Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-26188948-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de falta de legitimación formulado por la representación fiscal, con costas.
2Confirmar las Resoluciones Nº 261, 262 y 263/2021 (AD MARD), dictadas por el Administrador de la División Aduana de Mar del Plata, en el marco de la actuación SIGEA N° 12598-2140-2019/1, 12598- 2140-2019/2 y 12598-2140-2019/6. Con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-36609506-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 11 de Abril de 2024 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht y Claudia Beatriz Sarquis (el Dr. Horacio Joaquín Segura se encuentra en uso de licencia), a fin de resolver en los autos caratulados: “TECNOPESCA ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación”, expediente EX-2022-26188948- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante el RE-2022-26188072-APN-SGASAD#TFN, la firma TECNOPESCA ARGENTINA S.A., por apoderado, interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nº 261, 262 y 263/2021 (AD MARD), dictadas el 23/11/2021 por el Administrador de la División Aduana de Mar del Plata, por las cuales se resuelve, no hacer lugar a las solicitudes de devolución de la suma total de $ 2.087.041,11 (USD 54.760,29), abonada en concepto de derechos de exportación en relación a los Permisos de Embarque N° 18037EC01006804Z, 18037EC01006827V, 18037EC01006828W, 18037EC01006922R, 18037EC01007208P, 18037EC01007315Y, 18037EC01007767C, 18037EC01008622Z y 18037EC01008672V, en el trámite de los expedientes SIGEA Nº 12598-2140-2019/1, 12598-2140- 2019/2 y 12598-2140-2019/6.
Se opone a la pretensión aduanera arguyendo que los derechos de exportación fijados mediante el Decreto N° 793/2018 son inconstitucionales ya que violan, de manera tajante, el principio de legalidad en materia tributaria o de reserva de ley, consagrado constitucionalmente en varias normas de nuestra ley fundamental, y la división de poderes. En relación a la delegación del Congreso a favor del Poder Ejecutivo destaca que la emergencia pública autoriza a la delegación legislativa en materia tributaria en tanto se cumplan determinados requisitos, los cuales cita, pero la falta de cumplimiento de los mismos, elimina cualquier posibilidad de delegación legislativa, encontrándose por ende el Poder Ejecutivo imposibilitado de dictar normas tributarias tales como el decreto en cuestión.
Destaca que el Decreto N° 793/2018 establece la totalidad de los elementos sustanciales del tributo, lo cual va mucho más allá de la facultad reglamentaria que le corresponde al poder administrador de conformidad con el art. 99, inc. 2 de la Constitución Nacional, e importa legislar en materia reservada al Congreso, en franca violación al principio de división de poderes. En relación a la ratificación legislativa, sostiene que el decreto referido pudo cobrar virtualidad recién a partir de la promulgación de la Ley 27.467 (B.O. 04/12/2018), es decir, con posterioridad a la oficialización de los permisos de embarque objeto del litigio, por lo que los derechos allí fijados no resultan ser exigibles.
Añade, al respecto, que la ratificación del decreto mediante la ley no implica, como se pretende, la convalidación retroactiva del mismo y, consecuentemente, no puede convalidar “hacia el pasado” el vicio de nulidad absoluta e insanable de la violación del principio de reserva de ley tributaria del que adolece. Invoca el criterio sostenido por la Corte Suprema en el Fallo “Camaronera Patagónica” (15/04/14, Fallos 337:388), cuya aplicación solicita. Cita jurisprudencia actual favorable. Refiere al derecho del Mercosur y el principio de libre circulación de mercaderías, plasmado en el Tratado de Asunción. Cita jurisprudencia y doctrina al respecto y recuerda lo normado en el art. 1164 del C.A.
Ofrece prueba y hace reserva de plantear el Caso Federal. Solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. En el IF-2022-76835738-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso. Luego hace una referencia a los hechos que originaron la cuestión y efectúa una negativa genérica. Opone como de previo y especial pronunciamiento la excepción de falta de legitimación activa de la recurrente para la solicitar la devolución de los derechos de exportación en trato. Alude a lo dispuesto en el art. 724 del Código Aduanero en cuanto establece que el hecho imponible que genera el pago del tributo en discusión es la exportación a consumo y refiere que, en el caso, con la exportación a consumo se concreta una compraventa internacional, en la que el exportador local vende al comparador o importador foráneo la mercadería, que es objeto de la destinación aduanera, siendo en el marco de esa compraventa internacional, cuando los derechos de exportación se determinan en dólares estadounidenses por aplicación del art. 20 de la Ley 23.905, los cuales son pagados en moneda de curso legal, al tipo de cambio vigente al día hábil anterior a la fecha del efectivo pago, lo cual fue recogido en la Resolución General AFIP N° 3271/12.
