Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2026-35562027-APN-SGAI#TFN
I. Que mediante RE-2026-35558827-APN-SGAI#TFN y RE-2026-35561913-APN-SGAI#TFN la actora interpone sendos recursos de apelación contra las Resoluciones N° 793/2026 y 794/2026 ambas de fecha 12/03/2026, dictadas por la Jefa Interina de la División Jurídica de la Dirección Regional Tucumán Dirección General Impositiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
El apelante impugna las mencionadas resoluciones relativas a sendas multas de $1.660.926,32.-
por el Impuesto al Valor Agregado y $655.115,39 por el Impuesto a las Ganancias, respectivamente, aplicadas en los términos del artículo 46 de la Ley 11.683 (t. o. en 1998).
Solicita la actora se haga lugar a los recursos de apelación y se revoquen los actos administrativos en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
Se agravia del error estructural en que incurre el Organismo Fiscal al transformar un ajuste en una defraudación. Señala que el Organismo parte de una premisa que no resiste el menor análisis jurídico que toda diferencia detectada –aun no imputable- equivale a una declaración engañosa.
Aclara que, en los hechos, ello implica convertir al artículo 46 en una norma residual aplicable a cualquier ajuste, vaciando de contenido la distinción entre error, omisión, y fraude.
Advierte que el artículo 46 no sanciona diferencias, sanciona conductas dolosas, exige una maniobra ardidosa dirigida a inducir en error al fisco.
Expresa que en las resoluciones recurridas no hay descripción de maniobra ni reconstrucción fáctica y mucho menos se explica cómo se habría engañado al fisco. Indica que solo hay una afirmación: “hay diferencia, entonces hay dolo”, lo cual considera jurídicamente inadmisible.
Asimismo, se agravia de las resoluciones en tanto entiende que no rebaten, si no, más bien omiten las explicaciones efectuadas por su parte respecto de que la consigna “no facturar” no implicaba ocultamiento alguno, sino facturación previa por pagos adelantados.
Aclara que no existió ingreso omitido, sino que la imputación temporal fue distinta, lo que no resulta contrario a ninguna norma; y manifiesta que eso fue explicado en un escenario particularmente gravoso que requirió secuestro de documentación por parte del propio organismo generando la imposibilidad material de contar con todos los respaldos necesarios para su compulsa.
Alega que se trata de actos vacíos de contenido, y lo que evidencia falta de motivación real de los actos administrativos.
Se agravia de la presunción de dolo y de la inversión de la carga probatoria. Señala que el Organismo no explica en la decisión como se tiene acreditado dicho elemento, y afirma que en materia punitiva el dolo no se presume, debe ser probado.
Agrega que las presunciones previstas en el artículo 47 son iuris tantum, requieren base fáctica y admiten prueba en contrario; y dice que no reemplazan la prueba del dolo, solo pueden colaborar en su inferencia cuando existe una estructura fáctica consistente.
Además, destaca que las propias resoluciones demuestran la duda sobre el dolo y que la conducta podría encuadrarse en el artículo 45; evidenciando una confusión entre culpa y dolo que no resulta admisible ya que no se trata de grados de una misma conducta sino de estructuras subjetivas incompatibles.
Alega que las resoluciones incurren en uno de los vicios más graves del acto administrativo, la motivación aparente que viola el artículo 7 inciso e) de la Ley 19.549.
Menciona que el rechazo del error excusable es arbitrario y tampoco se tuvo en cuenta la carencia de antecedentes de su mandante, su colaboración con la inspección y la regularización de la situación y que, si existe la posibilidad de error, no puede haber dolo.
Acompaña documental. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal. Por lo expuesto precedentemente solicita se haga lugar a los recursos en todas sus partes y se revoquen las resoluciones recurridas, con costas.
II. Que mediante IF-2026-60717454-APN-DTD#JGM y IF-2026-61215563-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos conferidos, solicitando que por los argumentos de hecho y fundamentos de derecho se confirmen las resoluciones apeladas con costas.
