Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 92058
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisibles las impugnaciones efectuadas por la Fiscalía, representantes de los Particulares Damnificados, y Defensores.
II. Hacer lugar al recurso interpuesto por la Dra. Agustina LLoret y el Dr. Mariano Nicolás Lanziano –abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, en representación de Rufina Verón, sin costas.
III. Hacer lugar parcialmente a los recursos de casación deducidos por la Fiscalía, por las Dras. Sofía Helena Caravelos y Analía Inés Carrillo –abogadas del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica-; y por la Dra. Carla Victoria Ocampo Pilla, el Dr. Javier Marcelo Percow, el Dr. Fernando Quiroga y la Dra. Margarita Jaque –abogados del Programa de Litigio Estratégico de la Comisión de la memoria de la Provincia de Buenos Aires; sin costas.
IV. Casar el veredicto absolutorio respecto de María del Rosario Roma, y comprobada que fue la materialidad ilícita, la autoría responsable de la nombrada, y establecida la significación jurídica como abandono de persona seguido de muerte y lesiones (arts. 106 ap. 2° y 3° CP) y reenviar a la instancia de juicio para su cesura -en consonancia con el art. 372 del CPP-.
V. Recalificar los hechos, de acuerdo a la pretensión de la acusación, como abandono de persona seguido de muerte y lesiones (hecho II), asumir competencia positiva, y fijar en esta Sede respecto a Fernández las penas de quince (15) años de prisión e inhabiilitación especial por el término de diez (10) años para ejercer cargos públicos y …
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 92058 caratulada “TEJEDA DANIEL S/ REC DE CASA INTERP POR DEF OFICIAL /ROMA MARIA DEL ROSARIO S/ REC DE CASAC INTERP POR PART DAMNIF / FERNANDEZ REIMUNDO S/ REC DE CASAC INTERP POR DEF PART / MONTES DE OCA RUBEN S/ REC DE CASAC INTERP POR DEF PART / TEJEDA DANIEL Y OTROS S/ REC DE CASAC INTERP POR PART DAMNIF / ROMA MARIA DEL ROSARIO Y OTROS S/REC. DE CASA INTERP POR PART DAMNIF/MARTI Y OTROS S/REC CASA POR FISCAL”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 9 de febrero del año 2018, el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial La Plata, luego de la celebración del juicio oral, dictó veredicto absolutorio a favor de Cristian Alberto Nuñez – imputado por su rol de Jefe de Seguridad Externa de la Unidad Carcelaria n° 28 de Magdalena en relación al hecho n° 1, calificado por la acusación como homicidio imprudente, según art. 84 in fine CP, y por el Tribunal como incendio culposo agravado, conf. art. 189 segundo párrafo CP-, y a favor de los Agentes Penitenciarios de la misma Unidad: Carlos Augusto Busto, Mauricio Alejandro Giannobile, Jorge Luis Marti, Gualberto Darío Molina, Maximiliano Morcella, Gonzalo Rafael Perez, María Del Rosario Roma, Juan César Romano, Marcos David Sánchez, Juan Emiliano Santamaría, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Eduardo Gabriel Villarreal, y Juan Eduardo Zaccheo respecto al hecho n° 2 -calificado por la acusación como abandono de persona seguido de muerte y lesiones en los términos del art. 106 in fine CP y por el Tribunal como homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con tentativa de homicidio simple con dolo eventual, en los términos de los arts. 42, 54 y 79 del CP. En la misma decisión, dictó veredicto condenatorio imponiendo a Daniel Oscar Tejeda -como Director de la Unidad Carcelaria 28 de Magdalena- a la pena de cinco (5) años de prisión e inhabilitación especial por el término de diez (10) años para ocupar cargos públicos, accesorias legales y costas, por juzgarlo autor responsable del delito de incendio culposo agravado (hecho 1, arts. 45 y 189 segundo párrafo del C.P.), a Reimundo Héctor Fernández - como Jefe de Turno de la mencionada Unidad- a las penas de veinticinco (25) años de prisión e inhabilitación especial por diez (10) años para ocupar cargos públicos, accesorias legales y costas, y a Rubén Alejandro Montes de Oca -como Guardia de la Seguridad Exterior de la Unidad 28- a las penas de diez (10) años de prisión e inhabilitación especial por siete (7) años para ocupar cargo públicos, accesorias legales y costas, respectivamente, por hallarlos coautores responsables del hecho n° 2 constitutivo del delito de homicidio simple (treinta y tres víctimas) en concurso ideal con tentativa de homicidio simple (dos víctimas), en los términos de los arts. 42, 45, 54 y 79 del C.P.
Contra la sentencia fueron interpuestos siete recursos de casación: 1) por el Defensor Oficial Dr. Ernesto Julián Ferreira, a favor de Daniel Oscar Tejeda; 2) por el Dr. Darío Saldaño, en representación de Rubén Alejandro Montes de Oca; 3) por el Dr. Julio Ricardo Beley, en beneficio de Reimundo Héctor Fernández. A su vez, el veredicto absolutorio fue impugnado por: 4) las representantes del Ministerio Público Fiscal, Dras. María Florencia Budiño y María Victoria Huergo, en relación a María del Rosario Roma, Jorge Luis Marti, Gualberto Darío Molina, Gonzalo Pérez, Carlos Augusto Busto, Juan Emiliano Santamarina, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Juan César Romano, Eduardo Gabriel Villarreal y Mauricio Alejandro Giannobile – todos intimados por el hecho individualizado como número 2 según el fallo-; 5) la Dra. Carla Victoria Ocampo Pilla, el Dr. Javier Marcelo Percow, el Dr. Fernando Quiroga y la Dra. Margarita Jaque – abogados del Programa Litigio Estratégico de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, en representación de Carolina Delegado y Analía Ortigoza; 6) las Dras. Sofía Helena Caravelos y Analía Inés Carrillo, abogadas del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, en representación de Paola Anabela Monserrat, Leila Ludmila Campos, Rosana María Pereyra, Jorge Daniel Pereyra, Gisela Ana Pereyra, Guillermo Daniel Pereyra y Francisco Pereyra; y 7) la Dra. Agustina LLoret y el Dr. Mariano Nicolás Lanziano, abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, en representación de Rufina Verón.
La causa ingresó a la Sala el 2 de noviembre del año 2018, se celebró audiencia en los términos del art. 458 del CPP con fecha 7 de noviembre de 2019, se presentaron notas complementarias, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y revolver las siguientes:
Primera: ¿Son admisibles los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor MAIDANA, dijo:
Los recursos fueron interpuestos por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo, contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en material criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL, dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor MAIDANA, dijo 1) Las representantes del Ministerio Público Fiscal interpusieron recurso de casación contra el fallo (fs. 1350/1369). Cuestionan la absolución de Roma, Marti, Molina, Perez, Busto, Santamaría, Valdiviezo, Romano, Villarreal, y Gionnobile; no mediando agravio en relación a la situación de Cristián Alberto Nuñez, también absuelto por el hecho nro. 1 – siguiendo el orden propuesto por el fallo-. Las Fiscales consideran que corresponde condenar a los nombrados como coautores del delito de abandono de persona seguido de muerte (art. 106 in fine del C.P.), en tanto se acreditó la posibilidad de realizar las conductas debidas. Que el pronunciamiento recortó tramos esenciales de la acusación y juzgó irrelevante el operativo armado con resultado fatal, que se tornó abusivo cuando el personal del Servicio Penitenciario llegó a la mitad del módulo.
Al omitir tal circunstancia, el Tribunal interrumpió el curso causal iniciado con la represión, que fue precisamente lo que determinó que los internos replegados en el fondo del pabellón no pudieran salir. Consideran que el A- Quo valoró de manera errónea la prueba al circunscribir como hecho determinante del resultado, el cierre y la no apertura de dos puertas. Afirman que, sin prueba que lo avale, atribuyeron el evento sólo a dos acusados, quienes –siguiendo el criterio del Tribunal- podían abrirlas. Así, descartó la responsabilidad del resto de los imputados que, al participar en el procedimiento, también son garantes. Indican que quienes intervinieron en el operativo en el pabellón 16 estaban en real situación de conocer el alcance del peligro y actuar.
Señalan que los Jueces se desentendieron de los testimonios de quienes estaban detenidos. Asimismo, omitieron tratar la razón por la cual la convocatoria tardía a los Bomberos no resultó atribuible a los acusados. Que el razonamiento del Tribunal fue sesgado al concluir que fue escaso el tiempo para llevar adelante conductas tendientes a asegurar el nexo de evitación. Afirman que hubo tiempo para realizar tareas tendientes a menguar el peligro –más allá de la eficiencia-, que en función de sus roles de garantes estaban obligados a cumplir, tales como: corroborar la modalidad de cierre de las puertas delanteras e intentar abrirlas, convocar inmediatamente a los Bomberos, colaborar con las tareas de rescate, etc.
Dictaminan que el Tribunal erróneamente asignó relevancia penal – exclusivamente- al resultado muerte. Entienden que el fallo carece de fundamentación, por lo que solicitan se case el mismo, se condene a los nombrados y se fije a los agentes del servicio penitenciario la pena requerida en la discusión final. En subsidio, reclaman que se reenvíen las actuaciones a la instancia de origen a los efectos que se dosifiquen las sanciones.
2. Por su parte, las Particulares Damnificadas, Carolina Delgado y Analía Ortigoza, representadas por la Dra. Carla Victoria Ocampo Pilla, el Dr. Javier Marcelo Percow, el Dr. Fernando Quiroga y la Dra. Margarita Jaque –abogados del Programa Litigio Estratégico de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires-, interpusieron recurso contra el fallo (fs. 978/989). Alegan arbitraria valoración de la prueba para justificar los veredictos absolutorios. Enfatizan en el tenor de las declaraciones de los internos. Discrepan con el alcance dado al mantenimiento de las puertas cerradas, desde que no sólo Fernández y Montes de Oca tenían conocimiento de que las identificadas como 2 y 3 fueron cerradas. Se acreditó que el repliegue de los agentes penitenciarios del módulo 16 se debió a la propagación del humo; también que los imputados absueltos ingresaron al pabellón y observaron que no salieron todos los detenidos. Afirman que el personal del Servicio Penitenciario se dirigió al sector trasero del módulo para proceder a la apertura de la puerta de emergencia, cuando sabían que el foco allí se había iniciado. Consideran que el pronunciamiento es contradictorio al negar el conocimiento de la presencia de internos dentro del módulo (debido al estado de las puertas) por parte de los imputados absueltos, lo que también se vio reflejado en las ineficaces conductas alternativas de salvamento. Alegan que sólo debían abrir las puertas, tratándose de un hecho de gravedad institucional. Citan fallos de la CIDH y normativa constitucional. Solicitan se requiera copia de la grabación del debate. Reclaman que se case el fallo, y se condene en orden a la acusación formulada. Hicieron reserva del caso federal.
3. Las Particulares Damnificadas Leila Ludmila Campos, Rosana María Pereyra, Jorge Daniel Pereyra, Gisela Ana Pereyra, Guillermo Daniel Pereyra, y Francisco Pereyra; representadas por las Dras. Sofía Helena Caravelos y Analía Inés Carrillo, abogadas del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, dedujeron el recurso de casación que luce a fs. 992/1006 y vta. Se agravian de los veredictos absolutorios y argumentan sobre la posible responsabilidad del Estado y la gravedad institucional del hecho. Entienden que el pronunciamiento es arbitrario por mediar contradicción, en tanto solamente se consideró acreditada la acción de mantener cerradas dos puertas. Aseveran que el Tribunal descartó relevancia jurídica al repliegue de los agentes del pabellón sin brindar ayuda y, tratándose de un punto neurálgico, omitió dar fundamento. Consideraron que el fallo presenta una fundamentación aparente, a través de afirmaciones de carácter dogmático y apartándose de las constancias de la causa. Sólo se encontró probada la coautoría responsable de dos agentes, por la estructura del Servicio Penitenciario, en tal coyuntura, tenían la posibilidad de abrir las puertas, pero los Jueces condenaron a Montes de Oca y no a sus superiores. Señalan la posible responsabilidad internacional del Estado e invocan cuestión federal.
4. Rufina Verón Particular Damnificada, representada por la Dra. Agustina LLoret y el Dr. Mariano Nicolás Lanziano -abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales- interpusieron recurso de casación que luce a fs. 1054/1063 y vta. Cuestionan la absolución dispuesta de María del Rosario Roma. Indican la existencia de prueba sólida para dictar veredicto condenatorio. El fallo no explica cómo Roma quedó comprendida dentro del grupo de personas que desarrollaron conductas vinculadas al rescate de las víctimas. La acusada revestía rol jerárquico operativo, se trataba de una oficial de servicio, a quien apodaban ‘la jefa’. Solicita se revoque el veredicto y se condene a María del Rosario Roma a la pena de quince años de prisión e inhabilitación especial por el término de diez años por el delito de abandono de personas seguido de muerte y, en subsidio, el tipo previsto en el art. 106 primer párrafo. Efectuaron reserva del caso federal.
5. El Defensor Oficial Dr. Ernesto Julián Ferreira, interpuso recurso de casación en favor de Daniel Oscar Tejeda (fs. 1065/1172). Señala, como cuestión previa, la prescripción de la acción penal respecto del delito por el que fue condenado –art. 189 segundo párrafo del C.P.-. Refiere que introduce ante esta Sede el reclamo porque “…recién ahora –precisamente- se encuentra estabilizado lo referido a la significación jurídica del hecho, al menos lo relativo a la escala penal a considerar…” ; afirma que el último acto interruptivo tuvo lugar el 29/8/11 con la radicación y citación a juicio en el Juzgado Correccional n° 3; explica que Tejeda dejó de ser funcionario público con fecha 29/9/09 (resolución interna), por lo que desde entonces perdió posibilidad de injerencia desde el ámbito de lo funcional, a la par que no está alcanzado por las reglas de la participación.
Propone se requieran los informes de revista y reincidencia. Distingue los siguientes motivos de agravio: a) Acusación inválida, que se afectó el principio de congruencia y defensa en juicio. Afirma que el Tribunal omitió pronunciarse sobre la contradicción del bloque acusador, desde que las imputaciones son incompatibles entre sí. Señala que determinados aspectos fundamentales del hecho ( el nro. 1), aparece negado en el hecho 2; en síntesis, el cierre de las puertas y los comportamientos de determinados agentes, fueron la causa del fallecimiento de los 33 internos y heridas en dos de ellos, indicó que si se los evacuaba a tiempo podrían haberse salvado; y en el segmento relativo al evento 2, “…se refutó a sí mismo y postuló que la causa del fallecimiento de todos los privados de la libertad se debió a las infracciones al deber de cuidado que se le imputaron a Tejeda (…) es inaceptable en términos lógicos que el curso causal que provoca las muertes sea y no sea –al mismo tiempo- las transgresiones a las prohibiciones de no desamparar y no abandonar, y a los mandatos de actuar en tareas de salvamento…” (fs. 1075 vta./ 1076).
B) Cambio de encuadre legal; califica de brusco, en tanto provocó indefensión por transgresión al inc. 1 art. 375 del C.P.P. y reclama que se declare la nulidad del mismo. El tipo previsto en el art. 189 del C.P. quedó fuera del ámbito de discusión, esto es, del contradictorio (tanto el concepto jurídico, como el vínculo entre el hecho u omisión que provoca el incendio y la puesta en peligro o causación de la muerte). C) Inobservancia de los arts. 210, 367, 371 y 373 del CPP al fijar la materialidad ilícita; también se omitió el tratamiento de cuestiones esenciales, tal como lo relativo a que la obra no estaba habilitada y que las obligaciones de fiscalización –el art. 2 del decreto 1300/80 deroga las obligaciones previstas en la RRSC6 (resolución ministerial)- estaban en cabeza de la jefatura y la empresa “C y G”.
En extenso da cuenta de las inspecciones y deposiciones de los expertos; y subraya lo manifestado por Bronzi: pudieron haberse empleado las mangueras, de tener presión, de modo contraproducente. Considera que a su asistido se le asignó una responsabilidad objetiva; que no estaba presente y, a criterio del Tribunal, es el máximo responsable jerárquico por la supresión de imputación a otros funcionarios de rango superior con competencias específicas. D)
Inobservancia y errónea aplicación de los artículos 45 y 189 del C.P. Encuentra que existió falta de acierto en la equivalencia que efectuó el A- Quo entre la omisión atribuida y la comisión activa, además de resultar inconciliable con los hechos, vulnera el principio de legalidad. La generación del incendio se imputó a un interno con motivo de la represión; por lo que en el caso, la comisión por omisión como construcción dogmática es incorrecta. Por lo demás, el carácter peligroso se asoció a la decisión de cerrar las salidas idóneas para el escape que, según el Tribunal, adoptaron Fernández y Montes de Oca. No se verificó una relación directa entre la violación del deber de cuidado y el resultado de incendio de tal manera que, si objetivamente el resultado es producto de otro curso causal o de riesgo producido por un tercero, no se puede imputar ese resultado al autor. Según la propia construcción del hecho que encontró acreditada el Tribunal, el fuego peligroso se configuró cuando Fernández y Montes de Oca tomaron la decisión de cerrar las puertas y, luego, no abrirlas, ello excluye de relevancia jurídica a los comportamientos atribuidos a Tejeda. En subsidio, el hecho debe limitarse a la hipótesis que prevé el primer párrafo del art. 189 del C.P. El A-Quo no establece de qué modo podría postularse que, si el nombrado hubiera desplegado las múltiples conductas alternativas conforme a derecho que se le imputan, el incendio peligroso y el peligro de muerte no se hubiera configurado. E) Se descartaron de manera arbitraria y superficial criterios de la imputación objetiva: principio de confianza, ámbito de protección de la norma y autopuesta en peligro. F) Reedita los planteos no tratados por el Tribunal, para el caso de que se considere que la significación jurídica correcta es la constitutiva de homicidio culposo. G) El cómputo de las pautas severizantes de la sanción valoradas por el Tribunal, y propone la consideración de un baremo atenuante; critica la elección del máximo de la escala penal. H) La imposición de la medida de coerción, plantea la inconstitucionalidad del art. 371 del C.P.P. y da cuenta sobre la ausencia de peligros procesales. Estima indispensable que esta Sede requiera la remisión del expediente principal y del soporte de la filmación del debate. Reclama la casación de sentencia condenatoria. Hizo reserva del caso federal.
6. El Dr. Darío Saldaño en representación de Rubén Alejandro Montes de Oca, dedujo recurso de casación contra la condena que luce a fs. 1008/1011). Señala que el Tribunal arribó a conclusiones sin respaldo probatorio, que no se comprobó cómo se desarrollaron los hechos en el pabellón 16 y se tuvo en cuenta la cantidad de vainas que fueron colectadas sin que mediara cadena de custodia. Afirma que existen versiones que se contraponen con la prueba pericial y, en lo que respecta al traspaso de las llaves del pabellón, el A Quo detuvo su análisis en su asistido y de manera arbitraria estableció que fue el anteúltimo o último en salir del pabellón. Considera que se vulneró el principio de la duda y el principio de congruencia, en tanto se modificó de manera arbitraria la calificación y la pena, más allá de lo efectivamente requerido. Cuestiona la decisión del Tribunal en cuanto rechazó el pedido de nulidad del alegato fiscal y de los particulares damnificados en cuanto adhirieron al mismo. Critica la valoración como atenuante de la escasa antigüedad que tenía su defendido, cuando debió valorarse como parte sustancial de la representación del dolo eventual. Asevera que el Tribunal erró en el análisis, dado que no respondió ¿cuál sería el propósito de proceder como se afirmó?. No se evaluó el riesgo de la propia víctima. En subsidio, requiere que el hecho se califique como homicidio culposo, y se readecúe la pena. Hizo reserva del caso federal.
7. Por último, el Dr. Julio Ricardo Beley dedujo recurso de casación en favor de Reimundo Héctor Fernández (fs. 1012/1053). Denuncia violación del principio de congruencia, puesto que se dejó de lado la calificación propuesta por la Fiscalía, para adoptar una distinta; afectándose el derecho de defensa, no habiendo mediado ampliación (procedimiento previsto en el art. 359 del CPP). Agregó que la Fiscalía y los particulares damnificados omitieron introducir una calificación subsidiaria. En lo que respecta al dolo eventual, señala que para que la red contra incendios funcionara, resultaba indispensable su presurización para así obtener caudal necesario, a tal deficiencia se sumó el desvío clandestino del flujo de agua a las instalaciones sanitarias. Se aceptó una obra sin tener las bombas conectadas. Los agentes del Servicio Penitenciarios perdieron tiempo conectando la manguera, no fueron instruidos sobre cómo usar matafuegos –específicamente- respecto de las medidas de seguridad. Analiza la conducta de los internos del módulo 16, distingue entre quienes acataron la orden de deponer la actitud, salvaron sus vidas y quienes agredieron al personal de la unidad, se agruparon en el fondo, uno o varios internos prendieron fuego un colchón, lo que importó un riesgo jurídicamente desaprobado y no permitido, esto es: autopuesta en peligro. Afirma que Fernández da la orden de replegarse, que se abriera la puerta de rejas por la que ingresaron –nunca fue cerrada- y la puerta de emergencia; que –según el perito Gardes- se trataba de la mejor vía de escape. Considera que la conducta de su asistido estuvo dirigida a salvaguardar vidas, no se probó el dolo requerido en el homicidio. Asevera que los candados –perdidos- no pueden ser tomados como indicios de que estuvieran cerrados; sólo se pudo determinar que el único candado colocado era el de la puerta número 4. Señala que, aun partiendo de la hipótesis que tuvo acreditada el Tribunal: las puertas estaban cerradas (2 y 3), tampoco surge que haya dolo. Señala que su asistido dio la orden de que se abrieran las puertas, se dirigió al módulo 16 para proceder a la apertura de la salida de emergencias del pabellón 15, no pudo corroborar si la orden fue cumplida, debido a que técnicamente desaparecieron las jerarquías; en definitiva, hizo todo lo que estuvo a su alcance. En subsidio, pretende se califique el hecho como constitutivo del delito de homicidio culposo. Formuló reserva del caso federal.
Conforme da cuenta el acta que obra a fs. 1346/1347 y vta., con fecha 7 de noviembre de 2019 se celebró la audiencia a tenor de lo dispuesto en el art. 458 del CPP –con registro audiovisual-; ocasión en la que se informó a las partes sobre la posibilidad de presentar “breves notas aclaratorias.
