Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 30.701-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 667/2011 (AD. MEND) recaída en las en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12448-341-2006, respecto de la firma TECNOLOGÍA INTERNACIONAL ROSSI S.A. y al Sr. RODRIGO RUIZ DÍAZ.
2Imponer las costas a la parte vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-139712307-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 17 de Diciembre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “TECNOLOGÍA INTERNACIONAL ROSSI S.A. Y OTRO c/ DGA s/recurso de apelación", expte. N° 30.701-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 6/8, la firma Tecnología Internacional Rossi S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 667/2011, dictada por la Dirección General de Aduanas (AD MEND), en el marco del expediente N° SIGEA 12448-341-2006. Dicha resolución impone a la mencionada firma y al despachante de aduana Rodrigo Ruiz Díaz una multa de $29.134,82, en los términos del artículo 954, apartado 1, inciso b), del Código Aduanero, en relación con la destinación de importación N° 06038IC04005190S. La recurrente sostiene que se trata de una importación permitida y que no existe prohibición alguna. Afirma que no resulta necesario ser usuario directo cuando se es el fabricante de origen, y que la exigencia de acreditar el certificado de fabricación tampoco corresponde, dado que la mercadería es de origen local. Del mismo modo, sostiene que no es exigible una garantía posventa. Fundamenta que la cuestión es meramente interpretativa y que no medió mala fe.
II. A fs. 45/51, la representación fiscal contesta el traslado conferido. Señala que la conducta atribuida encuadra en la infracción prevista en el artículo 954, inciso b), del Código Aduanero, destacando la potencialidad lesiva de la declaración inexacta y su impacto en el control aduanero, así como la posibilidad de transgresión a una prohibición. Indica que existió una diferencia entre lo manifestado y lo realmente verificado, lo que derivó en una prohibición de carácter no económico.
En cuanto a la responsabilidad del despachante, sostiene que su actuación fue negligente, configurándose una falta culposa por omitir la debida diligencia que exige su rol profesional. En virtud de lo expuesto, solicita la confirmación de la resolución aduanera.
III. A fs. 55 se dispone la apertura del período de prueba, fs. 140, se dispone el cierre del mismo y se elevan las actuaciones a la Sala G. A fs. 156 se llaman autos para sentencia.
IV. Delimitada así la litis, corresponde analizar si la Resolución N° 667/2011, dictada por la Aduana de Mendoza, que impone sanción a Tecnología Internacional Rossi S.A. y al Sr. Rodrigo Ruiz Díaz, en su carácter de despachante de aduana, por infracción al artículo 954, ap. 1, inc. b), del Código Aduanero, en relación con la operación de importación identificada como 06038IC04005190S, se ajusta o no a derecho.
V. Para analizar la cuestión planteada, corresponde remitirnos a la normativa aplicable.
En este sentido, la Resolución Nº 1472/1994 dispone en sus considerandos, que se permite el ingreso al país de determinados bienes usados únicamente cuando éstos se presenten acondicionados o sometidos a un proceso de reconstrucción en el exterior. Ello deja en claro que, de no cumplirse tales requisitos, la importación no estará permitida.
En concordancia, el artículo 1º de la citada norma establece que los bienes usados comprendidos en los Capítulos 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 de la Nomenclatura Común del Mercosur, que se importen en forma definitiva para consumo, deberán contar con la condición de “acondicionados” o haber sido sometidos a un proceso de reconstrucción.
En el presente caso, las mercaderías correspondientes a los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 -un calentador a serpentina, dos cocedores continuos, dos extractores a tornillos sin fin, dos trituradores centrífugos y una tamañadora de duraznos-, todas clasificadas en el Capítulo 84, deberían, conforme a la normativa, encontrarse acondicionadas o reconstruidas como requisito para su importación definitiva.
Por su parte, el artículo 2º de la Resolución prevé que dicho acondicionamiento o reconstrucción puede realizarse en el país de origen o de procedencia, debiendo acreditarse mediante certificación emitida por el fabricante originario o mediante peritaje efectuado en origen.
