Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2024-80358449-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios del Dr. Miguel Ángel Tesón por su actuación en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la recurrente en las suma de $ 270.818.718 (pesos doscientos setenta millones ochocientos dieciocho mil setecientos dieciocho) equivalente a 2.928,34 ( dos mil novecientos veintocho con 34/100) UMA - Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°538/2026 (31/3/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-42723612-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 28 de Abril de 2026 (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2024-80358449-APN- SGAI#TFN, caratulado “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA s/recurso de apelación”.
La Dra Gómez dijo:
I. Que mediante RE-2024-80354940-APN-SGAI#TFN la sociedad Telefónica Moviles Argentina SA (en adelante TMASA) -sociedad continuadora de Telefonica de Argentina SA- interpone recurso de apelación contra la resolución N° 73/2024 (DV DEOA) de fecha 25 de junio de 2024, emitida por el Jefe (Int.) de la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-DGI, mediante la cual se determinó de oficio, en forma parcial, el Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2016 con más intereses resarcitorios e impuso una multa equivalente al 100% del monto del gravamen evadido con sustento en lo dispuesto por el artículo 45 de la ley 11.683 (t.o vigente).
Relata la recurrente que el ajuste objeto de recurso se sustenta en la impugnación de los mecanismos de ajuste por inflación impositivo previsto en el Titulo VI de la ley del gravamen aplicado en la liquidación del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2016, ello en virtud de considerar que la tasa efectiva del impuesto, sin la aplicación del mentado ajuste, arrojaba una alícuota que insumía una proporción sustancial de la renta que excedía cualquier limite razonable, configurándose así, un supuesto de confiscatoriedad. Por otra parte, informa que oportunamente fue promovida una acción declarativa a los fines de obtener la declaración de inaplicabilidad al caso de todas aquellas normas que haga inaplicable el mecanismo de ajuste por inflación y que la misma se encuentra tramitando ante la Sala V, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal contando con sentencia favorable de primera instancia sobre el fondo Se agravia que el Organismo llevo adelante el ajuste con sustento en que el mecanismo de ajuste por inflación se encontraba tácitamente suspendido para el período fiscal 2016 y también en una serie de objeciones en virtud de las cuales no resultaría de aplicación la doctrina emanada del precedente “Candy SA”. Indica que la sociedad recurrente representa uno de los mayores grupos económicos en materia de telecomunicaciones y que opera en diversos rubros relacionados a las mismas para lo cual realizó importantes inversiones para el desarrollo y actualización tecnológica de su red para nuevos servicios.
Remarca la importancia que representan los activos afectados a la actividad, en concreto los bienes de uso para el desarrollo de la actividad, siendo la amortización de los mismos el mecanismo ideal para reflejar el deterioro o disminución del valor económico del capital, originado por el desgaste o agotamiento por uso de los referidos bienes. Ello así, indica que la imposibilidad de actualizar la cuota de amortización genera un incremento artificial del resultado de los ejercicios posteriores al de la adquisición de los bienes de uso, paralizando a su vez las futuras inversiones, siendo el ajuste de las amortizaciones por la variación del índice representativo de la inflación, el único elemento de corrección de dicha situación.
Aduce que el impuesto determinado no se ajusta a la tasa legal del 35% establecida en la ley del tributo y que la alícuota efectiva resultante del gravamen determinado sobre el resultado impositivo sin ajuste por inflación, sobre el resultado impositivo ajustado por inflación resulta ser del 58%, superando cualquier límite razonable de imposición, vulnerando los principios de razonabilidad y capacidad contributiva, entre otros. Aduce que, de seguir la interpretación que hace el Organismo del precedente Candy SA y no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación, el Estado Nacional se habrá apropiado ilegítimamente de una parte sustancial de la renta de la sociedad, resultando así una tasa efectiva de imposición que excede cualquier limite razonable citando en apoyo de su postura distintos antecedentes jurisprudenciales posteriores al leading case antes citado. Pone de resalto que ha iniciado diversas acciones en sede judicial a fin de solicitar la inaplicabilidad de la norma que prohíbe la aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación impositivo por su efecto confiscatorio en la renta, siendo el resultado en todas ellas, la declaración de inaplicabilidad de la normativa impugnada por su repugnancia con la garantía constitucional de inviolabilidad del derecho de propiedad.