El Dr. Carlos Arturo Altuve, Fiscal ante el Tribunal de Casación acompañó notas a fs. 1350/1369. Sintéticamente, criticó el planteo de prescripción pretendido por la Defensa de Daniel Tejeda, en base a dos cuestiones: la existencia de actos interruptivos del curso de la prescripción, distintos al indicado por la defensa, y las características de los hechos que permiten considerarlos una grave violación a los derechos humanos –con cita del fallo “Espósito” de la CSJN. Entiende que no medió afectación al principio de congruencia que denuncian las defensas. Asimismo, considera que las partes no demostraron la existencia del vicio de arbitrariedad, sino que del fallo se desprende una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas por la causa. Mantiene los fundamentos planteados en el recurso interpuesto por las Fiscales, a la par que comparte y adhiere a los agravios deducidos por los representantes de los Particulares Damnificados.
Los Dres. Agustina LLoret y Mariano Nicolás Lanziano, abogados del Centro de Estudio Legales y Sociales, apoderados de Rufina Verón, formularon una extensa presentación (fs. 1370/1402) a través de la cual efectuaron una reseña de los antecedentes del caso y contestaron los planteos defensistas.
A fs. 1404/1406 lucen las notas que acompañaron los Dres. Carlos Victoria Ocampo Pilla, Javier Marcelo Percow y Margarita Jarque, letrados del Programa de Lititio Estratégico de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, en representación de Carolina Delgado y Analía Ortigoza. Basaron su presentación en dos cuestiones: la autoría y/o participación y el planteo de prescripción. Entienden que atento al tipo de autoría establecido –concomitante o paralela-, no resulta necesario enunciar cuál fue la conducta adoptada por los agentes absueltos. El reproche radica en la omisión de prestar auxilio. En lo que respecta a la pretendida prescripción, expone que ya fue planteada y resuelta de manera adversa, por lo que no corresponde su atención en esta instancia. El Dr. José María Hernández, Defensor Adjunto de éste Tribunal, en representación de Tejeda y Morcella, presentó notas que figuran a fs. 1413/1414. Entiende que las presentaciones de las acusaciones contienen desarrollos sobre cuestiones no debatidas en la audiencia, a excepción del planteo de prescripción; resultan así tardías y exceden lo previsto en el art. 458 del CPP, por lo que pretende su inadmisibilidad. Afirma que, en relación a la situación de Morcella, no se individualizó conducta alguna que sea constitutiva del otro hacer, “…constitutiva de la conducta prohibida en cualquier omisión (…) Una imputación así, además de ser nula en sí, implica una pretensión de condena en infracción al principio de culpabilidad”.
La extensión que, por vía de una interpretación compatible con las exigencias de los artículos 8.2.h de la CADH y el 14, n 5 del PIDCP, se acordó al recurso de casación (CSJN in re “Casal”), no se refiere al caso en que el Ministerio Público impugna un pronunciamiento final. Ello así en la medida en que el recurso es para el imputado una garantía constitucional que ha sido reconocida por las normas de jerarquía constitucional indicadas, mientras que el recurso fiscal se erige en una simple prerrogativa que concede la ley procesal al Estado (cfr. CSJN, Fallos: 320:2145).
En el caso en los que el Estado ejerza dicha potestad legal –salvo cuando recurra en favor del imputado–, no corresponde apartarse de los motivos enunciados por el art. 448, inc. 1º, del CPP, justamente porque es la ley la que lo ordena (“El recurso de casación podrá ser interpuesto por los siguientes motivos...”; art. cit.); de forma sólo pueden tratarse cuestiones probatorias por medio del planteo de absurdo o arbitrariedad. Con relación a la facultad de recurrir del particular damnificado, no se encuentra alcanzada por la garantía del artículo 8.2 h de la CADH - prevista sólo a favor del imputado-, sino por los artículos 8.1 y 25 de la CADH de conformidad con lo indicado por la Corte Suprema de Justicia en "Juri" (sentencia del 21/12/2006), su derecho a recurrir surge de los artículos 8.1 y 25 de la CADH, de manera que no pueden prescindirse de las limitaciones establecidas por los artículos 452 inciso 2° y 453 del Código Procesal Penal.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por los impugnantes, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219. “Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16, entre muchas otras).
Con respecto a la remisión del expediente principal y el soporte de la filmación del debate – sólo requeridos por el Dr. Ernesto Ferreira, pues los Dres. Carlos Victoria Ocampo Pilla, Javier Marcelo Percow y Margarita Jarque, solicitaron únicamente la grabación del juicio-; en caso de considerarlo pertinente y útil para el abordaje de las cuestiones sometidas a revisión, serán oportunamente compulsados.
Con relación a la solicitud formulada por el Defensor Adjunto ante esta Sede, Dr. José María Hernández, en representación de Tejeda y Morcella –el desglose de las presentaciones que lucen a fs. 1350/1369 y 1360/1402-; es improcedente. Sin perjuicio del tratamiento que pudieran darse a las cuestiones planteadas en las notas complementarias de la audiencia, no encuentro obstáculo alguno para su incorporación; tampoco el Defensor explica el perjuicio que le provoca (art. 458 del CPP). Atento los lineamientos desarrollados por los impugnantes, para una mejor exposición, abordaré de manera conjunta los motivos de agravios que, por resultar semejantes, comparten el objeto central de reclamo. Inicialmente, trataré las críticas deducidas por la acusación - conformado por el Ministerio Público Fiscal y los representantes de los Particulares Damnificados-, ocasión en la que he de procurar precisar determinados puntos planteados en exclusiva por los recurrentes. La Defensa de Daniel Tejeda introduce como cuestión previa la prescripción de la acción penal y pretende la nulidad de las acusaciones por considerarlas contradictorias e incompatibles. Luego, también los impugnantes que representan los intereses de Raimundo Héctor Fernández, y Rubén Montes de Oca –con distintos matices- estructuran la fundamentación de sus motivos de agravio, a partir de denunciar vulneradas garantías de orden constitucional; consideran que el Tribunal de mérito omitió tratar cuestiones de carácter esencial y valoró de manera errónea el plexo probatorio para así arribar a una condena. Critican la significación jurídica atribuida a los hechos.
II. El Ministerio Público Fiscal, conforme se desprende del acta de debate, desde los lineamientos iniciales, escindió los sucesos en los siguientes términos: “…entre las últimas horas de la noche del día 15 de octubre y la madrugada del día 16 de octubre del año 2005 en el interior del Pabellón 16 o módulo B emplazado en la Unidad 28 de Magdalena perteneciente al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires se inició una pelea entre los internos Fabíán Eduardo Quintana Correa y Nicolás Pereyra, que alertado de dicha circunstancia el Secretario de la Unidad, Encargado del turno, la Segunda Jefa de la Guardia de Seguridad Exterior, todos con agentes a su cargo y personal de la División Canes, se dirigieron hacia el mencionado pabellón, portando algunos de ellos escopetas calibre 12/70 con munición anti tumulto, que una vez en el lugar dada la voz de alto y efectuar al menos un disparo intimidatorio desde la reja que separa el sector de alojamiento de internos con vigilancia, el encargado de turno dio la orden de ingreso al pabellón, distribuyéndose el personal antes mencionado en dos grupos los que fueron avanzando uno por el sector de las camas y el restante por el corredor principal a la vez que quienes iban armados fueron efectuando reiterados disparos.
Ante esa situación algunos internos acataron la orden impartida tirándose al piso en forma inmediata, oportunidad en la que comenzaron a ser llevados hacia el exterior del pabellón mientras que otros se dirigieron al fondo de aquel y frente al avance del personal interviniente –que había llegado prácticamente a pocos metros de la parte posterior del módulo y continuaba efectuando disparos- iniciaron un foco ígneo en el sector de las últimas camas emplazadas en el lugar, el que se propagó rápidamente en su interior, del pabellón, produciendo tres nuevos focos. Ante ello, los agentes penitenciarios se replegaron y cerraron al menos la puerta que divide el sector de la Oficina de vigilancia –coloquialmente llamado matera- y el pasillo que conduce al patio de recreo.
Frente a la existencia del excesivo calor y humo que invadió el interior del pabellón, la mayoría de los internos se vio obligado a dirigirse hacia el frente de aquél con la finalidad de salir por allí, y ante la imposibilidad de hacerlo, comenzaron a pedir auxilio a viva voz sin que ninguno de los agentes presentes procediera a prestar ayuda solicitada pues no procedieron a la apertura –al menos- de la puerta de acceso ya referenciada. Que los internos que fueron retirados por el personal penitenciario quedaron custodiados por parte de ellos, en el frente del pabellón, para luego ser trasladados al sector del césped circundante y finalmente, al patio de visitas, conocido como picnic. Que transcurridos algunos minutos, otra parte del personal interviniente, se dirigió hacia el sector trasero, del pabellón, procedieron a abrir las puertas de emergencia, por donde sólo logró salir con vida y mucho después Ángel Eduardo Quintana Ramírez, ello debido a que el resto de los internos se había trasladado en forma inmediata a la parte frontal del pabellón y por el intenso humo y calor no pudieron regresar al sector antes referenciado, es decir, al trasero.
Que tras pasar aproximadamente diez minutos de la apertura de la puerta trasera del Pabellón 16 y en virtud de la presencia de humo en el pabellón lindante nro. 15, algunos funcionarios del Servicio Penitenciario abrieron las puertas de emergencia de éste último módulo, procediendo a desalojarlo de sus ocupantes, a quienes intentaron reducir, propósito que no lograron puesto que, ante la pasividad demostrada por los funcionarios y los reiterados pedidos de auxilio que provenían del pabellón 16, algunos de los internos fueron hacia el mismo a los fines de iniciar las tareas de rescate, mientras que otro grupo de internos se dirigió hacia los pabellones 17 y 18 a fin de que otros detenidos que estaban allí alojados ayudaran en las tareas de rescate de los alojados en el pabellón 16, realizando entre todos acciones tendientes a socorrer a las víctimas, y cuando dice todos se refiere a los internos, en esta tarea solo colaboraron por el Servicio Penitenciario el Jefe de Guardia de Seguridad Exterior y el Subprefecto Miguel Horacio Montoya.
Que los internos lograron rescatar con vida a Juan Domingo Blanco Recalde y a Cristián Rey González, éste último falleció unos días después. Que el proceso de combustión que se originó en el interior del pabellón 16 se caracterizó por haber alcanzado altas temperaturas en escaso tiempo que oscilaron entre 500 grados. La inoperancia de la red hidráulica contra incendios no permitió paliar la situación, pese a los ingentes esfuerzos únicos de los internos, y remarca únicos, que emprendieron dichas tareas de salvamento con la salvedad que hizo de los dos agentes penitenciarios. Por su parte la dotación de los Bomberos Voluntarios de Magdalena arribó al penal a las 00:10 horas aproximadamente del día 16 de octubre del año 2005.
No obstante la situación de peligro cierto que corría la vida de los internos y la obligación legalmente impuesta a los agentes penitenciarios de salvaguardar la integridad física de los mismos, no abrieron la puerta delantera a fin de permitir la salida de las personas que estaban en el interior y que se habían replegado hacia dicha zona, no obstante su obligación de hacerlo, desinteresándose de su deber, privando a aquellos, por ende, del auxilio que era necesario para sobrevivir, abandonándolos de este modo a su suerte, a consecuencia de lo cual se produjo el fallecimiento de Ariel Cayetano Daniel Mola Silva, Eduardo Ignacio Díaz, Jorge Javier Martín Vera Melgarejo, Pablo Ezequiel Farías Carabajal, Diego Martín del Valle González, Víctor Enrique Franco Rojas, Néstor Javier López Demuth, Cristian Leonardo Rey González, Omar Abel Pereyra Allión, Rubén Gerardo Merlo Sergués, Jorge Rubén Mendoza Abdala, Rubén Darío Ayala Feijo, Agustín Sebastián Avila Portillo, Abraham Eber Moquera Lecler, Roberto Alejandro Cohelo Fernández, Juan Ariel Campos Barretto, Marcos Elio Granados Baldovino, Lucas Hernán Granados Baldovino, Luis Pablo Medrano Rocha, Cristian Adrián Articaglia Cejas, Juan Carlos Tubio Sagratella, Dario Bernabé Puccio Camaño, Lucas Daniel Vallejos, José Ángel Gamarra Mujica, Eduardo Guillermo Maglioni Farías, Cesar Javier Magallanes Verón, David Ángel Perosa González, Andrés Gonzalo Gorris Martínez, Cristián Julio Javier Cáceres Fernández, Luis Alberto Torres Pacheco, Ariel Gustavo Cuevas Martínez, Nicolás Augusto Ferreyra Rodríguez y Carlos Alberto Oliveira Torres, la mayoría de ellos por intoxicación por ácido cianhídrico y monóxido de carbono y los restantes por depleción de oxígeno y stress por calor, mientras que Juan Domingo Blanco Recalde y Ángel Eduardo Quintana Ramírez, resultaron con lesiones en sus cuerpos.
Asimismo, y con la prueba de mención, intentaremos demostrar desde este mismo Ministerio Público Fiscal que resultan autores penalmente responsables de los hechos descriptos los siguientes Agentes Penitenciaros Reimundo Héctor Fernández, Jorge Luis Marti, María del Rosario Roma, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Juan Eduardo Zaccheo, Gualberto Darío Molina, Juan Emiliano Santamaría, Juan César Romano, Carlos Augusto Bustos, Marcos David Sánchez, Rubén Alejandro Montes de Oca, Eduardo Gabriel Villarreal, Mauricio Alejandro Giannobile, Maximiliano Morcella y Gonzalo Pérez, todos ellos como se dijo empleados del Servicio Penitenciario de esta provincia de Buenos Aires “(…)” que el Pabellón 16 de la Unidad 28, el día 15 de octubre de 2005 contaba con una red contra incendio que resultaba necesario presurizar para obtener el caudal y presión de agua suficiente para hacer frente a la extensión de focos ígneos que pudieran originarse en aquel, a pesar de lo cual, no sólo las bombas para presurizar los hidrantes no se hallaban conectadas sino que el flujo de agua había sido derivado a las instalaciones sanitarias, en virtud de lo cual, no circulaba por dichos hidrantes agua o al menos no en la cantidad necesaria para cumplir su finalidad.
Que de conformidad con lo establecido por las normas IRAM, y con pleno conocimiento de esta situación, el entonces Director de la Unidad, Daniel Oscar Tejeda, quien tenía los deberes a su cargo de supervisión y fiscalización y de informar a la superioridad, comunicaba trimestralmente a la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial, concretamente a la Dirección General de Seguridad – Departamentos de Materiales División Armamento – que la red de incendios de los pabellones de autodisciplina funcionaba correctamente, a pesar de tener conocimiento de la situación real y continuaba con el alojamiento de los internos en dicho pabellón. Por su parte, el Jefe de Seguridad Exterior de la Unidad 28 de Magdalena, Cristián Alberto Rubén Nuñez, al momento de asumir su cargo, aproximadamente 11 días previos al incendio, no constató fehacientemente que todos los dispositivos de seguridad se encontraran en estado normal de funcionamiento, suscribiendo un informe trimestral sobre el estado de la red contra incendio correspondiente a la gestión anterior del que no verificó si lo allí informado se correspondía con la realidad de las cosas como así tampoco lo documentado en el acta de posesión de su cargo.
Que tanto la conducta de Daniel Tejeda como la de Cristián Nuñez, cada uno en el rol de garante que sus respectivos cargos les imponían, incrementaron de manera intolerable el riesgo en la integridad física de las personas cuyo cuidado habían asumido, que de haber cumplido con los deberes que tenían se hubiesen dotado de herramientas eficaces, en el caso concreto, a los internos quienes utilizaron este mecanismo de salvamento para hacer frente al incendio, lo que a la postre derivó en el fallecimiento de las personas alojadas en el pabellón 16 de la Unidad de Magdalena entre la noche del 15 de octubre y la madrugada del 16 de octubre del 2005. Por lo expuesto entiende que los mismos resultan autores responsables de los hechos referenciados, no garantizándoles de este modo la evitación de riesgos para su vida.
Que de haber cumplido con el deber de cuidado que les era exigido y consecuentemente de haber implementado las medidas debidas, el hecho por cierto previsible, podría haberse evitado (…)” – el destacado me pertenece- (fs. 7/10 del acta de debate).
A su turno, la Dra. Agustina Lloret, consideró que la Fiscal (en referencia a la dra. Budiño) describió de manera detallada y circunstanciada los hechos, que condice con el objeto intimado a los imputados y el requerimiento de elevación a juicio; y en lo sustancial adhirió a tal acusación (fs. 10/11). La Dra. Carla Ocampo Pilla, también adhirió “…a la materialidad ilícita y a la responsabilidad de los imputados ya mencionados y que fuera esbozada por la Señora Agente Fiscal, los cuales hace propios pero sin dejar de individualizar determinados lineamientos de la acusación que formula a continuación…” (fs. 11/vta.) Se expide respecto a la posición de garantes de los funcionarios penitenciarios, tanto en lo que respecta a la protección de sus bienes, como del control de la fuente de peligro. Cita normativa y el fallo “Verbitsky”. Refiere que el suceso juzgado “…es parte de una cadena de muertes, torturas, apremios y tratos degradantes, propios de la violencia que ejercen este tipo de instituciones…”; refiere al ejercicio de la violencia institucional. (fs. 12/vta.). La Dra. Sofía Caravelos, adhiere a las líneas de acusación que planteó el Ministerio Público Fiscal, entiende que está comprometida la política penitenciaria.
Cualquier suceso histórico sometido a juicio, requiere un recorte conceptual, esto es, la indefectible selección que determine el objeto de la imputación. Se trata de un único acontecimiento histórico, en el cual, para su concreta configuración, contribuyeron una infinidad de factores, donde además aparecen varios sujetos interactuando en distintos niveles de la realidad comprobada.
Del extenso discurso documentado en el acta de debate, observo que en el alegato la Fiscal formuló una suerte de extensión del lapso con relevancia en lo que respecta al inicio de la situación generadora de peligro, que atribuyó a los agentes del Servicio Penitenciario. No estoy diciendo que ello haya aparejado –per se- un menoscabo a los intereses de las personas condenadas, empero ante la queja formulada en el recurso, corresponder dar cabal abordaje a la cuestión sometida a revisión. Con el propósito de evitar transcripciones, he de destacar que la ampliación a la que me refiero, que generó réplicas de las partes, se trata del procedimiento armado llevado a cabo por parte del personal penitenciario. En las conclusiones finales se erigió en una de las cuestiones centrales constitutivas del delito por el que se formuló acusación. Nótese que, cuanto menos desde los alegatos preliminares el sustrato intimado se circunscribió a: no haber abierto la puerta del módulo – incluyendo el cierre de dicha puerta-. Entonces, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal, las conductas típicas serían: el procedimiento abusivo que llevó a un interno a iniciar un foco ígneo, cerrar las puertas, no abrirlas a tiempo.
En los discursos finales de los representantes de los Particulares Damnificados, también se vislumbra una suerte de extensión del período comprometido en la materialidad infraccionaria descripta en el inicio del debate. La Dra. LLoret sostuvo que el abandono se inició durante el operativo armado y, conociendo el foco ígneo, el personal permaneció sin realizar ninguna conducta que evite el curso causal generador del riesgo; entre las acciones debidas: evacuar el pabellón y extinguir el fuego. Recordemos que el Centro de Estudios Legales y Sociales sólo se agravió de la absolución dictada respecto de María del Rosario Roma. En lo que respecta al alegato formulado por la Dra. Pilla, el personal del servicio penitenciario, creó el peligro concreto en dos ocasiones: al disparar a corta distancia –menos de diez metros- dentro del pabellón, salir y cerrar las puertas, luego de iniciado el fuego. A su turno, la Dra. Caravellos, mantuvo su alegato acerca de que la creación del peligro se circunscribió a las acciones de cerrar las puertas y así mantenerlas.
Con el objeto de delinear las conductas atribuidas por la acusación, considero de interés reseñar que luego de un prolijo examen de la prueba, la Fiscal calificó el hecho como constitutivo de los delitos de abandono de personas seguido de muertes y lesiones en los términos del artículo 106 incisos 2° y 3° del Código Penal. Entendió probada su hipótesis, esto es: la situación generadora del deber de actuar; la posición de garante; el incumplimiento del auxilio debido; la capacidad de actuar; y la posibilidad de que se produzcan los resultados acaecidos. “…no solo se procedió a cerrar cuanto menos la puerta de rejas y la chapa contigua del módulo B sino que se las mantuvo cerradas durante el desarrollo del incendio, omitiendo de este modo brindar los auxilios inmediatos que la situación exigía y que por cierto estaban obligados a prestar, no obstante no desconocer la situación de desamparo creada y de peligro para la vida y la integridad física de los internos que habían quedado atrapados dentro del pabellón…” (fs. 509). “…se presenta la acción típica tanto de hacer nacer la amenaza por desamparo como de abandonar a su suerte, ello toda vez que atento a la cantidad de disparos que se produjeron en el pabellón y la distancia en que efectuaron los mismos, los internos se replegaron en el fondo y uno de ellos dijo ‘voy a prender fuego para que no tiren más’ (…) y asimismo en un segundo tramo se genera el abandono de los internos a su suerte cuando ellos se van y cierran las puertas, se refiere a los agentes penitenciarios. En el primer caso los autores generan el peligro y en el segundo se desentienden del resguardo hacia las víctimas. Estos dos casos son formas comisivas pues violan normas prohibitivas que son ‘no desamparar y no abandonar’… (fs. 510).
Con respecto a las conductas atribuidas, la Fiscal encontró acreditado que: Raimundo Fernández era la máxima autoridad operativa en el penal y, una vez que sonó el timbre de la alarma, salió munido con una escopeta al pabellón 16. Fundó su tesis –esencialmente- en la declaración de Giannobile y la suya propia como imputado. María del Rosario Roma, “se encontraba en el lugar de los hechos previo a originarse el conflicto, es decir el peligro…”. Citó los dichos de Keegan, Amarilla, Carlos Juan Gómez, Ballina, Rigo, Luis y Daniel Gamarra, Campos, y Villarreal. Dieron cuenta del rol que desempeñó la nombrada, en concreto, daba órdenes. Campos refirió que Roma estaba junto con Fernández como máximas autoridades dirigiendo el operativo armado.
La imputada se ubicó en el escenario de los hechos –de acuerdo a su declaración- cuyo tenor entendió reñido con otras constancias de prueba. (fs. 512/515). En lo que respecta a la situación de Jorge Luis Marti, el Ministerio Público Fiscal “…también entiende que quedó probado que Marti era el encargado de turno esa noche…” sobre el punto, dio cuenta de las versiones prestadas por: Nelson Castro, Cristian Keegan, Barragán, Cabeza, Salto, Melgarejo, Rigo, Roma, Fernández, Santamaría, Molina, Perez, Villarreal, Busto y Romano. El imputado fue visto cuando ingresó junto a los primeros agentes, por el sector de las camas al módulo, munido con una escopeta. Juan Emiliano Santamaría, “…se probó en este juicio que el mismo se encontraba encargado del pabellón 16 la noche de los hechos y que hizo abandono de su puesto de trabajo, privándolos de auxilio…” (fs. 516) Según los testimonios, quien está a cargo del pabellón custodia la llave de la puerta de rejas.
