Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 25350-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la apelación interpuesta por la actora, con costas a su cargo (art. 68 del CPCCN) 2) reducir los honorarios y fijar los de alzada de conformidad al considerando VIII.-.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Nº 42283/2012 “TECMA SAN LUIS SAICIF (TF 25350-I) c/ DGI s/”
Buenos Aires, 21 de agosto de 2014.- AC Y VISTOS, “Tecma San Luis SAICIF (TF 25350-I) y otro c/ DGI y otro”,
I. Que a fs. 171/173 el Tribunal Fiscal de la Nación, declaró la improcedencia formal del recurso interpuesto por Tecma San Luis S.A.I.C.I.F, con costas a la actora.
Para así decidir, tuvo en cuenta que la recurrente fue notificada en el domicilio fiscal denunciado en la sede administrativa y mediante el procedimiento previsto por el art. 100 inc. b) de la Ley 11.683, el día 16 de diciembre de 2004. Señaló que todas las notificaciones fueron realizadas en ese domicilio sin que de ello se hubiera agraviado la recurrente hasta que, se notificó de la primera resolución cuestionada, momento a partir del cual el Fisco consideró constituido un domicilio especial.
En ese contexto, el a quo tuvo por válidas las notificaciones realizadas por el órgano fiscal, y computando el plazo para interponer el recurso desde el día 16 de diciembre de 2004, consideró que la apelación interpuesta el 6 de mayo de 2005, debe desestimarse por extemporánea.
II. Que contra esa decisión interpuso la actora el recurso que obra a fs. 174 y que fundo a fs. 175/179.
Se quejó por cuanto el Tribunal Fiscal de la Nación, tardó más de 6 años en resolver una excepción previa de cosa juzgada planteada por el Fisco y sobre la que no se produjo prueba.
Afirmó que la tardanza señalada es causa suficiente de nulidad del pronunciamiento, por haber excedido el tribunal administrativo todo plazo razonable para su dictado, y en consecuencia, debe declararse que ha dejado de subsistir el reclamo fiscal contenido en las determinaciones de oficio apeladas, las que fueron emitidas el 29/11/2004, todo con sustento en lo establecido por el art. 8 inc. 1) del Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía constitucional según lo establecido por el art. 75 inc. 22 de la C.N.
En ese orden de ideas, destacó que los actos determinativos se relacionan con impuestos correspondientes a los años 1990, 1991 y 1992, y la resolución apelada fue dictada alrededor de 20 años después, por manera que, debe ser dejada sin efecto.
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De otro lado, señaló que el único fundamento que se expresa en la decisión recurrida, reproduce lo resuelto en un precedente de la Sala A del Tribunal Fiscal, que fue dejado sin efecto por la Sala IV de la Cámara. Asimismo cuestionó la interpretación expuesta en punto a la validez de la notificación cursada en un domicilio distinto del especial, y afirmó que resultan ineficaces las notificaciones efectuadas en un domicilio diferente del constituido en las actuaciones administrativas, aun cuando el fiscal fuera otro.
III. –Que a fs. 190/198 el Fisco Nacional contestó las críticas de su contraria, y solicitó que se las rechace con costas. En lo sustancial, sostuvo que, no existe domicilio especial en el ámbito del procedimiento tributario regido por la Ley 11.683, por ende, toda vez que se notificó a la actora de las resoluciones determinativas Nº 3.92/04 y 393/04, mediante el procedimiento previsto por el art. 100 inc. b) de la Ley 11.683, con fecha 16/12/200 y que ésta interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación el día 6/5/05, es decir, 74 días después de notificada, resulta claro que el recurso fue planteado luego de vencido el plazo legal.
Añadió que todos los actos que obran en las actuaciones administrativas fueron debidamente notificados en el domicilio fiscal, sin que en ningún momento la actora se hubiera agraviado de esa circunstancia o dejado de realizar todos los actos atinentes al ejercicio de su derecho de defensa.
Por último, el Fisco se opuso al pedido de suspensión de la ejecución de las resoluciones determinativas, planteado en el memorial de la actora.
IV. Que a fs. 273/274 el Sr. Fiscal General emitió su dictamen y opinó que debía confirmarse el pronunciamiento en crisis.
Ello así, porque según destacó, de la compulsa de las actuaciones administrativas, surge que fueron notificados a la actora sucesivos actos procesales al domicilio que ella misma consignó en la calle Rivadavía 536, ciudad de San Luis, y en ningún momento se alegó la vulneración de su derecho de defensa.
