Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 33.383-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 146/09, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en las sumas de $62.157 por la representación procesal y $95.626 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido, las etapas cumplidas y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-51861792-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 26 de Mayo de 2026 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) para resolver el Expediente N° 33.383-I caratulado “Tello, Hilario Enrique s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Hilario Enrique Tello interpuso el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 146/09 emitida en la Dirección Regional Sur de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2005 y 2006, intimándole el ingreso de $152.674,15, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
En dicho acto, además, se le aplica una multa de defraudación de $15.143,96 por el período fiscal 2005, conforme lo dispuesto en el art. 46, y a partir de la presunción de dolo del inc. b) del art. 47 de la ley 11.683. En su presentación ante este Tribunal, el Sr. Tello explica que no cometió la infracción que se endilga y, en subsidio, solicita se lo exima por: a) error excusable; b) por insignificancia o bagatela o, en su caso, c) solicita se reencuadre su conducta en el art. 45 de la misma ley y se reduzca la multa al tercio de su mínimo legal.
Cuenta allí también que la fiscalización detectó que había declarado en defecto dos bienes de su propiedad ubicados, uno en la localidad de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires y el otro en la Ciudad de Buenos Aires, lo que surgió de la diferente valuación adoptada en la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales y de la información extraída del Sistema CITI Escribanos. Respecto del inmueble ubicado en esta Ciudad, menciona que ello obedeció a un error ya que en la declaración del impuesto a las ganancias se consignó como valor de compra $120.000 en lugar de US$120.000, mientras que en la del impuesto sobre los bienes personales se consignó correctamente.
En cuanto a la justificación de los fondos para llevar a cabo dichas operaciones, alega que fueron con ingresos propios y con un préstamo de dinero de U$S80.000 otorgado por el Sr. Jorge Ferrari y con fondos cedidos por su esposa originados en el cobro de dividendos de la firma Centro Interamericano de Contenedores S.A.
Se agravia, por otro lado, que la determinación de oficio se haya practicado por el método presunto que, según dice, no cumple con los recaudos de precisión, seriedad y concordancia para tener por válidos sus resultados, por lo que invoca también la nulidad absoluta del procedimiento seguido en el dictado de la Resolución. Alega que dicha forma de estimar la materia imponible afectó su derecho de defensa en tanto se apartó del principio de realidad económica que rige en materia tributaria.
Adjunta prueba documental, ofrece la producción de informativa, pericial contable y testimonial y, solicita, que se revoque la Resolución, con costas.
II. A su turno, el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso de apelación. Allí, por las consideraciones que expone, solicita que se rechace el planteo de nulidad y que se confirme la Resolución, también con costas.
Sucintamente, explica que el Sr. Tello tiene por actividad principal prestar servicios de asesoramiento y dirección empresarial y que en el marco de una fiscalización se constató que en el impuesto sobre los bienes personales del período fiscal declaraba el 100% de titularidad de dos inmuebles en la Provincia de Buenos Aires y en esta Ciudad de Buenos Aires.
El de la Ciudad de Buenos Aires estaba valuado en menor valor que el informado en el Sistema CITI Escribanos, con una diferencia de $168.400.
Por su parte, en la declaración jurada del período fiscal 2006 el Sr. Tello informó deudas por $100.000, mientras que en la del período 2005 declaró deudas con personas humanas de $15.000 que no fueron exteriorizadas en la del 2006. Por tales inconsistencias en la valuación de los inmuebles, el juez administrativo determinó la existencia de un incremento patrimonial no justificado determinando la ganancia imponible en ambos períodos, según el art. 18, inc. f) de la ley 11.683.
Además, impugnó gastos computados en dichas declaraciones en concepto de pinturería, electrodomésticos, supermercados y viajes, por considerarlos ajenos al ejercicio de su actividad, en los términos de los arts. 17 y 80 de la ley del gravamen (t.v.).
III. A continuación, se dispuso la apertura a prueba, admitiéndose, parcialmente, la prueba informativa. Respecto de la testimonial ofrecida, se intimó allí a que adjuntara los pliegos para los interrogatorios y, en cuanto a la prueba pericial contable, que reformulara los puntos propuestos dada su vaguedad.
Cumplidos tales recaudos, el entonces Vocal Instructor hizo lugar a dichas pruebas (fs. 41), pero luego, ante la falta de impulso, dio por decaído el derecho a producir la prueba pericial y clausuró en el mismo proveído el período probatorio (fs. 47).