Ponderó las declaraciones de: Pérez, Rolón, Chaparro, Isaías, Mansilla, Campos, Melgarejo, Roma, Bustos, y los dichos del acusado. Rubén Montes de Oca, “quedó acreditado que Montes de Oca se encontraba en el lugar en el momento inicial…” (fs. 517). En base a los dichos de Capelleti, Rigo y Roma, el acusado tuvo posibilidad de hacer algo para hacer cesar el peligro, estaba en el lugar antes de que éste se desatara. Según Bustos, las llaves que antes le había dado Santamaría se las entregó al imputado, quien le dijo que se quede en la puerta de reja así podía ingresar al pabellón. “…en pleno desarrollo del incendio (23:33 de la cámara de la armería) se dirigió a reforzar el muro dejando librados a su suerte a los internos del 16 priorizando la seguridad de las fugas y sin saber a quién le había entregado la llave de la reja”, también consideró la declaración del imputado (fs. 518).
Carlos Busto, “…entiende probado que Busto estaba al momento inicial de sucedidos los hechos en el lugar…” (fs. 517vta.) Basó su hipótesis en las versiones de Barragán, Roma, Santamaría, Montes de Oca, y los propios dichos del acusado. Gualberto Molina, “…está probado que el imputado Molina se encontraba inicialmente en el lugar del hecho…” (fs. 519 vta.). De ello, dieron cuenta: Lamas, Ballina, Roma, Fernández, Santamaría, Pérez, Villarreal, Romano y la versión del propio acusado. “…yo fui uno de los últimos en salir. A cargo de la puerta no había nadie cuando yo salí´. Reflexiona que claramente él sale con la situación de peligro desatada y se desinteresa de la suerte de los que quedan adentro.
Eduardo Villarreal, “…está acreditado para esta parte también que Villarreal se encontraba en el lugar de los hechos en los momentos iniciales según dichos del testigo Gómez Juan Carlos…” (fs. 520 vta.). Contempló también las manifestaciones de Rigo, Roma, Giannobile y la versión que rindió el imputado. “…Él reconoce su ingreso al pabellón cuando se generó el peligro” (fs. 521 vta.). Juan Eduardo Zaccheo, “…se probó que Juan Eduardo Zaccheo se encontraba en el lugar de los hechos inicialmente así lo declaró Roma (…) La Fiscal reflexiona que el peligro ya estaba desatado y Zaccheo lo conocía” (fs. cit.), asimismo valoró la declaración de Molina Gualberto. Gonzalo Pérez, “…está probado que Pérez se encontraba en el pabellón siniestrado en los momentos iniciales de la creación del peligro según declaración de testigo Rigo…” (fs. 521vta. y 522), Capelli, Gondenbleau, Villarreal, y Giannobile; además contempló la versión que rindió el acusado.
Mauricio Alejandro Giannobile, “…está probado que Giannobile se encontraba en el lugar de los hechos al momento de desatarse el peligro…” (fs. 522 vta.) Basó su hipótesis en las declaraciones brindas por: Gomes, Rigo, Roma, y el propio acusado. Marcelo Fabricio Valdiviezo, “…tengo por acreditado que Valdiviezo se hallaba presente en el lugar de los hechos cuando aún era posible hacer algo…” (fs. 523 vta.). Fundó su acusación en la versión de Salto, Molina y Busto. Marcos David Sánchez, “…el imputado Sánchez es ubicado en el lugar de los hechos en los momentos iniciales por la imputada Roma (…) Es decir que, si ingresó al pabellón esto es anterior a la creación del peligro y dejó en situación de desamparo y librados a su suerte, una vez desatado el peligro a los que estaban dentro y él conocía perfectamente la situación” (fs. 524).
Juan César Romano, “Romano fue hacia los módulos según lo declaró el testigo Barragán cuando dijo que Romano fue a colaborar junto a Busto, es decir, en el momento inicial…” (fs. cit.). Fundó su tesis en los dichos del imputado y Roma. Maximiliano Morcella, “entiende que quedó probado que Morcella Maximiliano estuvo en el lugar de los hechos apenas iniciado el conflicto en el módulo 16 según los dichos del testigo Mansilla Walter Ulises…” (fs. 525). La Fiscal agregó como elementos de cargo la declaración de Melgarejo y Molina; también dio cuenta de la versión que prestó el imputado. Finalmente, la Fiscal responde cómo impactaron las omisiones de los imputados en el resultado y “…tiene en cuenta datos objetivos: de haber abierto puertas, de no haberlas cerrado, de no haberla abierto inmediatamente.
Entiende que se hubiera evitado el resultado o se hubiese disminuido un quantum más que considerable porque los primeros 23 que sacaron cuando ya había humo ninguno falleció y porque los propios penitenciarios que salieron con el humo invadiendo el pabellón tampoco fallecieron por lo cual entiende que estas conductas que se les endilgan tienen una relación vinculante con el resultado…” (fs. 525 vta.).
De lo expuesto surge como denominador común que, el 15 de octubre de 2005 en el turno noche, los citados agentes del Servicio Penitenciario, que se encontraban prestando servicios en distintos pabellones o reunidos en la guardia de la Unidad nro. 28, intervinieron en el procedimiento armado, llevado a cabo en el módulo B o, en su caso, estuvieron cerca de la fuente de riesgo.
Las declaraciones rendidas por los acusados en la IPP y, en algunos casos, en el curso del debate sirvieron de sustento a la hipótesis de la acusación.
Aún cuando el ingreso por lectura -y la eventual utilización- por el Tribunal de la declaración del coimputado para fundamentar el fallo, se encuentra autorizada por el texto del artículo 366 del CPP, el valor convictivo está supeditado a la observancia de diversos extremos.
El Juez se enfrenta a dos vallas infranqueables: al juramento o promesa formal de decir verdad y la protección penal respecto de la posible falsedad de los asertos. De allí, la limitada convicción que puedan suscitar en el ánimo del juez.
Por otra parte, también es posible establecer otros límites respecto de la eficacia probatoria de la declaración del coimputado como prueba de cargo. La versión sólo de una forma restringida puede someterse a contradicción habida cuenta de que le asiste derecho a no prestar declaración contra sí mismo y a no confesarse culpable, lo que constituye una garantía instrumental del derecho de defensa.
Distinto sería el posible valor incriminante de una declaración prestada en el marco del debate, etapa en la que –claramentejuega un rol preponderante el principio de contradicción, en la que tiene la posibilidad de ser interrogado por las otras partes, si a ello no se opone. En suma, a resistir y/o confrontar la prueba de cargo. (Causa n° 101.635 “Zacarías Nicolás y otros s/ Recurso de Casación”, Sala 1, sent. 18/08/20, e/o).
No paso por alto, como he adelantado, las dificultades que presentó el caso, prueba de ello fueron las extensas jornadas de debates, en las que fueron convocados a prestar declaración testimonial más de ciento sesenta y cuatro personas, entre ellos quienes padecieron el hecho de manera directa, por encontrarse alojados en la Unidad e intervenir activamente en tareas de salvataje y los agentes del Servicio Penitenciario – en apariencia- abocados a funciones sin relevancia en el suceso, pertenecientes a la coyuntura jerárquica que caracteriza a la institución. En distintos pasajes de la sentencia, los Jueces explicaron los motivos por los cuales fueron seleccionados determinados testimonios, como también las dificultades adjudicables a tal medio de prueba para formar convicción sobre aspectos significantes del evento y la autoría responsable de los acusados.
En líneas generales, el Tribunal dio cuenta del caos que se suscitó en la Unidad prácticamente desde el inicio del foco ígneo en el fondo del módulo B, hasta que se logró controlar la protesta llevada a cabo por parte de la población carcelaria. No puede dejar de señalarse la reticencia que demostraron agentes del servicio penitenciario al declarar en el juicio, que atribuyeron a la situación de desorden y confusión, como también al tiempo transcurrido (más de 12 años) –lo expuesto en sintonía con lo documentado en el acta de debate-.
En este sentido, en lo que respecta a cuándo se produjo la desocupación del pabellón contiguo – el 15 -, el Tribunal expuso “…De los testimonios producidos en el debate tanto por internos como por personal penitenciario surgen contradicciones acerca del momento en que se produce la evacuación de los internos del módulo 15 en relación a la apertura de la puerta de emergencia del pabellón 16, como así también acerca de quien procedió a la apertura de ésta”. (fs. 906 vta.).
De igual modo, los integrantes del Tribunal encontraron contradictorias a las declaraciones de los agentes Campos y Lemos y los testimonios de los internos alojados en el pabellón 15. De allí que, a los efectos de tener por acreditada la cronología sobre la apertura de la puerta del citado pabellón 15 y la puerta de emergencia del módulo B, se ponderaron los datos obtenidos de video filmaciones, “….Tomando entonces como referencia los tiempos que objetivamente indica la cámara de seguridad del muro antes referida, es probable que se haya abierto primero la puerta de emergencia del módulo 16 y luego la del 15, o ambas casi en simultáneo, lo cual deja abierta la posibilidad de que hayan intervenido en la apertura de las primeras sólo personal penitenciario o éstos junto a internos “ (fs. 908 vta.).
Los reclamos de la acusación, en semejantes términos, se centraron en que los agentes absueltos -portadores del rol de garante-, tuvieron tiempo suficiente para desplegar conductas tendientes a menguar el peligro, entre ellas individualizan: corroborar la modalidad de cierre de las puertas delanteras –sea el candado o pasador- e intentar abrirlas; la inmediata convocatoria a bomberos y colaboración en tareas de rescate. Sin embargo, limitaron su labor a cuestiones de seguridad. Recordemos que los impugnantes enfatizan que no se asignó importancia al referido procedimiento caracterizado de abusivo, como hito generador de la situación de peligro atribuible al personal del servicio penitenciario imputado. En el peculiar contexto en el que tuvieron lugar los hechos, advierto que en la selección de la plataforma fáctica que encontró acreditada el Tribunal y, en concreto, la ausencia de consideración del procedimiento armado en los términos pretendidos por la acusación, carece del interés pretendido.
El Tribunal tuvo por probado el ingreso de los agentes del modo descripto por la acusación. Poco importa si la situación generadora del deber específico de actuar se inició como consecuencia del irregular despliegue de la fuerza. Lo cierto es que una vez que se produjo el ingreso al módulo B con el objetivo de desarticular la reyerta entre los internos allí alojados, comenzó el incendio en la zona del fondo del pabellón y, desde entonces, como hipótesis de mínima, comenzó la ejecución.
Partiendo de tal premisa, el asunto transita por establecer la posibilidad de cumplir con tal deber de auxilio y/o actuación del personal penitenciario, en consonancia con su respectiva capacidad de evitación.
Los agentes poseen la posición de garante de la protección frente a las personas sometidas a su custodia, tienen una competencia de fomento en la que el deber surge porque el Estado ha fundamentado un poder jurídico especial sobre las personas alojadas, se trata de actividades en el marco de una organización estatal, por lo que debe ocuparse que esas personas gocen de la medida de protección y custodia propias de la concreta relación especial.
Sin embargo no se puede pasar por alto que, en el marco de los rangos o categorías que existen en la institución, necesariamente la aludida capacidad merece ser atendida.
Entre los agentes de servicio durante la noche – madrugada del día 15 de octubre de 2005-, se distinguen quienes estaban al mando de la Unidad y, en consecuencia, impartieron precisas directivas, quienes cumplieron las órdenes y los que escogieron un nexo de evitación del resultado siguiendo su apreciación personal o –inclusive- intuitivamente. Ahora bien, los Jueces del Tribunal tuvieron por probado que “…la no apertura de la puerta de reja del módulo 16 –individualizada como Nro. 3-, fue determinante, para impedir la evacuación del pabellón por parte de los internos que se encontraban expuestos a los gases tóxicos, intenso calor y un denso humo negro. En el mismo sentido la no apertura de la puerta de chapa anterior a la reja –individualizada como Nro. 2- al menos, durante los primeros momentos en que se desarrolló el incendio, conforme quedara determinado por prueba pericial. Dichas circunstancias impidieron que los detenidos utilizaran esa única vía de escape idónea en la coyuntura para salvar sus vidas. ¿Pero a quiénes les constaba el cierre de esas puertas? Sana crítica mediante, a las dos últimas personas en salir del pabellón: quien se hallaba a cargo del operativo desde su inicio y hasta su repliegue y quien se encontraba –en la ocasión- a cargo de la custodia de dichas puertas. Ambos deben responder en carácter de coautores…” (fs. 923). Sobre tal extremo volveré al analizar la situación de Fernández y Montes de Oca.
Continuó el Tribunal y, esencialmente, fundó su conclusión en la estructura del Servicio Penitenciario en tanto determina una clara asignación de jerarquías y funciones, el expreso reconocimiento de los imputados de encontrarse en el lugar al momento del hecho y la comprobación de dicha presencia a través de los testimonios producidos en el debate. Por ello estableció que sólo dos agentes penitenciarios tenían en esa coyuntura la posibilidad de la apertura de las puertas individualizadas. Realizaré un sucinto examen de la prueba objetiva, informes y dictámenes, a la par que las declaraciones de los profesionales que los suscribieron; en especial aspectos sobre los cuales no mediaron objeciones de los impugnantes. Propongo un orden expositivo distinto al empleado por los Jueces, en función de su entidad objetiva y el radical interés que reviste como elemento de convicción para fundamentar las absoluciones.
Adelanto que, excepto respecto de María del Rosario Roma, no habrán de acogerse los recursos presentados por las acusaciones.
Con relación al tiempo en que se circunscribió el hecho, los magistrados de la instancia anterior ponderaron la grabación de la sala de armas de la Guardia de Seguridad Exterior, “…a través de la cual es posible advertir que a las 23.23.45 horas del día 15 de octubre de 2005, Gonzalo Pérez, quien aquella noche desempañaba la función de cabo cuarto, se hizo presente en dicha sala, tomó una escopeta y salió presuroso desapareciendo del ángulo que toma la cámara. Idéntica conducta por parte de otro efectivo penitenciario muestra la cámara a las 23.23.54 hs., quien retira tres escopetas. En razón de ello es posible inferir que apenas instantes previos a la hora indicada (23.23.45 hs.) sonó la alarma en la guardia dando aviso de incidentes en el sector módulos a raíz de una pelea de internos, acerca de cuyas proporciones no fueron contestes los internos entre sí, entre éstos y el personal penitenciario.” (fs. 880).
El acta de procedimiento y los dictámenes de inspección ocular balística, como también las declaraciones prestadas por los expertos Claudia Silva y Roberto Gómez de Saravia, concluyeron que el personal del servicio efectuó, al menos, veintiún disparos con escopetas calibre 12/70 con munición antitumulto. Se especificó que dos disparos fueron realizados desde la reja y los restantes en el sector de la celda. Asimismo, se estableció que se emplearon siete escopetas.
Continuó el Tribunal y, con acierto, consideró que el procedimiento armado dentro del pabellón 16 –desde que ingresó el personal penitenciario hasta que éste se replegó-, tuvo una duración de menos de diez minutos. Basó su postura en lo documentado por la cámara de seguridad; en tanto a las 23.31.27 hs. captó la salida de humo por el frente del pabellón, “…habiéndose producido ya a esa altura el repliegue del personal penitenciario del pabellón…” (fs. 882 vta.).
Conforme las imágenes de las cámaras, el humo comenzó a salir por el frente del módulo a las 23.31.40 hs.; y el arribo de los bomberos fue a las 00.10 hs –según el registro del libro de guardia exteriorcuando el incendio estaba en la fase de auto-extinción. Los expertos Fernandez Guillermo Llanes y Marcelo Fabián Acosta Alonso inspeccionaron el pabellón y concluyeron que el incendio se generó por un aporte de energía ajena, luego, al visualizar cómo salió el humo, entendieron que indica que el primer foco se produjo en el fondo del módulo.
Los peritos Ricardo Abel Carrizo y Daniel Alejandro Converso se expidieron acerca de un cálculo estimado de duración del incendio “… a partir de la cantidad de la superficie del pabellón, ventilación y material combustible, llegando a la conclusión de que desde su inicio hasta la auto extinción transcurrieron 50 minutos (…) el humo y el calor en un incendio no se producen de manera simultánea ni homogénea en todos sus espacios (…) es probable que haya una diferencia en la velocidad de producción del incendio si se tiene en cuenta la diversidad de materiales que había dentro del pabellón. Allí dentro había ropas, pertenencias, mantas, colchones de estopa y de poliuretano. Así, explicaron que el incendio generalizado recién se da cuando dentro de la totalidad del recinto se superan los 500° o 600°. Este proceso lleva minutos. Además del calor, este incendio generó la emanación de humo y gases tóxicos entre los que se encontraban el ácido cianhídrico y el monóxido de carbono. Estos gases tóxicos se liberan a medida en el que ocurre el incendio, se propaga, y se distribuyen en distintas concentraciones por el espacio, de acuerdo a la ubicación de los focos ígneos, y otras variables como posibles corrientes de aire y aberturas. La variación en las concentraciones de gases tóxicos a partir de dichos factores, impacta en los efectos que genera sobre las personas de acuerdo a su nivel de exposición. Así, no se afectará del mismo modo a una persona que esté al lado del foco ígneo que genera la emanación de gases, que a una que se encuentre en el otro lado del salón incendiado” (fs. 885vta./886).
El Tribunal analizó en detalle el estado de las puertas durante el desarrollo del siniestro en el pabellón 16 (fs. 886/893) y concluyó que la puerta de reja sindicada con el número 3 y 2 constituían la vía de escape más idónea para salir del módulo en el curso del incendio. Sostuvo que “…incluso en un primer momento, de haber mantenido las mismas abiertas, contener la salida de los internos por razones de seguridad en el patio del frente de los pabellones, tal como se hiciera con los otros internos que antes habían sido sacados por el personal penitenciario y que luego fueron trasladados. Es más, si se hubiese ordenado la apertura de la puerta del patio del pabellón antes de ingresar los penitenciarios al sector alojamiento, los internos podrían haber accedido al patio a respirar aire no contaminado”.
La señalada puerta dos –de estructura metálica- de acceso al pasillo desde la oficina de vigilancia, de acuerdo a los citados peritos Carrizo y Converso, estuvo cerrada en un primer momento “…exhibió el mismo patrón de humo negro que las paredes y luego fue abierta en forma perpendicular a 90 grados…”. Así, el A-Quo consideró que para que el humo negro no se adhiera a la cara interna del canto de la puerta, ésta debió haber sido cerrada antes de que dicho humo la alcanzara y, según el registro, ocurrió a las 23.31.40 hs., encontrándose abierta cuando arribaron los bomberos.
Respecto a la puerta tres, a través del cual se accedía al sector de alojamiento y se abría hacia afuera; los referidos especialistas no pudieron determinar si estuvo abierta o cerrada durante el incendio. Sobre la cuestión, el Tribunal consideró que puede responder a la estructura de reja. Agregó que, testimonios de los internos, dieron cuenta de que la misma estaba cerrada al momento de realizar el rescate de sus compañeros (vgr. Brandán Valez, Chaparro Cabral, Gamarra Aristiqui, González, Lasarte Palacios, Martínez, Minio, Flores Luján, Carrizo y Avila).
Además, ponderó las versiones de Amadeo, Fernández Cuello, Lucero, Olea Pérez, y Rolon –internos del pabellón 15- en tanto, con distintos matices, afirmaron haber escuchado y/o visto a las víctimas pedir auxilio en las rejas de las ventanas. Lo último, permitió al Tribunal inferir la imposibilidad de salir por el frente del módulo, aun encontrándose abierta la puerta de emergencia, en función del hallazgo de varios cadáveres junto a la puerta de reja, en los piletones, baños y duchas (ubicados en el sector de alojamiento, próximo a la reja).
Los Jueces detallaron aspectos relativos a las víctimas fallecidas y lesionadas. Participaron de las operaciones de autopsia los Dres. David Costi, Silvina Cabrera, Carlos Simondi, Nelba Liliana Curuchet, Fernando Palladino, Juan Luis Alsina y Marcela Lolito, pertenecientes a la Dirección de Policía Científica de La Plata; los Dres. Manuel De Souza e Sa y Emma Creimer practicaron reconocimientos médicos (cuestiones en extenso abordadas por los sentenciantes a fs. 897/906).
Para evitar repeticiones, sólo destacaré aspectos vinculados a la capacidad tóxica de los gases y el tiempo estimado de sobrevida. La Dra. Malabud, expuso que la intoxicación por ácido cianhídrico, puede existir una forma sobreaguda o fulminante; el cuadro clínico completo puede extenderse entre 30 a 50 minutos. De sobrevivir, el coma se prolonga por horas, pudiendo quedar secuelas permanentes. La especialista sostuvo que no tiene forma de determinar con certeza el tiempo promedio en que se produjo la muerte, sin embargo, avalándose en su experiencia, dijo que fallecieron en momentos diferentes, ya que no todos tuvieron el mismo tiempo evolutivo, teniendo en cuenta factores tales como la proximidad con el foco ígneo. “Por las condiciones en que ocurrieron los hechos, se estima que mucho más de media hora, como excepción, no pueden haber sobrevivido”.
A su turno, Ferrari y Nieto señalaron que: “…aunque existen incertidumbres propias del episodio, de acuerdo a experimentos y modelos institucionales, resultaría lógico pensar que las víctimas podrían haber quedado incapacitadas para trasladarse en un breve lapso (desde 30 segundos a 10 minutos).
Tuvieron acreditado que, frente a la existencia de la situación de peligro, se privilegió que no se produzca la fuga de los internos y, entonces, no se procedió a la apertura de la única vía de escape viable. Los magistrados entendieron que Fernández, y Montes de Oca tenían la capacidad de hacerlo. Por dicho motivo fue descartado cualquier otro incumplimiento del mandato de auxilio.
En el particular contexto contemplado desde el veredicto, como hiciera referencia párrafos antes, observo que, entre los agentes del servicio penitenciario, se distinguieron los que cumplían órdenes directas de las máximas autoridades de la Unidad Carcelaria y también quienes se abocaron a efectuar cursos de salvamento, distintos a la apertura de las puertas que, con independencia del resultado, en algún caso –ex anteresultó apropiada.
II a. Bajo la perspectiva de evaluación que propongo, analizaré la situación de María del Rosario Roma, cuestionada por la acusación, que constituyó el agravio exclusivo del recurso interpuesto por los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales.