Plantea la improcedencia de la liquidación de intereses por entender que, al no proceder ajuste alguno por haber liquidado correctamente el impuesto, resulta infundada la aplicación de los mismos. Remarca que en caso de confirmarse la determinación aquí apelada, no podrá admitirse la existencia de mora alguna como presupuesto generador de los accesorios reclamados.
En cuanto a la sanción impuesta, luego de sostener la falta de configuración de los elementos objetivo y subjetivo del tipo previsto en el art. 45 de la ley de rito fiscal, manifiesta que obró de acuerdo a las normas vigentes con lo cual no puede imputársele un obrar negligente.
En forma subsidiaria opone, por un lado la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para aplicar y hacer efectiva la multa con relación al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2016, ello por cuanto la misma prescribió el 1 de enero del 2023, por entender que la suspensión por un año dispuesta por el art 17 la ley 27.562 resulta inaplicable por estar vedada la retroactividad en materia punitoria por imperio de la Constitución Nacional; asimismo, deja planteado la reducción de la multa por aplicación del principio de la ley penal mas benigna Acompaña prueba documental, ofrece prueba pericial contable e informativa y solicita se suspenda el trámite de las actuaciones hasta tanto se encuentre firme la sentencia definitiva favorable dictada por la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y finalmente se revoque el acto apelado, con costas y en su caso se admitan los planteos subsidiarios. Hace reserva del caso federal.
II. Que mediante IF-2024-107407507-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado conferido. En primer término solicita se rechace el planteo efectuado por la recurrente respecto de la suspensión del trámite de las presentes actuaciones por entender que la aquí recurrente poseía de dos opciones recursivas a la luz de lo establecido por el artículo 76 de la Ley 11.683 resultando contradictoria la estrategia procesal desplegada por esta, dado que acude a este Tribunal para luego inhibir su jurisdicción mediante un pedido de suspensión en la Justicia Nacional, pudiendo acudir al Poder Judicial. Asimismo, remarca que no se advierte en el trámite de la acción declarativa incoada impedimento alguno a efectos de proseguir con las presentes actuaciones. Respecto al fondo de la cuestión, sostiene que la aquí recurrente pretende la aplicación de un régimen que se encuentra virtualmente derogado, o bien suspendido, ello por cuanto la aplicación del mismo lejos de paliar los efectos de la inflación, los aceleró adoleciendo además de una trasgresión al principio de equidad. Indica que con la sanción de la ley 25.561 que puso fin al régimen de convertibilidad, pero manteniéndose lo dispuesto por los artículos 10 de la 23.928 y 39 de la 24.073, y que en el presente no se verifican la existencia de circunstancia o texto legal alguno que haya hecho cesar los efectos que se desprenden de la lectura de las normas en cita -artículo 39 de la Ley 24.073, artículo 4° de la Ley 25.561 y articulo 50 del Decreto 214/02-.
Por otra parte, remarca que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación se ha expedido en numerosas oportunidades en favor de la constitucionalidad de las normas que suspenden la aplicación del ajuste por inflación, apartándose de tal doctrina solo en los supuestos de confiscatoriedad. Agrega que, contrario de lo alegado por la recurrente, no se dan los supuestos para aplicar la doctrina del precedente Candy SA, lo cual tornan infundados e improcedentes los agravios de la actora respecto a la violación del principio de no confiscatoriedad, ello por cuanto en dicho precedente el Máximo Tribunal no declaro la inconstitucionalidad de las normas que impiden aplicar el mecanismo de ajuste por inflación, sino que se admitió que el tributo pudiera resultar inconstitucional, remarcando que dicho análisis se limitó a las disposiciones del título VI de la ley del gravamen. Aduce que si la actora pretende que la jurisprudencia citada le sea aplicable entonces deberá probar en forma “concluyente” la confiscatoriedad que alega, y ello no puede ocurrir en el presente caso , sino que deberá estarse a los resultados de las fiscalizaciones que se encuentran en pleno proceso, y las que podrían iniciarse que involucren el período fiscal en cuestión.