Debido al extravío del Expediente se solicitó su búsqueda con resultado negativo, por lo que, con intervención de la Secretaría General de Asuntos Impositivos, se dispuso su reconstrucción (fs. 63).
A fs. 64 se eleva el Expediente a la Sala y a fs. 71 se dictan autos a sentencia.
IV. Corresponde expedirse en primer término en el planteo de nulidad que formula el Sr. Tello con fundamento que al recurrir al método presuntivo para determinar de oficio sus obligaciones se vulneró su derecho de defensa en juicio. Dicho planteo no puede prosperar en tanto la Resolución se ajusta a lo dispuesto en el art. 18, inc. f) de la ley 11.683 que permite a la Administración Tributaria recurrir a dicha herramienta cuando el contribuyente no respalda debidamente las operaciones exteriorizadas en sus declaraciones juradas, en el caso los préstamos que hizo valer para justificar las diferencias de ingresos detectadas.
No se advierte en el procedimiento que concluyó en la Resolución recurrida ningún vicio que permita dudar de su validez, en tanto cumple con los requisitos allí previstos y también por los exigidos por la ley 19.549 de aplicación supletoria al procedimiento tributario. Por lo demás, el Sr. Tello ha tenido la oportunidad de defenderse en cada una de las instancias por lo que los vicios que acusa en dicho sentido, sin pruebas que lo acrediten, tampoco tienen sustento en las concretas constancias del Expediente.
Con ello, corresponde rechazar el planteo, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
V. Debe resolverse, entonces, sobre la legitimidad de las Resoluciones recurridas para lo cual debe estarse a las pruebas aportadas y rendidas en esta instancia y demás elementos obrantes en el Expediente y en las act. adm.
En cuanto a la valuación de los bienes inmuebles en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, cabe tener en cuenta en primer lugar que si bien en la instancia administrativa previa el Sr. Tello reconoció que por un error había declarado como valor del inmueble de la Ciudad de Buenos Aires $120.000 en lugar de USD120.000, no surge que haya rectificado dicha declaración subsanando su error.
Sobre a la justificación de los fondos para llevar a cabo dicha operación, si bien invocó un contrato de préstamo de USD80.000 con el Sr. Ferrari, exhibió copias de recibos simples, hechos en computadora sin fecha cierta, que éste supuestamente le extendiera por la cancelación de las cuotas de la deuda, mas no acreditó ni la forma en la recibió que los fondos prestados ni la salida de los mismos, ya que fueron en efectivo. Copia de dicha documentación obra en el Cpo. Ganancias N° 1 que forma parte de las act. adm.
A ello, debe agregarse que cuando fue circularizado por la fiscalización, el Sr. Ferrari manifestó que era chofer de taxis y monotributista y a la misma vez contribuyente del régimen general por los intereses cobrados por préstamos a terceros. Éste, no había presentado las declaraciones juradas a la fecha de su vencimiento, sino que las presentó ya iniciada la fiscalización al Sr. Tello y si bien informó haber efectuado un préstamo al Sr. Tello, cuando fue preguntado no informó respecto del origen de los fondos ni aportó otra documentación de respaldo del mutuo en orden a darle veracidad invocando que no era él quien estaba fiscalización.
Tampoco el recurrente aportó el original del contrato de préstamo, por lo que la fiscalización requirió al escribano interviniente que lo exhibiera. Al compulsar el mismo, se dejó constancia que su intervención fue solo para certificar las firmas, sin que allí se haga referencia a la efectiva entrega del dinero al Sr. Tello. Si bien en esta instancia, éste solicitó que se oficiara al escribano interviniente y el entonces Vocal Instructor le hizo lugar, dicha medida por su propia negligencia no se produjo. También ofreció la producción de una prueba pericial contable a realizarse sobre sus propias declaraciones juradas y sobre las del Sr. Ferrari que se le requirió que reformulara, pero al no hacerlo, se dio por decaída, de nuevo, por su propia negligencia.
Por último, constató la fiscalización que el Sr. Ferrari no tenía declarado el crédito en sus propias declaraciones juradas, ni pudo dar cuenta de la forma en que transfirió los fondos prestados, todo lo cual, resta verosimilitud a la real existencia del préstamo.