De la prueba disponible, en particular de la que se produjo en el contradictorio, cuyo tenor no mereció objeciones de las partes, se desprende que María del Rosario Roma era jefa en seguridad exterior y, en su específico rol, dio órdenes al personal a su cargo (en lo atingente al ingreso armado al módulo B, a las funciones que tenían que ocupar una vez desatado el incendio, a la búsqueda de elementos de seguridad, entre otras), mandatos que difieren de los que corresponden a cualquier tarea de salvamento.
El Tribunal dio cuenta que la nombrada, en resguardo del derecho constitucional que le asiste, manifestó que era “…oficial de servicio a cargo de la guardia de seguridad exterior (…) que encontrándose en la oficina del Jefe de Guardia con el Jefe de Turno, Reimundo Fernández, escucharon el timbre de alarma que tiene en la oficina de control ante cualquier anormalidad, generalmente por algún hecho de violencia entre internos. En forma inmediata con el Jefe de Turno tomaron el armamento, que son escopetas 12/70 cargadas con munición anti tumulto, y se dirigieron al sector penal. Al llegar a la oficina de control les indican que fueran al sector módulos, al Pabellón 16. Al llegar ahí ya se encontraba Marti, encargado de turno. Pudo observar una reyerta entre prácticamente 20 internos, como si se estuvieran peleando dos ranchadas, lo que comúnmente se llama así en la jerga carcelaria”. (ver fs. 879/vta). En lo que interesa reseñar, de acuerdo a lo constatado en el acta de debate, la nombrada también expuso que: “…después cuando ya se produce la columna de humo (…) uno actuaba a propio criterio (…) tengo que actuar yo o quien sea, quien me de una mano. Fue todo muy caótico realmente. Las cadenas de mando yo creo que acá no existieron. Todos aportamos desde el guardia raso hasta la mayor jerarquía para que esto saliera bien (…) Nuñez fue a abrir el patio porque para nosotros era la única puerta que quedaba sin abrir (…) a pedido de la Fiscal Budiño y Lloret: ‘Concretamente como Oficial de Servicio esa noche ¿era la persona que le daba órdenes a la gente de la Guardia? - Al personal que estaba de servicio, sí, de la Guardia, …si’ (…) ¿Cómo fue la orden?: - Fuego a evacuar. Fueron gritos. No hubo una orden específica…” (fs. 303/312).
Entre los testimonios que sirvieron de sustento a la hipótesis de la acusación, destaco la versión que brindó Carlos Juan Gómez que, según surge del acta de debate, explicó que en la guardia del Penal se encontraban Roma, Perez y Villarreal, que una vez anoticiados sobre la existencia de un conflicto –por la activación de la alarma-, Roma munida con una escopeta se dirigió a la zona en cuestión. Dijo que, tanto de acuerdo a la jerarquía, como desde el plano fáctico, la nombrada era quien daba las órdenes (fs. 234/236).
Asimismo, según surge de la sentencia Gastón Alberto Rigo –efectivo perteneciente a la División Canes, de la Guardia Exteriorsostuvo que, en ocasión en que se encontraba en la guardia junto con Gonzalo Pérez, Eduardo Gabriel Villarreal, Mauricio Alejandro Giannobile y Rubén Montes de Oca sonó la alarma, se dirigieron a la oficina de control, para tomar conocimiento del sitio donde tenía lugar el disturbio, y fueron al módulo de las armas (vid fs. 879 vta.).
Manifestó en el juicio que “la jefa” en relación a la imputada, le refirió que se quede en la puerta del módulo con el perro, con el propósito de que nadie ingrese o salga del pabellón. Indicó que ingresaron sus compañeros y percibió disparos, hasta que en un momento escuchó ‘ingresen al perro’, por lo que lo hizo, mientras los detenidos los agredían, “…a la altura de la séptima cama, estaba todo cerrado, atrincherado. Gritan sus compañeros ‘terminó, vamos, salgan´ y los que no tenían nada que ver, que estaban adelante, se iban tirando al piso y los sacaban para afuera, dejándolos en el patio de ingreso (…) Después de que prenden fuego tuvieron que salir porque el humo les llegaba y se empezaban a marear. Fue uno de los primeros en salir del pabellón con el perro para que no muerda a nadie…” (fs. 881 y vta.). También fue Roma quien le dio la orden que vaya en busca de cartuchos.
En semejante sentido, Matías Martín Ballina –efectivo perteneciente a la Guardia Armada-, en lo que aquí interesa destacar, dijo que recibió la orden de parte de Roma de que espere afuera sobre la calle; ello puesto que iban a empezar a sacar internos, había que ir poniéndolos boca abajo en el patio y colocarles esposas. Sostuvo que cumplió la directiva.
No escapa a mi análisis que alguno de los testimonios valorados dieron cuenta sobre la situación caótica que ocurriera en la Unidad, una vez que comenzó el incendio en el pabellón 16, y señalaron que cada agente del servicio penitenciario se manejaba con autonomía; sin embargo, en su gran mayoría, reconocieron que María del Rosario Roma estaba al mando y particularmente le atribuyeron órdenes específicas: quién quedaba al cuidado de la puerta, cuándo ingresaba determinado agente, quién y en qué ocasión se buscaran municiones o elementos de seguridad, quiénes debían quedar al cuidado de los internos que retiraron del módulo, entre otras; órdenes compatibles en razón del rango que detentaba en la institución.
En definitiva, de las declaraciones ponderadas, sin hesitaciones, se desprende que Roma junto a Reimundo Fernández eran las máximas autoridades en el Penal, dirigieron el operativo armado, y tomaron decisiones tendientes a privilegiar la seguridad de la Unidad, en desmedro de la protección de la integridad física de los internos.
De lo hasta aquí expuesto, atento la jerarquía que tenía la acusada, en correspondencia con el rol asumido en el suceso, encuentro que colocó en peligro la integridad física de quienes tenía la obligación de cuidar, frente a la conocida situación de peligro existente en el interior del pabellón 16, realizó y ordenó comportamientos distintos a los debidos, teniendo la efectiva posibilidad de realizar conductas de salvataje. El Tribunal se inclinó por un estado de duda en favor de la acusada, sin embargo en el razonamiento la valoración hecha es insuficiente, pues soslaya importantes elementos de prueba disponibles, tal como reclama, en los motivos de agravio, la acusación.
Es posible observar que la resolución presenta los elementos probatorios, sobre los que se erige la estructura de la acusación, en forma parcial, pues priva de entidad a los testimonios ya examinados. En consecuencia, el razonamiento probatorio de los Jueces del Tribunal para absolver a María del Rosario Roma no puede convalidarse, desde que no encuentra sustento en la prueba producida. Según he adelantado, la capacidad de revisión -en el caso particular- se vio robustecida, lo que permite asumir competencia positiva; ello debido a la peculiar relación que se ha tenido con la prueba, - cuyo contenido no fue controvertido por las partes- y el acceso al soporte de la grabación del debate, lo que permitió una evaluación distinta a la que ordinariamente ofrecen otros procesos.
Atento las consideraciones expuestas, encuentro que asiste razón a la acusación, por lo que corresponde casar el veredicto absolutorio dictado respecto a María del Rosario Roma.
Adelanto que la nombrada será condenada en los términos requeridos por la acusación, esto es: como autora responsable del delito de abandono de personas seguido de muertes y lesiones (art. 106 apartados 2° y 3° del CP).
Asimismo, al no haber existido resolución respecto de las pautas que permiten individualizar la pena, en los términos del art. 372 del C.P.P., corresponde reenviar los autos para que se realice la cesura de juicio.
II b. Con relación a los motivos de agravio expuesto por la acusación sobre las situaciones de: Jorge Luis Marti, Juan Emiliano Santamaría, Carlos Busto, Gualberto Molina, Eduardo Villarreal, Juan Eduardo Zaccheo, Gonzalo Pérez, Mauricio Giannobile, Marcelo Valdiviezo, Marcos Sánchez, Juan César Romano, y Maxilimiliano Morcella; no habrán de ser acogidos.
De acuerdo a las intimaciones – excepto los nombrados Marti y Santamaría que tenían a su cargo funciones específicas: encargado de turno y encargado de pabellón, respectivamente-; encuentro que la circunstancia de sólo haberse comprobado la presencia de los imputados en el lugar, en los momentos iniciales –es decir cuando se tomó conocimiento de la pelea en el módulo B-, resulta insuficiente para tener por comprobadas sus coautorías responsables.
Aclaro que, en lo estrictamente probatorio, la Fiscal en su recurso expuso como motivo que el Tribunal omitió valorar –en sustancialos testimonios de los internos alojados en la Unidad 28; no obstante lo cual, para un mejor abordaje de la cuestión, párrafos antes he transcripto el alegato de la Dra. Budiño, oportunidad en la que luce detallada la prueba que sirvió de sustento a su pretensión.
La situación de Juan Emiliano Santamaría.
En concreto, al nombrado se le cuestionó abandonar su puesto de trabajo.
Según surge de la sentencia, Santamaría era el encargado de los módulos 15 y 16 “…escucha ruidos en el 16 y va hacia allá, observando una pelea entre internos, participando unos 15 o 20 aproximadamente. Que ve a uno herido bajo la axila sin saber quién era puesto que nunca se hacía cargo de ese pabellón. Llamó por teléfono desde la matera del 15 a la oficina de control y lo atendió una persona de sexo masculino. Hasta ahí estaba sólo, luego acuden Jorge Luis Marti y Gualdaberto Darío Molina y otro más, entre los que estaban el perro con su dueño” (fs. 879).
Siguiendo los lineamientos de la acusación, sirvieron de sustento las declaraciones de: Chaparro Cabral, Claudio Alfredo Rolon Aguilar, Emanuel Isaías Rodriguez, Mansilla Ulises, y Luis Julio Melgarejo. Sin embargo de la lectura del pronunciamiento y del acta de debate, no surge que las versiones de los testigos aporten algún dato vinculado al desempeño de Santamaría. Ello asi, excepción hecha de los solitarios dichos de Rolon Aguilar, quien aunque sin dar el nombre dijo que “…el encargado entró cuando empezamos a hacer quilombo nosotros para que vengan y abran la puerta; entró, agarró su mochila y salió corriendo, desapareció…”; los que están desprovistos de correlato con ninguna otra constancia reunida (vid. fs. 36, 42, 73/vta., 224/225 vta. y 887).
En definitiva, Juan Emiliano Santamaría se limitó a cumplir órdenes impartidas por sus superiores jerárquicos y, tal como surge del pronunciamiento, junto a la mayoría de los agentes del servicio e internos, recurrió al uso de matafuegos frente al siniestro, a pesar de su falta de idoneidad.
La pretensión de la acusación no tiene sustento en la prueba individualizada.
La situación de Jorge Luis Marti.
El Tribunal valoró la versión que prestara: “…se recepciona un llamado desde el sector denominado módulos A y B o pabellón 15 y 16, donde el encargado Santamaría le refiere que en el módulo B, habría una reyerta entre varios reclusos, por lo que seguidamente se hace presente en el lugar juntamente con personal de la guardia, los que se encuentran en la unidad como grupo de apoyo” (fs. 879 vta.).
Advierto como dato de relevancia en su comportamiento -según el relato de Gastón Alberto Rigo- que, junto a dos personas que no pudo identificar, abrió el portón del fondo del pabellón 16.
La señalada, constituye el despliegue de una conducta tendiente a evitar el resultado, es decir, un comportamiento de salvataje de los internos que aún estaban en el interior.
Del acta de debate se desprende que el nombrado Rigo expuso: “…había gente que iba y venía con matafuegos (…) de los que iban y venían con matafuegos ¿puede identificar a alguien?: - estaban todos en ese momento. Lo que querían era tratar de ayudar en algo. Tratar de abrir los candados del fondo porque cuando fue a llevar la cartuchería a mis compañeros que les faltaba también vi a gente por el fondo que ahí sí lo vi a Marti en el fondo./// ¿En qué momento va al fondo y qué es lo que ve?- Cuando estaba recorriendo el fondo y qué es lo que ve? – Cuando estaba recorriendo el muro por el puesto 11, que sería casi enfrente de los pabellones del fondo, vendría a ser de la parte de atrás donde están las jaulitas esas, veo gente que abrieron las puertas de atrás del pabellón de aquél. /// ¿Gente del Servicio?: sí. (…) Dijo que vio en la puerta a Marti ¿a alguien más vio que pueda reconocer?- no recuerdo /// ¿sabe con cuántas personas estaba Marti? : había dos o tres (…) primero se abre la del 16 y después la del 15 (…) al rato, una vez que se abre la del 16 van para este lado para abrir la otra porque ya el humo era demasiado /// ¿y en esa escena estaba Marti con dos o tres?: sí…” (fs. 248 vta./253) .
Atento las contradicciones que existieron entre los testimonios de los internos y las versiones del personal penitenciario, el A- Quo tuvo en consideración datos objetivos obtenidos de las grabaciones de las cámaras de seguridad e indicó que: “…es probable que se haya abierto primero la puerta de emergencia del módulo 16 y luego la del 15, o ambas casi en simultáneo, lo cual deja abierta la posibilidad de que hayan intervenido en la apertura de las primeras sólo personal penitenciario o éstos junto a internos…” (fs. 908vta.).
Recordemos que Quintana Ramírez logró salir con vida por la puerta del fondo del pabellón.
El testigo Ramiro Gastón Barragán –encargado de los pabellones 3 y 4- según dio cuenta el Tribunal dijo que un sujeto, a quien no pudo identificar, fue a buscar matafuegos al sector donde el deponente se encontraba (fs. 909/vta.). En el acta de debate, se dejó constancia que Barragán, sin individualizar a ningún personal penitenciario, sostuvo que colaboraban, retiraban internos. Quedó a cargo de los módulos que vigilaban Busto y Romano (fs. 220/223).
Asimismo Leandro Saúl Cabezas (fs. 223/224), refirió que fueron a buscar matafuegos y armas, sin nombrar a ninguna persona; Manuel Adrián Salto no hizo ninguna referencia a los agentes imputados, a excepción de Roma, en oportunidad de ser interrogado respecto de quien estaba por encima de su cargo (fs. 313vta./317vta.); Luis Julio Melgarejo refirió que vigiló a los internos y trató de que permanezcan en el piso (fs. 224/225vta.).
Como consecuencia de lo expuesto, la prueba en la que la acusación pretende sustentar su reclamo carece de entidad para alterar la decisión del Tribunal.
Con respecto a la situación de Carlos Busto, la versión rendida por Ramiro Gastón Barragán, a partir de la que la acusación construye su intimación, en ninguna ocasión lo menciona –testimonio que ya he analizado-. El resto de las declaraciones señaladas por la Fiscalía se tratan de los dichos de los coimputados (Roma, Santamaría, y Montes de Oca) aspecto sobre el cual me he expedido.
De igual modo, la imputación dirigida a Guadalberto Molina, carece de respaldo probatorio. Además del citado Ballina, Cristian Martín Llamas solo aportó datos sobre el comportamiento de Nuñez. El resto de las declaraciones también corresponden a coimputados (Roma, Fernández, Santamaría, Pérez, Villarreal y Romano).
Con relación a la situación de Eduardo Villarreal, el testigo Juan Carlos Gomez –evaluado en oportunidad de analizar la situación de María del Rosario Roma-, manifestó que en la guardia estaba - Villarreal- junto a Roma y Pérez (fs. 234). El testimonio de Rigo nada aporta sobre la intimación dirigida contra el nombrado Villarreal.
En lo atingente a la acusación formulada respecto a Gonzalo Pérez, se destacaron las versiones de Gastón Alberto Rigo –ya expuesta-; José Alberto Capelli, quien ninguna circunstancia dio sobre la situación del nombrado Pérez -fs. 255- y Alejandro Oscar Gondolbeu, encargado de la reja, quien de manera genérica expresó que pasaban en busca de matafuegos y, luego, elementos de sujeción (fs. 319 y 909vta./910).
Según los dichos Walter Ulises Mansilla, Maximiliano Morcella salió a ayudar, por lo que mal pueden ser invocados para fundar el reclamo de la acusación.
Respecto de Marcos David Sánchez, Juan César Romano y Juan Eduardo Zaccheo la imputación sólo se basa en las declaraciones de los coimputados: Roma y Molina.
Sobre los testimonios que respaldaron la imputación de Mauricio Alejandro Giannobile, las versiones de Rigo y Gómez -ya examinadas- ninguna referencia hicieron a su respecto.
Del mismo modo, el hecho atribuído a Marcelo Fabricio Valdeviezo, circunscripto a que aún podía hacer algo, carece de sustento probatorio, desde que el testimonio de Manuel Adrián Salto no respalda la pretensión.
Atento a las consideraciones expuestas, a mi modo de ver, en a contra de lo que sostienen las acusaciones -pública y privadas-, no se advierte defecto alguno en el razonamiento del Tribunal.
Del fallo cuestionado se desprende que los sentenciantes sustentaron en forma unánime las absoluciones en una de las repercusiones de la garantía de inocencia: el in dubio pro reo (arts. 1, párrafo 3°, CPP y 18, CN).
No hubo infracción a ninguna regla de la sana crítica en la aplicación del in dubio pro reo (arts. 106, 209, 210 y 373, CPP), sin que los argumentos utilizados en los recursos logren conmoverlos (cfr. TCP, Sala VI, c. 55.295, “El Bueno, Humberto Gabino ó Del Bueno, Humberto Gabino s/ Recurso de Casación”, reg. 186 del 30 de mayo de 2013, entre muchas otros).
III. Con relación al motivo de agravio común desarrollado por los Dres. Julio Ricardo Beley, en favor de Reimundo Héctor Fernández, y el Dr. Darío Saldaño, en representación de Rubén Alejandro Montes de Oca, en el que señalan que los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal vulneraron el principio de congruencia, al modificar en forma arbitraria la calificación, habrá de ser receptado.
Los Jueces entendieron que los nombrados Reimundo Fernández y Alejandro Montes de Oca resultaron coautores del hecho calificado como homicidio simple en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa (arts. 42, 45, 54 y 79 del CP.). Al respecto, en la sentencia expusieron que no compartían la calificación jurídica hecha por la Fiscal ni por los representantes de los Particulares Damnificados.
La transgresión, según postulan las defensas, radica en que la acusación, en las sucesivas etapas procesales de relevancia, calificó los hechos respecto de los acusados como abandono de personas seguido de muertes y lesiones, el Tribunal se apartó de aquel encuadre y condenó por homicidio simple y homicidio simple en grado de tentativa.
Para fundar su decisión, el Tribunal oral en la sentencia dijo que “[…] El delito de abandono de personas es un delito de peligro concreto pues exige para su configuración la puesta en peligro de la vida o la salud de otro por medio de la modalidad de exposición o abandono. Debido a que protegen el mismo bien jurídico, se relaciona con los delitos de lesión, tal es el caso del homicidio y lesiones (…) En el caso de autos, desde el punto de vista objetivo, al momento de quedar las víctimas encerradas en el pabellón con un incendio declarado, existía una situación de peligro concreto, un riesgo definido de muerte. La omisión de prestar el auxilio necesario (apertura de las puertas delanteras del pabellón), para evitar la muerte en dichas circunstancias desplaza la figura del abandono de personas, al homicidio simple, en este caso, con dolo eventual. Esta variación del encuadre legal es respetuosa del principio de congruencia y de la garantía constitucional de la defensa en juicio…” (fs. 941/vta.). Corresponde evaluar si se encuentra afectada la garantía de defensa, tal como lo reclaman los Defensores.
La cuestión radica en si hubo correlación entre la imputación y el fallo, por lo que deben realizarse algunas consideraciones preliminares.
Tal como lo expuse junto a mi colega de Sala, Dr. Daniel Carral, en la causa "Cardozo" 86955 del 9/5/2019: "La enfática consagración en el artículo 18 de la Constitución Nacional de la fórmula: "Es inviolable la defensa en juicio, de la persona y de los derechos", se ha definido en material procesal penal que comprende la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción penal contra el imputado y la de llevar a cabo todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del Estado o cualquier circunstancia que la excluya o atenúe. imputación: una hipótesis fáctica, que consista en la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, singular, de la vida de una persona, cuyo paso fundamental consiste en garantizar al imputado el derecho a ser oído, lo que se conoce como intimación.
La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan (v. Corte IDH, caso Fermín Ramírez vs.
Guatemala, Sentencia de 20 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 67).
La calificación jurídica puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los mismos hechos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. Es decir que el llamado "principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia" implica que ésta última puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación (Corte IDH, Íd.).
En sentido similar, la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que "Las particularidades del delito juegan un rol crucial en el proceso penal, desde […] la comunicación de aquéllas es cuando el sospechoso es formalmente puesto en conocimiento de la base fáctica y legal de los cargos formulados en su contra […]. El artículo 6.3.a) de la Convención reconoce al imputado el derecho a ser informado no sólo de la causa de la acusación, es decir, de los actos que supuestamente ha cometido y sobre los que se basa la acusación, sino también de la calificación legal dada a esos actos […]" (Cfr. Pelissier and Sassi v. France 25444/94, [1999] ECHR, párrs. 51, citado por Corte IDH, cit.)
Este principio, en consecuencia, se ve lesionado por todo aquello que en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, es decir, todo aquello sobre lo cual el imputado y su defensor no hayan podido expedirse y esta pauta hermenéutica decide en los casos concretos, toda vez que la infinita riqueza de elementos que cada uno de ellos contiene impide una definición a priori en términos abstractos (cf. Maier, Julio, B. J., Derecho Procesal Penal. Fundamentos, t. I, Del Puerto, Buenos Aires, 2004, 2da. ed., p. 568).
En términos generales, si bien en principio esta regla no se extiende a la subsunción legal de los hechos bajo conceptos jurídicos, dado que lo que interesa es el acontecimiento histórico imputado, como situación de vida ya sucedida (acción u omisión), que se pone a cargo de alguien como protagonista, del cual la sentencia no se puede apartar porque su misión es, precisamente, decidir sobre él (cf. Maier, op. cit., p. 569); debe reconocerse que un viraje brusco en el significado legal atribuido al accionar desplegado puede provocar situaciones de indefensión, dado que se trata de un parámetro orientador de la actividad probatoria...".
En el caso de autos, los imputados fueron intimados como autores del delito de abandono de personas seguido de muertes y lesiones y condenados por el delito de homicidio simple y tentativa de homicidio.
No es posible afirmar que se trate de los mismos hechos.
No se trata de una simple alteración de la calificación legal sino de una modificación sustancial del suceso imputado.
Más allá de la identidad espacial, temporal y de los intervinientes, la conducta atribuida contiene una variación esencial que se desprende del simple cotejo de los tipos. El relato del hecho efectuado por las acusaciones, no sufrió variaciones. La modificación de la significación jurídica, implican estructuras típicas disímiles- circunstancia que, pese a la afirmación hecha por los integrantes del Tribunal, provocó estado de indefensión.