En cuanto a los intereses resarcitorios, Sostiene la procedencia de los mismos, estos por ajustarse a lo dispuesto en el art. 37 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
En cuanto a la multa aplicada señala que la conducta del recurrente encuadra en lo establecido en el art. 45 de la ley de procedimiento tributario haciendo notar que se encuentran comprobados los aspectos tanto objetivos como subjetivos por cuanto la contribuyente omitió el pago del aporte oportunamente y en su justa medida, no configurándose tampoco el supuesto de error excusable. Respecto de la aplicación de la ley penal más benigna, resaltar que se equivoca la recurrente al considerar que se aplicó la ley vigente al momento del acto administrativo atacado, haciendo notar que del mismo surge que se aplicó la ley vigente al momento del hecho, aplicando la sanción del art. 45 por el 100% atento la existencia de sumarios materiales firmes, lo que demuestra el carácter de reincidente del actor. Por último, en cuanto a la prescripción alegada, indica que la defensa planteada solo existe en el ánimo defensita de la aquí recurrente, toda vez que el plazo fue suspendido con carácter general y por el término de un año en virtud de lo establecido por el art. 17 de la Ley 27.562, agregando que para el presente caso también procede la causal de suspensión fijada por el artículo sin número incorporado a continuación del art. 65 de la ley de rito fiscal que prevé la suspensión por el plazo de 120 días desde la fecha de notificación de la vista del acto determinativo.
Se opone a la prueba ofrecida por la contraria y por las razones de hecho y de derecho que expone, pide que se rechace el recurso intentado y, oportunamente, dicte sentencia confirmando en su totalidad la resolución recurrida, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que por medio de la PV-2024-128023938-APN-VOCX#TFN se resolvió rechazar el pedido de suspensión del trámite de la presente causa que fuera solicitado por la actora en su escrito de inicio.
IV. Que mediante la PV-2024-138316816-APN-VOCX#TFN se abre la causa a prueba requiriendo a la actora aporte en estos autos el informe pericial más sus anexos, producido en autos “Telefónica de Argentina S. A. c/ AFIP- DGI s/Proceso de Conocimiento”, Expediente Nro. 90950/2017 en trámite ante el fuero contencioso administrativo federal, además de las impugnaciones u observaciones que se hubieran realizado y las contestaciones y/o aclaraciones relativas a éstas, quedando reconducido el informe contable ofrecido en autos. Que mediante PV-2025-23427006-APN-VOCX#TFN y PV-2025-29599584-APN-VOCX#TFN se tuvo por agregada la documental aportada por la actora y la remitida mediante oficio DEO N°: 17588409 por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, respectivamente, en cumplimiento de lo requerido en el auto antes referido.
Que ello así por PV-2025-30614443-APN-VOCX#TFN se clausura el período probatorio y se elevan la presente causa a conocimiento de la Sala “D”. Ello así, por medio del IF-2025-30711217-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para alegar, obrando las presentaciones efectuadas por las partes a tal fin en el IF-2025-36799421-APN- DTD#JGM y el IF-2025-37157386-APN-DTD#JGM.
Que mediante IF-2025-10751123-APN-DTD#JGM la actora pone en conocimiento de este Tribunal que con fecha 18 de setiembre de 2025 la Alzada en el marco de la causa 90950/2017 -citado en párrafos precedentesresolvió denegar el recurso extraordinario federal interpuesto por el Fisco Nacional y acompaña copia de dicha resolución.
Finalmente, por IF-2026-42278560-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
V. Que en autos, corresponde establecer si para la determinación del Impuesto a las Ganancias del período 2016 procede o no aplicar el mecanismo referido al ajuste por inflación contenido en el Título VI de la ley del gravamen.
