Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el art. 1º de la Resolución DE PRLA Nº 8510/2013 dictada en la Actuación nº 12034-830-2008, mediante la cual se impuso a “Telmec S.A” una multa de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 65/100 ($ 6.660,65). Con costas.
2Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA Nº 8510/2013 dictada en la Actuación nº 12034- 830-2008, declarando que la deuda tributaria en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA adeudada, asciende a la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 65/100 ($ 6.660,65) y los intereses del art. 794 del CA que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista - 08/01/2013-, hasta la fecha de su efectivo pago, con costas.
3Revocar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA Nº 8510/2013 en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, según el Considerando X.-, con costas por su orden.
4Tener por presentada a la Dra. María Juliana Macrón, por parte a mérito del poder acompañado fs. 127/129, y por constituido domicilio electrónico en el CUIT 27-31092145-4.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-13137890-APN-TFN#MEC CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 6 de Febrero de 2025 36.078-A Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Miguel N. Licht (Vocal subrogante), Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “Telmec S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación” Expte. Nro. 36.078-A El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 88/98 la actora, interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 8510/2013 dictada por el Jefe del Dpto. de Procedimientos Legales Aduaneros en el expediente administrativo Act. Nro. 12034-830- 2008 en cuanto la intima al pago de la suma de $ 6.660,65 en concepto de multa, y se le formuló cargo por la suma de $ 21.929,30 en concepto de tributos, con más intereses, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 el C.A con relación al D.I.T Nro. 01 0001 IT14 002293W. Plantea en primer lugar la prescripción del sumario, atento la excesiva duración. Realiza una breve descripción de los hechos y de lo actuado en sede administrativa. Manifiesta que la DIT cuestionada fue cumplida en su totalidad, argumentando que la Aduana no desarrolló actividad investigativa alguna tendiente al establecimiento de la verdad objetiva. Cita doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba y solicita que revoque la resolución apelada, con expresa imposición de costas.
II. A fs. 112/115 la representación fiscal contesta el traslado oportunamente conferido. Realiza una breve reseña de los hechos y de lo actuado en sede administrativa. Niega todos y cada uno de los hechos consignados en la demanda y que no sean específicamente reconocidos. Expresa que la actora ataca el procedimiento llevado a cabo por el servicio aduanero durante la tramitación de las actuaciones administrativas como único fundamento de su defensa. Considera que no puede prosperar el agravio de la contraria en cuanto al eventual cumplimiento de la importación temporal en crisis, ya que de las constancias del sumario administrativo surge el incumplimiento del régimen. Agrega que, encontrándose vencidos los plazos de permanencia autorizados en el territorio nacional de los insumos en cuestión, sin que se procediera a la debida acreditación de su reexportación o nacionalización, se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del CA. Cita doctrina y jurisprudencia. Señala que es característica de la figura infraccional que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación recae sobre la importadora. Finalmente, solicita que se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. A fs. 1 del expediente administrativo Nro. 12034-830-2008 obra la denuncia formulada por la presunta comisión de la infracción al art. 970 del C.A. con relación al D.I.T Nro. 01 001 IT14 002293W. A fs. 2/3 obra cedula de notificación dirigida a Telmec SA, por la cual se la intima a aportar las constancias que acrediten la cancelación de la temporal, notificada el 08/10/2003. A fs. 4 obra sobre contenedor del DIT 01 001 IT14 002293W con vencimiento el 24-4-2003. A fs. 11 obra constancia de garantía global o unitaria. A fs. 13 luce determinación de multa y tributos. A fs. 14 con fecha 17/12/2008, se dispone la instrucción de sumario y se corre vista a la importadora y a la aseguradora de todo lo actuado, quedando ambas notificadas el 08/01/2013 (cfme. surge de fs. 20 y 21). A fs. 22/25 y fs. 29/32 la aseguradora y la importadora contestan la vista conferida, respectivamente. A fs. 33/42 luce documental aportada por la importadora. A fs. 104 obra informe por cual se concluye que la mercadería involucrada se encuentra en presunta infracción. A fs. 106/108 se dicta la resolución apelada en la causa.
IV. A fs. 116 se declara la causa de puro derecho, a fs. se elevan los autos a la Sala “E” y a fs. se pasan los autos a sentencia.
Primera cuestión:
V. Dicho lo que antecede y en el entendimiento de que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 301:602, 302:1191, entre muchos otros), por razones de orden lógico, corresponde examinar, en primer término, si la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VI. Así las cosas, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario y corrida de vista fue dictado en fecha 17/12/2008 (ver fs. 14 del expte. adm.), y notificado casi 5 años después, con fecha 08/01/2013, conforme surge de constancias de fs. 20 y 21 de las act adm.