En esencia, la cuestión medular se presenta en la consideración del riesgo creado al momento de la acción, si se mantiene aún con determinada indefinición, o está por completo definido como probable vía hacia el resultado.
El desplazamiento del abandono (por acción o por omisión) radica en que retira su protección cuando el peligro configurado (de muerte) ya es completamente concreto, directo, característico (arrollamiento por un tren a una persona que está en una vía), se está en la creación de un riesgo reprobado propio del delito de homicidio. En cambio cuando el autor expone a una persona o la abandona al momento en que los riesgos que pesaban sobre ésta, por la exposición o el abandono, se hallan aún indefinidos o en un grado más general o remoto, se estará en el ámbito del (mero) abandono de persona”. Asimismo, incluso si se interpreta que el peligro que exige el tipo legal del art. 106 del CP es concreto, para que exista delito de abandono, el peligro a sufrir por la víctima no puede estar concretado ya en forma inmediata al momento de la acción de abandonar, porque si sucede, se trata del riesgo propio del delito de homicidio o lesiones, abarcado con el dolo eventual en tanto el autor sea consciente de él, mientras que el riesgo del abandono tiene que ser abstracto, al menos al momento de la acción –sea colocándolo en una situación de desamparo, sea abandonándolo a su suerte-.
La sentencia, para no provocar indefensión, debe respetar el marco de las circunstancias fácticas efectivamente descriptas por la acusación, que constituye el hecho objeto del proceso en el debate. En Sircovich (31/10/06), S. 1798.XXXIX, la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó que "… esta diferencia teleológica, modifica necesariamente la significación jurídica penal de la acción, puesto que -cualquiera sea la posición que se tenga ante la teoría del dolo- todo acto humano, para ser punible, debe ser considerado también en su faz subjetiva. Al ser ambos aspectos, el objetivo y el valorativo, inseparables en una conducta típica, cualquier cambio significativo de uno de ellos arrastra al otro, distorsionando así la naturaleza de la imputación". "El cambio de calificación adoptado por el tribunal será conforme al art. 18 de la Constitución Nacional, a condición de que dicho cambio no haya desbaratado la estrategia defensiva del acusado, impidiéndole formular sus descargos" (Conf. "Zurita" 23/4/91 CSJN, fallos 314:333; "Acuña" CSJN 10/12/96, fallos 319:2959; "Martínez" CSJN 17/3/98 fallos 321:469). En definitiva, la garantía en cuestión se afecta cuando – como en el caso- el pronunciamiento judicial modifica la calificación de la acusación y el sustrato fáctico delimitado por el órgano acusador no contiene la descripción de elementos objetivos y/o subjetivos singulares del novedoso encuadre legal, circunstancia que descalifica la decisión.
Sin perjuicio de ello, corresponde analizar si los elementos probatorios reunidos en el proceso permiten tener por acreditadas la existencia del hecho en su exteriorización y la autoría penalmente responsable de Reimundo Fernández y Alejandro Montes de Oca, de acuerdo a los términos de la acusación Ello así pues, reitero, el objeto del proceso no sufrió alteración que genere perjuicio a los acusados, sino que el Tribunal decidió limitar los acontecimientos con relevancia jurídica –aspecto antes tratado, al analizar los recurso III a. El Tribunal de la audiencia tras sustanciarse la vista oral tuvo por acreditado que “Mediante la prueba producida en este debate, más la incorporada por su lectura por acuerdo de partes, se ha podido acreditar que siendo aproximadamente las 22:30 hs. del día 15 de octubre de 2005, se inició una pelea en el interior del pabellón 16 ó modulo B de Autodisciplina, emplazado en la Unidad Carcelaria N° 28 de la localidad de Magdalena, perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial.
A raíz de dicha pelea, el encargado del pabellón dio aviso a la oficina de control y se hicieron presentes en el lugar el encargado de turno, e instantes después el jefe de turno y la oficial de servicio con funciones de jefa de la guardia de seguridad exterior durante esa noche, ambos con personal a su cargo y de la División Canes, portando alguno de ellos, escopetas calibre 12/70, con munición antitumulto.
Previo a dar la voz de alto y a efectuar varios disparos de advertencia desde la puerta de reja que separa el sector de alojamiento de internos de la oficina de vigilancia –matera-, el jefe de turno –máxima autoridad en ese momento en la Unidad- dio la orden de ingreso al pabellón, distribuyéndose el personal antes mencionado en dos grupos, los que fueron avanzando uno por el sector de las camas y el restante por el corredor principal, a la vez que, quienes iban armados, fueron efectuando reiterados disparos. En esas circunstancias, algunos internos se tiraron al piso en forma inmediata, oportunidad en la que comenzaron a ser llevados hacia el exterior del módulo por el personal penitenciario, mientras que otros se dirigieron hacia el fondo del pabellón y frente al avance del personal interviniente que había llegado a la mitad del módulo y continuaban efectuando disparos, un interno inició un foco ígneo en el sector de la última cama emplazada en el lugar como respuesta al accionar de los agentes penitenciarios, el que se propagó rápidamente en su interior, produciendo - cuanto menos- dos nuevos focos.
Ante ello, los agentes penitenciarios se replegaron, llevando consigo a otros internos que se habían tirado al piso, salieron del pabellón y cerraron la puerta de rejas y la que divide éste sector de la oficina de vigilancia (matera).
Frente a la existencia del excesivo calor y humo reinantes, que rápidamente invadió el interior del pabellón, hubo internos que se vieron obligados a dirigirse hacia el frente de aquél, con la finalidad de salir por allí en razón de ser ésta la única vía de escape disponible en ese momento y ante la imposibilidad de hacerlo, comenzaron a pedir auxilio a viva voz, sin que el jefe de turno ni el encargado de la custodia de las puertas –últimos en salir del pabellón- procedieran a prestar la ayuda solicitada, pues mantuvieron cerradas las puertas de acceso arriba referenciadas, es decir, la de chapa y la de reja.
Que los internos que fueron retirados por el personal penitenciario quedaron bajo su custodia en el frente del pabellón, para luego ser trasladados al sector del césped circundante y finalmente, al patio de visitas, conocido como “pic nic”.
Que transcurridos algunos instantes, parte del personal penitenciario se dirigió hacia el sector trasero de los módulos 15 y 16, procediendo a abrir las puerta de emergencia de los mismos, desalojando a los ocupantes del pabellón 15. Por la puerta de emergencia del 16, sólo logró salir con vida Ángel Eduardo Quintana Ramirez, debido a que los internos que se habían trasladado a la parte frontal del pabellón debido al intenso humo y calor no pudieron regresar al sector trasero.
Ante los pedidos de auxilio que provenían del pabellón 16, algunos de los internos del 15 se dirigieron hacia el patio de recreo del 16 a fin de iniciar las tareas de rescate, mientras que otro grupo de internos se dirigió hacia los pabellones del 17 y 18 para que otros detenidos que estaban allí alojados ayudaran en las tareas de rescate de los internos del pabellón 16 que habían sido retirados por los agentes penitenciarios inicialmente (…)
No obstante la situación de peligro cierto y actual que corría la vida de las personas privadas de la libertad bajo su guarda y la obligación legalmente impuesta a los agentes penitenciarios de salvaguardar la integridad física de los mismos, éstos no abrieron cuanto menos la puerta delantera de chapa y reja –única vía idónea de salvataje- utilizada. Conforme surge de la materialidad ilícita descripta, la no apertura de la puerta de reja del módulo 16 –individualizada como Nro. 3-, fue determinante ellos para salir del lugar- teniendo la capacidad de hacerlo, conociendo los efectos tóxicos de los gases y elevado calor, causando de este modo, con su actuar omisivo el fallecimiento de...” (fs. 871/877).
Más adelante, se lee “…de todas las conductas descriptas e imputadas por la acusación, el Tribunal (…) en virtud del principio “iura novit curia” (“el juez conoce el derecho”), ha ponderado que sólo una de ellas, me refiero concretamente a mantener cerradas las puertas de reja y la que divide el sector de la oficina de vigilancia (matera) es la que se encuentra acreditada y resulta determinante del resultado…” (fs. 877vta.). Sentado el desarrollo del factum de imputación que se tuvo por probado, es dable destacar que las Defensas, en líneas generales, comparten y centran su objeción en la valoración probatoria efectuada por el Tribunal para comprobar la materialidad ilícita. Con distintos matices aseveran que el evento no sucedió del modo descripto en el veredicto. De la lectura de las impugnaciones traídas, surge que los planteos efectuados son –en su mayoría- una reedición de aquellos realizados en la instancia pero desechados con acabados fundamentos, sin que ahora logren contrarrestar con su crítica lo afirmado al respecto por el A Quo.
De todo lo dicho, surge que la mayor parte de las cuestiones plantedas por las defensas ya fueron objeto de tratamiento por el A Quo, quien evaluó sus pretensiones y las contestó (cfr. fs. fs. 45vta./56), por lo que insisten ante esta sede sin lograr alterar la decisión (v. Sala VI, c. N° 56.386, caratulada “BUSTAMANTE, Sergio Gustavo s/ Recurso de Casación”, sent. del 11 de octubre de 2013, reg. 453/13; c. N° 56.644, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación” y su acum., c. N° 56.647, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación interpuesto por part. damnif.”, sent. del 30 de diciembre de 2013, reg. 680/13, c. 58.518 “REQUITO, Alfredo Enrique s/Recurso de Casación, reg. 227/14).
La motivación o expresión de agravios es el razonamiento de censura que el impugnante formula contra la resolución cuestionada, sea para destruir sus premisas y conclusiones o para demostrar su ilegalidad y, por lo tanto, debe ser clara, precisa y específica (cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si la defensa prescindió de formular una crítica concreta y eficaz contra los argumentos desarrollados en la sentencia que cuestiona, el recurso resulta inidóneo para alterar la decisión.
Sentado lo anterior, examinaré la prueba que sirvió de sustento a los veredictos de condena.
III. b Situación de Reimundo Fernández.
Con base en el decreto ley 9578/80 normativa que regula el régimen del personal del Servicio Penitenciario, en armonía con las disposiciones internacionales que tratan la temática, el Tribunal aseveró que Fernández en su calidad de jefe de turno, se encontraba sujeto al deber de proteger la vida de los internos bajo su custodia.
El acusado ostentaba, al momento del suceso juzgado, la máxima autoridad a cargo de la Unidad, extremo respecto del cual depusieron Lemos, Campos, Montoya, y Rigo, como así también fue reconocido por el imputado en ocasión de prestar declaración; y en definitiva ello no fue controvertido por la parte.
Continuó el Tribunal y sostuvo que “Como tal, tomó intervención en el conflicto que se suscitó dentro del pabellón 16. En esa intervención fue uno de los tantos agentes penitenciaros en ingresar armados con escopeta calibre 12/70 al módulo, extremo que se encuentra acreditado mediante el listado obrante a fs. 271, fue reconocido por el imputado” y también por el citado testigo Rigo. (fs. 928/vta.).
Tampoco fue controvertida la injerencia que tuvo el acusado en el operativo llevado a cabo en el pabellón 16, desde su inicio hasta el repliegue; se trataba de quien daba las órdenes. Tal situación también fue expuesta por Fernández, como el hecho de haber sido el último agente que salió del módulo “…por razones que el propio imputado invoca: porque había entrado primero al sector de alojamiento y era el que estaba más al fondo del pabellón. Se replegó caminando hacia atrás por razones de seguridad quedando ante su vista el sector de alojamiento del pabellón y al salir, la puerta de reja Nro. 3…”. (fs. cit.).
El Tribunal Oral transcribió en extenso la declaración que rindió el imputado tanto en el marco de la IPP como en el contradictorio (fs. 223vta. y 228). Ahora bien, en lo que interesa reseñar, puso especial atención en el conocimiento que tenía Fernández de la situación de peligro. En efecto, con acierto, sostuvo que en ocasión en que tomó la decisión de retirarse, el incendio estaba en plena producción, en rigor, lo peligroso era el asfixiante humo.
El Tribunal dio cuenta de dos cuestiones que merecieron especial reparo: la relativa al mecanismo de apertura y cerramiento de las puertas –lo que incluye las llaves- y el estado de las mismas informado por especialistas. Tuvo en cuenta que la puerta Nro. 2, fue cerrada antes de que el humo llegara a la parte delantera del módulo, en virtud del patrón de hollín que fue revelado; concluyó que el imputado al momento de trasponer dicha puerta, después de haber dejado atrás la reja, no lo hizo envuelto en una nube negra como afirmó. Lo relativo al sistema de la custodia de las puertas y llaves, lo analizaré al tratar la situación de Montes de Oca.
He evaluado la evidencia objetiva ponderada por los sentenciantes al abordar los reclamos de la acusación; por lo que me remito a lo allí expuesto.
Por lo demás, consideraron que la coartada del acusado, en sustancia, que ordenó la apertura de todas las puertas, no fue corroborada por ninguno de los agentes penitenciarios que, de alguna manera, tuvieron intervención en el suceso.
En definitiva, el Tribunal concluyó que Reimundo Fernández tuvo efectiva posibilidad tanto de ordenar, al inicio del foco ígneo, como en su retirada la apertura de las puertas delanteras (n° 2 y 3); sin embargo no actuó. “…cuando se percató de que el peligro había tenido comienzo de concreción se encontraba en posición de garante y consecuentemente estaba obligado a actuar para impedir el resultado. Tuvo capacidad de acción necesaria para dar cumplimiento al deber emergente de su posición de garante. Es innegable el dolo del omitente cuando éste ha tenido conocimiento de las circunstancias que generan el peligro de producción del resultado y de su propia capacidad de acción…” (fs. 929vta./930).
La omisión de abrir la puerta de reja del módulo 16 – individualizada como Nro. 3- impidió la evacuación del pabellón. Lo propio ocurrió con la falta de apertura de la puerta de chapa anterior a la rejaindividualizada como Nro. 2-, al menos durante los primeros momentos en que se desarrolló el incendio. Dichas circunstancias impidieron que los detenidos utilizaran las únicas vías de escape idóneas para salvar sus vidas. Los Jueces atribuyeron el hecho a “…las dos últimas personas en salir del pabellón, quien se hallaba a cargo del operativo desde su inicio hasta su repliegue- y quien se encontraba –en la ocasión- a cargo de la custodia de dichas puertas. Ambos deben responder en carácter de coautores…” (fs. 922/vta. y 923).
Tal como he adelantado, los planteos efectuados por el Dr. Beley en el recurso, fueron desechados por el Tribunal, sin que sus argumentos tengan aptitud para desvirtuar los fundamentos de la sentencia. En lo atinente a los reclamos relativos al estado de la red contra incendios, el desvío clandestino de agua, y la ausencia de formación sobre tareas de índole rescatistas; el Tribunal, con acierto, sostuvo que si bien las circunstancias apuntadas por el recurrente tuvieron impacto en las menores chances de llevar adelante tareas de salvataje de las personas alojadas en el módulo, no impidió a los agentes penitenciarios replegarse y salir exitosamente del recinto; mientras que, por el contrario, los internos ya no tenían disponibles vías de escape. En otras palabras, atendiendo al hecho atribuido, el acusado abandonó a su suerte a los internos –incapaces de valerse por sus propios medios- cuando tenía la obligación de proteger su integridad física.
De otro lado, aun careciendo el imputado de conocimientos específicos sobre cómo organizar tareas de salvataje ante siniestros de tal magnitud, no puede soslayarse que la generación de focos ígneos constituye una usual modalidad de reclamo en las Unidades Carcelarias, por lo que se trata de una cuestión de sentido común. Con relación a la crítica sobre la valoración de los candados, el Defensor pasó por alto que el A-Quo explicó las razones por las cuales prescindió de valorar lo relativo a dicho elemento de seguridad (vid. fs. 890/vta.). Sólo efectuó como consideración que, en el contexto en que tuvo lugar el hecho, el cierre de la puerta de rejas resultaba suficiente para impedir la entrada y salida del pabellón.
Sobre el aspecto subjetivo, el Tribunal explicó que Fernández tuvo capacidad de acción para cumplir el deber que concierne a su posición de garante. Conoció las circunstancias que generaron el peligro, y las posibilidades de acción “…Ese dolo se pone de manifiesto cuando éste deja transcurrir los hechos sin actuar conociendo las circunstancias que fundamentan el peligro de la producción de la muerte y su posibilidad de evitarlo” (fs. 930).
Conforme he reseñado en los antecedentes de la presente sentencia, la Defensa distingue el comportamiento asumido por los internos que fueron retirados del módulo, por haber acatado la orden impartida por los agentes del Servicio Penitenciario, de aquéllos que decidieron agruparse en el fondo del recinto y prendieron fuego un colchón. Quedó comprobado que, algunos de los internos, a modo de protesta, iniciaron un foco ígneo, lo que fue el comienzo de la situación de peligro. Aun siendo ello así, y atento la existencia del hecho en su exteriorización atribuida, el incendio se erigió en la situación –externageneradora del deber de actuar. Frente a ello, se acreditó la posibilidad de cumplir con el mandato de auxilio definido por una relación específica que toma en cuenta al personal penitenciario como sujeto particular, a quien le incumbe el deber de conjurar, reducir o controlar el riesgo.
En función de lo hasta aquí dicho, la acreditada circunstancia de que el foco ígneo originado en el fondo del pabellón 16, haya sido producido por factores externos, y según los testimonios rendidos, adjudicable a uno o más de los internos, no explica –como pretende el Defensor- el resultado producido.
La autopuesta en peligro, importa un elemento negativo de la tipicidad, desde que se trata de la imputación a la víctima, sea por asunción del riesgo, dominio del mismo y/o por la capacidad explicativa de la impudencia.
Sin embargo el reclamo desatiende que la injerencia de las víctimas, bajo ningún punto de vista, releva del deber de actuar de las personas que estaban obligadas institucionalmente a velar por su integridad, conforme a la competencia de fomento que tienen, en la que, según lo anticipara, el deber surge porque el Estado ha fundamentado un poder jurídico especial sobre las personas alojadas, se trata de actividades en el marco de una organización estatal, por lo que debe ocuparse que esas personas gocen de la medida de protección y custodia propias de la concreta relación especial.
En suma, encuentro que los elementos probatorios valorados por los Jueces, permite comprobar los extremos cuestionados en el recurso, sin que los argumentos desarrollados por los impugnantes logren desvirtuar su entidad convictiva.
Concluyo que el Tribunal contó con prueba de signo cargoso sobre el hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena que, según lo fundara y tuviera por acreditado, fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales.
También es posible establecer que en la motivación de la sentencia se ha expresado el razonamiento, en sus aspectos fundamentales, que ha llevado a partir de las premisas que expusiera a la conclusión lógica, sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia ni advertirse arbitrariedad o absurdo.
La valoración de la prueba reconoce como límite a la arbitrariedad, en la exigencia de las libres convicciones, que reclama la ponderación de los distintos medios probatorios, con el desarrollo escrito de las razones que llevaron a dicha convicción sincera sobre la verdad, al examinar con sentido crítico aquéllos. En rigor de verdad, el fallo examinado constituye una unidad lógico.-jurídica, razonado y autosuficiente. III c. La situación de Rubén Alejandro Montes de Oca.
En lo que interesa destacar, el Tribunal ponderó la relevancia del manejo de las puertas en toda Unidad Carcelaria. Aspecto clave desde que –siguiendo su postura- existen procedimientos específicos que indefectiblemente deben prestarse con suma diligencia por parte de los agentes del Servicio Penitenciario, desde que obedecen a la seguridad con un doble objetivo, evitar la fuga de internos, y la personal de los agentes. un penitenciario que custodia la reja o puerta y es el encargado de su apertura o cierre…” (fs. 931).
En primer lugar, en consonancia con la documentación ingresada al juicio, el Tribunal consideró comprobado que el acusado se desempeñaba como guardia –con funciones ejecutivas y subordinadas-, prestaba servicio como centinela del muro de ronda, y pertenecía a la Guardia de la Seguridad Exterior de la Unidad 28. La noche en que tuvo lugar el hecho, acudió al pabellón 16 una vez anoticiado sobre la existencia de un conflicto.
Con base en los testimonios prestados por Lemos, Montoya, Aquino, Gondolbeu, y Gonzalez, entre otros, los Jueces entendieron que Montes de Oca asumió la responsabilidad de la custodia de la reja que separa la zona de alojamiento de la matera del módulo B. De acuerdo a las versiones rendidas en el juicio, el imputado estaba a cargo –en la ocasión- de la puerta, precisamente de la que habilitó la salida de veintitrés internos y agentes del servicio que intervinieron en el procedimiento armado, cuando se suscitó el conflicto entre los internos.
En otras palabras, asumió un específico rol y, con su intervención, incrementó el peligro como también obstaculizó posibilidades de salvamento eficaces, incluso de personas que, sin estar obligadas, se mostraron dispuestas a prestar auxilio.
Considero que, con acierto luego de analizar la prueba disponible, el Tribunal concluyó que en el desempeño de tal tarea, Montes de Oca tenía conocimiento del estado de la puerta una vez que emprendiera su retiro del pabellón 16 junto a Fernández.
Conforme señalara, los citados testigos explicitaron el modo en que se custodiaban las puertas frente a una situación de conflicto. En semejantes términos, dieron cuenta que: la puerta debe ser abierta por el encargado que tiene la llave del pabellón, resultando responsable del ingreso y egreso de los internos y de los agentes penitenciarios; el citado Gondolbeu dio mayores precisiones “…cada vez que hay un ingreso yo doy el paso y cuando pasaba la persona se cierra la reja. Cuando vuelve alguien a pasar se abre y así sucesivamente… la llave la conserva en mi mano. Es normal esa mecánica…” (fs. 931/vta.). Agregó la versión de uno de los internos del pabellón 16, González, en tanto dijo que recordó que cuando lo sacaron, advirtió la presencia de un agente encargado de la puerta, y según su percepción, fue el último que cerró la misma (fs. cit).
Observo que, en contra del reclamo del Defensor, las conclusiones arribadas por el Tribunal tienen sobrado sustento probatorio, a la par que se presentan razonables. Hasta aquí, distinto de lo argumentado por el impugnante, observo válidos los fundamentos expuestos por el Tribunal para justificar la decisión.
Tampoco considero que el reclamo sobre el procedimiento de incautación de las vainas, tenga incidencia en el hecho atribuído al acusado, ni en la autoría atribuida en el mismo. En rigor, se trata de una circunstancia con impacto en las características que tuvo el ingreso del personal penitenciario al módulo, donde se produjo inicialmente una reyerta entre los internos.
