indefensión, cuando la imputada tuvo a su plena disposición la totalidad de los antecedentes fácticos y probatorios del sumario.
Asimismo, lejos de verse privada de defensa, la firma ejerció efectivamente su derecho, ya que: (i) planteó nulidad, (ii) efectuó su descargo, (iii) acompañó documentación, y (iv) ofreció prueba, inclusive la producción de prueba bancaria, cuya sustanciación fue posteriormente ordenada en esta instancia. Todo ello resulta incompatible con la existencia de un perjuicio concreto al derecho de defensa, de raigambre constitucional.
En consecuencia, no se verifica afectación sustancial alguna a las garantías del debido proceso ni al derecho de defensa, motivo por el cual el planteo de nulidad debe ser rechazado, tal como acertadamente lo resolvió la Aduana a fs. 126 de las actuaciones administrativas.
V. Que, fijados los hechos en los términos expuestos en el Considerando III, corresponde analizar si la resolución apelada, en cuanto tuvo por configurada la infracción prevista en el artículo 947 del Código Aduanero, en función del artículo 863 del mismo ordenamiento, se ajusta a derecho.
Que el artículo 947 del Código Aduanero reprime como contrabando menor las conductas previstas, entre otros, en los artículos 863, 864, 865 inc. g), 871 y 873, cuando el valor en plaza de la mercadería objeto del contrabando o su tentativa fuere inferior al monto de pesos quinientos mil $ 500.000, aplicando como sanción exclusivamente multa y comiso. A su turno, el artículo 863 del mismo cuerpo legal tipifica el contrabando como toda conducta que por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones. Que, desde el punto de vista normativo, corresponde recordar que al momento de los hechos se encontraba vigente el Decreto 1570/01 —sustituido por el art. 3° del Decreto 1606/01— cuyo artículo 7° establecía severas restricciones a la exportación de moneda extranjera, disponiendo que toda salida de divisas superior a diez mi dólares estadounidenses (U$S 10.000) o su equivalente en otras monedas, al tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA debía ajustarse a los regímenes y autorizaciones vigentes del Banco Central de la República Argentina. A su vez, la Resolución General AFIP N° 9/02 y la Instrucción General DGA N° 62/02 reglamentaban específicamente el procedimiento aduanero para el egreso de valores, imponiendo la obligación de documentar la operación mediante el formulario EC51 y de someter la operatoria al control del servicio aduanero en zona primaria.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el reconocido precedente “Legumbres S.A. y otros s/ contrabando” (Fallos: 312:1920), sostuvo de manera expresa que el delito de contrabando no tutela exclusivamente la renta fiscal, sino primordialmente el adecuado ejercicio de las funciones de control que las leyes acuerdan al servicio aduanero, aun cuando dichas funciones se vinculen con la aplicación de prohibiciones económicas o con el régimen cambiario y con facultades que, en principio, corresponden al Banco Central de la República Argentina. Asimismo, el Alto Tribunal señaló que la maniobra típica puede consistir en cualquier ardid material o documental tendiente a impedir, frustrar u obstaculizar dicho control, resultando irrelevante que el perjuicio económico llegue o no a consumarse.
Que tales principios resultan plenamente aplicables al sub examine, en tanto la operatoria aquí analizada se desarrolló en un contexto de prohibición y severa restricción a la exportación de divisas, y las conductas atribuidas a “T.C. Interplata S.A.” y al Sr. Hernán Daniel Muñoz importaron una elusión material del control aduanero en materia cambiaria, mediante el ingreso al buque por fuera de los canales regulares, sin autorización del servicio aduanero y al margen del procedimiento previsto por la normativa vigente.
Que, por lo tanto, no se está frente a una mera irregularidad formal o documental, sino ante un régimen de control estricto, previo y obligatorio, en el cual el servicio aduanero ejerce una función esencial de policía económica y cambiaria del Estado. Dicho control fue expresamente activado en el caso por la Segunda Jefa de la Aduana, Sra. Ana María Gómez, quien impartió una orden clara, concreta y directa de no permitir el avance del camión de caudales mientras no se exhibiera la documentación aduanera correspondiente que amparara el egreso de divisas. Que esta orden fue correctamente transmitida al Sr. Carlos Vidal, Jefe de Seguridad de la terminal, se hizo efectiva mediante la retención del camión y culminó con la orden expresa de retiro del vehículo de la Terminal, ante la ausencia total de documentación habilitante.