Con arreglo a lo expuesto, en el acto se impone desde su notificación, es decir con fecha 08/01/2013, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2004, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2008 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad a la notificación del auto de instrucción de sumario y corrida de vista (08/01/2013) y con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 29/11/2013 y notificada el 12/05/2015, según constancia de fs. 112 de las act. Adm.)
A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. relativas a la causa:
ACTO FECHA OFICIALIZACIÓN DIT 02/05/2001 VENCIMIENTO DIT 24/04/2003 APERTURA SUMARIO Y
17/10/2008 CORRIDA DE VISTA NOTIFICACION DE VISTA 08/01/2013 RESOLUCIÓN APELADA 29/11/2013 NOTIFICACIÓN
12/05/2013 RESOLUCIÓN
01/01/2004 PLAZO PRESCRIPCIÓN
31/12/2008 En virtud de los motivos señalados, considero que corresponde declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos relativos a la Destinación Nro. 01 001 IT14 002293W. Segunda cuestión:
VII. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde analizar si en el presente caso se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
Cabe señalar que mediante el DIT Nº 01 001 IT14 002293W, oficializado el 02/05/2001, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 24/04/2003, la firma actora documentó la importación temporaria para transformación de 1.730 kg de mercadería correspondiente a la partida 7222.19.10.300A y 72 kg de mercadería correspondiente a la partida 7228.10.10.900L.
Surge de las actuaciones administrativas que la Aduana formuló denuncia contra la firma, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA en relación al DIT antes mencionado, tras considerar, que de la documentación obrante en autos, no se pudo realizar el cruce de rigor correspondiente para tener por cancelada en tiempo y forma la DIT denunciada, por lo que el total de la mercadería se encontraría en presunta infracción.
VIII. Cabe recordar entonces, que el artículo 250 del CA establece: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo". Es decir, que la obligación fundamental que el régimen establece a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del lapso otorgado.
En cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva dentro de los cuales se encuentra comprendida la destinación de autos, el artículo 970 del C.A. incrimina al que "no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria". Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del CA., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el Importador se obligación a exportar esos insumos.
Es importante mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en termino -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (coma ha sido sostenido por pacifica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son estos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Asimismo, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) —a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos—, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en él o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar "...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del DIT (aduana de registro-digito), clase y "cantidad" de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria".
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo ("descarga" del D.I.T. —eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida— en el o los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. En consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del DIT bajo análisis. Cabe aclarar que para el análisis de la documentación, consta en las actuaciones administrativas el sobre original del DIT involucrado en autos, y copia incompleta de los PE 01 001 EC03 016750 y 03 073 EC03 003172H. Asimismo, luce en las presentes actuaciones como prueba documental aportada por la actora una DDJJ de descarga, CTCs Nros. 3522 (S01:0046921/03), 6401-02 (S:061-007079/01), 6651-02 (S:061-008320/00) y los PEs Nros. 01 001 EC03 016750C y 03 073 EC03 003172H, relativos a la operación cuestionada. En tales condiciones corresponde efectuar el análisis de la documentación detallada:
* DIT Nº 01 001 IT14 002293W, oficializado el 02/05/2001, por el cual la importadora documentó - en el Item nº 1-, la importación temporaria para transformación de 1.730kg de mercadería: “Barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente: BARRAS Y PERFILES, DE ACERO INOXIDABLE”, correspondiente a la PA 7222.19.10.300A, y -mediante el Item nº 2- importó 72kg de mercadería: “Barras de acero rápido de BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS; BARRAS HUECAS PARA PERFORACIÓN, DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR”, correspondiente a la PA. 7228.10.10.900L, al amparo del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia al 24/04/2003.
*PE 01 001EC03 016750C, oficializado el 07/08/2001, la importadora documentó la exportación de 260 unidades de mercadería de la PA 8413.60.11.100E -Las demás bombas volumétricas Rotativas, BOMBAS PARA LIQUIDOS, INLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LIQUIDO, Modelo TC 1263, Marca MAHR, sin constar en el mismo la descarga de insumos respecto de la DIT involucrada en autos, obrando una mera copia de una descarga efectuada por el despachante de aduanas.