Por último, en lo que respecta al cuestionamiento sobre la decisión que tomó el Tribunal acerca del pedido de nulidad del alegato Fiscal; advierto –en primer lugar- que el recurrente se limita a esbozar su disconformidad, sin contrarrestar los argumentos expuestos al respecto; luego, conforme surge del pronunciamiento, los Jueces abordaron el pedido de nulidad como cuestión previa, de manera clara explicitaron que la queja vinculada a la lectura del alegato, en consonancia con la disposiciones del art. 368 del CPP, no determina la sanción la nulidad, además de no haber invocado el Defensor el perjuicio que le genera la irregularidad que señala (arts. 3, 201 –a contrario- ss y cc del CPP).
En definitiva, la conclusión del fallo, en cuanto afirma el extremo de la imputación aquí discutido, constituye la derivación razonada del derecho vigente y de las pruebas recolectadas en el proceso; no hubo, pues, infracción a ninguna regla de la sana crítica ni desconocimiento del in dubio pro reo (arts. 106, 209, 210 y 373, CPP), desde que la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad –frustrada–, no sólo no surge de los fundamentos que el A Quo expuso sino tampoco de los argumentos utilizados en el recurso.
Asimismo, el Defensor cuestiona la valoración de la escasa antigüedad en la institución de su asistido, como parámetro atenuante de la sanción; por entender que dicha situación tiene relevancia en la constitución del dolo eventual.
En la cuestión cuarta el Tribunal computó la circunstancia señalada por la defensa como circunstancia atemperante de la pena, en rigor – siete meses de antigüedad en el Servicio Penitenciario-. En primer lugar, el reclamo se circunscribe a que tal extremo debió valorarse como parte sustancial de la representación del dolo eventual; y precisó que el Tribunal no respondió cuál sería el propósito de proceder del modo que se le reprochó a Montes de Oca. Interpreto que el impugnante relaciona su queja con el planteo subsidiario de cambio de calificación por homicidio imprudente.
En rigor, la poca antigüedad del acusado en la institución, que puede suponer defectos en la instrucción recibida, en todo caso se vincularía con un error de prohibición –más específicamente con el aspecto relativo a la conciencia potencial de la antijuricidad-, y no con la configuración del tipo subjetivo de la infracción.
La sentencia pone de manifiesto de manera explícita el razonamiento para fundamentar los motivos por los cuales entiende que la conducta realiza el tipo doloso. Luego, visto el panorama de los hechos “ex post” es probable que nadie pueda pensar en la “mala intención” de causar el resultado finalmente acaecido. Esto es así, probablemente aún en los casos de las peores intenciones, dado que el análisis debe objetivarse “ex ante” y poco ha de importar “las malas o buenas intenciones” si el riesgo que entraña la conducta emprendida alcanza la magnitud para –también “ex ante”- pensar en una probabilidad de producción del resultado sin que el autor haya impulsado contra-factores para enervar ese riesgo.
Montes de Oca tenía bajo su órbita de competencia la vigilancia de la puerta –vía de escape por antonomasia idónea para salir del pabellón- y, cuando el incendio se tornó en peligroso, situación fáctica que el acusado conocía dado el lugar, y –entre otras cuestiones, las características del humo, como también la masiva retirada de todos los agentes penitenciarios- al egresar del recinto cerró dicha puerta.
Ese cuadro de circunstancias, que no tienen por qué ceñirse al momento mismo del incendio peligroso, y que puede extenderse a instantes previos, permite verificar la consciencia sobre extremos fácticos reconocibles y reconocidos en el caso concreto.
Conforme he analizado en el punto III de la presente sentencia - al abordar el principio de la congruencia-, sin entrar a considerar el acierto o desacierto de la hipótesis intimada por la acusación, el suceso fue definido como constitutivo del delito de abandono de personas seguida de muertes y lesiones. El riesgo cognoscible del tipo penal es más abstracto; de modo tal que el conocimiento de ese riesgo puede ser imputado con suficiencia, si se tiene en cuenta las proposiciones fácticas corroboradas, sobre las que se ha abundado en detalle en párrafos precedentes. El análisis del aspecto subjetivo de la figura penal, abarca un riesgo más lejano; la cuestión –entonces- transita por corroborar si se encuentra comprobado el conocimiento sobre la situación de abandono – respecto a la exposición a ese riesgo-. De acuerdo a lo señalado, e insisto, en consonancia con lo decidido en punto a la congruencia, el dolo no se vincula con el resultado. El dolo se refiere al abandono de las víctimas, y al peligro que corren en la situación en concreto.
El dolo de puesta en peligro significa, en su faz intelectual, la representación de la posibilidad de que se producirá un peligro de lesión al bien jurídico, y ello significa, a su vez, representación de la posibilidad de que se producirá una lesión. El dolo abarca el conocimiento de la acción típica, sea ésta como desamparo o como abandono, la relación de causalidad que existe entre la acción y la creación del peligro, y las circunstancias que fundamentan el peligro para la vida o la salud de las víctimas. En el caso de abandono propiamente dicho el autor debe conocer, además, la posición de garante que ocupa frente al bien jurídico -que tiene el deber especial de cuidado- y las características exigidas en el sujeto pasivo. Si el sujeto desconoce o tiene una falsa representación de dichos elementos, estaremos ante un error de tipo (Edgardo Donna. Parte Especial. Tomo 1, 4° Edición. Ed. Rubinzal –Culzoni, pág. 422 y ss).
Estimo que dado los factores que concurrieron de manera concomitante a su conducta, Montes de Oca pudo aprehender la situación imperante, esto es, contaba con la información necesaria y conocía el riesgo generado.
III d. En consecuencia, y por las consideraciones expuestas, el agravio dirigido a reclamar la figura penal prevista en el homicidio culposo tampoco puede prosperar.
De acuerdo he evaluado en ocasión de abordar el agravio relativo a la vulneración del principio de congruencia, el Tribunal, apartándose de la significación jurídica propuesta por la acusación, en forma sorpresiva, consideró que la calificación que correspondía asignarle al hecho intimado a Fernández y Montes de Oca es la constitutiva del delito de homicidio simple (treinta y tres víctimas) en concurso ideal con tentativa de homicidio simple (dos víctimas), en el marco de los arts. 42, 45, 54 y 79 del CP.
Reitero aquí que la intimación efectuada tanto por la acusación estatal, como particular –el objeto procesal materia del juicio- no resiste el encuadre legal decidido por el Tribunal. Insisto también que el recorte que efectuó el Tribunal respecto de la materialidad infraccionaria pretendida por la Fiscal, fue consecuente con el plexo de prueba reunido en el proceso y, desde allí, luce razonable la parcela que sobre el acontecimiento histórico tuvo por acreditado.
En función de las consideraciones expuestas, considero que Reimundo Fernández y Alejandro Rubén Montes de Oca, resultan autores responsables del delito de abandono de personas seguido de muerte y lesiones, en los términos que fuera pretendido por el bloque acusador (art. 106 in fine).
III e. Sentado lo anterior, corresponde abordar la cuestión atingente al monto de penas fijadas por el Tribunal.
Inicialmente, conforme surge del acta de debate, la Fiscal –con adhesión de los acusadores particulares- solicitó se le imponga a Reimundo Fernández la pena de quince (15) años de prisión e inhabilitación por diez (10) años para ocupar cargos públicos, y demás declaraciones de la sentencia; mientras que respecto a Alejandro Rubén Montes de Oca la sanción de diez (10) años de prisión, e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el términos de siete (7) años, accesorias, legales y costas del proceso (fs. 527).
El Tribunal, tal como se señalara en los antecedentes, en lo que interesa, condenó a los nombrados a las penas de veinticinco (25) años de prisión, e inhabilitación especial por diez (10) para ocupar cargos públicos, accesorias legales y costas; y mantuvo la sanción requerida por el bloque acusador de diez (10) años de prisión y siete (7) años de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos, y demás declaraciones de la sentencia, respectivamente.
No puede soslayarse que si el órgano acusador estimó adecuada la imposición de una determinada pena, la potestad de juzgar conferida por el Estado a los Tribunales de Justicia debe ejercerse de acuerdo con el alcance que fija la acusación, y dado que la pretensión punitiva constituye una parte esencial de ella, cualquier intento por superar aquella pretensión incurre en un ejercicio jurisdiccional extra o ultra petita. Tuve oportunidad de expedirme sobre el punto, entre otras en causa nro. 76.781, caratulada “Pérez, Matías Martín s/Recurso de Casación” (sentencia del 3/11/16), y 94.435 caratulada “Miño Adriel Leonardo y Gomez Rodrigo Leonel s/Recurso de Casación” (sentencia del 9/5/19), donde expresé que, con independencia de la clase de procedimiento de que se trate, al momento de fijar pena la jurisdicción tiene un doble límite, ya no sólo el derivado del principio de legalidad, sino a la vez el impuesto por quien esgrime la acusación.
La Constitución Nacional establece un programa liberal que reconoce la autonomía de las personas (art. 19, CN), consagrando un sistema de garantías protectorio de las injerencias estatales arbitrarias (arts. 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19 y 24, CN; sobre la noción del jurado como garantía del imputado, v. TCPBA, SALA VI, c. 71.912, López, Mauro Gabriel s/ Recurso de queja (art. 433 CPP) interpuesto por Agente Fiscal, reg. 37 del 04/02/2016). Esta idea es nuestro punto de partida.
El modelo acusatorio de enjuiciamiento es el que mejor se compagina con ese ideario constitucional ya que el acusado no representa, como sucede en el procedimiento de corte inquisitivo, un objeto de persecución, sino un sujeto de derechos colocado en una posición de igualdad con el acusador (cfr. MAIER, DPP, t. I cit., ps. 447 y 445). En efecto, la Constitución Nacional optó por un proceso penal abiertamente acusatorio (CSJN, in re Casal, considerando 15°) porque ella establece una tajante separación entre las funciones estatales de acusar y juzgar en los juicios de contenido político (cfr. entre sí los arts. 53 y 59, por un lado, y 114 inc. 5° y 115, por el otro), y porque prevé el juicio por jurados para causas criminales (24, 75, inc. 12, y 118), institución dicho sea de pasoincompatible con un modelo inquisitorial ya que implica un juicio necesariamente oral y público (para su comprensión de acuerdo a la ideología histórico-política de la constitución, cfr. MAIER, DPP, t. I cit., p. 777).
A mi modo de ver, resulta evidente que la Constitución supedita la realización del poder penal del Estado al desarrollo de un juicio previo en el cual las funciones de acusar y juzgar se hallan asignadas a distintos órganos estatales: ya dijimos que el diseño de los juicios de contenido político es una muestra cabal de ello, como también que resulta consustancial al juicio por jurados en el cual los ciudadanos, mediante su veredicto, deciden acoger o rechazar una acusación específica.
De hecho, la propia Constitución ha instaurado un órgano extra-poder con el cometido de promover la actuación de la justicia (art. 120, CN), persiguiendo y requiriendo la aplicación de la ley penal, y en aras de lograr que el proceso albergue un genuino diálogo, en el que las partes tengan amplia posibilidad de justificar sus pretensiones, percibiéndose a la decisión final como la conclusión que refleja el balance de las razones ofrecidas, de suerte que el juez deba mantener una posición equidistante entre aquellos intereses controvertidos (cfr. NINO, Fundamentos de derecho constitucional, 2002, p. 450).
Por lo demás, la Corte Federal intérprete final de la CN-, al precisar qué debe entenderse por procedimientos judiciales a los efectos del art. 18 de la Constitución Nacional, ha dicho que esa norma exige observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (CSJN, Fallos: 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557; entre otros), dotando así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base, en consecuencia, el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal (CSJN, Fallos: 234:270).
Entonces, si se afirma un modelo acusatorio formal en el sentido que la función investigativa y persecutoria representa una función pública aunque no atribuida al juzgador (v. ARMENTA DEU, Principio Acusatorio y Derecho Penal, 1995, p. 22), que por lo menos- la etapa de debate es oral y contradictoria, y si resulta una exigencia constitucional el reconocimiento del principio de bilateralidad, es elemental que el juez no procede de oficio”(ne procedat iudex ex oficio) y que, por tanto, allí donde no existe actor no existe juez (nemo iudex sine actore).
Es cierto que Tribunal y Fiscalía son escasamente distinguibles porque ambos representan al Estado en su función de control social, no obstante se diferencian formalmente: a uno se le encomienda la función de decidir, al otro en cambio la requirente (cfr. MAIER, DPP, t. II, 2003, p. 58), de tal forma se busca impedir que un mismo órgano absorba ambas funciones y ello implica que quien ejerce la acción mediante pretensiones concretas habilita la jurisdicción y al mismo tiempo la limita en cuanto no puede fallar ultra o extra petita, con lo cual queda claro que los jueces no pueden imponer una pena más grave que la requerida por la acusación porque su medida también puede ser objeto de confronte discutiéndose la incidencia y el alcance cuantitativo que cada factor ponderable tenga a la hora de individualizar el quantum punitivo. No puede perderse de vista que tanto al seleccionar la especie de sanción a imponer como en su extensión, en un sistema de penas relativas divisibles en razón del tiempo, en el que para determinar la pena dentro del marco penal se deben tomar en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes particulares de casa caso (art. 40, CP), trasmutar la cuantía concreta que cabe imponer como respuesta punitiva es una tarea difícil y que conlleva suma responsabilidad, porque si opera aquí la discrecionalidad todo el edifico que supone la teoría de la imputación, construido por la dogmática a efectos de lograr una aplicación lo más racional e igualitaria de la ley penal, se derrumba por completo; en el fondo, poco sirve un sistema de estructuras complejas de atribución si el efecto de plasmación carece de reglas.
En efecto, la denominada individualización judicial de la pena es –nada más ni nada menos- aplicación del Derecho sustantivo (realización del poder penal estatal) y, por esa razón, está limitado de antemano por las reglas garantistas del procedimiento. Dicho a modo de ejemplo: así como resulta necesaria la intimación previa por parte de quien desempeña el rol de acusador–Ministerio Público Fiscal y/o Particular Damnificado- para que una sentencia fije la responsabilidad penal de un sujeto en relación a un determinado hecho ilícito comprendido en aquélla, también la Magistratura se encuentra habilitada para valorar una circunstancia agravante a condición de que haya sido discutida en el juicio (art. 371 antepenúltimo párrafo, CPP; ídem juicio abreviado, art. 399, último párrafo, CPP), de allí que lógicamente debe existir una pretensión acusadora en tal sentido.
A partir de lo expuesto en último término, me pregunto qué sentido tiene que el legislador haya limitado a la jurisdicción al momento de ponderar agravantes, si cuando individualiza rompe con el esquema acusatorio de separación de funciones (exigido constitucionalmente y reconocido por la ley ritual bonaerense), arrogándose la potestad –siempre dentro del límite legal- de imponer una pena más elevada que la requerida por el Ministerio Público Fiscal o en su caso- por el particular ofendido. Si se lo analiza desde esta perspectiva, es evidente que ninguno pues, de lo contrario, la discusión o el debate previo–conforme lo estipulan los arts. 371 antepenúltimo párrafo, y 372 primer párrafo, CPP- constituirían un vano y trivial formalismo si la parte puede ser sorprendida por aquel juez que no se mantiene equidistante de la discusión que tercia.
El quantum punitivo forma parte de la pretensión acusadora, de suerte que puede ser objeto de discusión por parte de la defensa y cuya contradicción debe resolver el Tribunal sin posibilidad de extralimitarse más allá de los límites de lo solicitado por quien ejerce la función requirente (doctr. arts. 116 y 120, CN).
Por lo tanto, amén del respeto que cabe al principio de legalidad, por vía de una interpretación sistemática de la Constitución Nacional, los Instrumentos con igual jerarquía y del sistema de enjuiciamiento establecido por el legislador provincial, se impone otro límite a la Magistratura a la hora de fijar la pena en concreto, cual es la imposibilidad de aplicar una especie de pena más gravosa o un monto mayor a lo requerido.
Tal forma de proceder asegura, por un lado, la imparcialidad del Tribunal al estar limitado a decidir en los términos del contradictorio (CSJN, in re Amodio, considerando 12 del voto concurrente de los ministros Lorenzetti y Zaffaroni), de modo que–conforme la máxima fundamental del principio acusatorio, expresada en los aforismos latinos citados- la imputación no debe comprometer al tribunal que juzga, es decir, no debe partir de él, para conservar su imparcialidad y evitar toda sospecha de parcialidad, todo compromiso con la hipótesis acusatoria que conforma el objeto del procedimiento (cfr. MAIER, DPP, t. I, 2004, p. 554).
Resguarda, por el otro, el derecho de defensa del justiciable que impone que la facultad de juzgar debe ejercerse con el alcance que fija la acusación, siendo que la pretensión punitiva constituye una parte esencial de ella (CJSN, in re Amodio, considerando 16 del voto concurrente de los ministros Lorenzetti y Zaffaroni), y cuya base esencial reposa en la posibilidad de expresarse libremente sobre cada uno de los extremos de la imputación, lo que aclama la observancia del principio de contradicción (cfr. MAIER, DPP, t. I, 2004, p. 552), pues nadie puede ejercer una defensa eficaz si es sorprendido con una sentencia ultra o extra petita. Por último, se muestra fiel al sistema Republicano al magnificar el equilibrio de poderes (art. 1, CN), evitando que un mismo órgano del Estado concentre ambas funciones.
Llegados a este punto deviene necesario aclarar que respecto a Reimundo Fernández el Tribunal agravó la sanción excediendo lo requerido por el acusador.
De modo entonces, atento lo expuesto hasta aquí, en el pronunciamiento se aplicó una pena de mayor gravedad que la solicitada por el Fiscal. Tal como fuera expresado, al momento de fijar pena la jurisdicción tiene un doble límite, y en el caso en trato se apartó del impuesto por quien esgrime la acusación.
Nuestro ordenamiento positivo estipuló un sistema relativo, por oposición a uno de penas fijas, donde a cada tipo legal le corresponde un marco que refleja el valor proporcional de la norma dentro del conjunto y en el cual el Juez debe fijar cuál es la sanción adecuada al caso que se le presenta.
Este cuadro configura una escala de gravedad continua y de crecimiento paulatino, en la que el legislador establece todos los supuestos posibles, desde el más leve hasta el más grave que se pueda concebir, y el Juez debe ubicar cada una de las controversias sometidas a su conocimiento, procurando hacerlo en el segmento correcto (ZIFFER, Patricia, Lineamientos de la determinación de la pena, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, p. 37; y cit., c. N° 55.151, “ORQUERA, Hugo Darío s/Recurso de Casación”, sent. del 28 de mayo de 2013, reg. 171/13, entre muchas otras).
Dicha operación intelectual, por supuesto, no se encuentra exenta de dificultades y aunque estrecha considerablemente el espacio para la discrecionalidad, a través de la evaluación conjunta de los ilícitos, el grado de culpabilidad de los imputados con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 CP, no nos permite arribar a un monto con precisión matemática.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales”, en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).
Frente a todo lo expuesto, partiendo de la gravedad del hecho y su calificación legal (abandono de personas seguida de muertes y lesiones, art. 106 segundo párrafo del CP), el grado de participación de los encausado (coautores), la consideración de la falta de antecedentes, el buen concepto, y el excesivo tiempo de tramitación del proceso, como pautas atemperantes de la sanción, respecto de ambos acusados; y sólo en relación a Montes de Oca, el cargo que ocupaba y la escasa antigüedad que tenía en el Servicio Penitenciario; el cómputo como circunstancias agravantes de la pena: de la pluralidad de víctimas, la modalidad en que se produjeron las muertes y lesiones de los damnificados, la peculiar situación de vulnerabilidad de las víctimas, y la extensión del daño causado (ver fs. 934/935); estimo que por razones de economía y celeridad procesal corresponde asumir competencia positiva. Siendo ello así, considero que las penas requeridas por la acusación –a excepción de la pena de inhabilitación solicitada para Montes de Oca, a saber: la sanción de quince (15) años de prisión, e inhabilitación especial por el término de diez (10) años para ejercer cargos públicos, en relación a Reimundo Héctor Fernández, y respecto de Rubén Alejandro Montes de Oca la sanción de diez (10) años de prisión, más inhabilitación por el término de siete (7) para ejercer cargos públicos; se ajusta a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad y constituyen la medida1 de la culpabilidad del acto atribuido (arts. 40 y 41, CP).
Aclaro que, como dijera, en lo que concierne al tiempo de inhabilitación fijado respecto de Montes de Oca, el Tribunal fijó un monto menor al que solicitara la acusación. Sobre el punto no medió objeción de la acusación, la prohibición de la reformatio en pejus cuando no media recurso acusatorio tiene jerarquía constitucional y el dictado de una nueva condena no puede colocar al imputado en una situación peor que la que ya tenía con la anterior. Es decir, en los casos en que el acusado provoca por medio de su recurso la revisión del caso, la sentencia que de él resulte tiene el límite de la reformatio en pejus.
IV. Situación de Daniel Oscar Tejeda IV a. La defensa plantea como cuestión previa la prescripción de la acción penal. En ese sentido, propone determinados actos que –siguiendo su postura- tienen entidad interruptora (art. 67 del CP). Con acierto el Fiscal ante este Tribunal, Dr. Carlos A.
Altuve, citó la causa en la que me he pronunciado respecto a la capacidad interruptora del auto de fijación de la audiencia de debate (causa n° 79870 de la Sala III), a cuyos argumentos me remito.
No obstante tal doctrina, en una postura consensuada con mi colega de Sala, hemos considerado que en el caso se impone otro argumento.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana requieren de los Estados Partes la pronta adopción de providencias de toda índole para que nadie sea sustraído del derecho a la protección judicial, consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana.
El derecho a la tutela judicial efectiva exige evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos.
Por ello, son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos De acuerdo con las obligaciones convencionales asumidas por los Estados, ninguna disposición o instituto de derecho interno, entre ellos la prescripción, podría oponerse al cumplimiento de las decisiones de la Corte en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos.
Si así no fuera, los derechos consagrados en la Convención Americana estarían desprovistos de una protección efectiva (Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 4, párr. 144; Caso Bámaca Velásquez, supra nota 30, párr. 212; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 69, párr. 226. 72 Cfr., Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 5, párrs. 142 a 144; Caso Suárez Rosero. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párrs. 71 y 72; y Caso Genie Lacayo. Sentencia del 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 77. 73 Cfr., Caso Trujillo Oroza, Reparaciones, supra nota 30, párr. 106; Caso Barrios Altos, supra nota 3, párr. 41; y Caso Barrios Altos. Interpretación de la Sentencia de Fondo. (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de septiembre de 2001. Serie C No. 83, párr. 15. 74 Cfr., Caso Barrios Altos, supra nota 3, párr. 43. El pacta sunt servanda requiere que a las disposiciones de un tratado le sea asegurado el efecto útil en el plano del derecho interno de los Estados Partes 75 (infra 142).