Que es precisamente en ese contexto de control activado, orden impartida y retiro forzado del camión, donde se verifica la maniobra ardidosa que constituye el núcleo de la infracción en trato. En efecto, no obstante que el vehículo blindado —único medio legítimo para concretar la operación bajo control— fue retirado de la Terminal por orden de la Aduana, los porta valores de la empresa “T.C. Interplata S.A.” descendieron del mismo y, con la intervención directa del Sr. Hernán Daniel Muñoz, fueron trasladados en un vehículo particular hasta la planchada, desde donde accedieron al buque con la bolsita que contenía el dinero, burlando de ese modo el dispositivo de control que ya había sido puesto en funcionamiento.
Que esta secuencia revela con absoluta claridad que no se trató de una simple desorganización operativa, sino de una conducta deliberadamente orientada a sortear la fiscalización aduanera, utilizando un medio distinto del vedado por la autoridad (el vehículo particular del Sr. Hernán Daniel Muñoz en reemplazo del camión) para lograr el mismo resultado prohibido: el egreso del dinero sin sometimiento al régimen legal.
Que está acreditado que el Sr. Hernán Daniel Muñoz transitó por la zona primaria aduanera careciendo de autorización para hacerlo y abordó el buque “Thor Nautilus” en compañía del personal de la transportadora de valores, pese a que a éstos el personal aduanero y de seguridad les había negado expresamente la autorización para descargar allí los valores, circunstancia que demuestra un obrar deliberado destinado a sortear el control estatal.
Que dicha conducta permitió cargar a bordo del buque dinero que no se hallaba declarado en los respectivos manifiestos de carga o de rancho agregados a fs 13/24 de las actuaciones, sin que se hubiese solicitado la correspondiente destinación aduanera, conforme lo exige la Resolución AFIP Nº 9/02, la Instrucción General DGA Nº 62/02 y el artículo 7 del Decreto Nº 1570/01.
Que la maniobra ardidosa del Sr. Hernán Daniel Muñoz se ve reforzada, además, por el hecho de que el requerimiento de presencia de personal de la agencia marítima fue efectuado por la Aduana recién con posterioridad a que los valores habían sido subidos al buque, presentándose entonces el nombrado sin contar —además— con registración ante el Sistema Malvina como representante —apoderado o dependiente— de la Agencia Marítima Ultramar S.A., lo que revela una actuación extraoficial, al margen de los canales institucionales (véase fs. 134/136 de las actuaciones administrativas).
Que ello conduce a descartar que su intervención haya obedecido a un rol regular o meramente administrativo, puesto que su presencia se produjo cuando el control ya había sido burlado, resultando funcional al éxito de la maniobra ilícita y no a su regularización. La secuencia de actos verificados demuestra que el Sr. Hernán Daniel Muñoz no sólo conocía la irregularidad de la operatoria, sino que desplegó actos positivos para consumarla, actuando en forma coordinada con el personal de la transportadora de caudales para introducir subrepticiamente los valores en el buque, vulnerando las normas aduaneras vigentes.
Que tampoco puede soslayarse que la maniobra no hubiera podido materializarse sin el aporte esencial brindado por la firma “T.C. Interplata S.A.”, que proveyó el camión blindado, el personal especializado y la custodia del dinero. Aun luego de que la Aduana ordenara expresamente el retiro del vehículo —frustrando el único medio legítimo de acceso al buque—, los porta valores dependientes de la empresa continuaron con la operación, descendiendo del camión y trasladándose por un medio alternativo hasta la planchada, lo que revela que la operatoria no sólo fue tolerada, sino también materialmente ejecutada por su propio personal. Tal aporte resulta jurídicamente decisivo para la consumación de la infracción y excede ampliamente la figura del mero ejecutor subordinado.
Que la explicación brindada por “T.C. Interplata S.A.” acerca de haber actuado por encargo de la agencia marítima Ultramar S.A. carece de respaldo objetivo suficiente. No obra en autos contrato de prestación de servicios, orden de transporte, hoja de ruta ni ningún otro instrumento externo que permita tener por acreditada una relación comercial regular. La factura y el recibo acompañados fueron emitidos unilateralmente por la propia firma imputada, sin intervención de la presunta contratante. A ello se suma que el cheque invocado como medio de pago no registra cobro efectivo ni pudo individualizarse fehacientemente su librador, conforme la prueba bancaria producida en autos, lo que termina de consolidar un cuadro de opacidad negocial, incompatible con una operatoria lícita de transporte de valores (véase contestación del Banco ICBC y Macro a fs. 80 y 107 de autos). Que, aun cuando se admitiera hipotéticamente que la contratación hubiera sido efectuada por un tercero, ello no excluye la responsabilidad infraccional de quienes materialmente ejecutaron la maniobra, pues responden todos aquellos que, por su acción u omisión, han hecho posible la burla del control estatal.
