Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 32074-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido e inadmisible el recurso de apelación articulado por el doctor Cotter, con costas a su cargo (Considerando XV);
2Desestimar el recurso de apelación intentado por Fedex y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado en lo que a dicha parte respecta y ha sido materia de agravios; y
3Admitir el recurso de apelación intentado por Telefe, revocar parcialmente el pronunciamiento atacado y, consecuentemente, dejar sin efecto el punto 3° de la resolución DE PRLA 8923/2011, únicamente en cuanto dispuso su responsabilidad tributaria;
4Distribuir por su orden las costas correspondientes a la actividad recursiva desplegada por Telefe por ante el Tribunal Fiscal de la Nación (Considerando XVI); y
5Distribuir las costas de esta instancia judicial, salvo en lo que respecta al recurso del doctor Cotter (Considerando XV), por su orden (Considerando XVI).
///nos Aires, 12 de julio de 2022.-
VISTOS estos autos 19.222/2021 caratulados “Televisión Federal SA - TF 32.074-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. Por resolución DE PRLA 8923/2011 el señor jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros (ver esp. fs. 4/9 del hipervínculo referido en este párrafo):
-condenó a Televisión Federal SA (Telefe) y a Federal Express Corporation (Fedex), en su condición de prestadora del servicio de courier, al pago de una multa de $238.451,22, equivalente a una vez la diferencia de valor detectada por la operatoria fiscalizada, por comisión de la infracción tipificada en el artículo 954, apartado primero, incisos a) y c), del Código Aduanero, respecto de la mercadería documentada en a guía Courier para los films “Todo sobre mi madre”, “Fight Club” y “Lake Placid”, incluidos en el contrato de licencia televisiva número “102476”, suscripto en favor del licenciante internacional Twenty Century Fox International Television Inc., que ingresara al territorio nacional mediante solicitud OM 1125S código “26961 C”, guía aérea número “791004203324”, de conformidad con lo normado por el artículo 1112, inciso a), del Código Aduanero (conf. artículo 1° de la parte resolutiva);
-formuló cargo por la multa impuesta por el artículo 1° de la resolución bajo referencia e intimó a su cancelación en los términos de los artículos 924 y concordantes del Código Aduanero (conf. artículo 2° de la parte resolutiva); y -formuló cargo a Fedex y solidariamente a Telefe por los tributos adeudados con relación a la declaración objeto de autos por la suma de $140.486,07, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 777, 783 y concordantes del Código Aduanero e intimó a su cancelación en los términos del artículo 794 de igual cuerpo legal (conf. artículo 3° de la parte resolutiva).
Para así decidir, el funcionario decisor indicó:
-que por la Nota DV EMVI 504/2006, sobre la base de los documentos e información colectada y atento a las condiciones y circunstancias bajo las cuales se habría llevado a cabo la operatoria comercial examinada, se concluyó que el monto correspondiente a los derechos de exhibición devengados por Telefe en beneficio del licenciante extranjero Twenty Century Fox International Television Inc., en cumplimiento de las condiciones impuestas en el contrato de licencia televisiva número “102476”, celebrado el 23/8/2006, debía formar parte del valor declarado en oportunidad de documentar la importación de los respectivos soportes físicos, que constituían el medio necesario para plasmar las películas por cuya exhibición se exigían y reconocían los derechos en cuestión, de cuya íntima e inseparable conjunción con la apreciación económica de la propiedad intelectual allí contenida, surgía el valor en aduana de la mercadería importada;
-que según indicara la Dirección de Asesoría Legal Aduanera, cabía la formulación de cargo suplementario tanto al courier en su carácter de documentante ante el servicio aduanero como al propietario o poseedor de la mercadería de origen extranjero, en forma solidaria, conforme lo dispuesto en los artículos 777 y 783, ambos del Código Aduanero;
-que según lo previsto en la resolución 2436/1936 y modificatorias, cuando una declaración resultara inexacta en cantidad, especie, calidad y/o valor según lo establecido en el artículo 954 del Código Aduanero, se aplicará el procedimiento previsto para las infracciones, subsumiéndose en tal concepto cuando el servicio aduanero determinara un valor FOB superior al declarado;
-que tanto el agente courier como el destinatario de la mercadería resultaban pasibles de reproche infraccional como responsables por el cargo suplementario de tributos;
-que para determinar el valor en aduana correspondía añadir al valor de los soportes físicos el abonado por los derechos de exhibición de los films;
-que no podía prosperar el argumento referente a que el pago del canon no era una condición de venta del soporte grabado, sino elemental para la adquisición de los derechos de exhibición, ya que la importación de las cintas tuvo por finalidad su exhibición por televisión, lo cual conllevaba el agregado de tales derechos al valor del soporte físico para determinar el valor de lo importado.
En este sentido, añadió el funcionario decisor que los derechos de autos o derechos intelectuales se encontraban incorporados en un soporte físico, por manera que no cabía duda alguna que integraban la mercadería a valorar, resultando absurdo pretender valorar un libro, un manual, etcétera, únicamente por el papel en que se encontraba el escrito; y -que correspondía desestimar la pretensión de las intervinientes en la operatoria de aplicar la exención prevista en la nota interpretativa del artículo 8° del Acuerdo de Valor, que establecía que en la determinación de valor en aduana no se añadiría el precio realmente pagado o por pagar por los derechos de reproducción de las mercaderías en el país de la importación, por cuanto surgía del contrato y, asimismo, se encontraba reconocido, que se trataba de un derecho de exhibición, más no de reproducción.
Con asiento en estas consideraciones, el funcionario decisor señaló que, habiendo sido consignado un valor en aduana que no se condecía con los elementos emergentes del contrato de licencia televisiva N° P063, resultaba evidente que se declaró una base imponible disminuida y que aquélla diferencia se encuadraba en la infracción tipificada en el artículo 954, literal c), del Código Aduanero, verificándose a su vez un perjuicio fiscal en los términos del artículo 954, literal a), del Código Aduanero, en atención al menor pago de tributos producto de dicha diferencia conforme lo estipulado en el artículo 956, literal b), también del Código Aduanero;
Luego, a efectos de graduar la sanción a aplicar, destacó que siendo ello una facultad cuyo ejercicio resultaba privativo de la función del juzgador dentro de los límites legalmente establecidos por el artículo 915 del Código Aduanero y concordantemente con los artículos 40 y 41 del Código Penal, habiendo procedido a efectuar una valoración de los hechos de la causa, resultaba ajustado a derecho que el reproche a aplicar a Telefe y a Fedex ascendiera a una vez la diferencia de valor detectada. Finalmente, consideró que, de conformidad con lo establecido en el artículo 904 del Código Aduanero, correspondía extender la responsabilidad por la multa impuesta en autos a los directores y administradores de la firma sumariada, así como la formulación de cargo por los tributos adeudados con relación a la destinación objeto de autos.
II. Por resolución del 7/6/2019, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación:
-por mayoría, confirmó la resolución DE PRLA 8923/2011, en cuanto exigía a Telefe y Fedex el pago de tributos, con mas intereses conforme lo normado en el artículo 794 del Código Aduanero, con costas; y -por unanimidad, la revocó en lo concerniente a la infracción tipificada en el artículo 954, apartado primero, incisos a) y c), del Código Aduanero, con costas por su orden (ver esp. fs. 3/28 del hipervínculo incluido en este párrafo).