Con ello, con base a la apreciación convencional de las disposiciones sobre derechos humanos –art. 5 de la CADH-, corresponde el rechazo del reclamo.
Semejante tesitura expuso, sintéticamente, el Dr. Altuve en el marco de la audiencia celebrada en los términos del art. 458 del CPP.
De acuerdo se ha delineado en la revisión hasta ahora efectuada, del pronunciamiento dictado por el Tribunal n° 5 del Departamento Judicial La Plata, el caso tiene aristas de inusitada gravedad, que trascienden el hecho objeto del presente proceso – el fallecimiento de treinta y tres personas alojadas en el módulo B de la Unidad Carcelaria de Magdalena-.
En otras palabras, las víctimas se encontraban bajo la custodia de una dependencia estatal, más precisamente del Servicio Penitenciario, que- en esencia- debía velar por la integridad física de los internos. Además, de ninguna manera puede soslayarse que existen investigaciones –todavía- en curso que involucran a personas con funciones en la Jefatura del Servicio Penitenciario.
Tampoco resulta posible escindir la responsabilidad del estado, puesto que el delito por los que fueron condenados los acusados se encuentra indefectiblemente vinculado en principio, y como hipótesis de mínima, a la falta de competencia de quienes debían proteger la integridad física de las personas detenidas.
Se ha señalado el deficitario estado edilicio de la UC, empero aquí merece especial reparo las condiciones de detención que padecían los internos, en especial, la cantidad de personas alojadas en el módulo B, como así también el inapropiado material de los colchones proveídos por el estado provincial. En este sentido, en el expediente fueron agregados informes confeccionados por la Comisión Provincial por la Memoria “sobrepoblación, hacinamiento y torturas en la UP 28 de Magdalena”.
El sustrato objeto de revisión de esta Sala, comprendió el acontecimiento que tuvo lugar durante la madrugada del día 15 de octubre de 2005, y –a un lado la autoría responsable atribuida a quien en ese entonces se despeñaba como director de la UC-, fueron sometidos a juicio, determinados agentes del Servicio Penitenciario.
De allí que, existen investigaciones abiertas, y – eventualmente- con impacto en ello, circunstancias que evidenciaron la vulneración y/o menoscabo de derechos vinculados con el respecto de la dignidad de los presos de la Unidad de Magdalena.
Conforme hiciera referencia, el art. 5 de la CADH se refiere al Derecho a la Integridad Personal, y en su inciso 2°se lee “Nadie debe ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
La Corte Suprema de la Justicia de la Nación, en las causas “Espósito, Miguel Angel, stcia. 23/12/04” y en “Pérez Galindo” stcia. 29/11/11, cumplió con lo ordenado en tal sentido por la CIDH.
Dicha interpretación se impone, con relación a la determinación de la vigencia de la acción penal respecto de hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, en tanto vulneran la Convención Americana de DH ( art. 5 del CADH –derecho a la integridad personal-).
Las particulares características del hecho, importa considerar de manera determinante la obligación del estado de extremar la investigación sobre asuntos y personas no sometidas al presente proceso, y que se erigieron en violaciones a los derechos humanos protegidos por la CADH.
En sintonía con lo dicho, el máximo Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, en causa P. 109447, stcia. 8/5/13 descartó que los hechos investigados configuren un delito de lesa humanidad, empero dejó sin efecto la decisión que había declarado prescripta la acción penal. La Corte entendió que los derechos humanos protegidos por la citada CADH exige un alto estándar que “…no se cumpliría a cabalidad de asumirse posturas hermenéuticas que conlleven al cierre de la investigación, como se ha resuelto en el caso”.
En el contexto, establecida la grave vulneración de derechos humanos, entonces se impone extremar la diligencia judicial en procura de la prosecución de la investigación, y eventual sanción de los agentes estatales involucrados.
La acción penal no habrá de ser declarada prescripta, de acuerdo al análisis efectuado, en esencia, habida cuenta la obligación del estado de agotar la investigación respecto de hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.
IV b. En los antecedentes de la presente sentencia, fueron desarrollados los agravios invocados por la defensa. Sintéticamente, el Dr. Ferreira entiende que la acusación es contradictoria, y en consecuencia vulnera el principio de congruencia y defensa en juicio; afirma que el encuadre legal decidido por el Tribunal provocó indefensión, por lo que brega por su nulidad. En un segundo orden expositivo, afirma inobservados los arts. 210, 367, 371 y 373 del CPP en lo que respecta a la materialidad ilícita que se tuvo por comprobada, y la omisión de cuestiones relativas a la habilitación de la obra; también asevera que se aplicaron de manera errónea los arts. 45 y 189 del CP. En subsidio entiende que corresponde calificar el hecho en los términos del primer párrafo del art. 189 del CP. De otro lado, considera que se descartaron, sin fundamento, principios de la imputación objetiva. Critica los baremos severizantes de la sanción contemplados y pretende se compute una circunstancia aminorante. Finalmente, cuestiona la medida de coerción impuesta y plantea la inconstitucionalidad del art. 371 del CPP.
En primer término, adelanto que no advierto contradicción en las hipótesis postuladas por la acusación. De las discusiones finales surge que fueron dos los hechos sometidos a debate; por un lado, el caracterizado por las transgresiones a las prohibiciones de no desamparar y no abandonar –de allí, la calificación propuesta por todos los acusadores: abandono de personas seguido de muertes y lesiones; mientras que, por otro lado, la violación al deber de cuidado –en cabeza de Tejeda-, en donde fueron indicadas con detalle la graves infracciones reglamentarias a cargo del nombrado.
El Defensor, siguiendo la línea que expusiera en su alegato y también en la réplica, afirma que la hipótesis que prevé segmentos omisivos y un nexo de evitación, impide de manera razonable la posibilidad de imputar objetivamente el hecho atribuido a su defendido.
Adelanto que el alegato de la acusación no presenta el déficit que señala el esmerado Defensor. Ciertamente, se tratan de dos tramos, que coadyuvan a la concreción del resultado y tienen distinta incidencia. El segundo hecho descripto se caracteriza desde el plano de lo fáctico por la inmediatez con el siniestro y así se circunscribió a los agentes del servicio penitenciario que prestaron servicio durante el turno noche del 16/10/05; mientras que el primero, se vincula con el incumplimiento de deberes a cargo del director de la Unidad (normativos) –relativos al estado y funcionamiento de dispositivos de seguridad-, que colocaron en un riesgo no tolerable a las víctimas. En suma, en el particular, se estableció la concurrencia de distintos riesgos.
Repárese en la estructura del organismo al que pertenecían los funcionarios públicos, y la normativa que rige la actividad. En el pronunciamiento se destacaron el Decreto Ley 9578/80 –Régimen del Personal del Servicio Penitenciario-, y el Reglamento Interno –RRSC6). Daniel Oscar Tejeda, revestía en la planta del Servicio Penitenciario Provincial la Jerarquía de Inspector Mayor, y la función de Director de la Unidad N° 28 de Magdalena –conforme resolución 2404/2005 del jefe del Servicio Penitenciario Dr. Fernando Díaz.
Respecto a las atribuciones del punto 13 de la citada resolución se lee “El Jefe debe dirigir, señalar los objetivos o el fin, proporcionar los medios y encausar la acción adoptando previsiones, impartiendo órdenes precisas, controlando y juzgando los resultados” (…) “20). Hará cumplir las leyes, reglamentos y órdenes y en casos excepcionales de tener que dejar de hacerlo, lo hará, asumiendo esa responsabilidad e informado a la superioridad las causas que tuvo para hacerlo”. Luego, sobre el modo de practicar el control, se establece “59) ejercerá su fiscalización mediante: Acción personal diaria, informes y partes de sus colaboradores e inspecciones y comprobaciones”.
Asimismo, los Jueces ponderaron la citada normativa en consonancia con las disposiciones internacionales, a saber: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Política, Los principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 23 de noviembre de 2011, en particular el considerando 84 “Fleury y otros vs. Haití".
De otro lado, en lo atinente a la competencia y eventual responsabilidad de las autoridades de la Jefatura del Servicio Penitenciario, encuentro que, con acierto, los Jueces consideraron que con meridiana claridad surge que conocían el deficitario funcionamiento de la red contra incendio que alimentaban los hidrantes instalados en los módulos por medio de las inspecciones que, por orden y con personal de la Secretaria de Higiene y Seguridad Laboral y la Dirección de Construcciones de la Jefatura del Servicio Penitenciario, llevaron a cabo en el lugar.
Sin embargo, el tratamiento de la cuestión excedió el objeto del juicio, a la par que se formalizó una investigación independiente. El control y fiscalización de la obra correspondía a la Jefatura del Servicio Penitenciario. El director de la Unidad, ejercía el control y fiscalización de las medidas de seguridad que afectan a los internos alojados, como también al personal penitenciario a su cargo.
El Defensor efectúa una minuciosa evaluación de las resoluciones ministeriales vinculadas con el procedimiento de adjudicación, ejecución, y fiscalización de las obras, de cuyo contenido se deprende la exclusiva responsabilidad de los funcionarios que la impulsaran. En el mismo sentido que he expuesto, compartiendo el temperamento del Tribunal, más allá de lo establecido por las resoluciones invocadas por el recurrente, lo cierto es que a Tejeda se le atribuye la inobservancia del deber de cuidado que rige en el ámbito de la relación donde se desempeña y, en consecuencia, la concurrencia de una serie de graves irregularidades, entre ellas: la información suministrada a la Jefatura, la conexión clandestina, falta de agua en los hidrantes, y las condiciones de alojamiento de los internos alojados en el pabellón.
Sentado lo anterior los intergrantes del Tribunal consideraron que “…en orden a la función y las obligaciones inherentes al cargo que detentaba, se encuentra absolutamente probado que Daniel Tejeda en su calidad de Jefe de la Unidad Carcelaria Nro. 28 de Magdalena se encontraba sujeto al deber de garantizar la evitación o neutralizar el riesgo de que ocurriera el incendio peligroso para la vida de los internos, definido típicamente por el art. 189 2do párrafo del CP, el que ocurrió el 15 de octubre de 2005. El cuidado de los internos residentes en la unidad –y con ello me refiero a su integridad física y seguridad personal- estaba bajo su inmediata y entera responsabilidad de Daniel Tejeda como Director de la misma; y en este sentido la evitación de que se produjera un incendio normativamente peligroso o en su caso la posibilidad de que declarado se pudiera controlar o extinguir, le estaba legalmente impuesto por su rol. De moto tal que la situación de riesgo para estos bienes jurídicos, creada por la conducta omisiva del imputado, excedió claramente los niveles de riesgo tolerables en materia de alojamiento y cuidado de internos que estaban a su cargo” (fs. 920vta./921).
IV c. Dado el tenor de los motivos de agravio, continuaré con el que procura la nulidad del encuadre legal asignado por el Tribunal. El Defensor, señala que vulneró el derecho de defensa.
El A Quo, adoptó el siguiente orden expositivo:
inicialmente transcribió la plataforma fáctica imputada por las acusaciones, tanto pública como privadas; respondió el planteo sobre la afectación al principio de congruencia deducido por la defensa; distinguió temáticas, a saber: ubicación y situación del módulo, descripción y estado de la red contra incendio, conexión clandestina, falta de agua la noche del 15 de octubre de 2005 en los hidrantes de la red contra incendio del módulo 16, y condiciones de alojamiento de los internos del citado módulo; y entendió comprobado que “…los internos alojados en dichas condiciones se encontraban expuestos de manera intolerable al riesgo de un previsible incendio peligroso que ponía en juego la integridad física y la propia vida de cada uno de los residentes del módulo 16 de Unidad Nro. 28 de Magdalena, pese a lo cual las autoridades del Servicio Penitenciario que conocían esta grave situación omitieron adoptar medidas para evitar ese riesgo típico y de este modo organizar el cuidado y seguridad de los internos a su exclusivo cuidado; peligro que se concretó en el incendio que lamentablemente ocurrió la noche del 15 de octubre de 2005” (fs. 871/vta.).
En la cuestión primera de la sentencia, el Tribunal explicó que el evento atribuido a Daniel Oscar Tejeda constituye el delito de incendio culposo agravado, en los términos del art. 189, segundo párrafo del CP, apartándose de la significación jurídica propuesta por la acusación. Sobre el punto sostuvo que dada la función y las obligaciones inherentes al cargo que ostentaba el nombrado, jefe de la Unidad, “…se encontraba sujeto al deber de garantizar la evitación o neutralizar el riesgo de que ocurriera el incendio normativamente peligroso para la vida de los alojados en el módulo 16 –altamente previsiblepermaneciendo no obstante indiferente a esta situación de peligro concreto; conducta esta receptada y sancionada por lo dispuesto en el art. 189 párrafo segundo del Código Penal…” (fs. 939/vta.).
Los Jueces, tras anunciar que no se vulneró la garantía de defensa -congruencia-, consideraron que la omisión en cabeza de Tejeda de realizar la conducta debida –en resumidas cuentas- no haber controlado el riesgo teniendo el deber de hacerlo por su específica posición de garante “…valorándolo normativamente equivale a la causación del incendio típicamente definido por el art. 189 del Código Penal que puso en peligro de vida de los internos, ocasionó la destrucción material de los elementos que había dentro del módulo como así también produjo la grave afectación de la estructura edilicia del lugar…” (fs. 940).
Ciertamente, la defensa formuló reparos de diversa índole respecto al juicio de subsunción efectuado.
Con respecto al reclamo vinculado con la afectación al principio de legalidad, deviene inoficioso, desde que la estructura típica intimada por la acusación acusador –tipo imprudente- se condice con la del delito por el que fue condenado: la figura penal prevista en el art. 189 apartado 2° del CP, que es un delito imprudente.
En efecto, Tejeda fue acusado por homicidio imprudente y sobre la misma plataforma fáctica, el Tribunal condenó al nombrado por el delito de incendio agravado por el resultado muerte. Ambas estructuras típicas no ofrecen diferencias –ni siquiera en el marco punitivo aplicable-. En rigor, con base en la misma estructura típica, los Jueces encontraron la conducta de un sujeto incompetente para la función y una relación de determinación o conexión casual con el resultado, que crea un riesgo distinto, pero que de ninguna manera se excluye con el generado por otros sujetos, obligados a una actividad de salvamento.
Con ello no puede receptarse el reclamo sobre afectación de la congruencia.
A partir de lo dicho, deviene inatendible el planteo de inconstitucionalidad; mucho más si se tiene en cuenta que no existe el tipo imprudente en los delitos de comisión por omisión (salvo supuesto de error invencible).
IV d. Sentado lo anterior, abordaré de manera conjunta el plexo probatorio y el juicio de subsunción efectuado por el Tribunal. El A Quo juzgó acreditado que “…para el día 15 de octubre de 2005 el sector “Módulos de Autodisciplina” de la Unidad 28 de Magdalena, puntualmente el Pabellón 16- contaba con una red contra incendios que resultaba indispensable presurizar para obtener el caudal y presión necesaria para hacer frente a la extinción de los focos ígneos que pudieran originarse en aquél, deficiencia a la que se sumó el desvío clandestino del flujo de agua a las instalaciones sanitarias, en virtud de lo cual, no circulaba por dichos hidrantes agua o al menos en la cantidad suficiente para cumplir su finalidad. No obstante estas irregularidades y frente a las obligaciones legales y estatutarias impuestas en razón del cargo que ocupaba, la máxima autoridad de la unidad omitió emprender acciones ante un sistema de seguridad siniestral inoperante manteniendo a los internos alojados en dicha condición, por cuanto en el rol de garante que su función imponía, incrementó de manera intolerable el riesgo en la integridad física de las personas cuyo cuidado tenía a cargo” (fs. 857/vta. y 858). preponderante con tal violación de cuidado. Entonces, la acción típica del delito imprudente está dada por la inobservancia del deber de cuidado que rige en el ámbito de la relación donde el agente se desempeña. En el tipo lo relevante es que el resultado distinto al final presupone un peligro prohibido previsible y evitable.
Más allá del abordaje efectuado, el Tribunal sostuvo que el hecho se corresponde con las previsiones del art. 189, 2° párrafo del C.P. Ciertamente, la situación típica estuvo dada por la constatación de una pluralidad de irregularidades en las que se encontraba estructuralmente la Unidad Carcelaria, que conjuntamente consideradas entrañaron el riesgo típico, consistente en la determinación de una probabilidad por encima de lo tolerado –riesgo no permitido- de no tener la capacidad exigida para conjurar o reducir los riesgos propios de un incendio. Ello importa un juicio normativo, con independencia del rol de otros actores, que infringieron su deber de aportar una prestación positiva.
Desde un enfoque netamente naturalista el incendio lo causó por lo menos un interno del módulo B y la atribución a Tejeda responde a criterios normativos, esto es, a un juicio normativo de imputación. Ello, claro está, sin considerar la intervención de otros agentes con injerencia en la toma de decisiones y/o supervisión, en principio debido a la coyuntura verticalista de la institución; cuestión sobre la que no corresponde que me expida.
Conforme señalara, el Tribunal analizó de manera exhaustiva cuestiones edilicias, poblacionales, y esencialmente el estado del sistema contra incendios (fs. 858/871). En lo que aquí interesa destacar, se comprobó que el módulo B era utilizado para el alojamiento colectivo de internos –sector denominado de autodisciplina- en el predio de la Unidad Penal N° 28. La obra fue adjudicada por contratación directa (Decreto N° 2688) a la empresa “G y C” construcciones S.A; el control de la ejecución de la misma fue llevado a cabo por personal de la Dirección de Construcciones y Mantenimiento de la Jefatura del Servicio Penitenciario. Con fecha 6 de enero de 2004 se recepcionó provisoriamente la totalidad de los módulos. En el correspondiente pliego de bases y condiciones, surge especificada la red contra incendio, las pautas de índole constructivas y cuestiones atingentes a la aprobación. Así, en función de las exigencias estipuladas en el pliego, al efectuase la entrega provisoria, se dejó constancia como obra faltante y/u observada –la aceptación de la red de incendio por autoridades de bomberos. El 8 de agosto de 2003 el ingeniero Noberto Martins Mogo, dejó asentado que la presión de los hidrantes era insuficiente para afrontar una emergencia de incendio. Entre los meses de noviembre y diciembre de 2003 se colocó una bomba centrífuga. Además, prestaron testimonio: Claudio Olivero, Miguel Moviglia, Rubén Julio Punte, José Ricardo Jacod, Leonardo Soulard, Gustavo Ivaldi, Gustavo Vallefín. Declaraciones que fueron ponderadas en extenso por el Tribunal, sin perjuicio de ello, considero de interés destacar que el 18 de junio de 2004, el nombrado Soulard inspeccionó los módulos y comunico al jefe del Departamento de Obras que se indicara a la empresa “G y C” se reiterara el reclamo del certificado de aprobación de la instalación contra incendios. El Tribunal concluyó que “…se encuentra debidamente acreditado que para el 15 de octubre de 2005 la red contra incendios destinada a los módulos de la Unidad 28 de Magdalena –más precisamente al módulo 16 o B- se encontraba sin la presión de la única bomba presurizadora que fuera colocada para el año 2004, y tres bombas instaladas para su reemplazo desconectadas, es decir la red solo abastecida con la presión de agua resultante de la caída del tanque general de la unidad” (fs. 866).
Como adelantara, los Jueces ponderaron la existencia de una conexión clandestina. A la falta de elementos de presurización para lograr la presión que exigía el pliego de construcción, se sumó una derivación clandestina para el uso de los sanitarios. “…el magro caudal de agua que alimentaba por caída del tanque de agua general de la unidad se encontraba significativamente disminuido por esta derivación” (fs. 466/vta.). En la resolución se valoraron los testimonios de los citados Moviglia, Tedesco, Olivero, Vallefín y LLanes. Advierto que no medió objeción sobre la cuestión, por lo que sólo daré cuenta de los dichos de Olivero “…la última parte del tanque nunca se debe utilizar. Ese es el reservorio de incendio que es exclusivamente para la red de incendio. Si lo utilizo para otra cosa corro el riesgo que justamente cuando lo estoy utilizando y se me acabe no tenga agua para extinguir un foco ígneo” (fs. 867vta.).
En definitiva, se comprobó que el adecuado caudal, y la suficiente presión de agua en los hidrantes de la red contra incendios, era el mecanismo idóneo para combatir el fuego dentro del pabellón.
La falta de agua, previsible según lo analizado, ante el fuego declarado en el módulo, se trató de una circunstancia expuesta de manera contundente por la mayoría de los testigos que tuvieron algún grado de intervención en el suceso (Víctor Flores Luján, Julio Cesar Brandan Valdez, Pablo Eduardo Lasarte Palacio, Edgardo Daniel Chaparro Cabral, Sergio Gabriel Fernández Cuello, Roberto Luis Ferreyra, Fabián Fernando Salomón, Daniel Anibal Alaniz González, Oscar Darío Martínez Quiroga, Néstor Facundo Lemos, Sebastián Hugo Adrián Kornuta, entre otros) , en tanto describieron que, al intentar usar los hidrantes, advirtieron la escasa o nula existencia de agua en la red.
El Tribunal agregó, a las gravosas deficiencias señaladas, las condiciones de alojamiento de los internos del pabellón 16. Al respecto, tuvo en consideración el informe confeccionado por la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires –ingresado por su lectura al juicio sin mediar objeciones de las partes-, como también los relatos rendidos por Carlos Castrovinci, Néstor Fernando Lemos, Gustavo Gabriel Campos, José Ricardo Jacob, Rubén Julio Puente, Luis Alberto Aquino, y Juan Santo Gamarra Aristiqui; en tanto respaldan y, en algún caso, brindan precisiones sobre el punto.
A partir de la prueba señalada, encuentro de interés destacar determinados aspectos que estableció el A Quo:
- sobrepoblación carcelaria (al momento del hecho la Unidad alojaba a 1046 detenidos pese a que tenía capacidad aproximada para 800);
- los incendios de colchones como forma de protesta;
- deficiencias edilicias constatadas por una delegación del comité contra la tortura, el 13 de octubre de 2005 en el pabellón 6;
- no fueron tomadas medidas alternativas frente a la falta de agua, mientras se gerenciaban las obras requeridas.
Con acierto el Tribunal afirmó que las condiciones de riesgo de incendio se potenciaban en razón de elementos existentes en el módulo, esencialmente, colchones de poliuretano, prendas de vestir de los internos, frazadas y el elevado número de personas que alojaba.