Según surge de la resolución apelada, el origen de la fiscalización bajo O.I N° 1.598.056, tiene su génesis en la Multinota Impositiva –F.206/I- presentada por la contribuyente ante la División Recaudación de Personas Jurídicas, mediante la cual manifiesta haber presentado la declaración jurada inherente al ejercicio fiscal sub examine, en ese momento la original, rectificada con fecha ulterior a la apertura de la Orden de Intervencion en trato, considerando la aplicación del ajuste por inflación en la liquidación del impuesto, argumentando que sin la utilización de los mecanismos establecidos por la ley del gravamen, la alícuota efectiva del tributo representaría el 58,98% del resultado impositivo ajustado correspondiente al periodo fiscal 2016, sosteniendo que el mismo configura un supuesto de confiscatoriedad.
Ello así, y en uso de las facultades que le son propias, el Organismo pudo constatar que la rubrada dedujo en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2016, en concepto de ajuste por inflación la suma de $718.914.268,68 el cual se encuentra conformado por: a) Ajuste Estático y Dinámico $793.272.660.46 –de signo positivo-, y b) Actualizaciones de conceptos varios, tales como amortizaciones de Bienes de Uso y de Bienes Intangibles, valuaciones impositivas de Bienes de Cambio y de Costos pir bajas de bienes de Uso, cuya suma arroja un monto de $1.512.186.929,14 –de signo negativo-. Al respecto, la fiscalización actuante dispuso impugnar del ajuste por inflación en función de lo normado por la Ley N° 20.628, su Decreto Reglamentario 692/98 y sus modificaciones, artículos 7 y 10 de la ley 23.928 y su modificatoria –Ley 25.561-, y articulo 39 de la Ley N° 24.073.
Que la cuestión planteada en el caso de marras guarda relación con la resuelta por esta Sala D, con fecha 25/2/2002 en la causa “Roberto J. Azcoitia y Cía S.R.L. s/apelación – impuesto a las ganancias” (Expte. N° 18.603-I) donde, en su parte pertinente, el Dr. Brodsky expresó:
“Al efecto debe tenerse presente que el citado art. 39 –ley 24.073- dispuso: “A los fines de las actualizaciones de valores previstos en la ley 11.683 (t. o. en 1978 y sus modificaciones), y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1° de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive. En idéntico sentido se procederá respecto de las actualizaciones previstas en el Código Aduanero (ley 23.415 y sus modificaciones). El Poder Ejecutivo Nacional en oportunidad de proceder al ordenamiento de las citadas disposiciones deberá efectuar las adecuaciones de texto pertinentes en virtud de lo establecido en el párrafo anterior”. “Como se puede advertir, el texto legal transcripto no suspende ni deroga el mecanismo de ajuste por inflación establecido en la ley del impuesto a las ganancias. Simplemente torna neutro el ajuste, porque ..., a partir del 1/4/92 la relación inicial de la variación de precios será siempre uno (1), por lo que su empleo deviene prescindible”.
“Tampoco queda explícito el alcance que tiene la expresión “adecuaciones de texto pertinentes”, porque todo el Título VI de la ley N° 20.628 subsiste sin modificaciones”.
“...En todas las modificaciones efectuadas a dicha ley desde la adopción del régimen de convertibilidad (ley N° 23.928 – B.O. 28/3/91), la no aplicación de la exención de las sumas originadas en la actualización de créditos, para quienes se hallan sujetos al ajuste por inflación de sus balances fiscales, así como el título mismo que establece este mecanismo, se mantuvieron inalterados, lo que indica manifiestamente que no ha sido intención del legislador prescindir del citado instituto ni innovar en sus disposiciones.”