Aclara que el precio pactado y pagado por el comprador extranjero puede o no incluir los derechos de exportación que gravan la salida de los bienes de territorio aduanero y que en el caso que no los incluya, quien absorbe el costo tributario es el exportador, pero si los derechos están incluidos en el precio quien aporta el dinero para solventar la carga tributaria, es el importador o comprador extranjero, siendo quien deberá remitir por los canales financieros pertinentes las divisas necesarias para concretar el pago que materialmente concreta en territorio nacional el exportador local. Explica que, en el caso de autos, en la totalidad de los permisos de embarque involucrados no existe identidad entre el sujeto que realiza el hecho gravado y formalmente cancela la obligación tributaria (exportador) con la persona física o jurídica que, en los hechos, soportó económicamente el costo del tributo, ya que de las declaraciones comprometidas volcadas en los permisos de embarque vinculados a los derechos de exportación cuya devolución se persigue, se puede observar que: 1) En el Campo “Opciones/Ventajas” de cada uno de ellos, se consignó el código “DEREXPOINCLUFOB SI” que implica que “Los derechos de exportación y demás tributos están incluidos en el precio FOB declarado” (conf.
Anexo XVII “Textos a Validar” de la Resolución General AFIP N° 1452/2003) y el “SI” indicado al momento de validar el texto reseñado en el Sistema Informático Malvina (SIM), significa la aplicación del coeficiente que provoca que se detraigan del precio declarado los aludidos derechos a los fines de conformar la base imponible de tributación, dejándose expresa constancia en el campo correspondiente de los permisos de embarque. 2) Indica que en cada Hoja de Valor anexada a cada destinación de exportación a consumo la actora declaró que los derechos de exportación estaban incluidos en el precio de exportación (pregunta N° 10 del formulario de valor). Cita, al respecto, jurisprudencia de la CSJN.
Expresa que queda claro que en la especie se produjo la traslación del tributo al importador extranjero, quien, en definitiva, fue quien soportó económicamente los derechos de exportación, motivo por el cual deviene improcedente que la encartada pretenda se le devuelva la suma de dinero que envió el comprador, puesto que ella, solamente se limitó a pagar, con las divisas recibidas desde el exterior. Manifiesta que dicha traslación no requiere mayor demostración que la propia declaración comprometida por la firma exportadora en las destinaciones involucradas, teniendo en cuenta el axioma jurídico “a confesión de parte, relevo de pruebas”. Expone que de lo manifestado se desprende la carencia de derecho, falta de legitimación activa o también denominada tradicionalmente como "falta de acción" (sine actione agit), argumentando que en el caso la firma reconoció expresamente que los derechos fueron absorbidos por el comprador del exterior y que por ello, no corresponde acceder a la devolución intentada por cuanto lo contrario importaría generar un enriquecimiento sin causa y cita, al respecto, el criterio expuesto por la C.S.J.N. en la causa “Nobleza Piccardo”.
Solicita que se resuelva la excepción de falta de legitimación activa opuesta y que, consecuentemente, se rechace la acción intentada por la actora, con costas. Por otra parte, la representación fiscal advierte que si bien la empresa exportadora ha consignado en el Campo “Opciones y Ventajas” en todos los documentos de exportación a consumo la “VENTAJA” consistente en el Plazo de Espera para abonar los derechos -establecidos en el art. 4 del Decreto N° 793/2018-, de SESENTA (60) días corridos, sin intereses, contados a partir del día siguiente al del libramiento, lo cual constituía una excepción a la obligación de pago de los derechos al momento de la oficialización de la exportación, luego tachó de inconstitucional al referido decreto.
Refiere a la reconocida doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra factum propium y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio. Cuestiona, asimismo, que la recurrente haya abonado los tributos que ahora cuestiona sin haber utilizado la opción de “pago bajo protesto”. Subsidiariamente, contesta el traslado conferido refiere a los antecedentes normativos aplicables en la causa, haciendo mención a los arts. 724 y 725 del Código Aduanero y al art. 755 del mencionado plexo normativo, que transcribe. Realiza un repaso de los orígenes de los derechos de exportación objeto del presente litigio y manifiesta que la interpretación que efectúa el recurrente respecto del fallo “Camaronera Patagónica S.A.” es desacertada.