Cuada señalar que la disidencia del doctor Soria radica únicamente en la inclusión en la condena tributaria al pago de diferencias, a partir de la variación de la base imponible, en concepto de percepciones del IVA adicional y del Impuesto a las Ganancias.
Con esta salvedad, cuadra señalar que para resolver del modo indicado, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación consideró: -que los derechos de licencia pagados por Telefe para exhibir los films por televisión abierta integraban el valor en aduana de la mercadería importada por la operación fiscalizada.
Al efecto, destacó que la autoridad administrativa aplicó el método de valoración de mercadería conocido como “último recurso” (que resulta residual, para aquellos supuestos en los que los métodos contemplados en los artículos 1° al 6° del Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de 1994); lo que no fue cuestionado por los recurrentes, quienes acotaron su cuestionamiento a sostener que el derecho de exhibición no se encontraba gravado por derecho aduanero alguno, por lo que las películas no tenían valor alguno, mal pudiendo exigirse el pago de tributo alguno más que por el soporte material de la mercadería.
Sentado ello, precisó que la postura de las apelantes resultaba contraria a derecho, puesto que lo que debía gravarse era la mercadería que se documentaba a importación, aún cuando no existiera venta, en la especie, de las filmaciones contenidas en cassettes; lo que determinaba la inclusión de los derechos de exhibición en el valor en aduana de la mercadería documentada por la operación bajo trato. Resaltó que el concepto de mercadería receptado por el artículo 10 del Código Aduanero resultaba ser amplio, abarcando todo “objeto susceptible de ser importado o exportado” y que los derechos de autor o intelectuales se encontraban incorporados a un soporte físico, por lo que no cabía duda alguna que integraban la mercadería a valorar. Consideró improcedente la aplicación al caso de la exención prevista en el artículo 8° del Acuerdo de Valor, por no referir dicha norma a derechos de exhibición (tal el caso de autos), sino de reproducción.
A lo dicho, añadió que la decisión 4.1 del Comité de Valoración en Aduana, receptada por nuestro país mediante resolución MEOSP 856/1995, no podía ser aplicada al caso, en tanto refería a otro tipo de mercadería (importación de software), encontrándose toda grabación digital que no constituyera un programa de aplicación para computadoras, o fuera una obra musical, fotográfica, filmográfica o videojuegos, sujeta al criterio de valoración general.
Concluyó que el derecho de licencia pagado por el derecho de exhibición de los films en cuestión integraba el valor de mercadería que se importara por la guía examinada, resultando ello condición para su ingreso al país, en los soportes que los contenían; debiendo -por tanto- ser incluido dicho concepto en la base imponible a los efectos de la liquidación del derecho de importación.
-que Fedex no podía eludir su responsabilidad por considerarse mero transportista de la mercadería, dado que para realizar tal operatoria debió inscribirse de conformidad con las resoluciones 2436/1996 y 3236/1996 en el registro de importadores y exportadores; sumado al hecho que no podía desconocer que los bienes en cuestión fueron introducidos al territorio nacional por la guía aérea involucrada en autos, siendo que, del confronte de la solicitud particular con la “declaración de contenido de sacas courier (general)” y factura de envío de la operación obrante en las actuaciones administrativas a la vista, se desprendía el número de guía aérea “7910 0420 3324”; haciendo al efecto referencia puntual a fs. 51 de las actuaciones administrativas 13681-127-2006/1. Al respecto, a su vez, resaltó que la autoridad administrativa, para llevar a cabo el ajuste, consideró -además de los valores declarados por la solicitud- los montos abonados en concepto de licencias por la exhibición de los films involucrados en la causa, que surgían del contrato suscripto entre Telefe y Twentieth Century Fox International Television Inc., liquidando sobre el valor FOB ajustado por derecho de importación, tasa de estadística, factor de convergencia, IVA, IVA adicional e Impuesto a las ganancias.
-que conforme lo normado por los artículos 777 y 783 del Código Aduanero, correspondía confirmar el cargo tributario en cuanto exigía el pago de tributos en forma solidaria a Fedex, en su carácter de documentante, y a Telefe, como consignatario-poseedor de la mercadería, con más intereses según lo previsto en el artículo 794 del Código Aduanero, a computar desde el vencimiento del plazo de diez días de la notificación, en cada caso, de la corrida de vista y hasta la fecha de efectivo pago; con costas.
En este aspecto, que según se indicara previamente fue el único en el que hubiera discrepancia de uno de los vocales de la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, la posición mayoritaria (conformada por el doctor Juárez y la doctora Musso) destacó que tratándose de una liquidación o determinación tributaria por modificación de la base imponible para los gravámenes, la autoridad aduanera tenía plena competencia para exigirlos y percibirlos; que no se encontraba acreditado que la mercadería a importar resultase “bienes de uso” por lo que no podía admitirse lo argumentado en tal sentido; que la defensa de Fedex con asiento en la resolución general AFIP 11/1997 no podía prosperar dado que su valor FOB superaba el límite establecido por la resolución ANA 3236/1996, punto e), literal b), del Anexo II A, aplicable a dichas operaciones, debiendo estarse al régimen general; que lo convenido por el contrato suscripto entre Telefe y Twentieth Century Fox International Television Inc., en su capítulo “Impuestos” refería que el licenciatario pagaría todos los impuestos, aranceles sobre consumo y sobre gravámenes -excluyendo el impuesto neto sobre la renta y de franquicias de “Fox”- aplicados con relación al otorgamiento de la licencia, renta, entrega, exhibición, posesión o uso por parte del licenciatario de las películas o materiales y/o sobre cualquier derecho otorgado por “Fox” en los términos del acuerdo.
Por su lado, el doctor Soria discrepó en lo que refiere al cargo por diferencias en concepto de percepciones por IVA adicional e Impuesto a las ganancias, dado que tal reclamo pasaba a ser inexigible desde el momento en que Telefe determinó y presentó ante la AFIP - DGI las declaraciones juradas correspondientes a tales tributos por los períodos fiscales comprensivos de las percepciones en controversia.
Con asiento en tal circunstancia, el nombrado vocal consideró que se encontraba extinguida la obligación impositiva de Telefe de ingresar diferencias de percepciones por el Impuesto a las Ganancias e IVA adicional derivadas de la variación del valor imponible de las mercaderías importadas en cuestión.
Luego, en lo que respecta a los intereses resarcitorios sobre tales diferencias de percepciones, señaló que, en la medida en que no fueron liquidados ni intimado su pago, al no haber sido oportunamente ejercidas las facultades de cobro, habrían prescripto; y, por tanto, resultarían inexigibles.
Finalmente, en lo que respecta a Fedex, el doctor Soria señaló que si bien aquella resultaba ser la importadora de la mercadería en trato, al haber sido realizadas las operaciones a través del régimen simplificado, no resultaban procedentes las percepciones del Impuesto a las Ganancias e IVA adicional, por encontrarse tales operaciones expresamente excluidas de los regímenes de percepción establecidos por las resoluciones generales AFIP - DGI 3431, 3543 y sus modificatorias. -que la multa aplicada en los términos del artículo 954, apartado 1°, literales a) y c), del Código Aduanero debía ser dejada sin efecto.