La cuestión que aquí se plantea es, si la referencia al “país de origen” incluye también los supuestos en los que la mercadería, aun con origen nacional, se importa nuevamente al territorio argentino, o si el legislador se refirió únicamente a casos de origen extranjero.
El importador sostiene que, por tratarse de bienes de origen argentino, no corresponde exigir el certificado del fabricante originario. Sin embargo, admitir esta interpretación implicaría dejar a criterio discrecional la presentación de un requisito que la norma establece de manera expresa, generando una ambigüedad que no parece haber sido prevista por el legislador.
Asimismo, el mismo artículo prevé que el acondicionamiento o reconstrucción puede efectuarse en el país de importación por el propio importador, siempre que éste tenga la condición de usuario directo del bien usado, quedando prohibida su enajenación a título gratuito u oneroso por un determinado plazo. De ello se desprende que la norma fija los requisitos para los casos en que el acondicionamiento se realiza en el país de destino.
El recurrente argumenta que, siendo el país de importación el mismo que el de origen, no sería necesario ser usuario directo ni acreditar el certificado, planteando que se trata de un supuesto no contemplado por el legislador.
No obstante, dado que la norma exige la acreditación del certificado de fabricación y en ningún pasaje exceptúa dicha obligación por coincidir el país de origen con el de importación, tal documentación debe ser igualmente presentada. La exigencia de acondicionamiento previo a la importación -en operaciones con fines comerciales- responde a una política de protección de la sociedad, lo que refuerza la necesidad de una interpretación razonable en miras a lo que resulta su objetivo.
Más aún, la propia norma establece que, cuando el acondicionamiento se efectúe en el país de importación y no en el exterior, los bienes no podrán ser comercializados, lo que permite inferir la intención del legislador y las políticas que se procuran resguardar.
A partir de ello, si la norma establece que toda mercadería objeto de importación para consumo debe cumplir con el recaudo de estar acondicionada o reconstruida conforme lo precisa, tal exigencia encuentra alcance, incluso frente a una mercadería que tenga origen nacional. Máxime, cuando se trata de una mercadería que ha perdido su condición de libre circulación en el territorio nacional, por lo cual, siendo una mercancía que procura volver a tener el alcance de tal condición de libre circulación, debe proceder a ser nacionalizada conforme el régimen de importación para consumo que rige para el universo de mercaderías, y con ello, el deber de someterse a los recaudos que se establecen para estos fines, partiendo de su clasificación arancelaria al momento imponible de sucederse, en este caso, al tiempo de la solicitud de registro de importación para consumo conforme manda el artículo 637 inc. b) del Código Aduanero. En este contexto, si a los fines de la importación para consumo se debe proceder a cumplir con los presupuestos que enseña la Resolución 1472/1994, es decir que, siendo bienes usados comprendidos dentro de uno de los Capítulos de las posiciones de la Nomenclatura del Comercio Exterior (N.C.E.) que se detallan en el Anexo I de la presente resolución, impone tener la calidad de acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción, o en su defecto, el deber de cumplimentar los procesos indicados en el país, alguno de estos dos requisitos resultan obligatorios llevarse a cabo. Pero en el caso, no se observan debidamente cumplidos ninguno de estos recaudos.
Ello se advierte, en tanto al momento imponible la mercadería no contaba con el presupuesto de ser un bien acondicionado o reconstruido probado mediante los instrumentos precisados en el artículo 2 de la Resolución 1472/1994.
Por otro lado, a los fines de cumplir los procesos dentro del territorio de destino de la importación, tampoco puede ser considerado satisfecho, en atención a que no se reúne la condición exigible para estos efectos que determina el segundo párrafo del artículo 2 de la norma aquí referida, al tratarse de mercadería destinada a la comercialización, circunstancia que el propio importador así lo ha manifestado expresamente.
En este sentido, considerando que se debe evitar una interpretación de la ley que confronte sus propias disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 307:2010 y sus citas), pues lo contrario implicaría suponer una falta de previsión o incoherencia en la redacción del cuerpo normativo, es que habiendo efectuado una interpretación razonable de su texto y estando acreditado que no se ha dado cumplimiento a lo establecido por la norma de aplicación, corresponde confirmar que en el presente caso se ha configurado la infracción del artículo 954 inc. b) del Código Aduanero, procediendo a confirmar lo decidido por la Resolución 667/2011 de la Aduana de Mendoza aquí objeto de apelación.