Argumenta que allí la Corte considera una delegación legislativa, que excedía las atribuciones del Poder Ejecutivo en el marco del art. 76 y 99 inc. 3 de la C.N., habiéndose considerado a la Resolución N° 11/02 del Ministerio de Economía controvertida como “legislación delegada dictada con sustento en la legislación delegante preexistente a la reforma de la Constitucional Nacional de 1994” en tanto no se habrían fijado las pautas reglamentarias esenciales del tributo. Sostiene que en el aludido caso se consideró inadmisible la normativa no ratificada por el Congreso, pero se la reconoció a posteriori ya que existe una voluntad por parte del legislador lo suficientemente clara como para darle la entidad legal suficiente para poseer validez en los términos del art. 76 C.N., habiéndose además sostenido la validez del art. 755 del C.A., y las pautas que viabilizarían en su consideración la delegación legislativa reglamentaria (art. 99, inc. 2 de la C.N.) para el caso de los derechos de exportación.
Cita jurisprudencia del T.F.N., indica que en autos no se trata de una norma carente de respaldo legal puesto que el decreto cuestionado, a diferencia de la Resolución N° 11/02, se encontraba sujeto al procedimiento de aprobación legislativa reglado en la Ley N° 26.122 que reconoce la validez de la norma delegada desde el mismo momento de su entrada en vigencia, en tanto no sea expresamente derogada por el Congreso de la Nación. Alude que al momento de la entrada en vigencia de la Resolución N° 11/02 aún no había sido dictada la Ley 26.122 que aprobó el procedimiento para regular la intervención del Congreso como contralor de los decretos de necesidad y urgencia, por delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes dictadas por el Poder Ejecutivo, siendo que dicha ley pasó a integrar el bloque de legalidad (conf.
Fallos: 316:2624, “Cocchia”) que rige la aprobación de los referidos decretos, encontrándose por tanto en un rango intermedio entre la Constitución Nacional y las demás leyes comunes puesto que complementa y concreta en forma directa el mandato contenido en los arts. 99 inc. 3 y 100 incs. 12 y 13 de la Carta Magna. Sostiene que, por lo expuesto, el decreto bajo análisis tiene plena vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, de conformidad a lo establecido en el art. 17 de la Ley 26.122 que deriva al derogado art. 2º del Código Civil (actual art. 5° del C.C.C.N.), agregando que no fue rechazado por el Congreso, en los términos del art. 24 de la Ley N° 26.122 sino que, por el contrario, el art. 82 de la Ley N° 27.467 mantuvo su validez y vigencia, apenas tres meses después de publicado en el Boletín Oficial y posteriormente por el art. 54 de la Ley N° 27.541.
Alude a los argumentos expuestos en la causa “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. c/ DGA s/ Recurso de apelación”, Expte. Nro. 38.422-A y expresa que no estamos en presencia del cobro de un impuesto sin ley que lo autorice ni de un despojo que viole el derecho de propiedad, sino que muy por el contrario, se trata de una norma presidencial que, en forma razonable, ejerció una atribución expresamente reconocida al Poder Ejecutivo por la C.S.J.N. Agrega que este Tribunal es incompetente para declarar la inconstitucionalidad que la recurrente sostiene, en virtud de lo normado por el art. 1164 C.A. Cita jurisprudencia. En subsidio, solicita que en el caso que se haga lugar a la repetición, se aplique el criterio establecido por nuestra Corte Suprema en la causa “CENCOSUD S.A.
(TF 29.535-A) c/ DGA s/ Recurso Extraordinario” y los intereses de conformidad con lo previsto en los arts. 811 y 812 del C.A. Ofrece prueba. Hace reserva del Caso Federal. Solicita se confirme la resolución aduanera apelada, con costas.
III. A continuación, se declara la causa de puro derecho, se resuelve tratar con el fondo de la causa, el planteo de falta de legitimación activa formulado por la representación fiscaly se elevan los autos a esta Sala “G” (PV-2024-30085750-APN-VOCXIX#TFN), que los pasa a sentencia en IF-2024-33540832-
APN-VOCXIX#TFN.