En el caso de Telefe, destacó el principio de la personalidad de la pena y el carácter penal de las multas aduaneras, así como el hecho que no fue quien documentó la destinación bajo trato, por lo que no efectuó declaración inexacta.
Y, en lo que respecta a Fedex, adoptó igual conclusión puesto que, aún cuando documentara ante el servicio aduanero el ingreso de la mercadería, ello lo hizo de conformidad con los valores resultantes de la factura acompañada y según lo establece la resolución ANA 3236/1996, por lo que, sin perjuicio de figurar en la factura el número de contrato considerado por la autoridad administrativa para realizar el ajuste de valor, debía aplicarse el criterio previsto en el artículo 898 del Código Aduanero, máxime no existiendo certeza del efectivo conocimiento por parte del courier del valor real de la mercadería.
III. Disconforme con lo resuelto, Telefe apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva (ver 1; esp. fs. 29 y 31/48). Sostuvo que por la resolución apelada se violentó el principio de legalidad tributaria, haciéndola responsable en su condición de simple tenedora del material audiovisual importado por Fedex, quien resultaba responsable del pago de los tributos.
En este sentido explicó que, en su carácter de licenciatario de los derechos de exhibición de las películas no resultaba ser propietaria ni poseedora del material recibido, por no resultar su dueño ni tener ánimo de serlo; limitándose su rol a mero exhibidor autorizado por la licencia acordada a proyectar los films, debiendo devolver la película al término de la licencia, pagando al licenciante por el uso de los derechos temporalmente cedidos.
Recordó que, según lo normado por el Código Aduanero, el deudor principal resultaba ser el importador, mientras que responsables solidarios, el propietario y el poseedor.
Postuló que, en la especie, el importador resultó ser Fedex y el propietario del material la compañía Twentieth Century Fox Int.. Señaló que, elípticamente, tanto la autoridad aduanera como el Tribunal Fiscal de la Nación consideraron que, al recibir las películas para exhibirlas, tenía la obligación legal de pagar los tributos aduaneros, adjudicándole -al pasar- la posesión del material, sin tratar ni rebatir lo oportunamente argumentado al respecto.
Sostuvo que el hecho de tener la licencia de los derechos de exhibición no configuraba un supuesto de posesión ni titularidad de la mercadería importada.
Con referencia al Código Civil y al Código Civil y Comercial de la Nación, manifestó que el licenciatario de los derechos de exhibición de una película no podía ser considerado su poseedor, dado que no actuó como su dueño y señor; configurando -por tanto- un simple tenedor.
Recalcó que el Código Aduanero resultaba ser muy preciso al emplear los términos “posesión” y “tenencia”, mal pudiendo considerarse que la responsabilidad tributaria atribuida por voluntad de la ley al propietario o poseedor de la mercadería se extendiera al “tenedor”; puesto que, si esa hubiera sido la intención, se lo habría incluido entre los responsables solidarios enumerados en el artículo 783 del mentado cuerpo legal, tal como lo contemplan los artículos 264, 363, 627, 669 y 981. Refirió que, en el estudio de valor preparado por la aduana para justificar la denuncia formulada en su contra, la autoridad administrativa reconoció que únicamente era la licenciataria de los derechos de exhibición de las películas, resaltando que la licencia no transfería la titularidad de dominio sino el uso autorizado del material audiovisual.
Agregó que el poseedor resultaría responsable únicamente en la medida en que la posición tuviera una finalidad industrial o comercial, a menos que se tratara de bienes registrables; supuestos que no se verificaban en la especie.
Concluyó en este punto, que el Tribunal Fiscal de la Nación efectuó una interpretación analógica del artículo 783 del Código Aduanero, extendiendo la responsabilidad del poseedor al tenedor de la mercadería importada.
Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, consideró que las regalías pagadas por los derechos de exhibición no debían formar parte del valor en aduana de los soportes físicos, por dos razones:
i) al no haber compraventa, no era posible el ajuste por regalías (conf. artículos 1° y 8° del Acuerdo de Valoración); y ii) por no cumplirse los demás requisitos previstos en el artículo 8°, párrafo 1.c) y su nota interpretativa, encontrándose ausentes, en la especie, lo relativo a la relación entre el pago de las regalías y la mercadería importada y al hecho que el pago de los cánones y derechos de licencia fuera una condición de venta.
Explicó que si bien existía una relación entre el soporte físico y la película, en tanto Telefe no adquirió ni lo intangible ni lo tangible, resultaba absurdo ajustar el valor declarado de la mercadería que no fue comprada con las sumas giradas en retribución de los derechos de exhibición.
Manifestó que no era necesario recibir las cintas para exhibir las películas, pudiendo ser remitidas vía satélite o internet; lo que daba cuenta que los soportes físicos no eran el medio necesario para poder exhibir los films, habiendo podido -en todo caso- recibir lo intangible sin necesidad de importar lo tangible.
Postuló que por el contrato de licencia no se condicionó la cesión de los derechos de propiedad intelectual a la adquisición de los cassettes.
Como corolario, en lo que al punto refiere, indicó que las regalías no se encontraban relacionadas esencialmente con un negocio jurídico distinto e independiente del contrato de comodato de los tapes; sino con un contrato de licencia mediante el cual fueron cedidos los derechos de exhibición y difusión de una película por determinadas sumas; acuerdo cuyo objeto resultaba ser permitir al cesionario exhibir las películas y resultando el canon la contraprestación de tal derecho, que no se encontraba necesariamente vinculado al soporte físico.
Puntualizó que su interpretación del caso, se encontraba corroborada por la opinión consultiva 4.9 del Comité Técnico de Valoración. En función de lo expuesto, consideró que el ajuste de valor resultaba improcedente.
Subsidiariamente, señaló que, al haber pagado IVA y el Impuesto a las Ganancias relacionados con el contrato AR 0268 número 102476 celebrado entre Twentieth Century Fox Int. y Telefe, mal podía serle reclamado el pago del diferencial por retenciones a cuenta de tales tributos; caso contrario se evidenciaría un supuesto de doble imposición. Por todo lo expuesto, Telefe solicitó que se dejara sin efecto la condena tributaria dispuesta en su contra, con costas a cargo del Fisco Nacional.
Dicha presentación fue replicada por el Fisco Nacional (ver esp. fs. 7/14 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
IV. El doctor Juan Patricio Cotter, alegando un derecho propio, también apeló lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación. Al fundar su presentación, indicó que cuestionaba la decisión de distribuir por su orden las costas en lo que respecta a la revocación de la multa aplicada a Fedex y a Telefe por la resolución DE PRLA 8923/2011.
Sostuvo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1163 del Código Aduanero, así como por el artículo 68 del CPCCN, las costas debieron ser impuestas a cargo del Fisco Nacional.
Explicó que, pese a tener la obligación de hacerlo, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación omitió dar motivos suficientes para apartarse del principio objetivo de la derrota y distribuir las costas por su orden.
Por lo expuesto, solicitó que se modificara la distribución de costas en lo concerniente a la materia por la cual fuera revocada la resolución aduanera, imponiéndolas a la AFIP - DGA.
