Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-81903406-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescriptas las acciones del Fisco para imponer penas y para perseguir el cobro de los tributos, en relación con la operación 07001IC04047918A, en la Actuación SIGEA 13806-100-2012.
2Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-93034832-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 22 de Agosto de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio Joaquín Segura (Vocal Subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “TEJIDOS LATINOS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, expediente EX-2019-81903406-APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: determinar si se ajusta o no a derecho la Resolución DE PRLA 2832/2017, en cuanto condena a la actora al pago de una multa por infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del CA en relación al despacho de importación 07001IC04047918A, así como al pago de tributos con motivo del ajuste de valor del referido DI.
II. Fundamentos de la apelación (IF-2019-81903327-APN-DTD#JGM): En primer lugar, la actora se refiere a la inconsistencia jurídica de las actuaciones administrativas. Alega violación del derecho de defensa en juicio y del derecho de ser juzgado en un plazo razonable. Solicita se declare la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas y para percibir tributos. Niega la comisión de la infracción endilgada. Sostiene que la hipotética comparación de valores alegada en la condena no puede ser admitida como fundamento por cuanto no informa las cantidades, la calidad, ni la fecha de importación de los productos comparados. Agrega que la Aduana debió valuar la mercadería siguiendo la metodología prevista en el Acuerdo de Valor del GATT. Manifiesta que el precio declarado en el DI fue el único pago asumido por el comprador frente al vendedor y no está, ni estuvo sujeto o influido por ninguna condición o contraprestación de otra índole. Insiste en que los valores declarados fueron los pactados entre partes independientes y los efectivos de la transacción, tal como se desprende del despacho, la factura comercial y el certificado de origen. Concluye en que el ajuste de valor dispuesto y la imputación formulada carecen de sustento y justificativo legal. Subsidiariamente, se queja de la omisión por parte de la Aduana del pago parcial hecho bajo protesto de IVA, IVA adicional y Ganancias acreditado a fs. 43 de las act. Por último, se agravia de la determinación tributaria en dólares estadounidenses y de la tasa de interés aplicada. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se deje sin efecto la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado (IF-2019-104996447-APN-DTD#JGM): La representante del Fisco nacional efectúa una negativa genérica de los hechos y el derecho invocados por la contraria. Solicita se rechace el planteo de prescripción en cuanto la resolución recurrida se dictó dentro del plazo legal. Explica los motivos por los cuales considera que el planteo de nulidad carece de sustento jurídico. Señala que la recurrente no ha podido desvirtuar la configuración de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del C.A. Hace referencia a la normativa del Acuerdo de Valor. Alude a la noción positiva de valor y a la facultad de investigación del art. 17 del Acuerdo. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. Justifica la determinación tributaria en dólares. Cita la ley 23.905 y el fallo de CSJN “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A). Se opone a la improcedencia de los intereses planteada por la actora. Hace la reserva del caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que mediante PV-2019-110735653-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas. Por PV-2020-11895783-APN-VOCXVIII#TFN se dispone la apertura de la causa a prueba. Mediante PV-2021-21678150-APN-VOCXVIII#TFN se certifica la prueba que obra agregada en IF-2021-13970067- APN-SGASAD#TFN e IF-2021-13971855-APN-SGASAD#TFN. Una vez elevados los autos a esta Sala “F”, se declara la clausura del período probatorio. A continuación, se ponen los autos para alegar. Mediante RE-2025-73769695-APN- DTD#JGM alega la actora y mediante IF-2025-76427704-APN-DTD#JGM, el Fisco. A continuación, se llaman autos a sentencia.
V. Que la Actuación SIGEA 13806-100-2012 se inicia el 12/3/2012 con el acta de denuncia 129/2012 formulada contra la firma TEJIDOS LATINOS S.A. por presunta infracción prevista en el art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del CA, en relación al DI 07001IC04047918A, cuyo sobre contenedor se agrega a fs. 2. A fs. 3/6 obra el informe de valor Nota R4 (PAPELES Y TEXTILES) 168/2012. A fs. 10, con fecha 25/04/2014, se dispone la apertura de sumario. A fs. 11 se determina el importe de la multa y la diferencia tributaria. A fs. 12 se corre vista de lo actuado a la importadora y su despachante de aduanas. En cuanto aquí interesa la aquí actora se notifica personalmente de la vista el 08/10/2015, conforme surge de la constancia de fs. 15/vta. A fs. 32/33 vta. contesta vista el despachante y a fs. 34/42, hace lo propio la importadora. A fs. 43/49 acredita el pago bajo protesto los montos reclamados en concepto de IVA, IVA adicional y Ganancias. A fs. 52/53 se agregan copias del Memorando fechado 7/12/2007 y la constancia de su notificación a la importadora el 10/01/2008. A fs. 61/63 vta., con fecha 24/04/2017, se dicta la Resolución DE PRLA 2832/2017. A fs. 54/vta. obra el dictamen DV DSAD 1399/2017. A fs. 66/67, mediante Resolución RESOL-2017-137-APN- DILEGA#AFIP, se aprueba la Resolución de fs. 61/63 vta. VI.- Que, en primer lugar, corresponde resolver el planteo de nulidad opuesto por la recurrente.