*PE 03 073EC03 003172H, oficializado el 27/03/2003, la importadora documentó la exportación de 420 unidades de mercadería de la PA 8413.60.11.100E -Las demás bombas volumétricas Rotativas, BOMBAS PARA LIQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LIQUIDO, Modelo TC R1 1C BOMBA, Marca TELMEC. Y documentó 1.150 unidades de mercadería de la PA 8413.91.00.790D – BOMBAS PARA LIQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDO INCORPORADO;
ELEVADORES DE LIQUIDOS, sin constar en el mismo la descarga de insumos respecto de la DIT involucrada en autos, obrando una mera copia de una descarga efectuada por el despachante de aduanas. En tales condiciones, efectuando un análisis más ceñido de la documental aportada por la firma, surge de la DDJJ , obrante a fs. 60, que respecto al Ítem 1 del DIT 01 001 IT14 002293W, corresponde su cancelación mediante el PE 01 001EC03016750C, con aplicación del CTC 6401/02 – ver fs. 72/74-, del cual se desprende la relación insumo-producto para las posiciones PA 7222.19.10 – 8413.91.00, no obrando correspondencia con la mercadería exportada mediante el PE citado (PA 8413.60.11.100E). De igual modo, mediante el PE 03 073 EC03003172H, surge de la DDJJ que correspondería la aplicación del CTC 5337/09, el cual no fue acompañado en autos. De igual manera, respecto al Ítem 2 del DIT del 01 001 IT14 002293W, surge de la DDJJ acompañada, que el mismo se cancelaría con el PE 01 001EC03 016750C, con aplicación del CTC 6651/02, - ver fs. 76/77-, con el cual se respalda la relación insumo-producto de las posiciones PA 7228.10.10- 8413.91.00, no obrando, correspondencia con la mercadería exportada mediante el citado PE (PA 8413.60.11.100E).
Del examen de lo anterior, se advierte que le asiste razón a la Aduana al argumentar, que no es posible realizar el cruce de rigor, debido a que no se han aportado los Permisos de Embarque en forma completa, con sus correspondientes descargas, ni los CTC aplicados, por lo que el total de la mercadería se encuentra en infracción.
X. En ese estado de cosas, corresponde señalar que, por la resolución apelada se intimó a la recurrente al pago de una suma en concepto de tributos, correspondientes a la operación de importación temporaria Nro. 01 001 IT14 002293W que incluyó, entre otros conceptos, el Derecho Adicional, I.V.A. Adicional y Percepción del Impuesto a las Ganancias (ver liquidación de fs. 13 de las act. Adm.).
En cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar en relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF LATINOAMERICANA S.A.” sentencia del 14/08/2013 que remite en lo pertinente a la causa “FRISHER S.R.L.” sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME N.º 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art. 970 del C.A. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el Decreto N.º 1330/04, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
En relación a los conceptos de IVA Adicional y Percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Sentado lo que antecede, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada "CLADD ITA S.A. c/ EN — DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA" (TF 22.343-A)", sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que "(...) a partir del momento en que venció el termino para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de "obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento" (Fallos: 285:177)".
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que "(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal".
En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, por lo cual corresponde revocarlos, con costas por su orden.
XI. En consecuencia, por lo expuesto en el Considerando X.- corresponde modificar la exigencia tributaria – ver liquidación de fs. 13 de las Act. Adm.-, conforme se detalla a continuación:
Valor en Aduana: u$s 5.770,31 Dchos. 15,50% u$s 894,40 Estadística 0,5% u$s 28,85 Base IVA u$s 6.693,56 IVA 21% u$s 1.405,64 Total tributos adeudados: u$s 2.328,89 x 2,86 = $6.660,65 Así las cosas, los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de $ 6.660,65, en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A.. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del C.A..
XII. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar el artículo 1º de la Resolución DE PRLA Nº 8510 en cuanto exige el pago de una multa de pesos seis mil seiscientos sesenta con 65/100 ($ 6.660,65) y confirmar parcialmente el art. 3º de la misma, en cuanto a la exigencia tributaria allí impuesta a la actora, reduciendo el importe de los citados tributos, declarando que la actora adeuda la suma pesos seis mil seiscientos sesenta con 65/100 ($ 6.660,65), y los intereses que resulten aplicables de acuerdo a lo establecido por el art. 794 del CA.
XIII. Respecto a la multa impuesta, cabe señalar que tratándose de un acto administrativo dictado en el ejercicio de facultades discrecionales, no corresponde que este organismo jurisdiccional sustituya al órgano administrativo competente en la determinación de la sanción aplicable.
Así lo he dicho al publicar en doctrina al sostener que, si bien cabe reconocer al juez autoridad para verificar el cumplimiento de los elementos reglados y descalificar a la administración cuando deja de observarlos, ello no implica que el juez se encuentre autorizado para suplir el silogismo practicado por ella, salvo que las premisas que lo componen se encuentren puramente regladas, en cuyo caso, el juez, como lo hemos advertido precedentemente, vería reducido su papel a activar el supuesto de hecho previsto en la norma (Cfr. La potestad sancionadora de la Administración y su control judicial de cara a la realidad normativa, ED-DCCLXIV-708).