Dicha presentación fue replicada por el Fisco Nacional (ver esp. fs. 15/20).
V. Fedex también recurrió lo decidido, fundando debidamente su pretensión recursiva.
Tras reseñar los antecedentes del caso, planteó que, por el pronunciamiento apelado, se habría omitido tratar la nulidad que oportunamente planteara respecto del procedimiento sumarial seguido, básicamente por la falta de agregación de la guía aérea número “791004203324”, documento imprescindible para constatar el tipo de mercadería ingresada y la declaración aduanera comprometida.
Al respecto, explicó que, al no contar con dicho documento, el servicio aduanero se vio imposibilitado de demostrar que los videos importados contuvieran los films en cuestión; y, consiguientemente justificar la adecuación de la valoración de los bienes importados. Resaltó haber solicitado copia de dicha documentación a la Aduana, quien a fs. 168 afirmó no poseerla.
Sostuvo que, desde un inicio, explicó que no existía prueba alguna que demostrara que las películas cuyos derechos se pretendían incluir en la base imponible de los derechos de importación reclamados, se encontraran efectivamente grabadas en las cintas. En este sentido, consideró que la falta de incorporación de la guía aérea en el procedimiento sumarial seguido impedía tener por acreditado que los videos importados llevaran grabadas las películas “Todo sobre mi madre”, “Fight Club” y “Lake Placid”, revelando ello la falta de sustento de la pretensión tributaria.
Agregó, por un lado, que el único elemento tenido en cuenta por el servicio aduanero para presumir que tales films estuvieran grabados en las cintas importadas resultaba ser un informe unilateral emitido por Telefe en el marco de una causa penal en la que se investigaba a Artear; y, por otro, que los verificadores aduaneros actuantes consideraron que la declaración efectuada resultaba correcta y, por tal motivo, procedieron a la liberación de la mercadería.
Lo dicho, a su entender, daba cuenta de la irregularidad del procedimiento seguido y, en consecuencia, del ajuste practicado. Citó jurisprudencia que avalaría su postura en lo que a la nulidad refiere.
Sentado ello, defendió la imposibilidad jurídica de atribuirle responsabilidad por lo acontecido, por haberse acotado su intervención en la operatoria a ser su mero transportista bajo el servicio “puerta a puerta”, no resultando la importadora de la mercadería y, por tanto, no responsable ni de lo declarado por el embarcador/consignatario ni, por consiguiente, de la obligación tributaria y/o infraccional que pudiera determinarse sobre tal declaración.
Explicó, en este sentido, que tanto el reclamo impositivo así como la sanción dispuesta podía pesar únicamente sobre el consignatario.
Sostuvo que, de confirmarse lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación, se avalaría que una resolución aduanera, alterando lo normado por el Código Aduanero, convirtiera a los prestadores del servicio de courier en importadores; todo lo cual implicaría la violación de principios constitucionales propios de la tributación tales como los de legalidad, capacidad contributiva, razonabilidad e igualdad.
Alegó que su inscripción como importador en los términos de las resoluciones ANA 2436/1996 y 3236/1996 no podía implicar que el courier, transportista, debiera responder por los derechos aduaneros reclamados, que únicamente podrían ser requeridos al consignatario, titular de la mercadería.
Acotó que, sin tal inscripción, no podía llevar a cabo los trámites aduaneros propios de su actividad y que el Código Aduanero distinguía entre actos por cuenta propia y por cuenta de terceros; siendo que, en la especie, actuó a nombre y en interés del titular de la mercadería (el consignatario).
Explicó que del sistema de convenios internacionales sobre el transporte aéreo internacional vigente al momento de los hechos involucrados en autos, en especial los Convenio de Varsovia, de La Haya y Montreal, surgía con palmaria claridad la imposibilidad de responsabilizarla por las diferencias tributarias derivadas de una declaración supuestamente errónea sobre las mercaderías que hizo el expedidor extranjero y que fueron aceptadas por el consignatario local.
Precisó que salvo en lo que respecta a peso, dimensiones y embalaje, el transporte aéreo no tenía la obligación de verificar la exactitud de la declaración que el expedidor extranjero efectuara respecto de las características de la mercadería; resultando, en principio, responsable el expedidor extranjero y, una vez entregada en destino y aceptada, el destinatario/consignatario local.
A su vez, indicó que si bien tales convenios no se centraban específicamente en aspectos aduaneros, dichos acuerdos pretendieron otorgar un marco normativo concreto a la actividad en general, limitando la atribución indiscriminada de responsabilidad para los transportistas aéreos; y delimitando las obligaciones en cabeza de los expedidores y destinatarios y estableciendo topes cuantitativos en caso de daños.
Añadió que mal podía admitirse que normas aduaneras locales echasen por tierra el sistema de responsabilidades establecido internacionalmente, atribuyendo a los transportistas la condición de garante de los derechos aduaneros de los propietarios de la mercadería bajo trato. Manifestó que la resolución MEyOSP 1532/1998, que aprobó las condiciones generales del contrato de transporte aéreo, convalidó su postura al eximir de responsabilidad al transportista sobre las declaraciones respecto de la mercadería, incluso para la declaración a los fines aduaneros y el eventual pago de tributos o multas en caso de inexactitud.
Así las cosas, continuó en su razonamiento, la responsabilidad atribuida por el pronunciamiento apelado con asiento en la resolución ANA 2436/1996 importaría avalar una modificación al sistema de responsabilidades previsto en tratados internacionales, en franca violación al principio de jerarquía normativa, que ha de primar incluso sobre la ley, conforme lo normado por los artículos 31 y 75, inciso 22, ambos de la Constitución Nacional.
Sin perjuicio de lo hasta aquí reseñado, postuló que aún considerando que el servicio “puerta a puerta” que realizara poseía naturaleza “postal” y no de “transporte aéreo de carga”, no podía atribuírsele responsabilidad tributaria, ello en tanto:
-el Código Aduanero no preveía que el prestador postal debiera abonar los tributos en lugar del destinatario; quien, en su carácter de interesado del envío, ha de efectuar la declaración aduanera y abonar los tributos (conf. artículo 558 del Código Aduanero);
-normas imperativas de mayor jerarquía aún al Código Aduanero impedían validar que la resolución 2436/1996 pudiera justificar la imposición de tributos al prestador postal.
En este sentido, recordó que el Estado Argentino formaba parte de la Unión Postal Universal (ley 20.715) y, en función de ello, ha adherido a diversos tratados internacionales en los que se fijaron las reglas a las cuales ha de ser sometida la actividad de correos, que los Estado parte se comprometieron a respetar.
En particular, refirió que el artículo 33 del Convenio Postal Universal, ratificado por ley 25.338, disponía que los derechos de aduana han de ser cobrados al expedidor o destinatario; y que el artículo 401 del Reglamento relativo a encomiendas postales, ratificado por ley 25.692, preveía que la declaración resultaba única y exclusiva responsabilidad del expedidor.
Subsidiariamente, en caso de no ser receptada su posición respecto del alcance a consignar a la resolución ANA 2436/1996, planteó su inconstitucionalidad por contrariar principios constitucionales y de mayor jerarquía, tal como fuera previamente apuntado.