Que atento la posibilidad de la actora en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que ello así, teniendo en cuenta que reiterada doctrina y jurisprudencia tiene resuelto que no es necesario que se analicen la totalidad de los argumentos de las partes, bastando con considerar aquellas que entiende el juzgador que son relevantes a los fines de alcanzar la solución de la causa, y el hecho de que en esta instancia resulta posible merituar tanto la prueba obrante en las actuaciones administrativas como la aquí ofrecida por la recurrente, corresponde rechazar la alegada violación del derecho de defensa, ya que los alegados vicios del procedimiento no le causan a la parte indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la CSJN, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393).
VII. Que, sentado ello, pasaré a referirme al análisis de la excepción de prescripción planteada en relación a la acción del Fisco para imponer sanciones.
Que el art. 934 del CA expresa "La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años", comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del CA establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, específicamente, determina que "La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero, d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera" y el art. 938 del mencionado plexo normativo establece que para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interruptivo debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme o bien cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquella.
Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción para imponer penas, comenzó a correr el 01/01/2008 (teniendo en cuenta que la infracción se configuró al momento del registro de la destinación de importación para consumo, esto es el 27/03/2007) y vencía el 31/12/2012. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario en fecha 25/04/2012 interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934, inc. a, del CA) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 26/04/2012 y el nuevo vencimiento ocurrió el 26/04/2017.
Que en relación con la posible comisión de otra infracción aduanera o delito aduanero, cabe reseñar que en las actuaciones administrativas no obra ni siquiera la consulta respectiva que debiera ser efectuada al registro de infractores. Corresponde, entonces, referir al dictado de la resolución apelada. En efecto, la Resolución DE PRLA 2832 -apelada en autos- se dictó el 24/04/2017 y la Resolución RESOL-2017-137-APN-DILEGA#AFIP -aprobatoria de la resolución DE PRLA 2832- data del 14/07/17. En virtud de ello, cabe concluir que al momento del dictado de la RESOL-2017-137- APN-DILEGA#AFIP había operado el vencimiento de la prescripción. Nótese que la misma fue dictada 2 meses y 20 días más tarde.
En tal sentido, cabe señalar que la obligatoriedad de la aprobación por la Dirección General de Aduanas de las resoluciones por las que el administrador absuelve a la imputada –o a alguno de los imputados- de la pena por la que inicialmente se formuló la denuncia, toma a ambas resoluciones (fallo aduanero y su aprobación) en necesariamente complementarias.
Que por lo demás, cabe poner de manifiesto que la recurrente se notificó de la Resolución DE PRLA 2832 (de fecha 24/04/2017) y su aprobatoria (de fecha 14/07/17), el día 27/08/2019, es decir dos años, un mes y 13 días después del dictado de la nombrada en segundo término.
Que, en correlación a lo dispuesto por el art. 937, inc. d), del CA, el artículo 1012, inc. a) dispone que "...deberán ser notificados: a) Los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo...".
Que, resulta evidente que, si el propio Código le otorgó al dictado de la resolución aduanera condenatoria el mentado efecto interruptivo del curso de la prescripción, el hecho de la notificación de aquélla no puede extenderse - razonablemente- por fuera de dicho plazo. Ya que, a raíz de dicho acto (la notificación), surtirá efecto el derecho del sancionado a recurrir la resolución administrativa y a ejercer así plenamente su defensa.
Que más aún en relación a la sanción, dicha situación de dilación en la comunicación de la resolución al sujeto condenado, lo coloca en un estado de indefensión y de inseguridad jurídica imposible de subsanar, contrariando elementales principios constitucionales.
Que, resulta oportuno recordar que el fallo plenario dictado por la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ("Hughes Tools S.A." de fecha 23/9/03) se refería a que la falta de notificación del auto de apertura sumarial en nada impediría, eventualmente, al presunto infractor, poder ejercer su derecho de defensa en la corrida de vista que a tal efecto contempla el art. 1101 del Código Aduanero. Sin embargo, en el caso en trato, lo que se cuestiona es la falta de notificación dentro del plazo prescriptivo de la resolución aduanera condenatoria, la cual culmina el procedimiento infraccional.