Señala que las sanciones tuvieron origen en las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la Orden de Intervención N° 2234161, en cuyo desarrollo se constató que la contribuyente había presentado declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado correspondientes a los períodos fiscales 06/2019, 12/2020 y 09/2023 y del Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2019 y 2021, consignando montos que no se ajustaban a la realidad.
Manifiesta que el organismo fiscal verificó la omisión de declarar ventas, circunstancia detectada a partir de órdenes de publicidad con las consignas “no facturar”, “canje” o “promoción” y que constató la falta de registración de operaciones de compras informadas por terceros y el cómputo de crédito fiscal proveniente de facturas emitidas por sujetos sin capacidad económica.
Expresa que la firma presentó descargo mediante presentación digital y sostuvo que la consigna “no facturar” respondería a operaciones facturadas con anterioridad por tratarse de pagos realizados por adelantado y que respecto de las operaciones con sujetos sin capacidad económica alegó que no habría existido conducta dolosa, que las operaciones habrían existido y que las facturas se encontraban autorizadas por el organismo.
Destaca que los actos apelados ponderaron expresamente que la contribuyente no era reincidente en infracciones materiales y que había regularizado su situación con anterioridad a la vista del art. 17, motivo por el cual la sanción fue determinada en la suma equivalente al 100% del gravamen omitido.
Plantea la improcedencia de los vicios planteados por la actora y señala que la actuación atacada reúne todos los requisitos esenciales enumerados en el art. 7º de la Ley N°19.549, que dicha actuación ha sido emitida dentro de los lineamientos de la normativa vigente, y que no asiste razón a la recurrente, toda vez que sus argumentos carecen de asidero, encontrándose la actuación atacada, debidamente fundada y dictada conforme las disposiciones legales aplicables, por lo que –dice- no se advierte violación alguna a la garantía constitucional del debido proceso ni del derecho de defensa.
Además plantea la improcedencia del agravio referido a la supuesta transformación automática de un ajuste en defraudación, y manifiesta que la resolución recurrida no aplica la multa por la sola existencia de una diferencia fiscal sino que lo que se sanciona es una conducta concreta: la presentación de declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias que consignaron montos que no se ajustaban a la realidad a partir de hechos verificados durante la fiscalización.
Indica que respecto a la afirmación de la recurrente de que las resoluciones omitieron tratar su explicación respecto de la consigna “no facturar”, sostiene que el hecho que el organismo fiscal no haya admitido dicha explicación no implica falta de tratamiento ni ausencia de motivación.
Expresa que la recurrente pretende confundir la falta de acogimiento de su postura con ausencia de análisis, cuando en realidad los actos administrativos identifican su defensa y la descarta en el marco de una valoración integral de las constancias reunidas durante la fiscalización.
En cuanto al hecho que la apelante invoca un supuesto contexto gravoso derivado del secuestro de documentación por parte del organismo, menciona que se trata de una afirmación genérica y que aun de admitirse la existencia de dificultades documentales, ello no explica ni justifica la presentación de declaraciones juradas que no reflejaban la realidad verificada por la fiscalización.
Explica que el régimen previsto en el art. 47 de la Ley N° 11.683 no importa una inversión arbitraria de la carga de la prueba ni una sustitución ilegítima del elemento subjetivo. Se trata de un sistema legal de presunciones iuris tantum, que acreditados determinados hechos objetivos habilita a inferir la existencia de voluntad defraudatoria, quedando a cargo del contribuyente la posibilidad de aportar prueba en contrario. Advierte que el juez administrativo destacó que la autorización de los comprobantes por parte del organismo “solo acredita que el emisor que figura en la factura correspondiente fue autorizado para la impresión del comprobante, más no acredita la veracidad de la operación respectiva”.
Agrega que la recurrente, no aporta elementos suficientes para desvirtuar dichas presunciones que se limita a negar el dolo y a calificar el criterio fiscal como genérico.
Resalta que el error excusable requiere que el contribuyente explique en qué consistió concretamente el error y aporte elementos que permitan demostrar que actuó bajo una razonable convicción de estar cumpliendo correctamente con sus obligaciones fiscales.