“Ello así, la virtual derogación del sistema en forma oblicua o indirecta..., no existe, porque no basta que algunas opiniones doctrinarias ... lo sugieran, sino que para que deje de regir, la abrogación debe encontrarse plasmada en norma dispositiva expresa, lo que no ha ocurrido hasta el presente, precisando así el desigual enfoque que la ley otorga a las distintas categorías de contribuyentes. El dictado posterior de otras normas legales que hacen directa referencia al mecanismo, ratifican su permanencia (vrg. ley N° 24.587 – B.O. 22/11/95).”
“No obsta a esas consideraciones que la aplicación del mecanismo corrector en la práctica no logre el efecto que de él se espera. Ello así, porque sin necesidad de modificar un ápice el texto legal, el sistema de actualización y de ajuste de valores ha dejado de hallarse operativo por lo dispuesto en el citado art. 39 de la ley N° 24.073, pues al fijar como tope las variaciones de índice hasta el mes de marzo de 1992 inclusive, ha tornado inocua su aplicación en cuanto a este aspecto se refiere, situación que subsistirá en tanto dicha norma se encuentre vigente.”
VI. Que nuestro más Alto Tribunal tuvo oportunidad de expedirse acerca de la procedencia del ajuste por inflación y al resolver los autos “Santiago Dugan Trocello S.R.L. c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía s/ amparo”, con fecha 30 de junio de 2005 (fallo al que aluden las partes en sus escritos de inicio), al compartir los argumentos y conclusiones expuestos en el dictamen del señor Procurador General de la Nación, expuso que : “Desde esta perspectiva, no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas).” También se dijo que “..., no puede desconocerse que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse (Fallos: 313:410), por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- exige que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 314:424; 320:1166). Y que quien tacha de inconstitucional una norma tributaria aduciendo que viola sus derechos de propiedad e igualdad debe probar de modo concluyente cómo tal afectación ha tenido lugar (arg. Fallos: 314:1293 y 320:1166).”
Que con posterioridad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a referirse al tema bajo análisis, y con fecha 3 de julio de 2009 en la causa “Candy SA c/AFIP y otro s/acción de amparo” reiteró los argumentos vertidos en el precedente citado y añadió que: “...el mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación, y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad...”, y continúa diciendo que “Los precedentes de esta Corte sostienen que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si estas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152). “A partir de lo señalado, puede colegirse, nítidamente, que no es competencia del Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos: 223:233; 318:676), así como tampoco le corresponde examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los "principios de la ciencia económica" (Fallos: 249:99), ya que sólo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Conforme con esta regla, el Congreso Nacional tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que, como se señaló, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos 314:1293)”.
VII –Que, de forma preliminar, estimo pertinente que recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, suno tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).
Que en el caso, la actora plantea puntualmente que de no aplicar el mecanismo del ajuste por inflación, por el período 2016 el impuesto a las ganancias resultaría confiscatorio.
Que para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (CSJN, Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255), y para ello resulta indispensable que la prueba arrimada sea concluyente a fin de acreditar la confiscatoriedad que se alega (CSJN, Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255), y por lo tanto corresponde analizar dicho punto a la luz de las probanzas producidas en autos.
Que en el ya citado precedente “Candy SA c/AFIP y otro s/acción de amparo” se sentenció: “Que como ya se ha señalado, si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (cfr. causa citada "Santiago Dugan Trocello" citado), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
Que en el caso particular de autos, tal como se expuso en el relato, la actora acompaña copia de la sentencia recaída en el proceso de conocimiento (Expte. N° 90950/2017) que ha seguido contra la AFIP-DGI, en la que se resuelve declarar la inaplicabilidad al caso del art. 39 de la ley N° 24.073, así como de toda norma legal o reglamentaria, en tanto impiden aplicar el ajuste por inflaión impositivo con relación al ejercicio fiscal 2016 que es el involucrado en autos, fallo que fue confirmado por la Alzada (vide copias agregadas mediante archivo embebido al IF-2025-22930653-APN-DTD#JGM), decisorio éste último que quedó firme en atención a lo resuelto por dicha Cámara el 19 de setiembre de 2025 (vide IF-2025-107515123-APN-DTD#JGM).