VI. En lo que respecta a la responsabilidad del despachante de aduana, corresponde señalar que, a los fines del artículo 954 del Código Aduanero, lo relevante es que la declaración efectuada en la destinación aduanera coincida con lo verificado en la operación.
La normativa específica sobre la responsabilidad del despachante se encuentra en los artículos 902 y 908 del mismo cuerpo legal. En ellos se establece que el despachante es solidariamente responsable del pago de la multa por declaraciones inexactas, salvo que acredite haber actuado con la debida diligencia y cumplido cabalmente con las obligaciones inherentes a su función. En tal caso, la responsabilidad recaerá exclusivamente sobre el representado, quedando exento de culpa.
En este marco, corresponde analizar si el despachante observó, con el grado de prudencia exigible, los deberes impuestos por la legislación aduanera. Su actuación debe evaluarse a la luz del deber de colaboración, sustentado no sólo en normas específicas del derecho aduanero, sino también en principios generales de jerarquía constitucional vinculados a la legalidad, la buena fe y la veracidad en los procedimientos administrativos.
La cuestión central es determinar, si el despachante es un mero transmisor de documentación o un operador técnico-jurídico que debe ejercer un control mínimo de veracidad y congruencia. Cabe preguntarse si debe confiar ciegamente en la documentación aportada por el exportador o, por el contrario, aplicar un filtro profesional que lo distinga del simple intermediario administrativo.
En definitiva, subyace un interrogante que trasciende lo estrictamente aduanero: ¿puede el derecho público abdicar del rigor en nombre de la eficiencia o de la buena fe? ¿O debe sostener, aun en supuestos aparentemente menores, un estándar estricto, precisamente porque lo protegido no son los intereses de las partes, sino de la comunidad en su conjunto?
En el presente caso, las mercaderías importadas eran bienes usados que ingresaban sin acondicionamiento ni certificado de fabricación. Además, el despachante no podía desconocer que el acondicionamiento se realizaría con posterioridad a la importación —circunstancia que el propio importador manifestó expresamente— y que dichas mercaderías se destinarían a la comercialización. Se trataba, por lo tanto, de una discrepancia fácilmente detectable, que no requería una verificación técnica compleja, sino un análisis operativo simple. Cualquier operador diligente, y con mayor razón un profesional especializado como el despachante de aduana, debió advertir esta irregularidad.
No se exige al despachante una investigación exhaustiva, pero sí se impone que su accionar no se limite a una actividad meramente mecánica o automática. Debe ejercer un control básico y razonable sobre aspectos formales y esenciales, sobre todo cuando —por su formación, experiencia y rol técnicojurídico— se encuentra en condiciones de prever y advertir dichas incongruencias, sumado a la importancia del cumplimiento de las reglas que se establecen para proteger estarse ante un producto hábil para ser importado, imponen una carga mayor de cuidado de control en el auxiliar aduanero. En virtud de lo expuesto, y considerando que no ha demostrado haber actuado con la debida diligencia exigida por su rol profesional, incurriendo en una conducta negligente. En consecuencia, corresponde confirmar lo resuelto por el servicio aduanero respecto de su responsabilidad solidaria en los términos del artículo 902 del Código Aduanero.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N° 667/2011 (AD. MEND) recaída en las en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12448-341-2006, respecto de la firma TECNOLOGÍA INTERNACIONAL ROSSI S.A. y al Sr. RODRIGO RUIZ DÍAZ.
2. Imponer las costas a la parte vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 667/2011 (AD. MEND) recaída en las en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12448-341-2006, respecto de la firma TECNOLOGÍA INTERNACIONAL ROSSI S.A. y al Sr. RODRIGO RUIZ DÍAZ.
2. Imponer las costas a la parte vencida.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.12.17 12:58:55 ART Date: 2025.12.17 14:26:38 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.17 15:06:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.17 15:06:56 -03:00
Fin de la sentencia