IV. La Actuación Administrativa SIGEA N° 12598-2140-2019/1, embebida en el IF-2022-76835905- APN-DTD#JGM, se inicia a fs. 1/21 con la solicitud de devolución de derechos de exportación presentada en fecha 15/10/2019 en relación a la destinación de exportación Nº 18037EC01006804Z. A fs. 22/31 se agrega la prueba documental aportada por la firma. A fs. 32, con fecha 21/10/2019, se abre el procedimiento de repetición. A fs. 38 se informa que la firma “TECNOPESCA ARGENTINA S.A.” se encuentra inscripta y habilitada para operar como importadora/exportadora y a fs. 39/41 se agregan consultas de liquidación manual y comprobantes de pago. A fs. 43 obra el Informe Secc. Econ. Fin. N° 195/2019 y a fs. 44 la Nota N° 049/2020 por la cual se opina que no correspondería acceder a la devolución solicitada. A fs. 45 se giran los autos a la sección “Inspección Ex ANTE” a los fines de que informe si los derechos de exportación fueron incluidos o no en el precio FOB y si el monto de las facturas es coincidente con el monto FOB. A fs. 46/48 se adjuntan la declaración de los elementos relativos al valor de las exportaciones y factura comercial de la operación involucrada en la causa. A fs. 49/50 mediante Nota N° 110/2021 se informó que los derechos de exportación SI se encuentran incluidos en el precio FOB declarado y que los montos de las facturas de exportación son coincidentes con los montos declarados en el campo FOB del SIM. A fs. 52/53 se informa que el declarante utilizó el plazo de espera para efectivizar el pago de los derechos de exportación. A fs. 54/66 obra el Dictamen Jurídico N° 124/2021 y a fs. 67/72 se dicta la Resolución N° 261/2021 (AD MARD), apelada en autos.
Por su parte, la Actuación Administrativa SIGEA N° 12598-2140-2019/2, embebida en los IF-2022- 76835188-APN-DTD#JGM, IF-2022-76836052-APN-DTD#JGM e IF-2022-76836197-APN-DTD#JGM, se inicia a fs. 1/21 con la solicitud de devolución de derechos de exportación presentada en fecha 15/10/2019 en relación a la destinación de exportación Nº 18037EC01006827V. A fs. 22/30 se agrega la prueba documental aportada por la firma. A fs. 129 se agregan por acumulación las actuaciones SIGEA N° 12598-2140-2019/3, 12598-2140-2019/4 y 12598-2140-2019/5 originadas en las solicitudes de devolución de los derechos de exportación presentadas, también en fecha 15/10/2019, en relación a las destinaciones de exportación Nº 18037EC01006828W, 18037EC01006922R y 18037EC01007208P, respectivamente. A fs. 130, con fecha 21/10/2019, se abre el procedimiento de repetición. A fs. 136 se informa que la firma “TECNOPESCA ARGENTINA S.A.” se encuentra inscripta y habilitada para operar como importadora/exportadora y a fs. 137/148 se agregan consultas de liquidación manual y comprobantes de pago. A fs. 150 obra el Informe Secc. Econ. Fin. N° 196/2019 y a fs. 151 la Nota N° 050/2020 por la cual se opina que no correspondería acceder a la devolución solicitada. A fs. 152 se giran los autos a la sección “Inspección Ex ANTE” a los fines de que informe si los derechos de exportación fueron incluidos o no en el precio FOB y si el monto de las facturas es coincidente con el monto FOB. A fs. 153/159 se adjuntan la declaración de los elementos relativos al valor de las exportaciones y factura comercial de la operación involucrada en la causa. A fs. 164/165 mediante Nota N° 148/2021 se informó que los derechos de exportación SI se encuentran incluidos en el precio FOB declarado y que los montos de las facturas de exportación son coincidentes con los montos declarados en el campo FOB del SIM. A fs. 167/171 se informa que el declarante utilizó el plazo de espera para efectivizar el pago de los derechos de exportación. A fs. 172/179 obra el Dictamen Jurídico N° 125/2021 y a fs. 180/186 se dicta la Resolución N° 262/2021 (AD MARD), apelada en autos.