Señaló que, si bien en su criterio, no existe el impedimento invocado por el organismo fiscal para que el particular constituya un domicilio especial en el marco del procedimiento determinativo, sostuvo que, por imperio de lo establecido en el art. 19 del Decreto 1759/72 (Reglamentario de la Ley 19.549), el nuevo domicilio podía constituirse en el radio urbano de asiento del organismo en el cual tramita el expediente.
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Siendo que, en el caso, la actora pretendió constituir un domicilio especial en una jurisdicción distinta, es decir, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando las actuaciones tramitaban en la Localidad de Mercedes, Provincia de San Luis, el Sr. Fiscal General concluyó que, el domicilio fiscal del accionante, ubicado en la ciudad de San Luis, era el único al que debían cursarse las citadas notificaciones. Desde esta perspectiva, consideró que la notificación de las resoluciones determinativas cuya constancia obra a fs. 386 de las actuaciones administrativas, resulta válida, y en consecuencia, la apelación intentada es extemporánea.
V. Que, dado el tenor de los agravios expuestos por la parte actora, debe señalarse que, corresponde decidir si la notificación de la resolución efectuada el día 16/12/2004, en los términos del art. 100 inc. e) de la ley 11.683, ha sido eficaz para computar el plazo establecido en el art. 76 de esa norma, respecto de la apelación interpuesta ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Con ese fin, cabe recordar que el art. 3º de la ley 11.683 establece “[e]l domicilio de los responsables en el concepto de esta ley y de las leyes de tributos a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, es el real, o en su caso, el legal de carácter general, legislado en el Código Civil, ajustado a lo que establece el presente artículo y a lo que determine la reglamentación…”
Sobre el punto, este Tribunal ha decidido que: “[l]a modificación introducida al art. 13 de la ley 11.683 por medio de la ley 23.658 no incide en la facultad que tenía y sigue teniendo el particular -aun con mantenimiento de domicilio fiscal- de constituir en las actuaciones administrativas -relativas a un procedimiento de determinación de oficio, un sumario etc.- un domicilio especial, dentro del radio urbano de asiento del organismo en el cual tramite el expediente, a los fines de las respectivas notificaciones que deban serle cursadas por aplicación supletoria de la directiva del artículo 19 del reglamento de la ley 19.549 aprobado por decreto 1.759/72, t.o. en 1991 -conf. art. 116 de la ley 11.683- (ver esta Sala Expte. Nº 31823/2011 "Gordon Miguel David (TF 25421-I) c/DGI", 14/02/12 y sus citas).
En ese sentido, se destacó que, si bien en el domicilio fiscal se deberá notificar al contribuyente la iniciación del procedimiento, si posteriormente el responsable constituye un domicilio legal, en éste se deberán practicar las futuras notificaciones y si aquel comunicó, en forma fehaciente, su especial CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Nº 42283/2012 “TECMA SAN LUIS SAICIF (TF 25350-I) c/ DGI s/”
domicilio, el diligenciamiento de las notificaciones de las resoluciones que a él estuvieran destinadas, deberán realizarse allí, careciendo de efecto jurídico toda notificación que se realice en el domicilio fiscal (en ese sentido CPECON, Sala B, Reg. 951/1999 - 27-10-1999, causa 42.429 -"Textiles Tala SA s/ infracciones tributarias, recurso de queja por apelación denegada"; de la misma Sala Reg. 285/1998- 21.05.1998- causa 40.101 - "Plantas Faitful SA s/ impuestos, Ley 11683, acción de amparo"; Sala A Reg. 910/1999 -29.09.1999- Causa Nº 43.068- "Vivero La Placita; Swart de Castagnaro, Delia; Firvida, Julia Elena s/ acción de amparo", basados a su vez en la doctrina del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Electrocolor", de fecha 15-04- 1993; y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, en autos "FN c/ Petit, Carlos A.", de 2-03- 1989).
VI. Que en el caso, las consideraciones que anteceden, no autorizan a admitir la apelación de la actora, pues, ocurre que, si bien ha constituido un domicilio especial en el marco del procedimiento determinativo en cuestión, lo cierto es que, no tuvo en cuenta la jurisdicción en la tramitaban las actuaciones administrativas.
En efecto, como surge de la compulsa de las actuaciones, las Resoluciones determinativas de la obligación de la actora frente al Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 2/90 a 9/92 y al impuesto a las Ganancias por los ejercicios 1990, 1991 y 1992, fueron dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP – DGI, el día 29 de noviembre de 2004 y notificadas al domicilio fiscal constituido por la actora en la calle Rivadavía nº 536 de la Ciudad de San Luis Provincia de San Luis, el 16/12/2004.