Que de la documentación allegada y que fuera requerida como prueba mediante PV-2024-138316816-APN- VOCX#TFN, se encuentra la pericia contable producida por perito único designado de oficio en la causa “Telefónica de Argentina SA c/AFIP-DGI s/Proceso de Conocimiento” antes citada, que tramitara ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, Secretaría N° 5, que fuera realizada a fin de demostrar la confiscatoriedad alegada por la actora, sobre la considero que debe hacerse mérito.
Que en dicho informe, la experta -en su vasta pericia-, concluye que: “Considerando la ganancia neta sujeta a impuesto determinada en la rectificativa 1.F 713 N° verificador 140894, adjuntado en el anexo tres de la prueba documental de la actora de $1.094.082.344,80 (determinada considerando los efectos de la inflación)el impuesto de $634.548.814,72 representaría el 58% de dicha ganancia (634.548.814,72/1.094.082.344,80 = 0,57998). El mencionado porcentaje (58%) representa la alícuota efectiva de impuesto a las ganancias que hubiera abonado la sociedad por el período fiscal 2016 de no haberse contemplado los efectos de la inflación sobre la determinación de la ganancia imponible, conforme las disposiciones de la ley de impuesto a las ganancias indicadas en el punto pericial” (respuesta al punto 10 del cuestionario de la actora, del Informe pericial)
También precisó que el resultado impositivo aplicado exclusivamente el ajuste previsto en el titulo VI, art. 95 de la ley del gravamen, indicando que el impuesto determinado se vería incrementado en $277.645.431.16.-, ya que este ajuste resultó positivo. El porcentaje, siempre mostrado sobre el resultado no ajustado más el ajuste antes referido, seria del 24,35% (anteúltima respuesta al cuestionario de la demandada del informe pericial). Que lo señalado fue receptado por los decisorios judiciales antes mencionados.
Si bien la pericia fue objeto de impugnación por parte del apoderado fiscal, lo cierto es que la misma fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia, y en ocasión de apelar dicha sentencia la representación fiscal centró sus agravios en la valoración que ha realizado el a quo de la pericia contable argumentando que no tuvo en cuenta las impugnaciones efectuadas al mentado informe, y que tampoco el monto de la alícuota efectiva –computada conforme a la doctrina “Candy”- no alcanza el 58%, puesto que el cálculo de la accionante no tuvo en cuenta -entre otros- las reservas para futuros dividendos ni las inversiones en sociedades vinculadas. Sentado ello, cabe anticipar que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por mayoría, resolvió rechazar la apelación deducida por el ente fiscal y confirmó el pronunciamiento recurrido.
En efecto, la Alzada se encargó de rebatir el cuestionamiento que el Fisco hizo sobre la pericia realizada en la instancia anterior (vide considerando VI puntos 1 a 7), señalando que “... es preciso recordar que el objetivo de la pericia producida no fue la determinación del impuesto a ingresar en el período en discusión. En cambio, de lo que se trata en la especie es de dilucidar si el monto del gravamen calculado sobre el resultado no ajustado representa una parte tan grande de la ganancias neta expresada a precios constantes que la prohibición de actualizar los estados contables termine materializando una confiscación, constitucionalmente repugnante. El confronte de los cálculos realizados por la perito tomando la serie empalmada y la serie del IPIM hacia atrás -como pretende la accionada- (fs. 379 y 393) muestran que la diferencia que arroja el empleo de uno y otro índice no son lo suficientemente relevantes en el caso como para alterar las conclusiones alcanzadas”.
Para luego agregar que “... los agravios del Fisco concernientes al informe pericial sólo traducen sus discrepancias sobre el criterio de selección y evaluación de los extremos aportados a la causa, sin demostrar apartamiento de las reglas aplicables, falta de fundamentación en los hechos conducentes del sub lite, o irrazonabilidad de las conclusiones arribadas en la sentencia (art. Fallos 303:509; en igual sentido, se expidió la Procuradora Fiscal en el dictamen al que se remitió la CSJN en Fallos 330;2639; esta Sala in rebus “Diagnóstico por Imágenes SRL c/DGI s/Recurso Directo”, del 21/06/17 y n° 49.252/2011 “Telefónica de Argentina”, ya citada”.