Por último, la Actuación Administrativa SIGEA N° 12598-2140-2019/6, embebida en los IF-2022- 76835398-APN-DTD#JGM, IF-2022-76834317-APN-DTD#JGM e IF-2022-76834788-APN-DTD#JGM, se inicia a fs. 1/21 con la solicitud de devolución de derechos de exportación presentada en fecha 15/10/2019 en relación a la destinación de exportación Nº 18037EC01007315Y. A fs. 22/31 se agrega la prueba documental aportada por la firma. A fs. 134 se agregan por acumulación las actuaciones SIGEA N° 12598-2140-2019/7, 12598-2140-2019/8 y 12598-2140-2019/9 originadas en las solicitudes de devolución de los derechos de exportación presentadas, también en fecha 15/10/2019, en relación a las destinaciones de exportación Nº 18037EC01007767C, 18037EC01008622Z y 18037EC01008672V, respectivamente. A fs. 135, con fecha 21/10/2019, se abre el procedimiento de repetición. A fs. 141 se informa que la firma “TECNOPESCA ARGENTINA S.A.” se encuentra inscripta y habilitada para operar como importadora/exportadora y a fs. 143/153 se agregan consultas de liquidación manual y comprobantes de pago. A fs. 155 obra el Informe Secc. Econ. Fin. N° 197/2019 y a fs. 156 la Nota N° 051/2020 por la cual se opina que no correspondería acceder a la devolución solicitada. A fs. 157 se giran los autos a la sección “Inspección Ex ANTE” a los fines de que informe si los derechos de exportación fueron incluidos o no en el precio FOB y si el monto de las facturas es coincidente con el monto FOB. A fs. 158/165 se adjuntan la declaración de los elementos relativos al valor de las exportaciones y factura comercial de la operación involucrada en la causa. A fs. 170/171 mediante Nota N° 111/2021 se informó que los derechos de exportación SI se encuentran incluidos en el precio FOB declarado y que los montos de las facturas de exportación son coincidentes con los montos declarados en el campo FOB del SIM. A fs. 173/177 se informa que el declarante utilizó el plazo de espera para efectivizar el pago de los derechos de exportación. A fs. 178/190 obra el Dictamen Jurídico N° 123/2021 y a fs. 191/197 se dicta la Resolución N° 263/2021 (AD MARD), apelada en autos.
V. Previo a adentrarme en el análisis de la cuestión de fondo, corresponde analizar el planteo de falta de legitimación activa de la firma “TECNOPESCA ARGENTINA S.A.” para reclamar la devolución de los derechos de exportación involucrados en la causa, efectuado por la representación fiscal al contestar el traslado oportunamente conferido en autos, conforme los argumentos reseñados en el considerando II del presente, a los cuales me remito en honor a la brevedad.
Al respecto cabe señalar, que la legitimación se refiere a la aptitud para ser parte en un proceso. Se ha dicho que “existe falta de legitimación para obrar cuando el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el proceso” (conf. Roland Arazi, Jorge A. Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y anotado, Rubinzal- Culzoni Editores, Buenos Aires, 2003; y Sala V in re "GCBA c/ Propietario Avda. Rafael Obligado Nº 2221 s/ Ejecución Fiscal", del 28/02/2012). En los presentes actuados la firma recurrente, en su carácter de exportadora, solicita la devolución de la suma de derechos de exportación liquidada y abonada en virtud de lo establecido en el Decreto N° 793/2018, invocando la inconstitucionalidad del mismo. El Código Aduanero, en el art. 1068, dispone que “Tramitarán por el procedimiento reglado en este Capítulo las repeticiones de los importes en concepto de tributos regidos por la legislación aduanera”.
Debe señalarse que el Código Aduanero no establece como requisito necesario para la repetición de tributos la prueba de la falta de traslación (ver arts. 1068 y ss.), como sí se encuentra previsto en el art. 81 de la Ley 11.683 (según la reforma introducida por la Ley 25.795).
Del analisis de las actuaciones administrativas, embebidas en la presente causa, resulta que la firma “TECNOPESCA ARGENTINA S.A.”, en su carácter de exportadora habilitada, documentó los Permisos de Embarque N° 18037EC01006804Z, 18037EC01006827V, 18037EC01006828W, 18037EC01006922R, 18037EC01007208P, 18037EC01007315Y, 18037EC01007767C, 18037EC01008622Z y 18037EC01008672V, y abonó los derechos de exportación vinculados a los mismos. Ello, teniendo en especial consideración, las aludidas destinaciones de exportación confrontadas con las constancias acompañadas por la recurrente (Volantes Electrónicos de Pago) y las agregadas por el Fisco Nacional (impresiones de pantalla, liquidaciones manuales, comprobantes de pago, informes, etc.).