El procedimiento administrativo, desde el inicio hasta el dictado de los actos definitivos, tramitó en la referida División, y con copias en la Agencia con sede en la Provincia de San Luis y todos los actos procesales fueron notificados al domicilio referido, ubicado en la mencionada Provincia.
Se sigue de lo expuesto que, la constitución del domicilio especial con sede en la Av. Córdoba 669, piso 3º dpto. “A” de la Ciudad de Buenos Aires (ver fs. 48 de las actuaciones administrativas), no respetó el límite concerniente al “radio urbano de asiento del organismo en el cual tramite el expediente”, establecido por el art. 19 del Decreto 1759/92 Reglamentario de la Ley 19.549, cuyas disposiciones fueron invocadas por la propia recurrente.
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VII. Que a esta altura, debe señalarse que, al lado de la facultad reconocida al particular para constituir un domicilio especial, rige también la carga de hacerlo dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo organismo, juzgado o tribunal, conforme a las directivas de los artículos 19 del Decreto 1759/92 Reglamentario de la Ley 19.549; 40 y siguientes del C.P.C.C.N, normativa de aplicación al caso de conformidad con lo establecido por el art. 116 de la Ley 11.683 (en un sentido concordante, Sala IV Expte. 49.517/03, autos "Trulli, Adriana M. (TF 20.443-I) c/ D.G.I.", sentencia del 5/05/05). Bajo los parámetros expuesto, teniendo en cuenta que no se discute en autos, que las resoluciones determinativas Nº 393 y 394, fueron notificadas al domicilio fiscal de la actora, sito en la calle Rivadavia nº 536 de la Ciudad de San Luis Provincia de San Luis, el 16/12/2004, y que la apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, fue interpuesta el día 6/05/2005, debe confirmarse el pronunciamiento apelado, en la medida que declaró extemporánea la apelación planteada con su sustento en lo establecido por el art. 76 de la Ley 11.683 (confr. cargo de fs. 101vta.).
VIII. Que la decisión que se adopta resulta la derivación razonada de las disposiciones normativas involucradas en el caso, según un examen adecuado del supuesto fáctico no controvertido por las partes; por manera que, no corresponde pronunciamiento alguno sobre las consideraciones expresadas por la recurrente que no se relacionan, de modo estricto, con el fundamento legal de la resolución impugnada.
Por lo demás, cabe añadir que, carece de sustento jurídico el planteo intentando para que se declare insubsistente el reclamo fiscal contenido en las determinaciones de oficio apeladas y, debe resaltarse que, el ordenamiento jurídico otorga al interesado herramientas idóneas y eficaces para impulsar los procedimientos.
En mérito a lo expuesto, corresponde desestimar la apelación interpuesta por la actora, con costas a su cargo (art. 68 del CPCCN).
IX. Que a fin de tratar los recursos interpuestos, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Nº 42283/2012 “TECMA SAN LUIS SAICIF (TF 25350-I) c/ DGI s/”
complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala in re "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras).
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (Fallos, 270:388; 296:124, entre muchos más).
Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y monto del litigio- conf. fs. 1 (F4), lo resuelto a fs. 171/73vta.-; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante el pleito, corresponde, reducir a la suma de PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS ($27.300), PESOS CIEN ($100) y PESOS SESENTA Y SIETE MIL ($67.000) los honorarios de los DRES. MARIA GABRIELA MOSQUEIRA, LUCAS SEBASTIAN ORMAZABAL y NORA ALVAREZ, respectivamente, por la dirección letrada y representación de la demandada (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 22, 33, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, corresponde regular en la suma de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS ($20.200) y PESOS OCHO MIL CIEN ($8.100) los honorarios de los DRES. EZEQUIEL SILVIO KATZ y LUCAS SEBASTIAN ORMAZABAL, por la dirección letrada y representación de la demandada, respectivamente (art.14 y ccdtes, y citados de la ley).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Nº 42283/2012 “TECMA SAN LUIS SAICIF (TF 25350-I) c/ DGI s/”
Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo –c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
En mérito a lo expuesto, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) desestimar la apelación interpuesta por la actora, con costas a su cargo (art. 68 del CPCCN) 2) reducir los honorarios y fijar los de alzada de conformidad al considerando VIII.-. Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.-
MARIA CLAUDIA CAPUTI JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MARQUEZ
Fin de la sentencia