Que, con la implementación de la notificación electrónica, el servicio aduanero debería poder otorgar mayor celeridad a la comunicación de este tipo de actos, lo cual refuerza aún más la postura del suscripto en el sentido de encontrar irrazonable el diferimiento de la notificación de la resolución aduanera aquí apelada.
Que, como consecuencia de todo lo antes expuesto corresponde declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas.
VIII. Que resta analizar la prescripción de la acción que posee el Fisco para perseguir el cobro de los tributos. Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción –relativo a la acción que ejerce el Fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 del CA establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del CA).
Que, no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 27/03/2007 (fecha de oficialización del DI 07001IC04047918A). Y, por ende, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 1/1/2008 y que el mismo vencía el 31/12/2012. Que dicho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 25/04/2012, hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 3 meses y 24 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 8 meses y 6 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento a lo establecido en el art. 805, inc. a), del CA, la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 25/04/2012) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; ...”.
Que, no cabe duda de que la decisión a la que se hace allí literal referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del CA) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” (la prevista en el referido art. 805, inc. a), del CA) ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA 2832 dictada el 24/04/2017 y aprobada el 14/07/2017 por la RESOL-2017-137-E-APN-DILEGA#SAFIP.
Que, de este modo, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 25/04/2012 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 14/07/2017 (fecha de aprobación de la resolución apelada). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que, conforme lo antes expuesto, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 15/07/2017. Es decir, que desde allí comenzaron a correr los 8 meses y 6 días que restaban para completar el plazo prescriptivo. Que, dicho plazo (el aludido de 8 meses y 6 días) se cumplió el 21/03/2018, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria). El único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806, inc. a), del CA.
Que, por lo demás, la aludida notificación se efectuó en fecha 27/08/2019, es decir cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo.
Que, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del CA. Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria (prevista en el inc. a del art. 805 del CA) forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del CA, que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos.
IX. Que atento la forma en que se resuelve el presente, torna inoficioso el examen de las demás cuestiones planteadas. Que por ello, VOTO POR:
1. Declarar prescriptas las acciones del Fisco para imponer penas y para perseguir el cobro de los tributos, en relación con la operación 07001IC04047918A, en la Actuación SIGEA 13806-100-2012.
2. Costas a la DGA.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que adhiero a la propuesta decisoria del Dr. Segura, en tanto recepta adecuadamente la doctrina expuesta por el suscripto in re “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”
(Expediente EX-2019-112544550- -APN-SGASAD#TFN), del 3 de febrero de 2022.
II. Que, en efecto, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415. En tal sentido, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
III. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 -vigente al momento de los hechos- no afecta ni desnaturaliza las regulaciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, sólo debiera operar hasta el quinta día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar –más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
IV. Que, por lo demás, tampoco existe en nuestro ordenamiento jurídico norma ni razón alguna que autorice al Fisco Nacional a notificar una resolución administrativa más de 2 años y un mes después de su dictado, en tanto dicho proceder resulta manifiestamente irracional y no puede ser cubierto con ningún argumento formal, pues el principio republicano (art. 1 de la Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos de gobierno.
V. Que, por último, y sin perjuicio del modo en que se decide la excepción de prescripción bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras (iniciado en el año 2012), en el cual la resolución aprobatoria de la decisión apelada ha sido notificada casi 2 (dos) años, 1 (un) mes y 13 (trece) días después, cuadra repetir, de haber sido dictada.
Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco Nacional para exigir tributos como para imponer penas se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar al planteo articulado por la firma actora, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019- 112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-
APN-VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino). ASÍ LO VOTO.-
El Dr. González Palazzo dijo:
En primer lugar, por razones de economía procesal y celeridad práctica, hago propio el detalle de los hechos realizado por el Dr. Segura así como también del relato de los elementos acollarados al expediente.
En segundo -y neurálgicamente- adelanto que no comparto lo que desarrolla a lo largo de su propuesta -para fundar lo que propone como solución al entuerto- en razón –basalmente- de lo resuelto por la Alzada en el plenario “Hughes Tool C/ DGA” y –centralmente- lo sentenciado por nuestro tribunal Cimero en Wonderland (Fallos: 332:1109), pues entiendo que no se dan los presupuestos establecidos en el código de fondo para adoptar un temperamento extintivo como el propuesto por el Vocal preopinante al que se adhiere autorreferencialmente el dr. Garbarino.
No acompaño la interpretación de la literalidad de lo dispuesto en el art. 805 inc. a) del C.A. que realizan mis colegas para resolver la suerte de la pretensión tributaria del Fisco respecto de la firma importadora, en tanto la norma es clara en determinar como límite temporal del efecto suspensivo que dota la apertura del sumario que el dictado de la “decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” devenga firme adquiriendo carácter ejecutorio.