Explicó que el planteo fue oportunamente introducido dada la imposibilidad del Tribunal Fiscal de la Nación de declarar la inconstitucionalidad de una norma.
Luego, en lo que respecta a la decisión de considerar procedente el ajuste practicado, señaló que por la resolución apelada no fueron tratados planteos oportunamente formulados, entre estos: -que la inexactitud detectada por el servicio aduanero no surgió de una comprobación física de la mercadería al tiempo de la verificación, habiendo -en ese entonces- considerado correcta la declaración, disponiendo la liberación a plaza de la mercadería; -que la irregularidad encontró origen en cierta documentación que formó parte de una investigación penal seguida contra Artear, más de tres años luego de que se realizara el despacho de importación bajo examen;
-que al momento en que se inició el procedimiento sumarial que concluyó con la resolución aduanera apelada, la mercadería ya había sido liberada, encontrándose en manos del consignatario, no habiendo realizado la Administración una comprobación física de los bienes que permitiera determinar que los videos se encontraran efectivamente grabados con las películas en cuestión;
-que las facultades de control por parte del servicio aduanero ya habían sido ejercidas, por lo que no podía revisar la clasificación y verificación efectuada;
-que si la Aduana pretendía llevar a cabo un ajuste autónoma del valor de la mercadería declarada, debió seguir el procedimiento previsto en la resolución AFIP 857/2000, vigente al tiempo de los hechos, lo que no aconteció en la especie;
-que el ajuste de valor practicado resultaba absurdo, sustentado en información desconocida, resultante de un procedimiento penal seguido contra otra empresa televisora, al margen de toda pauta, una vez liberada a plaza la mercadería, resultando imposible comprobar si efectivamente los videos contenían las películas en cuestión;
-que lo reclamado contrariaba lo previsto en el artículo 793 del Código Aduanero, que impedía efectuar una revisión del criterio adoptado al momento de la importación; y -que, en la especie, no obstante haber mediado un pago oportuno y correcto de los tributos debidos al 19/9/2003, lo que fue convalidado por los funcionarios intervinientes, la operatoria fue objeto de fiscalización y reclamo tributario por aplicación del criterio plasmado en la nota externa 12/2005, dictada con posterioridad a que fuera llevada a cabo la importación en cuestión.
Al respecto, destacó que la mencionada nota externa estableció nuevas pautas en lo que resulta a la valoración de películas cinematográficas, estableciendo un “cambio interpretativo”; aplicándolo a una operatoria llevada a cabo casi dos años antes.
Explicó que, al haber mediado un pago oportuno y correcto de los derechos adeudados al 19/9/2003, sin objeción por parte del servicio aduanero, quien procedió a la liberación de la mercadería, resultaba improcedente el ajuste de valor practicado, encontrándose ello vedado por el artículo 793 del Código Aduanero.
Citó jurisprudencia que, a su entender avalaba su postura, en lo que al punto refiere.
Alegó que la pretendida prueba del criterio anterior y vinculante resultaba ser la liberación de la mercadería involucrada en autos sin objeciones sobre el valor declarado por parte de la propia Aduana de Ezeiza.
Hizo hincapié en el efecto liberatorio del pago.
Señaló que la rigurosidad en la configuración de un “cambio de criterio” en los términos del artículo 793 del Código Aduanero importaría distorsionar abiertamente tal instituto, cuyo foco se centraba en proteger el derecho constitucional de propiedad y consagrar el alcance del efecto liberatorio del pago.
Por lo expuesto, Fedex solicitó que se revocara parcialmente lo decidido por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, se dejara sin efecto el reclamo tributario contenido en la resolución DE PRLA 8923/2011 en su contra, con costas a cargo del Fisco Nacional.
Dicha presentación también fue replicada por la AFIP - DGA.+ VI.- Si bien el Fisco Nacional, también apeló lo resuelto, por resolución del 26/2/2020, el señor vocal instructor de la causa declaró desierto el recurso intentado.
VII. A pedido del Tribunal, el señor fiscal general de Cámara dictaminó, considerando inoficioso expedirse respecto del planteo de inconstitucionalidad de la resolución ANA 2436/1996 formulado por Fedex.
Alcanzó tal conclusión, tras referir los alcances de la norma atacada y los antecedentes del caso, y entender que, en definitiva, en la especie resultaba aplicable el inveterado principio según el cual el voluntario sometimiento sin reservas expresas a un régimen jurídico, obstaba a su ulterior impugnación, toda vez que no podía ejercerse una pretensión judicial manifiestamente contradictoria e incompatible con una conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Al respecto, aclaró que si bien de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como principio, no resultaba oponible la teoría de los actos propios cuando el interesado se hubiera visto obligado a someterse al régimen como única vía posible para acceder al ejercicio de su actividad, en el caso no podía soslayarse que cuando oficializó en el año 2003 la operación al amparo de la resolución 2436/1996 (modificada por la resolución 3236/1996), Fedex asumió ante la aduana el rol de obligado principal por el pago de los tributos aduaneros, sin perjuicio de los eventuales reclamos que pudiera realizar al consignatario, y, como la propia actora reconociera, no cuestionó la validez de la aludida obligación sino hasta que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó el cargo.
Por tal razón, con asiento en un precedente de la Sala IV del Fuero, entendió que, al haber realizado la importación con sujeción al régimen simplificado (OM-1125), al cual se sometió voluntariamente, Fedex resultaba sujeto obligado al pago de la totalidad de los tributos que gravaban la importación, con independencia de quien resultase consignatario de la mercadería (conf. argumento artículo 3°, inciso b), apartado c), del anexo II A, y apartado c), del anexo III A, de la resolución ANA 2436/1996, con las modificaciones introducidas por la resolución ANA 3236/1996.
En este contexto, remarcó que, en un caso análogo, la Sala V del Fuero sostuvo que el documentante de la importación (Fedex) resultaba ser el obligado al pago de la totalidad de los tributos que gravaban la importación, en tanto había realizado la importación con sujeción al régimen previsto en la resolución 3236/1996; el que conforma un régimen de excepción, al cual la parte se sometió voluntariamente. Finalmente, recordó que las garantías atinentes a la propiedad privada podían ser renunciadas por los particulares y que ello sucedía cuando el interesado realizase actos que, según sus propias manifestaciones o el significado que se atribuyera a su conducta, importaran acatamiento de las disposiciones o suponían el reconocimiento de la validez de la ley que se pretendía impugnar.
VIII. Para comenzar el tratamiento de los agravios, cuadra referir que, según resulta de los antecedentes del caso que se tienen a la vista, a través del “Contrato de licencia de exhibición en televisión”, Telefe adquirió el derecho de exhibición de los filmes “Todo sobre mi madre”, “Fight Club” y “Lake Placid”, entre otros, debiendo, como contraprestación, abonar a Twentieth Century Fox International Television Inc., titular de las licencias correspondientes, una determinada suma dineraria, comprometiéndose la firma argentina a restituir a la sociedad extranjera los soportes físicos que contenían los largometrajes luego de su exhibición (ver contrato de licencia televisiva número “102476”, obrante a fs. 21/24 de las actuaciones administrativas 13681-127-2006/1 a la vista). Fedex, en su carácter de agente courier, documentó el 19/9/2003, a través de la solicitud 26961-C, según formulario OM-1125, la importación de beta videos-casettes que contenían los largometrajes por los que Telefe había abonado a Twentieth Century Fox International Television Inc. ciertos importes en concepto de licencia por exhibición; a cuyos efectos hizo uso del régimen simplificado previsto en las resoluciones ANA 2436/1996 y 3236/1996 (fs. 37 y ss. de las actuaciones administrativas 13681-127-2006/1).