Los Jueces encontraron comprobado que el acusado, no obstante las irregularidades constatadas (esencialmente: deficitaria red de incendios cuya presurización era indispensable y el desvío clandestino del flujo de agua a instalaciones sanitarias), frente a las obligaciones inherentes al cargo que ocupaba, comunicaba trimestralmente a la Dirección de Seguridad, Departamentos de Materiales, División de Armamento de la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial, que la red contra incendios de los pabellones de autodisciplina funcionaba correctamente, es decir, en su rol de garante, incrementó de manera intolerable el riesgo de lesión a la integridad física de las personas cuyo cuidado tenía a su cargo. (ver fs. 916). En lo que respecta al conocimiento de la situación típica, el juicio de subsunción está estrechamente vinculado a la determinación de la violación de un deber de cuidado, implícito en el reproche de un delito imprudente como el que determinó la acusación, el patrón común que se desprende revela la ausencia de toda actividad por parte de los órganos competentes de control estatal (objeto de una investigación distinta). La situación que imperaba en la Unidad resultaba plenamente cognoscible para el funcionario acusado. Parte de su deber de obrar diligentemente en el ejercicio de su cargo era, justamente, arbitrar los medios necesarios para informase al respecto. Alcanza que el conocimiento sea potencialmente accesible, tal como lo exige el cuidado debido. Entonces, resulta suficiente para el reproche el haber estado al tanto de la problemática, esto es, del nivel del riesgo absolutamente inaceptable en el que funcionaba y, a pesar de eso, no haber obrado diligentemente en el marco de sus atribuciones, responsabilidades y posibilidades.
El próximo paso analítico es analizar si el director de la Unidad se encuentra sujeto al deber de garantizar la evitación o neutralización del riesgo de ocurrencia del resultado típico, por encima de lo tolerado socialmente. Tejeda conforme quedó acreditado ostentaba tal posición, esencialmente sobre la base de los deberes impuestos en virtud de la normativa orgánica.
La discusión sobre las posibilidades materiales de las que disponía para desarrollar sus tareas y cumplir con sus obligaciones, carecen de relevancia en la determinación de una posición de garante, cuyos fundamentos la defensa no ha logrado rebatir. No se afirma que no realizara ninguna actividad incumpliendo deliberadamente alguna norma, sino que lo que determinó el Tribunal es que en su accionar fue negligente puesto que, a pesar de resultar un tema sensible y prioritario, no le dio el tratamiento que merecía, según parámetros de importancia reconocidos. Ya definidos los deberes infringidos, crearon un riesgo jurídicamente desaprobado. El riesgo al cual estaba sometido el bien jurídico, hubiera podido ser conjurado mediante una conducta realizada con observancia de los reglamentos y deberes a su cargo. El riesgo que surge de los incumplimientos en los que incurrió el imputado, cuyos deberes estaban previstos normativamente como garante institucional, son aquéllos que se materializaron en el resultado.
En definitiva, los fundamentos del Tribunal –que han permanecidos enhiestos-, lucen razonables y adecuados a las constancias de la causa, para tener por acreditado que Tejeda contaba con capacidad individual en la coyuntura para llevar adelante la conducta debida y, aun así, omitió hacerlo, en infracción a los deberes a su cargo.
Por lo demás, en relación a la capacidad de funcionario para ajustar su comportamiento a derecho, más allá de no contar con todos los insumos y la cantidad de personal ideales, los recursos a su disposición - humanos y materiales- eran suficientes para afrontar las tareas y en concreto la conducta debida.
Los argumentos utilizados por la defensa, en forma sintética: la premisa sobre la cuestión de competencia, con reducción de la infracción al deber de cuidado al desempeño del acusado como director de la Unidad, encuentro que no se hacen cargo que los sentenciantes dieron cuenta que se contó con respaldo probatorio, con fundamento en la violación de los deberes que sujetaban a Tejeda en virtud de su designación como director.
De acuerdo he analizado párrafos antes, el Tribunal consideró que la omisión de realizar la conducta debida por el acusado, importó la creación de un riesgo no permitido de incendio (típicamente relevante en los términos del art. 189 del CP).
El punto de partida de esa conclusión se basó en que los casos de creación de un riesgo jurídico penalmente relevante, como consecuencia de no haberlo controlado, existiendo el deber de hacerlo, equivale normativamente a su creación. Esto es, se trata de quien debió controlar y comunicar el estado y funcionamiento de la red contra incendio, no observó el cuidado debido en su ámbito de competencia y, en términos normativos significó una creación de riesgo penalmente relevante que, a su vez, fue el riesgo que se realizó en el resultado típico –incendio peligroso-. El Tribunal entendió que la incriminación a Tejeda no se fundó únicamente en su deber de control de que la institución cumpla las exigencias reglamentarias de habilitación, incluyendo la certificación habilitante de la situación estructural del predio. Su deber en el ejercicio de la dirección de la Unidad en el ámbito aquí relevante, se extendía a la fiscalización de las condiciones edilicias en que funcionaba cotidianamente y que, como correctamente se destacó en el fallo, condujo a verificar la pluralidad de infracciones en las que éste incurría de manera sistemática y sostenida.
Esas infracciones –sobreocupación del lugar, colchones, material tóxico, estado de los matafuegos, falta de caudal de agua, bomba presurizadora, conexión clandestina-, confluyeron en la situación típica prevista en el art. 189, 2° párr. del CP. Todas las graves infracciones reglamentarias, están vinculadas con la elevación del riesgo de incendio peligroso para la vida por encima de lo permitido. Era competencia del funcionario público fiscalizar de modo apropiado las mismas.
Los deberes a su cargo fueron incumplidos y dicha circunstancia es, precisamente, aquello que explica – al menos en parte, pero de manera adecuada a las exigencias del tipo – la producción del resultado.
La institución supone un abanico de riegos. Las disposiciones legales tienen por objeto mantener esos riesgos dentro de los márgenes tolerables. Las normas que determinan esos deberes de cuidado tienen por fin evitar la realización de un peligro como el que finalmente ocurrió; su cumplimiento hubiera evitado el incendio y los consecuentes resultados. Las condiciones sobre las que me he referido párrafos antes, fueron determinantes en la concreción de ese riesgo, no existen dudas acerca del nexo de imputación entre la violación al deber de cuidado y el resultado finalmente ocurrido.
Con independencia de las diferentes clases de responsabilidad que puedan haberse producido en el ámbito administrativo, su evaluación en términos penales requiere establecer la competencia que expresamente tiene atribuida cada funcionario. Pero, además, es el principio administrativo de especialidad de la competencia el que confirma ello, pues establece cuál es la función primaria de cada órgano y se vincula con los objetivos y facultades inherentes que fundamentan la creación específica del mismo (Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, 7 ed. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002, p 279).
Entonces, la responsabilidad de Tejada se analizó a la luz de las atribuciones que tenía en función de su jerarquía. Ciertamente, la organización administrativa se integra generalmente en base a una estructura piramidal, en cuya cúspide se ubica el órgano superior, constituyéndose, además por un conjunto de escalones jerárquicos cuyo rango decrece a medida que se alejan del órgano superior.
Critica el impugnante el modo en que el Tribunal abordó y descartó los planteos vinculados a los principios de la imputación objetiva, en tanto consideró que la omisión de neutralizar, o reducir el riesgo inherente a la situación típica a cargo de Tejeda, no está alcanzada por los principios de confianza, ni prohibición de regreso. Fundó su postura en que la posición de garante en la órbita del deber específico, no admite aplicación de los criterios propuestos por la parte.
No corresponde la aplicación de los criterios en los términos pretendidos por el impugnante. Dichos criterios –entre otrospermiten establecer si a la acción u omisión definida como relevante, puede atribuírsele el resultado.
Con relación al principio de confianza, el impugnante insiste en centrar de manera exclusiva responsabilidad a la Jefatura –en tareas correspondientes a la obra-, en tanto sostiene que Tejeda era ajeno a ese ámbito de organización.
La defensa parte de una premisa errónea, desde que no le fue atribuido al acusado la fiscalización de las obras, sino lo que informara a la Jefatura (el correcto funcionamiento), la ausencia de caudal y presión de agua, y su desvío clandestino; controles que sin hesitaciones se encontraban bajo su órbita de competencia.
De otro lado considero que, en contra de la afirmación hecha por el Defensor, las normas cuya infracción se imputan a Tejeda, protegen sustancialmente la integridad física de los internos alojados bajo su custodia, como también del personal penitenciario a su cargo.
En el caso, sin perjuicio de la generalidad de la normativa, no puede desconocerse –de acuerdo ya he hecho referencia- al incendio como modalidad corriente de reclamo por parte de los internos. La normativa que vela por la protección de las personas privadas de su libertad, en el caso en particular, encuentra vínculo con la evitación de incendios. Subrayo aquí que no puede ampararse en el principio de confianza quien tiene funciones de controlar el correcto funcionamiento del establecimiento – justamente lo que se le imputa-.
Por último, en lo que respecta a la autopuesta en peligro, advierto que en la coyuntura, el dominio que tuvieron el o los internos que iniciaron el foco ígneo -con motivo del reclamo ante el procedimiento desplegado por parte del personal penitenciario-, de ningún modo tiene capacidad explicativa del resultado como pretende la defensa. Ni siquiera se percibe la existencia de un conflicto respecto a la explicación del resultado, en el que compitan el director del Servicio Penitenciario y los detenidos en el pabellón 16.
En consecuencia, desde mi visión los reclamos de la defensa no prosperan.
IV e. Con relación al cuestionamiento de las agravantes computadas por los sentenciantes y la falta de consideración de una pauta atenuante: la conducta asumida por Tejeda al arribar a la Unidad, debe inicialmente establecerse que el Tribunal valoró las siguientes circunstancias agravantes de la sanción:
“…la pluralidad de víctimas cuyas vidas fueran puestas en riesgo”.
“…la peculiar situación de vulnerabilidad de las víctimas.
La condición de encierro corporal las torna particularmente vulnerables y ese concepto está plasmado en las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad…”
“…la extensión del daño causado, pues cabe recordar que varios de los internos que declararon como testigos en el debate recordaron los hechos con una gran carga emotiva, evidenciando las secuelas psicológicas que al día de hoy aún persisten.”
Asimismo, los Jueces decidieron no ponderar como baremos severizantes: al cargo que ocupaba Daniel Oscar Tejeda y la modalidad de muerte sufridas por los damnificados.
En contra de las críticas efectuadas, es ajustada a derecho la decisión del Tribunal, que fundamenta adecuadamente la contemplación de las pautas agravantes de la sanción, de acuerdo a lo establecido en los arts. 40 y 41 del C.P.
En el caso, la cantidad de personas puestas en riesgo (particularmente las alojadas en el pabellón 16), se erige en un factor que, con independencia de la significación jurídica del hecho, impacta en la dosificación de la sanción. El número de internos alojados constituye un tema de injerencia del director del establecimiento.
Tampoco asiste razón a la defensa, en cuanto plantea la vulnerabilidad de los damnificados pues carece de vinculación con las pautas previstas en los incs. 1 y 2 del art. 41 del CP. Además de lo expuesto, no puede soslayarse que se relaciona con la diligencia que se reclama a los funcionarios públicos en la custodia de las personas privadas de la libertad, justamente por encontrarse ostensiblemente disminuidas sus propias posibilidades de protección.
Con respecto a la denunciada falta de prueba en torno a la extensión del daño causado; considero que las declaraciones de las personas alojadas en el Unidad de Magdalena, esto es, de quienes de alguna manera intervinieron y/o percibieron el siniestro; satisface los recaudos probatorios para contemplar la extensión del daño y, en suma, acertada su consideración como circunstancia agravante de la sanción. Por último, corresponde confirmar la decisión que adoptó el Tribunal de desechar la pauta atenuante de la pena propuesta por la defensa.
Tuvo por acreditado que Tejeda, al arribar a la Unidad, impartió expresas órdenes de que cesaran los disparos desde el muro perimetral y efectuó gestiones tendientes a culminar con el estado de alteración generalizado. Ahora bien, la conducta asumida por Tejeda era propia de su función como director del establecimiento; además, encuentro que ninguna de ellas se relaciona con el hecho concreto que se le atribuyó. Corresponde evaluar la crítica del impugnante sobre el monto de pena impuesto a Daniel Oscar Tejada, por tratarse del máximo legal.
El sistema general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal Argentino -de penas relativas-, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, sólo permite evaluar si las reglas seguidas cumplen con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico–racional del proceso de decisión (Conf. Sala I TCPBA, causa "Valant" del 14/8/2018; "Carleo" del 21/2/2018; “Manzo” del 5/5/20).
No existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena.
En tal sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que: “...Si lo que la defensa pretendía era que además de ello, la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna...” (SCBA P. 125.464, del 22/12/15, entre otras).
La evaluación conjunta de los ilícitos, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, no permiten arriba a un monto con exactitud matemática.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales”, en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).
Con lo señalado, la pena de cinco (5) años de prisión, e inhabilitación especial por el término de (10) diez años para ocupar cargos públicos, accesorias legales y costas del proceso, por encontrarlo autor responsable hecho constitutivo del delito de incendio culposo agravado (art. 189 segundo párrafo del C.P) impuesta a Daniel Oscar, no se advierte que sea desproporcional ni carente de fundamentación.
Frente a todo lo expuesto, el monto de la pena debe mantenerse como fuera establecido en la instancia, pues partiendo del hecho y su calificación, así como el grado de participación que le cupo al imputado, el quantum impuesto se ajusta a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad, constituyendo la medida de la culpabilidad de los actos atribuidos (arts. 40 y 41, CP).
IV f. El Defensor cuestiona la medida de coerción impuesta a Daniel Oscar Tejeda en los términos del art. 371 del CPP. Plantea la inconstitucionalidad del citado artículo. Asimismo, entiende que la decisión es arbitraria, y asevera acerca de la ausencia de peligros procesales.
En primer término, es dable destacar que el dictado de la detención fue requerida por la acusación (fs. 577/vta.) y, a su turno, el Dr. Ferreira se opuso a la procedencia de tal medida de coerción; y no medió denuncia sobre la inconstitucionalidad de la norma procesal (fs. 771 y vta.). Resulta un presupuesto de procedencia del recurso de casación que habiendo el interesado advertido antes de su aplicación que el art. 371 del CPP era –a su entender– inconstitucional, haya solicitado a los órganos jurisdiccionales de instancia que así lo declaren y se abstengan de ponerla en práctica en el caso en concreto, fundando el gravamen que su observancia le irrogaría (v. Sala I, causa 83665 "Illegas Jonathan Emmanuel s/ Recurso de Casación" sent. 14/02/18 reg. 48/18).
De igual forma, el análisis de la validez de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y la declaración de inconstitucionalidad debe estimarse como última ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella sino en casos de estricta necesidad (CSJN, Fallos: 260:153, 286:76; 288:325; 300:241, entre otros). Se trata de un remedio extremo, que sólo puede operar cuando resulte imposible compatibilizar la ley con la CN y los tratados internacionales que la integran (CSJN, Fallos: 328:1491), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocada (v. CSJN, Fallos 315:923; 321:441; SCBA, P. 70498, Ac. 29-XII-2004). Para ello se requiere que el interesado realice un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, que demuestre el alcance de sus derechos y las razones por las que cree que lo actuado por el legislador es incorrecto (CSJN, Fallos 306:1597), lo que no ha ocurrido en el caso. En tal sentido, la ventaja o acierto de las medidas legislativas escapa de este contralor pues la conveniencia del criterio elegido no está sujeta a revisión judicial, salvo que sea arbitrario o irrazonable (CJSN, Fallos: 224:810; 300:642 y 306:655), desde que resulta propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas (CSJN, Fallos: 11:405; 191:245; 275:89) y asimismo aumentar o disminuir la escala penal, de tal suerte que los tribunales no se pueden inmiscuir en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador (CSJN, Fallos 257:127; 293:163; 300:642; 301:341).
Sentado ello, el recurrente no ha conseguido acreditar que dicha incompatibilidad exista, y tampoco ha demostrado que la aplicación del art. 371 del CPP resulte particularmente problemática en el caso.
La sola afirmación que la norma atenta contra lo establecido en el artículo 18 de la CN y en los Pactos Internacionales introducidos en el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna (7.1 y 8.2 de la CADH y 14.2 y 14.2 del PIDCP), no evidencia la concreta transgresión o contradicción de las normas aludidas. No se advierte que la disposición del art. 371 del CPP, en cuanto establece que cuando el veredicto fuera condenatorio y correspondiere la imposición de una pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento, el Tribunal podrá disponer una medida de coerción, vulnere los artículos mencionados por el impugnante.
En definitiva, no se observa la violación al bloque de constitucionalidad conformado por la Carta Magna y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos incorporados.
Ahora bien, de la cuestión segunda de la sentencia, el Tribunal adoptó una decisión que reúne las condiciones mínimas de razonabilidad exigidas en el caso; sobre el punto, y en consonancia con lo requerido por la Fiscalía, valoró que “…el aumento verificado del peligro cierto de frustración del proceso en atención al monto de las penas impuestas y siendo que los encartados registran un escaso encierro cautelar en detención que no incidirá significativamente en el cómputo de cumplimiento de la pena a cumplir…” (fs. 943). Ciertamente, encuentro que no puede dejar de estimarse la mayor verosimilitud del derecho en función del pronunciamiento arribado.
En función de las consideraciones expuestas, los agravios deducidos por el Dr. Ferreira no progresan.
V. Por lo expresado, propongo al Acuerdo: a) hacer lugar al recurso interpuesto por la Dra. Agustina LLoret y el Dr. Mariano Nicolás Lanziano –abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, en representación de Rufina Verón; b) hacer parcialmente lugar a los recursos de casación deducidos por la Fiscalía, por las Dras. Sofía Helena Caravelos y Analía Inés Carrillo –abogadas del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica-; y por la Dra. Carla Victoria Ocampo Pilla, el Dr. Javier Marcelo Percow, el Dr. Fernando Quiroga y la Dra. Margarita Jaque – abogados del Programa de Litigio Estratégico de la Comisión de la memoria de la Provincia de Buenos Aires; sin costas; c) casar el veredicto absolutorio respecto de María del Rosario Roma, y comprobada que fue la materialidad ilícita, la autoría responsable de la nombrada, y establecida la significación jurídica como abandono de persona seguido de muerte y lesiones (arts. 106 ap. 2° y 3° CP), reenviar a la instancia de juicio para su cesura –en consonancia con el art. 372, 461 c.c. y s.s. del CPP; d) hacer lugar parcialmente, sin costas, a los recursos de casación interpuestos por los Defensores Dr. Darío Saldaño, en representación de Rubén Alejandro Montes de Oca; por el Dr. Julio Ricardo Beley, a favor de Reimundo Héctor Fernández y casar parcialmente la sentencia condenatoria del Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Plata, recalificando los hechos en sintonía con la tesis acusatoria, como abandono de persona seguido de muerte y lesiones (hecho II), y fijando en esta Sede respecto a Fernández las penas de: quince (15 años de prisión e inhabiilitación especial por el término de diez (10) años para ejercer cargos públicos y manteniendo las impuestas respecto de Montes de Oca; e) rechazar el recurso de casación deducido por el Dr. Ernesto Ferreira, en beneficio de Daniel Oscar Tejeda, con costas; f) regular los honorarios profesionales de la Dra. Agustina LLoret, el Dr. Mariano Nicolás Lanziano, las Dra. Sofía Helena Caravelos, la Dra. Analía Inés Carrillo, la Dra. Carla Victoria Ocampo Pilla, el Dr. Javier Marcelo Percow, el Dr. Fernando Quiroga, la Dra. Margarita Jaque, el Dr. Darío Saldaño, y el Dr. Julio Ricardo Beley, en treinta (30) jus –para cada uno- por la labor desempeñada en esta Sede (artículos 5, 12, 40, 41, 45, 55, 106 in fine y 189 segundo párrafo del CP; 210, 371, 448, 450, 451, 454, 458, 460, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal y 31 y cctes. de la Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisibles las impugnaciones efectuadas por la Fiscalía, representantes de los Particulares Damnificados, y Defensores.
II. Hacer lugar al recurso interpuesto por la Dra. Agustina LLoret y el Dr. Mariano Nicolás Lanziano –abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, en representación de Rufina Verón, sin costas.
III. Hacer lugar parcialmente a los recursos de casación deducidos por la Fiscalía, por las Dras. Sofía Helena Caravelos y Analía Inés Carrillo –abogadas del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica-; y por la Dra. Carla Victoria Ocampo Pilla, el Dr. Javier Marcelo Percow, el Dr. Fernando Quiroga y la Dra. Margarita Jaque –abogados del Programa de Litigio Estratégico de la Comisión de la memoria de la Provincia de Buenos Aires; sin costas.
IV. Casar el veredicto absolutorio respecto de María del Rosario Roma, y comprobada que fue la materialidad ilícita, la autoría responsable de la nombrada, y establecida la significación jurídica como abandono de persona seguido de muerte y lesiones (arts. 106 ap. 2° y 3° CP) y reenviar a la instancia de juicio para su cesura -en consonancia con el art. 372 del CPP-.
V. Recalificar los hechos, de acuerdo a la pretensión de la acusación, como abandono de persona seguido de muerte y lesiones (hecho II), asumir competencia positiva, y fijar en esta Sede respecto a Fernández las penas de quince (15) años de prisión e inhabiilitación especial por el término de diez (10) años para ejercer cargos públicos y manteniendo las impuestas a Montes de Oca, por lo que se hacer lugar parcialmente, sin costas, a los recursos de casación interpuestos por los defensores Dr. Darío Saldaño, en representación de Rubén Alejandro Montes de Oca; por el Dr. Julio Ricardo Beley, a favor de Reimundo Héctor Fernández y casar parcialmente la sentencia condenatoria del Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Plata, .
VI. Rechazar el recurso de casación deducido por el Dr. Ernesto Ferreira, en beneficio de Daniel Oscar Tejeda, con costas.
VII. Regular los honorarios profesionales de la Dra. Agustina LLoret, el Dr. Mariano Nicolás Lanziano, las Dra. Sofía Helena Caravelos, la Dra. Analía Inés Carrillo, la Dra. Carla Victoria Ocampo Pilla, el Dr. Javier Marcelo Percow, el Dr. Fernando Quiroga, la Dra. Margarita Jaque, el Dr. Dr. Darío Saldaño, y el Dr. Julio Ricardo Beley, en treinta (30) jus -para cada uno- por la labor desempeñada en esta Sede.
VIII. Tener presente las reservas del caso federal.
Rigen los artículos 14.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inciso 22º de la Constitución Nacional, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 5, 12, 40, 41, 45, 55, 106 in fine y 189 segundo párrafo del CP; 210, 371, 448, 450, 451, 452, 454, 458, 460, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal y 31 y cctes. de la Ley 14.967.
Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.
Suscripto y Registrado en la Ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital del Actuario (Ac. 3975/20), bajo el N° 662
Fin de la sentencia