Lo expuesto concuerda con lo normado en el Código Aduanero, en cuanto establece la identidad de los responsables del pago de los derechos de aduana (art. 777), siendo que el único deudor de los derechos de exportación que debían pagarse por las operaciones en trato era el exportador que documentó las mismas, verificándose en el caso, que quien abonó los tributos es el mismo sujeto que solicitó su devolución, en virtud de lo normado en el art. 809 del C.A.
Así pues, de la documentacón obrante en las actuaciones admisnitrativas, se puede constatar que los argumentos de la respresentación fiscal para fundar su planteo, no se encuentran debidamente acreditados. Ello dado que, sin perjuicio del modo en que han sido documentadas las operaciones en trato -es decir, habiéndose incluído los derechos de exportación en el VALOR FOB declarado- no ha sido acompañada ninguna constancia a la causa de la que se desprenda la real y efectiva incidencia/traslación de los derechos de exportación cuestionados en el precio pagado por el comprador del exterior.
Llegado este punto, es menester aclarar que en el caso “Nobleza Piccardo”, invocado por la respresentación fiscal, la C.S.J.N. consideró improcedente la acción de repetición tendiente a obtener la restitución de las sumas abonadas en concepto de contribución al "Fondo Transitorio para Financiar Desequilibrios Fiscales Provinciales". Allí sostuvo que, no se acreditó el presupuesto básico de la acción porque la actora intenta repetir un tributo que por su naturaleza trasladó a los consumidores y aclaró que la acción de repetición de impuestos tiene su fundamento y origen en el principio de que nadie debe enriquecerse sin causa a costa de otro. Mantuvo que si bien es cierto que la traslación del impuesto impide al titular del pago formal reclamar su devolución en justicia, ello no obsta a que la acción de repetición sea ejercida por el contribuyente de hecho que es la persona realmente incidida aún cuando ello sea difícil determinar por haberse trasladado el gravamen a los consumidores, ya que el remedio no puede ser nunca el enriquecimiento sin causa del contribuyente de derecho.
En atención a lo expuesto, no resulta aplicable al caso el criterio allí sostenido, toda vez que en autos se cuestionan tributos aduaneros que difieren de los involucrados en la mencionada causa.
Por los motivos expuestos, no cabe más que rechazar el planteo de falta de legitimación activa efectuado por la respresentación fiscal, con costas.
VI. Sentado lo que antecede, corresponde destacar que las cuestiones de fondo planteadas en el subexamine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal:
“ARTICULO 1º.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por la recurrente.
ARTICULO 2º.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
ARTICULO 3º.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.”.
VII. En virtud de lo señalado, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación a los Permisos de Embarque N° 18037EC01006804Z, 18037EC01006827V, 18037EC01006828W, 18037EC01006922R, 18037EC01007208P, 18037EC01007315Y, 18037EC01007767C, 18037EC01008622Z y 18037EC01008672V, oficializados entre el 19/09/2018 y el 04/12/2018, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 793/2018 mediante el cual se dispuso fijar, hasta el 31/12/2020, un derecho de exportación del 12% para la exportación a consumo de todas las mercaderías comprendidas en las PA de la NCM fijándose un tope de $ 4 o $ 3 por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda.
VIII. Al respecto, las costas se decretan por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato. Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de falta de legitimación formulado por la representación fiscal, con costas.
2. Confirmar las Resoluciones Nº 261, 262 y 263/2021 (AD MARD), dictadas por el Administrador de la División Aduana de Mar del Plata, en el marco de la actuación SIGEA N° 12598-2140-2019/1, 12598- 2140-2019/2 y 12598-2140-2019/6. Con costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Rechazar el planteo de falta de legitimación formulado por la representación fiscal, con costas.
2. Confirmar las Resoluciones Nº 261, 262 y 263/2021 (AD MARD), dictadas por el Administrador de la División Aduana de Mar del Plata, en el marco de la actuación SIGEA N° 12598-2140-2019/1, 12598- 2140-2019/2 y 12598-2140-2019/6. Con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Suscriben la presente el Dr. Miguel N. Licht y la Dra. Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Horacio J. Segura (conf. art. 1162 del C.A.)
Date: 2024.04.10 16:08:17 ART Date: 2024.04.11 10:12:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.11 10:13:05 -03:00
Fin de la sentencia