Lo dicho, evidencia que el criterio sostenido por el colega de grado va de bruces con la literalidad de la norma, pues - y es prístino para quien suscribe-, una decisión –o acto administrativo- recién habilita el ejercicio de la acción para su ejecución cuando ésta adquiere la firmeza que solamente puede darse una vez transcurrido el plazo previsto en la norma para su cuestionamiento, que comienza a transcurrir desde su notificación al pretenso obligado.
Entiéndase, esa decisión administrativa -revestida de ropaje de sentencia- no puede ser ejecutada mientras no sea notificada ni tempestivamente recurrida por aquél de quien se pretende un comportamiento compulsivo, ergo, la suspensión prevista en la norma se encuentra en pleno vigor y por ello debe rechazarse el planteo prescriptivo incorporado al debate.
Nótese que el razonamiento que aquí se plasma fue receptado por el legislador al punto de reformar mediante el DNU 70/2023 (Decreto del ejecutivo con intervención posterior del Poder Legislativo) el art. 1037 del C.A. (actos de notificación obligatoria) incorporando como incisos m) y n) los siguientes: el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; n) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera. (Ver artículo 151 del DNU). En síntesis: la imprevisión del legislador que presumen mis colegas en su particular interpretación de la norma ha quedado desvirtuada con la aludida reforma que hecha luz a la cuestión y conmueve asertivamente el criterio del suscripto, al que cabe remitirse.
No hay norma a aplicar supletoriamente –en este caso la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario- porque el legislador deliberadamente omitió ordenar la notificación de sendos actos administrativos y esa omisión quedó sobre relieve con el dictado del DNU 70/2023.
Esa lógica trasciende a la impresa por mis colegas al dar por fenecida la acción del fisco para imponer penas por aplicación del armónico juego normativo al que invitan a razonar: lo normado en los arts.937 inc. d) y 1012 del CA. Claro está que esta Sala no ha sido pasiva ni desconoce la multiplicidad de casos en los que la aduana notifica los actos administrativos como el aquí recurrido con muchísima demora. El letargo funcional ha sido destacado en no pocas oportunidades. Para dar solución justa al caso optó por recurrir como fundamento de una decisión sentada en derecho, al bloque de garantías convencionales que habilita a este Tribunal jurisdiccional administrativo a inaplicar una norma cuando de ésta se desprendan consecuencias nocivas para el derecho del particular.
En el caso sometido a estudio, no advierto que la inactividad estatal pueda contemplársela como lesiva del debido proceso por exceso del plazo razonable en grado tal que evidencie una afectación al derecho del administrado a obtener un pronunciamiento sin indebidas dilaciones (art.8.1 CADDHH) que me conmine a considerar la inaplicación de la norma en este caso, máxime, si se considera la ausencia de proactividad útil de quien, en definitiva, debiera ser un interesado central en perseguir con celo el proceso sumarial aduanero que enmarca una discusión tributaria.
Analizar los efectos derivados del efecto suspensivo previsto en el art.805 inc. a) del Código Aduanero obliga al operador a dimensionar el contexto fáctico y probatorio del casus en su totalidad, lo que incluye -claro está- la actividad desplegada por las partes en el proceso y así, ponderando los derechos en conflicto, evaluar sus consecuencias antes de adoptar un temperamento que pudiere derivar en un extremo extintivo como el aquí propuesto por mis colegas.
Adviértase que la actora es una empresa importadora, conoce la existencia de la presente desde la corrida de vista y su giro comercial no es extraño al comercio exterior ni a la burocracia estatal.
Su inactividad no puede ser receptada como aceptable desde la doctrina cimera en “Losicer” como parámetro para la eventual procedencia del instituto del plazo razonable. (L.216. XLV. Losicer, Jorge Alberto otros c/ BCRA Resol. 169/05 (expte. 105666/86 SUM FIN 7081)
Y es por ello que, visto sendas posiciones sustancialmente coincidentes y la latente posibilidad que el superior no acompañe el temperamento prescriptivo propuesto por el Vocal instructor (extremo que ha de verificarse en no pocos casos) he de limitarme a votar por el RECHAZO a la prescripción de la acción del fisco para imponer penas y exigir tributos en el marco de la operación de importación identificada como 07001IC04047918A.
Así lo voto.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Declarar prescriptas las acciones del Fisco para imponer penas y para perseguir el cobro de los tributos, en relación con la operación 07001IC04047918A, en la Actuación SIGEA 13806-100-2012.
2. Costas a la DGA.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio Joaquín Segura (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.08.13 19:09:43 ART Date: 2025.08.21 15:52:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.22 19:05:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.22 19:06:23 -03:00
Fin de la sentencia