Por todo ello, VOTO POR:
1. Confirmar el art. 1º de la Resolución DE PRLA Nº 8510/2013 dictada en la Actuación nº 12034-830-2008, mediante la cual se impuso a “Telmec S.A” una multa de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 65/100 ($ 6.660,65). Con costas.
2. Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA Nº 8510/2013 dictada en la Actuación nº 12034- 830-2008, declarando que la deuda tributaria en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA adeudada, asciende a la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 65/100 ($ 6.660,65) y los intereses del art. 794 del CA que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista - 08/01/2013-, hasta la fecha de su efectivo pago, con costas.
3. Revocar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA Nº 8510/2013 en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, según el Considerando X.-, con costas por su orden.
4. Tener por presentada a la Dra. María Juliana Macrón, por parte a mérito del poder acompañado fs. 127/129, y por constituido domicilio electrónico en el CUIT 27-31092145-4.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Miguel Nathan Licht, en cuanto confirma la Resolución Nro. 8510/2013 DE PRLA, con costas a la vencida, así como en el aspecto en que la revoca parcialmente, respecto de la exigencia de Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
II. Que, en relación al agravio planteado por la actora sobre la prescripción, corresponde señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 934 y 803 del C.A., la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras y la acción para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, respectivamente prescriben por el transcurso de cinco años computados a partir del 1° de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (o en caso de no poder precisársela, en la de su constatación) y de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado, por tanto, el cómputo de la prescripción comenzó a regir el 01/01/2004, se suspendió el 17/10/2008 con el dictado del auto de apertura del sumario, hasta la fecha del dictado de la resolución que habilita el ejercicio de la acción para percibir los tributos, conforme lo expresamente previsto en el art. 805, inc. a), del C.A. y, en el caso, esa resolución fue dictada el 29/11/2013.
Que, asimismo, la notificación de fecha 12/05/2013, del auto de corrida de vista a la imputada y de la citación a la aseguradora, ordenada según exigencia del art. 1101 del C.A., de la liquidación de tributos, tuvo el efecto, en los términos del art. 806, inc. a), de interrumpir el plazo de la prescripción, comenzando el nuevo plazo a partir del día siguiente, es decir el 13/05/2013, conforme lo resuelto por la CSJN en la causa “Parquerama SA” sent. del 22- 2-94 (Fallos:308:1095) y suspendida nuevamente por el art. 805 ,inc. c), con la interposición del presente recurso (03/06/2015). Por lo tanto, no se constata en el caso la pretendida prescripción de la acción aduanera para perseguir a la importadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., por cuanto el dictado del auto que ordenó la apertura del sumario ha interrumpido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo establece el art. 937, inc. a), del C.A., sin exigirse la notificación del referido auto. Tampoco se constata la prescripción de la acción del Fisco para percibir el cobro de los tributos aduaneros, por cuanto la apertura del sumario ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 805, inc. a), del C.A.; cabe aclarar que dicha norma tampoco exige que el auto de apertura del sumario sea notificado a la parte.
Que, por lo expuesto, la acción del fisco para imponer multas y percibir los tributos que se le reclaman a la firma imputada no se encuentra prescripta.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Confirmar el art. 1º de la Resolución DE PRLA Nº 8510/2013 dictada en la Actuación nº 12034-830-2008, mediante la cual se impuso a “Telmec S.A” una multa de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 65/100 ($ 6.660,65). Con costas.
2. Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA Nº 8510/2013 dictada en la Actuación nº 12034- 830-2008, declarando que la deuda tributaria en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA adeudada, asciende a la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 65/100 ($ 6.660,65) y los intereses del art. 794 del CA que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista - 08/01/2013-, hasta la fecha de su efectivo pago, con costas.
3. Revocar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA Nº 8510/2013 en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, según el Considerando X.-, con costas por su orden.
4. Tener por presentada a la Dra. María Juliana Macrón, por parte a mérito del poder acompañado fs. 127/129, y por constituido domicilio electrónico en el CUIT 27-31092145-4.
Regístrese, notifíquese a la actora en el domicilio sito en Viamonte 1646, Piso 4º, of. 18, CABA y al fisco nacional en el CUIT 27-31092145-4, y oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Miguel Nathan Licht – Vocal Subrogante-, Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (Art. 1.162 CA).
Date: 2025.02.03 17:42:46 -03:00 Date: 2025.02.03 18:01:07 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.06 12:05:35 -03:00 Miguel Nathan Licht Presidente ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.06 12:05:36 -03:00
Fin de la sentencia