Que, además, una vez impartida por la autoridad aduanera la orden expresa de no permitir el avance del camión y de disponer su retiro de la terminal, la firma T.C. Interplata S.A. se encontraba jurídicamente obligada a cesar de inmediato toda actividad vinculada con la operatoria de transporte de valores. Lejos de ello, su propio personal ejecutó la continuidad material del traslado por un medio alternativo, conducta que importa una abierta contravención a la directiva de la autoridad de control y una aceptación consciente de la ilicitud de la maniobra. Que la actuación de los dependientes de “T.C. Interplata S.A.” no fue aislada ni desvinculada de la conducta desplegada por el Sr. Daniel Hernán Muñoz, sino que ambas se articularon de manera funcional para concretar el mismo resultado prohibido. El descenso coordinado del camión, el traslado conjunto en un vehículo particular y el acceso simultáneo a la planchada evidencian una unidad de acción dirigida a sustraer los valores del control aduanero, configurando una clara convergencia objetiva y subjetiva en la ejecución del hecho infraccional. Que, en definitiva, los elementos probatorios reunidos permiten tener por configurados de manera plena, sin lugar a duda razonable, todos los extremos típicos del contrabando menor de exportación: a) un objeto material susceptible de egreso (dinero en efectivo); b) un acto de exportación realizado en zona primaria aduanera; c) la elusión deliberada del control aduanero; d) la ausencia total de documentación habilitante exigida por la normativa vigente; y e) el dolo necesario para la configuración del ilícito.
Que, en lo que respecta al monto involucrado, corresponde destacar que en autos no existió constatación material alguna del numerario presuntamente egresado del país, por cuanto no hubo secuestro del dinero por parte de autoridad alguna, ni verificación física del importe por el servicio aduanero, Prefectura Naval u otro organismo de control, como tampoco se incorporó recibo, acta de entrega, comprobante bancario o documentación de respaldo que acreditara en forma directa y objetiva la suma transportada. Asimismo, de las constancias de la causa penal no surge que se haya efectuado inventario, conteo, peritaje o aseguramiento del dinero, toda vez que el mismo no fue hallado al momento de la intervención de la autoridad. La referencia al monto de U$S 20.000 proviene exclusivamente de los dichos de los intervinientes y de las actuaciones instructorias labradas con posterioridad al hecho, sin verificación material directa. No obstante ello, dicho importe fue tenido por acreditado en sede penal al dictarse el sobreseimiento por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico actuante, con remisión expresa a la instancia infraccional, extremo que —en esta etapa jurisdiccional— impone su recepción como dato objetivo del acontecimiento investigado y habilita tener por configurado el presupuesto cuantitativo exigido por el artículo 947 del Código Aduanero, sin perjuicio de las particularidades probatorias señaladas.
Que, en consecuencia, la resolución apelada se encuentra debidamente fundada en los hechos acreditados, en la normativa aplicable y en los principios sentados por la jurisprudencia de la Corte Suprema, por lo que corresponde su confirmación.
VI. Que, por último, los agravios planteados respecto de que la extensa duración del procedimiento administrativo infraccional habría vulnerado la garantía del “plazo razonable”, sosteniendo que la dilación temporal entre la fecha del hecho investigado (año 2004) y el dictado de la resolución condenatoria (año 2014) configuraría una afectación a derechos de raigambre constitucional y convencional, solicitando en consecuencia la nulidad de las actuaciones o, subsidiariamente, la extinción de la pretensión sancionatoria por aplicación de dicha doctrina, tampoco pueden prosperar.
En efecto, si bien esta Sala “F” in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS” (Expte. Nro. 30.630-A) de fecha 6/3/2015 y “ZURICH ARGENTINA CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” de fecha 1/2/16 -entre muchos otros-, resolvió declarar la inconvencionalidad -y, por ende, la inconstitucionalidad (en los términos del art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)- de la aplicación efectuada por la DGA al inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto la prescripción no podía quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique la resolución aduanera, corresponde destacar que la inobservancia del “plazo razonable” de tramitación del presente proceso y su afectación de garantías convencionales no puede ser aplicada en el sub-lite, toda vez que con posterioridad -26 de febrero de 2016- a dichos precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”. En tal sentido, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique en el caso dicha doctrina –que si bien no es absoluta, atento como se resuelve la cuestión de fondo no deviene prudente apartarse en el sub lite-, sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
Por ello, VOTO por:
Confirmar la Resolución (DE PRLA) Nro. 2456/2014, de fecha 13 de mayo de 2014, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 12064-172-2004. Costas a la actora.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero a la propuesta condenatoria realizada por mi colega de grado.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución (DE PRLA) Nro. 2456/2014, de fecha 13 de mayo de 2014, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 12064-172-2004. Costas a la actora.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. John Ryan Lussich (20-92016182-1). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2026.03.12 17:01:52 ART Date: 2026.03.12 17:49:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.12 17:49:41 -03:00
Fin de la sentencia