Los tributos que gravaban la importación de esos beta videos fueron determinados y pagados por Fedex sobre el valor en aduana de la mercadería declarada por el embarcador, que fue liberada y entregada a Telefe.
Luego, efectuado el estudio de valor correspondiente, el servicio aduanero constató que los casettes contenían las mencionadas obras cinematográficas por las que Telefe había abonado un importe a Twentieth Century Fox International Television Inc. en concepto de licencia por exhibición.
Ante ello, previa tramitación del expediente administrativo correspondiente, el Fisco Nacional dictó la resolución DE PRLA 8923/2011 por la que, según fuera apuntado en el Considerando I, entre cuanto aquí importa, llevó a cabo un reajuste del importe declarado en la solicitud de importación, añadiendo al valor FOB de las mercaderías el canon abonado por la licencia de exhibición, formulando cargos por diferencia de tributos contra Fedex, en su carácter de sujeto que documentó la operación ante el servicio aduanero, y Telefé, como propietario o poseedor de la mercadería.
IX. Sentado ello, al fin de expedirse respecto de lo alegado por Fedex en punto a la nulidad del procedimiento sumarial seguido, básicamente por la falta de agregación de la guía aérea número “791004203324”, documento -a su entender- imprescindible para constatar el tipo de mercadería ingresada y la declaración aduanera comprometida, cuadra recordar que:
-una vez dictado el auto de apertura a prueba conforme los lineamientos previstos en el artículo 1094 del Código Aduanero, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de diez días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviera en su poder; debiendo, en caso de no contar en su poder con la prueba documental, individualizarla, indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontraría (conf. artículo 1101 del Código Aduanero);
-la vista que se acaba de referir, tendrá los efectos de la notificación de la liquidación de los tributos a que alude el artículo 1094, inciso d), de igual cuerpo normativo (conf. artículo 1103 del Código Aduanero); y -dentro del plazo previsto en el artículo 1101 antes apuntado, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma que adolecieran, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo (conf. artículo 1104 del Código Aduanero).
En la especie, de la compulsa de las actuaciones 13681-
127-2006 surge que, al tiempo de contestar vista de todo lo actuado, ni Fedex ni Telefe efectuaron planteo alguno invalidante del procedimiento administrativo por vicios en defectos de forma, con fundamento en la falta de agregación de la guía aérea “791004203324”.
Así, se advierte que el planteo de nulidad fue introducido por Fedex recién al tiempo de presentar el recurso de apelación por ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra la resolución DE PRLA 8923/2011; defensa que -por cierto- no forma parte de la pretensión recursiva seguida por Telefe.
Por tanto, de conformidad con lo normado por el artículo 1104 del Código Aduanero antes referenciado, cuya inconstitucionalidad no fue planteada, toda vez que Fedex no planteó la nulidad de lo actuado hasta ese entonces al tiempo de contestar en sede administrativa la vista que le fuera cursada, no se encontraba habilitada para realizarlo en lo sucesivo; esto es, ni ante el Tribunal Fiscal de la Nación ni mucho menos por ante esta Alzada.
Al respecto, debe tenerse presente que si no se invocara la existencia de vicios de forma dentro del plazo establecido en el artículo 1104 del Código Aduanero, se consentirá lo actuado y luego no podrá discutirse en el futuro. Se trata de la aplicación del principio de la preclusión (conf. Alsina, Mario - Barreira, Enrique Carlos - Basaldúa, Ricardo Xavier - Cotter Moine, Juan Patricio - Vidal Albarracín, Héctor; “Código Aduanero Comentado", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, Tomo III, páginas 628/629).
En línea con lo hasta aquí expuesto, indíquese que la tardía introducción del argumento veda su análisis en esta instancia judicial, en tanto el principio de congruencia o coherencia exige que la demanda judicial (en este caso, la revisión judicial del decisorio de la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación por el que examinó el pedido de revisión de parte de Telefe y de Fedex de la resolución DE PRLA 8923/2011) ha de versar sobre los mismos hechos y derechos invocados tanto en sede administrativa y como por ante el mencionado organismo administrativo con facultades jurisdiccionales; es decir, que los temas y motivos a juzgamiento judicial hayan sido previa y oportunamente propuestos en las anteriores instancias (conf. artículo 30 de la ley 19.549; y, en igual sentido, esta Sala, en autos 15.428/2013 “YPF SA c/Resolución 245-378/11 - ENRE (Ex. 27.876/08) SE - RSL 35/13”, resol. del 30/6/2016; 14.876/2008 “HSBC Bank Argentina S.A. c/DNCI - Disp. 315/08”, resol. del 22/3/2016 y 32.341/2012 “Alfred C Toepfer Internacional SA (TF 27.014-I) c/DGI”, resol. del 13/12/2012; entre otros).
En virtud de lo antes expuesto, al no haber planteado Fedex la nulidad del procedimiento seguido al tiempo de contestar la vista, conforme lo normado en el artículo 1104 del Código Aduanero, se encontraba vedada de efectuar tal planteo al interponer el recurso de apelación por ante el Tribunal Fiscal de la Nación y, consiguientemente, de reiterarlo para que en esta instancia judicial sea revisado dicho tópico. Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, a mayor abundamiento en lo que al punto refiere, téngase presente que la nulidad - con sustento en la existencia de vicios procedimentales- carece de un fin en sí misma, no tiene existencia autónoma y sólo procede cuando la violación de las formalidades conlleva un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte que lo invocó. Es que, por principio, la nulidad resulta improcedente si quien la solicitó no demuestra la existencia tanto de un interés personal, cuanto del perjuicio que le ha ocasionado el acto presuntamente irregular, ya que la respectiva resolución invalidatoria debe responder a un fin práctico, pues resulta inconciliable con la índole y función del proceso la nulidad para satisfacer pruritos formales; por manera que sólo puede ser declarada cuando haya un fin que trascienda la nulidad misma (conf., en este sentido, esta Sala, en autos 8030/2015 “Cooperativa de Trabajo Esperanza Ltda. c/INAES s/Cooperativas - Ley 20.337 - Art. 103”, resol. del 25/8/2015 y sus citas).
Sobre el punto, se advierte que Fedex no indicó acabadamente cuáles resultaban ser las defensas de las que se vio privado como consecuencia de la irregularidad tardíamente planteada, motivo por el cual el planteo de nulidad en estudio carece de finalidad práctica y su declaración no procede, ya que no existe nulidad por la nulidad misma. En igual sentido se pronunció la Sala V del Fuero, en autos 37.224/2019 “Federal Express Corporation c/DGA s/recurso directo”, voto del doctor Treacy, resol. del 13/2/2020.