Añade que la colaboración con la inspección y la regularización posterior no eliminan la infracción ya consumada.
Explica que el encuadre de la conducta resulta procedente, toda vez que se pudo acreditar la conducta dolosa de la contribuyente, con lo cual queda demostrada la clara intención defraudatoria de quien no incurrió en un mero error, sino de quien en forma deliberada decidió sustraerse del pago del tributo debido mediante la omisión de ventas.
Afirma que confluye en autos el elemento objetivo y subjetivo de la figura, esto es, el perjuicio fiscal representado por omitir el ingreso del tributo y la intencionalidad de la maniobra efectuada. Señala que la graduación de la sanción es una facultad discrecional del Juez administrativo, quien debe fijarla dentro de la escala prevista por la norma atendiendo a las circunstancias particulares del caso; que en ningún momento la recurrente ha demostrado justificadamente su incumplimiento, por lo que las multas aplicadas han sido correctamente graduadas de acuerdo con la escala legal prevista en el artículo 46 de la ley 11.683. Acompaña antecedentes administrativos, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Solicita que se rechacen los recursos impetrados, confirmando en todas sus partes las resoluciones recurridas, con costas.
III. Que mediante INLEG-2026-65745983-APN-VOCIV#TFN se resolvió acumular el expediente N° EX-2026-35562027-APN-SGAI#TFN al que lleva el N° EX-2026-35559573-APN-SGAI#TFN.
En atención a que la parte actora no ha aportado prueba en esta instancia, mediante PV-2026-
74433228-APN-VOCV#TFN se hace saber a las partes que la presente causa se resolverá con las constancias de autos y los antecedentes acompañados por el Fisco Nacional.
Por PV-2026-76156588-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la sala “B”, y mediante IF-2026-78712209-APN-VOCV#TFN se llaman los autos para sentencia.
IV. Que a efectos de la resolución de la causa conviene reseñar lo señalado en el informe final de inspección. Se trata de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, integrada por: el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán.
Es una Empresa inscripta en la siguiente actividad: Emisión y Retransmisión de Televisión Abierta, Cod. 602100. En el origen del cargo se le solicita al área investigativa verifique y fiscalice la venta de publicidad efectuada por Televisora de Tucumán desde el 01/01/2019 al 31/12/2023, que verifique la liquidación de comisiones realizadas a favor de Lucas Somadossi, verifique en los balances de los años 2021 y 2022 los asientos de las facturas por ventas de publicidad en su totalidad, respecto a Somadossi analice la habilitación de la empresa Televisora de Tucumán sobre el puesto de trabajo de este, si no era como vendedor aporte resolución del directorio que lo habilita como vendedor de publicidad como así también el cobro de las comisiones por las mismas, verifique las compras notas de débito y crédito como así también su registración y declaración en los distintos tributos a los que se encuentra obligada la firma.
Durante la apertura de la verificación se notificó el requerimiento solicitando documentación necesaria para el desarrollo del caso, como ser libros diarios, inventarios y balances y Actas de Directorio, estados contables de los periodos fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022 en moneda constante y en moneda histórica. Se indica que la contribuyente contestó por presentaciones digitales que se utilizaron para el desarrollo de la fiscalización como también la documentación obrante en la manda Judicial.
De la consulta a los sistemas informáticos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, se extrajo información referida a las facturas electrónicas emitidas por la firma fiscalizada durante los años 2019 a 2023. Se solicitó se informe lo referido a la “venta de publicidad” y del análisis de la restante documentación aportada por Televisora Tucumán en la medida judicial del 28/12/2023, se detectaron Orden de Publicidad con la leyenda “no facturar” y/o canje. Confeccionando el respectivo papel de trabajo, que fue puesto a disposición de los responsables de la contribuyente a los efectos que justifique el concepto de las órdenes de publicidad aportando documentación respectiva. Las que, posteriormente, no fueron justificadas y en consecuencia, se las cuantificó produciendo ajustes en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias.