El recurrente también invocó para justificar los fondos de adquisición del inmueble ubicado en la Ciudad de Buenos Aires que los fondos se los había dado su esposa y adjuntó para ello las declaraciones juradas rectificativas presentadas por ésta en el impuesto a las ganancias en 2005 y 2006, que, al igual que en el caso del Sr. Ferrari, fueron ya iniciado el procedimiento de fiscalización al Sr. Tello.
Asiste razón entonces a la representación fiscal cuando invoca que estas operaciones no fueron debidamente justificadas. Resulta inverosímil que se recibieran los fondos en efectivo y se destinara a la compra del inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, también en efectivo, y que ello se hiciera sin avales, ni pagares en garantía; tampoco se acreditó la devolución de las cuotas del mutuo con el Sr. Ferrari, en efectivo, y ninguno de los participantes en la operación, incluido el Sr. Tello, habían incluido estos fondos, como crédito o como deuda en sus declaraciones juradas, sino hasta ya en curso la fiscalización.
Por ello, debe concluirse que la presunción de incremento patrimonial no justificado fue debidamente aplicada, sin que el Sr. Tello haya rendido ni en la instancia administrativa previamente sustanciada ni ante este Tribunal, la prueba en contrario para refutarla, conforme a lo dispuesto en el art. 18, inc. f) de la ley 11.683.
Idéntica decisión debe adoptarse respecto del préstamo con personas humanas de $15.000 consignado en la declaración jurada del período fiscal 2005, sobre el cual el Sr. Tello nada dijo, menos aún probó. Solamente informó la fiscalización en una multinota que lo había cancelado, por el mismo monto, con dinero aportado por su esposa obtenido por el ejercicio de su actividad, pero no aportó respaldo documental de sus dichos. En este sentido, resulta relevante decir que a fs. 142 de las act. adm. obra pantalla extraída de los sistemas de información de la propia Administración Tributaria de la que surge que la esposa del Sr. Tello no tenía ingresos ni patrimonio y que carecía de solvencia económica.
Dicha inconsistencia no puede desvirtuarse solamente con las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2005 y 2006 de la esposa en la que incluyó ingresos que, ya se dijo, fueron presentadas durante la fiscalización y al solo efecto de justificar los movimientos de fondos del Sr. Tello.
En cuanto a la impugnación de los gastos deducidos en las declaraciones de ambos períodos, en concepto de ropa (Ricky Sarkany), Supermercados (Easy, Coto), comida y pinturería, conforme comprobantes agregados en el mismo Cuerpo, tampoco en esta instancia el Sr. Tello probó que se vincularan con su actividad de director de empresas, por lo que corresponde confirmar su impugnación también.
VI. Queda expedirse sobre la sanción aplicada en la Resolución N° 146/09. Las razones antes expuestas, en relación a la falta de justificación por parte del Sr. Tello del préstamo de dinero del Sr. Ferrari y de los fondos que dice haber recibido de su esposa para hacer las operaciones de compra de inmuebles, sumado a la deducción de sus ganancias de gastos que tampoco justificó, denota la inexactitud de la declaración jurada del período fiscal 2005 y, con ello, la configuración del elemento objetivo descripto en el art. 46 de la ley 11.683.
En cuanto al elemento subjetivo, el juez administrativo presumió el dolo en su conducta por aplicación del inc. b) del art. 47 de la misma ley, sin que el Sr. Tello haya probado en contrario, es decir, que la declaración jurada contenía datos inexactos y que éstos implicaron una grave incidencia en la materia imponible atribuible a dicho período. Así, no existen razones para apartarse de la pena que para estos casos en los que se simulan operaciones para justificar ingresos omitidos de declarar se recurre a documentación falsa, menos aún, por ende, hay razones para recalificar la conducta del Sr. Tello en una figura infraccional más leve a la adoptada por el juez administrativo.
Por lo expuesto, corresponde confirmar en todas sus partes la Resolución N°146/09, tanto en cuanto al capital como los intereses resarcitorios intimados en ella que se devengan en forma automática por aplicación del art. 37 de la ley 11.683, así como la multa, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
En atención al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 146/09, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en las sumas de $62.157 por la representación procesal y $95.626 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido, las etapas cumplidas y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Se hace constar que esta sentencia se emite con el voto coincidente de las dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2026.05.26 10:50:16 -03:00 Date: 2026.05.26 10:59:27 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.26 10:59:28 -03:00
Fin de la sentencia