Y, por si ello no bastase, resulta atinado advertir, en un sentido análogo al voto del doctor Alemany en autos 37.224/2019 “Federal Express”, op. cit., que los argumentos intentados por Fedex en las distintas instancias (en concreto, al contestar vista y al apelar por ante el Tribunal Fiscal de la Nación la resolución DE PRLA 8923/2011) lucen contradictorios por cuanto, en un primer momento, cuestionó la configuración de la infracción reprochada con base en diversos argumentos relacionados con la valoración de la mercadería que resultó importada, lo que necesariamente presupone el reconocimiento de haber documentado la guía aérea en cuestión; para luego sostener que no podía serle reprochada una infracción respecto de un documento que no se encontraba agregado a la causa, sugiriendo -de esta forma- su desconocimiento. Ello, sumado a que, según resulta de las actuaciones administrativas AFIP 13681-127-2006/1, Fedex emitió la factura “A” código “0002 00039153” a Telefe correspondiente a la mercadería ingresada mediante la guía aérea “791004203324”, objeto de los presentes autos (fs. 30); mientras que, en el detalle de envío código “SH760” Twentieth Century Fox remitió las tres películas en cuestión, siendo identificado el antes mencionado número de guía aérea.
En consecuencia, el desconocimiento del registro de la mencionada guía, cuestión introducida al momento de apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación (es decir, con posterioridad a la contestación de la vista en sede administrativa), mal puede ser sostenido de manera paralela con las defensas relativas al fondo de la cuestión, que se interpusieron de manera previa.
Todo lo dicho descarta la procedencia del argumento defensivo propuesto en lo que al punto refiere por Fedex.
X. Ahora bien, en lo que respecta a la responsabilidad de Fedex, se entiende que los planteos referentes a que el documentante no puede responder tributariamente por no ser el real importador de la mercadería han encontrado adecuada respuesta en lo resuelto por la Sala V del Fuero en autos 46.920/2017 “Federal Express Corporation c/EN - DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 12/6/2018; a cuyos términos y conclusiones corresponde remitirse; criterio seguido por la Sala IV del Fuero en autos 12.122/2021 “Federal Express Corporation (TF 30.585-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 18/11/2021.
A su vez, igual conclusión, si bien con fundamentos distintos, alcanzó la Sala I del Fuero, en autos 22.141/2018 “Televisión Federal SA (TF 31.023-A) y otro c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 9/5/2019.
Sin perjuicio de ello, vale hacer hincapié en que al haber realizado la importación con sujeción al régimen simplificado (OM-1125), al cual se sometió voluntariamente, Fedex resultaba sujeto obligado al pago de la totalidad de los tributos que gravaban la importación, con independencia de quien resultase consignatario de la mercadería (conf. arg. artículo 3°, inciso b), apartado c), del anexo II A, y apartado c), del anexo III A, de la resolución ANA 2436/1996, con las modificaciones introducidas por la resolución ANA 3236/1996).
De este modo, el voluntario acatamiento de las disposiciones citadas impide ahora al recurrente impugnar su constitucionalidad; en punto a lo cual, se dan aquí por reproducidas las apreciaciones del señor fiscal general de Cámara, previamente referidas (Considerando VII), que conducen a la desestimación del planteo articulado en lo que al punto refiere.
Por último, cabe aclarar que lo que aquí se resuelve en nada obsta a que Fedex lleve adelante un eventual reclamo a Telefe por el posible pago de los tributos aduaneros aquí reclamados, cuestión que excede el objeto de la presente y ha de ser ventilada por la vía y forma correspondiente.
XI. En cambio, en lo que a Telefe respecta, este Tribunal estima apropiado seguir el criterio adoptado por la Sala V del Fuero, en autos 46.920/2017 “Federal Express Corporation c/EN - DGA s/recurso directo”, resol. del 12/6/2018.
En dicha causa, cuya materia de debate resulta sustancialmente análoga a la aquí tratada, se concluyó que Telefe era un simple tenedor de la cosa ajena, conforme lo normado por el artículo 2352 del Código Civil, y no un poseedor -tal como lo invocara el servicio aduanero en la resolución administrativa impugnada, criterio seguido por el Tribunal Fiscal de la Nación; y como aconteció en estos autos-, por lo que correspondía revocar la determinación de tributos con respecto a dicha parte, por no verificarse en el caso los supuestos necesarios para la aplicación del artículo 783 del Código Aduanero.
En igual sentido ha dictaminado la señora Procuradora Fiscal de la Nación, en autos 22.141/2018 “Televisión Federal SA”, previamente citada, quien opinó sobre el particular, que correspondía revocar lo decidido por la Sala I del Fuero, debiendo en cambio confirmarse lo resuelto en punto a la responsabilidad de Fedex; a cuyos términos y fundamentos, a mayor abundamiento, también cabe remitir por razones de brevedad y para evitar innecesarias reiteraciones.
Por tanto, tal como aconteciera en los precedentes citados, mal puede atribuirse a Telefe el carácter de “propietaria” o “poseedora”, en los términos del artículo 783 del Código Aduanero, de las cintas objeto de la importación; máxime si se tiene presente que conforme al ya citado contrato de licencia televisiva número “102476” (celebrado el 23/8/2006), dicha empresa debía restituirlas luego de su exhibición, reconociendo que eran de propiedad del licenciante, extremo que no se encuentra discutido en autos.
Así, resultando el caso y los planteos propuestos en autos, en lo que al punto concierne, análogos a los tratados en el citado precedente resuelto por la Sala V del Fuero, corresponde estar a lo allí resuelto, que resulta concordante con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal de la Nación en el caso antes apuntado, y, con fundamento en lo así decidido, han de ser admitidos los agravios vertidos por Telefe, correspondiendo entonces desligar a la recurrente de responsabilidad por el reclamo tributario bajo examen y, consecuentemente, revocar la resolución DE PRLA 8923/2011 en lo que al punto se refiere.
XII. Luego, en cuanto a la procedencia del ajuste practicado por el Fisco Nacional -respecto naturalmente de Federal Express-, cuadra estar a lo decidido por esta Sala en autos 8047/2012 “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF 27.802-A) c/DGA”, resol. del 31/5/2012.
En dicha oportunidad, el Tribunal hizo propio lo resuelto por la Sala IV del Fuero (en una anterior integración, conformada por el doctor Luis María Márquez), en el Expte. Nº 33.099/2009 “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF 22.829-A) c/DGA”, resol. del 25/11/2010, que quedó firme, dado que el Alto Tribunal desestimó el recurso extraordinario federal interpuesto por la allí actora, en uso de la facultad prevista en el artículo 280 del CPCCN (ver causa A.198.XLVII, resol. del 30/8/2011).
Asimismo, corresponde advertir que el criterio sustentado en el citado precedente fue compartido por la Sala IV en su actual composición (conf. causa 18.840/2011 “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF 27.796-A) c/DGA”, resol. del 11/10/2011), así como por la Sala III (conf. causa 15.397/2011 “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF 27.790-A) c/DGA”, resol. del 28/2/2012) y por la mayoría de la Sala V (conf. causa 19.364/2011 “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF 26.834-A) c/DGA”, resol. del 4/4/2012); pronunciamientos que han adquirido firmeza por haber sido declarados inadmisibles los recursos extraordinarios intentados al respecto (conf. causas A.70.XLVIII.REX, resol. del 24/4/2012; A.692.XLVIII.REX, resol. del 6/11/2012; y A.988.XLVIII.REX, resol. del 27/12/2012; respectivamente).