Que mediante las presentaciones digitales que presenta la firma manifiesta que la consigna “no facturar” responde a que dichas operaciones fueron facturadas con fecha anterior al periodo de emisión al aire ya que responden a pagos realizados por adelantado. Que respecto a las operaciones con sujetos sin capacidad económica sostiene que las operaciones existieron y la prueba es la constancia de verificación de las facturas.
Que de las actuaciones surge que respecto a lo expuesto por la responsable en su descargo no se procede a analizar los extremos que motivaron el ajuste realizado por la inspección, cuando la contribuyente conformó los mismos rectificando sus declaraciones juradas, ya que podría haberse opuesto y continuar con el procedimiento de determinación y no lo hizo.
Que la conducta punible se constituye, a criterio del Fisco, el haber constatado que la contribuyente ha incurrido en declaración engañosa al presentar sus declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 06/2019, 12/2020 y 09/2023 y del Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2019 y 2021, consignando montos que no se ajustan a la realidad al omitir declarar sus ventas y sus ingresos lo cual fue detectado al verificarse ordenes de publicidad con la consigna no facturar, canje o promoción. Asimismo, al no registrar operaciones de compra que fueron informadas por terceros y al computar crédito fiscal de facturas emitidas por sujetos sin capacidad económica.
El elemento subjetivo se encontraría acreditado y según el Fisco en el momento en que la contribuyente debió exteriorizar su verdadera capacidad contributiva quedándose en su poder con sumas de dinero que debían ingresarse al Fisco.
Ello conllevó la aplicación de las sanciones en los términos del art. 46, art. 47 inc. a), b) y c) graduada en un 200% pero reducida a ½ por aplicación del art. 49, toda vez que fueron rectificadas las declaraciones juradas antes de la vista del art. 17 de la ley de rito y no ser reincidente.
V. En primer término, es pertinente expedirse sobre el planteo de la recurrente en el que manifiesta que las resoluciones incurren en el vicio de falta de motivación aparente violando el artículo 7 inciso e) de la Ley 19.549. Es dable destacar que, si bien la actora no plantea la nulidad del acto como de previo y especial pronunciamiento, se agravia por la falta de motivación aparente señalando que un acto que no es explicado es nulo. En primer lugar, cabe señalar que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318, P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324, P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros). En lo que se refiere a la invocación de falta de motivación en las resoluciones apeladas debe recordarse que la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el organismo fiscal, no resulta fundamento válido para la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo, es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de las resoluciones apeladas, pero nunca a su anulación.
En efecto, no se observan agravios específicos contra los supuestos defectos de las Resoluciones apeladas, ni se han demostrado perjuicios concretos como consecuencia de éstos, por lo que este Tribunal no observa que se haya violentado el derecho de defensa de la actora.
Sentado el carácter restrictivo para la procedencia de las nulidades, cabe precisarse que, respecto a lo estrictamente formal, las resoluciones discutidas, en cuanto al acto administrativo en sí, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos establecidos por el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Por otro lado, en cuanto al agravio de la falta de merituación de la prueba por parte de la fiscalización, ello por sí sólo, no puede considerarse como causal de nulidad si se tiene en cuenta que en el procedimiento común se halla previsto el supuesto de la apertura a prueba en los casos en que en la alzada deba realizarse una prueba que no ha sido admitida en la primera instancia (CPCC art. 206). Ello es también valedero en la instancia de este Tribunal, toda vez que las partes pueden ofrecer la prueba que hubiera sido denegada en sede administrativa, de acuerdo con lo que establece la ley de procedimiento fiscal (doctrina TFN en la causa “Carboquimica SACIM” fallo del 5-7-77) lo que está corroborado por los pasos seguidos en la instrucción del presente caso durante la cual la actora ha tenido posibilidad de proponer las medidas que estime conducentes a esclarecer los hechos controvertidos.
En definitiva, se observa que los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que hace al fondo mismo de la cuestión sometida a decisión de este Tribunal y excede el marco de la nulidad planteada.
Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que, corresponde así a este Tribunal resolver si se ajustan a derecho las multas aplicadas. Cabe recordar que el art. 46 de la ley de rito, luego de la reforma introducida por la Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017) dispone “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta seis (6) veces el importe del tributo evadido”. En efecto, en el caso de autos se encuentra debidamente acreditado el elemento objetivo requerido por la norma para que se configure la infracción, en atención a que fue, como consecuencia de la fiscalización efectuada, que la recurrente presentó las declaraciones juradas, rectificadas conforme los ajustes de la fiscalización, admitiéndose de esta forma la materialidad de la infracción.
Vale decir, previo a la fiscalización de referencia, la recurrente presentó declaraciones juradas inexactas y por tanto, no ingresó los gravámenes en su justa medida.
VII. Que así lo expuesto, cabe puntualizar que la sola rectificación de las Declaraciones Juradas no implica de por sí la aplicación directa de sanción, por considerar tal conducta como demostrativa de una voluntad previa de defraudar ni, por el contrario, pueda ser entendida como eximente de toda pena. Toda pretensión punitiva debe basarse en elementos de convicción lo suficientemente contundentes que justifiquen la aplicación de la sanción (en tal sentido, Sala "B" in re “Barbaricca, Oscar A.”, sentencia del 1/11/2001).
No obstante, cabe advertir que la previsión legal contenida en el artículo 13 de la Ley Nº 11.683 señala que “la declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad”.
Es preciso señalar la doctrina sentada por este Tribunal y la Sala “B” en particular, en distintas oportunidades, que expresa que la rectificación realizada luego de iniciado el proceso de fiscalización por parte del Organismo recaudador, podrá ser voluntaria, pero nunca espontánea (ver al respecto sentencia de la sala “D” in re “Nextell Corp. S.A. de fecha 31/10/2003 y, anteriormente, sentencia de esta Sala in re “Hector Castaggeroni y Cía”, sentencia del 20/11/02), donde se dijo que resulta dudoso calificar de espontánea a una rectificativa que incorpora con exactitud las observaciones de la inspección por lo que denota una aceptación conceptual de las impugnaciones formuladas y, a todo evento, destacar que tal circunstancia en nada enerva la operatividad de la previsión legal contenida en el artículo 13 de la ley de rito antes citado (cfr. “Banco de Balcarce Limitado, TFN, Sala “A”, 9/12/1997). Ver en tal sentido, sentencia de esta Sala “B”, “Establecimientos Faraón S.A.”, del 9/3/04. En definitiva, la presentación de las rectificativas no excusa su conducta de haber presentado las originales con una liquidación de impuesto que no se condice con la realidad de sus operaciones.
Que, con relación a la multa por defraudación aplicada, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar la sanción prevista en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. A efectos de facilitar la probanza de ese elemento subjetivo, el legislador estableció presunciones en el artículo 47 de la ley ritual, en las cuales a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos), se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al fisco.
Que, se vislumbra que los recursos interpuestos por la actora, sólo se agotan en expresar meras afirmaciones dogmáticas, advirtiéndose que la recurrente no ha aportado prueba en esta instancia que derribe las presunciones legalmente establecidas.
En efecto, no expresa agravios concretos respecto de los proveedores sin capacidad económica y en cuanto del ajuste por la publicidad con leyenda “no facturar”, si bien manifiesta que habría sido facturada con anterioridad, no ha aportado prueba de ello ni en instancia administrativa ni ante este Tribunal.
En estas circunstancias, se considera adecuado el encuadre de la conducta de la actora en las presunciones previstas en los incisos a), b) y c) del citado artículo 47 de la ley procedimental y, ante la falta de prueba idónea en contrario, corresponde confirmar las sanciones impuestas con sustento en la figura dolosa del artículo 46 de la ley ritual, las que por otra parte aparecen razonablemente graduadas en mitad del mínimo legal por aplicación del artículo 49 de la citada ley. Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar los actos apelados en autos, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.08.21 10:55:16 ART Date: 2026.08.21 13:49:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.21 13:51:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.21 13:51:59 -03:00
Fin de la sentencia