Para exponer como corolario del análisis que se realiza en el mentado decisorio que: “Despejadas aquellas objeciones, la conlusión de la experta acerca de que el impuesto ingresado sobre la ganancia neta sujeta a impuesto determinada sin ajuste representaría casi el 58% de la ganancia ajustada vuelve aplicable al sub lite la doctrina asentada por la Corte federal desde su pronunciamiento en el caso “Candy SA” (Fallos 332:1571), y lleva a rechazar los agravios de la demandada y confirmar la sentencia apelada en cuanto consideró acreditada la confiscatoriedad en los términos de la línea jurisprudencial inaugurada con aquel precedente” (voto del Dr. Treacy al que adhirió el Dr. Gallegos Fedriani).
No puede obviarse que la prueba producida en autos, consistente en las actuaciones generadas en sede judicial, tienen vinculación directa con el presente caso. Ello así, surge de las piezas agregadas que con relación a la controversia suscitada ha quedado convalidado el criterio de la recurrente. En esta línea, no puede desconocerse que tanto la actora como el organismo recaudador han reconocido la relación existente entre procesos habiéndose registrado planteos en tal sentido.
Que de acuerdo con las consideraciones que anteceden, en el caso de autos, corresponde revocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
Atento la forma en que se resuelve no procede tratar las restantes cuestiones planteadas por las partes. La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiero a la decision de la Vocal Instructora.
El Dr. Martín dijo:
Que comparto el relato efectuado en el voto de la Dra. O’ Gómez y adhiero a la solución adoptada en el mismo. Que ello así, a tenor del análisis y conclusiones arribadas sobre el informe pericial contable presentado en sede judicial, que permitió convalidar la postura de la recurrente, en primer lugar mediante el resolutorio del 29/06/2021 emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, Secretaría N° 5 en el Expediente Nro. 90950/2017 caratulado “Telefónica de Argentina S. A. c/ AFIP- DGI s/Proceso de Conocimiento”, al declarar la inaplicabilidad al caso del art. 39 de la ley N° 24.073, así como de toda norma legal o reglamentaria, en tanto impiden aplicar el ajuste por inflación impositivo con relación al ejercicio fiscal 2016 -involucrado en autos.
Que allí se dijo, sobre la base de las conclusiones arribadas por los expertos contables que “se verifica el supuesto de confiscatoriedad producida por el cálculo del impuesto a las ganancias inaplicando el sistema de ajuste, en tanto importaría obligar a la actora a aportar al erario público por el período fiscal 2016 una alícuota superior a la fijada legalmente, lo que en el caso concreto constituye un exceso al deber de contribuir al financiamiento del actuar estatal y al razonable limite de imposición”.
A lo que se agrega que la sentencia dictada en primera instancia fue luego confirmada por la Alzada en fecha 5/11/24, contra lo que el ente fiscal dedujo recurso extraordinario federal y posterior queja ante su denegación, lo que finalmente fue resuelto por el Máximo Tribunal al declararlo inadmisible en conformidad con el art. 280 del CPCCN, mediante decisión del 16 de abril de 2026.
Que ello así, voto por revocar la resolución apelada, con costas.
Del resultado de la votación que antecede, SE
1. Revocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios del Dr. Miguel Ángel Tesón por su actuación en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la recurrente en las suma de $ 270.818.718 (pesos doscientos setenta millones ochocientos dieciocho mil setecientos dieciocho) equivalente a 2.928,34 ( dos mil novecientos veintocho con 34/100) UMA - Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°538/2026 (31/3/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Se hace constar que las sumas reguladas no incluyen en IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2026.04.28 10:53:41 -03:00 Date: 2026.04.28 13:17:48 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.28 13:39:02 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.28 13:39:03 -03:00
Fin de la sentencia