Lo así resuelto determina el rechazo de la pretensión invalidatoria de Fedex respecto del ajuste practicado por resolución DE PRLA 8923/2011.
XIII. Los agravios vertidos en orden a un supuesto cambio de criterio, tampoco pueden ser admitidos.
Al punto, recuérdese que el artículo 793 del Código Aduanero proscribe formular determinaciones tributarias suplementarias fundadas en criterios contrarios a una interpretación anterior jurídicamente vinculante (conf. su apartado 1°); y aclara al respecto que la interpretación general a que hace referencia resulta aquella fijada, con carácter general, por el Poder Ejecutivo, el Ministro de Economía, el Secretario de Estado de Hacienda o el Administrador General de Aduanas (conf. su apartado 2°). Así las cosas, la norma no impide, en cambio la aplicación de un determinado precepto a circunstancias ocurridas con anterioridad a su dictado, si aquélla sólo constituye la explicitación del criterio del organismo aduanero para la aplicación de las normas que se encontraban vigentes a la fecha de registro de la solicitud de destinación (conf. CSJN, Fallos: 328:1750 y 1760, disidencia de los señores ministros Boggiano, Maqueda y Zaffaroni); tal lo que ocurre en el caso de autos con la nota externa 12/2005.
Cabe agregar que la existencia de un criterio anterior distinto y jurídicamente vinculante tampoco ha sido acreditado, ya que la recurrente sólo alude a la existencia de previas destinaciones admitidas con la sola declaración del valor del soporte físico, pero no acompaña prueba que constate sus dichos y tampoco existe un reconocimiento expreso por parte de la autoridad aduanera acerca del alegado criterio (CSJN, Fallos 321:1248).
Al respecto, debe advertirse que la existencia de un criterio anterior, distinto y jurídicamente vinculante no ha sido suficientemente acreditada, por cuanto la recurrente únicamente aludió al originalmente adoptado al momento del registro de la solicitud particular involucrada en autos.
A ello, añádase, que, de seguirse el razonamiento del apelante e interpretar al hecho que el servicio aduanero hubiera liberado la mercadería sin formular objeciones como prueba suficiente de un criterio anterior que habría sido desoído, llevaría al absurdo de considerar todo ajuste que pudiera practicarse con posterioridad al control inicial como contrario a lo normado por el artículo 793 del Código Aduanero. Igual criterio ha seguido esta Sala, en autos 8047/2012 “Arte Radiotelevisivo”, op. cit. y la Sala IV del Fuero en autos 12.122/2021 “Federal Express”, op. cit., y sus citas; entre otros.
En consecuencia, debe desestimarse el planteo de Fedex en lo que al punto bajo examen refiere.
XIV. En orden al argumento desarrollado en torno del efecto liberatorio del pago, debe decirse que el mismo no puede ser siquiera considerado, ello en tanto resulta un planteo introducido por Fedex recién al tiempo de recurrir por ante esta instancia judicial, la resolución dictada por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación.
Al respecto cuadra estar a los lineamientos expuestos en el Considerando IX respecto de la tardía introducción de un tópico recursivo y sus implicancias; reflexión plenamente aplicable respecto del efecto liberatorio del pago.
Lo dicho agota el asunto en cuestión.
XV. Finalmente, y con respecto al planteo recursivo formulado respecto de la asignación de las costas (contenida en la decisión que dejó sin efecto las multas aplicadas por el servicio aduanero), ha de señalarse que la decisión de distribuir tales accesorios en el orden causado sólo puede ser recurrida por las partes, siendo ellas, únicamente las que pueden experimentar un gravamen irreparable. Esto es así, ya que los profesionales que intervienen en su representación están facultados para exigir el pago de sus honorarios de cualesquiera de ellas, limitándose su derecho, a la posibilidad de recurrir la regulación de honorarios (conf. CNac. en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, en autos “Instituto de Servicios Sociales para el Personal de la Industria de la Carne y afines c/La Foresta SECPA s/ejecución fiscal”, resol. del 23/11/1979 y sus citas). Por tanto, la apelación deducida por el doctor Cotter, por derecho propio, resulta improcedente, ello en tanto la imposición de costas sólo puede ser cuestionada por las partes, de modo que a los profesionales que las patrocinan o representan únicamente les corresponde exigir la pertinente regulación y, en todo caso, apelar sus honorarios -por bajos- e instar su cobro; por cuanto el sujeto pasivo del crédito emergente de la condena en costas resulta ser la parte, más no el profesional que la asiste (conf. CNac en lo Comercial, Sala D, en autos 16.904/2017 “Taval SA c/Ford Argentina SCA y otro s/ordinario”, resol. del 20/4/2021 y sus citas). Por lo tanto, el doctor Cotter no reviste legitimación para recurrir por carecer de agravio y, por ende, de interés directo en la cuestión, para cuestionar -por su derecho propio- la distribución de las costas por su orden dispuesta por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación en lo que respecta a la decisión dejar sin efecto la multa aplicada a Telefe y Fedex en los términos del artículo 954, apartado primero, incisos a) y c), del Código Aduanero, pretendiendo que las afronte en su totalidad el Fisco Nacional.
En igual sentido esta Sala se ha pronunciado en autos 12.302/2020 caratulados “Masitti, Ángel Gabriel ((MC)) c/EN - AFIP s/proceso de conocimiento”, resol. del 22/6/2022.
Así las cosas, corresponde declarar mal concedido e inadmisible el recurso de apelación articulado por el doctor Cotter, con costas a su cargo por haberse opuesto expresamente el Fisco Nacional a la posibilidad de que el profesional apelara a título personal (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).
XVI. En atención al modo en que se decide y a las particularidades del caso, que se desprenden de lo hasta aquí expuesto corresponde que las costas de esta instancia judicial sean distribuidas por su orden (conf. artículo 68, segunda parte, del CPCCN).
Asimismo, también por las particularidades del caso, se dispone que las costas vinculadas a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación por parte de Telefe, también sean distribuidas por su orden (conf. artículos 68, segunda parte, y 279, ambos del CPCCN y 1163 del Código Aduanero, según la modificación dispuesta por la ley 27.430).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. declarar mal concedido e inadmisible el recurso de apelación articulado por el doctor Cotter, con costas a su cargo (Considerando XV);
2. desestimar el recurso de apelación intentado por Fedex y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado en lo que a dicha parte respecta y ha sido materia de agravios; y 3°) admitir el recurso de apelación intentado por Telefe, revocar parcialmente el pronunciamiento atacado y, consecuentemente, dejar sin efecto el punto 3° de la resolución DE PRLA 8923/2011, únicamente en cuanto dispuso su responsabilidad tributaria;
4. distribuir por su orden las costas correspondientes a la actividad recursiva desplegada por Telefe por ante el Tribunal Fiscal de la Nación (Considerando XVI); y 5°) distribuir las costas de esta instancia judicial, salvo en lo que respecta al recurso del doctor Cotter (Considerando XV), por su orden (Considerando XVI).
Regístrese, notifíquese -a las partes y al señor fiscal general de Cámara- y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia