Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 32523-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento de fs. 403/407 vta. en cuanto fue materia de agravios, con costas (conf. art. 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y 2) fijar los honorarios de conformidad con lo decidido en el punto XIII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
11961/2018 TEMPLADO, CRISTIAN EDGAR (TF 32523-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de 2019.- ID Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 403/407 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó —con costas— la resolución nº 115/2008, emitida por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Santa Fe de la AFIP – DGI, en virtud de la cual se determinó de oficio el IVA por los períodos fiscales 01/2004 a 12/2004 y se liquidaron intereses resarcitorios.
II. Para así decidir indicó que la auditoría fiscal detectó irregularidades e inconsistencias en las operaciones celebradas con los proveedores Javier Wagner y Gladis Beatriz Richard que permiten concluir que la facturación vinculada con ellos es apócrifa y, en consecuencia, impugnar el crédito fiscal computado por el contribuyente en sus declaraciones juradas. Puntualizó que de la documentación obrante en las actuaciones administrativas se advierte que los proveedores tienen como actividad declarada ante el organismo fiscal “producción de huevos” y “producción de leche”, en tanto los bienes facturados se corresponden con “pellets de afrechillo de trigo a granel” y “maíz molido para consumo a granel”, discordancia que, en principio, permite inferir que no pudieron venderle los productos indicados.
Señaló que fueron los propios proveedores quienes negaron la existencia de la relación comercial con el actor. El señor Wagner manifestó que: (i) no contrató con éste, (ii) desconoció la firma estampada en los recibos, cuyos originales fueron acompañados como prueba en autos y (iii) no se presentó a Alta en sistema: 13/03/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 11961/2018 TEMPLADO, CRISTIAN EDGAR (TF 32523-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO realizar la pericia caligráfica ordenada por el tribunal de origen. Por su parte, la señora Richard se retractó de las manifestaciones realizadas en sede administrativa y manifestó que: (i) no efectúo operaciones de compra, de ventas, ni de cobranzas con el señor Templado, (ii) los papeles los manejaba el señor Wagner, quien fue su pareja, (iii) no tenía conocimiento si se realizaban operaciones en su nombre y (iv) su actividad era de “ama de casa”.
Con relación al circuito financiero de las operaciones, puntualizó que los cheques utilizados para su cancelación no permiten probar que los proveedores impugnados fueron los beneficiarios de esos pagos.
En tal sentido, tuvo por evidenciadas las siguientes anomalías: (i) cheques que fueron confeccionados a nombre del contribuyente y cobrados por él, (ii) cheques librados sin consignar el nombre del beneficiario del pago, (iii) cheques confeccionados a nombre de la responsable y endosados en los que figuran como cobradores los señores Claudio Rossi y Hugo Rossi —transportistas— e incluso terceros —entre ellos diversas mutuales y asociaciones, así como sus representantes—, (iv) cheques firmados por el señor Templado cuya rúbrica y número de documento de identidad no coinciden con la base de registros del organismo recaudador, (v) cheques duplicados, (vi) ningún cheque fue endosado a nombre de los proveedores y (vii) no se acreditó depósitos en las cuentas de los proveedores por los valores involucrados.
Destacó que, si bien no incumbe a los contribuyentes comprobar si los cheques entregados son cobrados por el beneficiario o un tercero autorizado, no constan en autos elementos que permitan ni siquiera inferir que los instrumentos de Alta en sistema: 13/03/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 11961/2018 TEMPLADO, CRISTIAN EDGAR (TF 32523-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO cancelación fueron cedidos a los supuestos proveedores, o que éstos efectivamente percibieron los montos en ellos consignados. Señaló que resultan insuficientes para acreditar el circuito comercial las declaraciones efectuadas por ante escribano público por los señores Claudio Alberto Rossi, Eligio Raúl Schleppi, Edgardo Hugo Varoli y Ricardo Oscar Bauducco —en sus respectivos carácter de transportistas—, dado que esos testimonios constituyen hechos simplemente relatados ante el notario, quien no garantiza el grado de verdad que ellos encierran.
Concluyó que, en apariencia, las facturas impugnadas pueden parecer correctas, sin perjuicio de lo cual, se observa en la especie la concurrencia de varios factores, precisos y concordantes, que llevan a formar la convicción de hallarse en presencia de operaciones fraguadas por la responsable para disminuir su carga fiscal.
III. Disconforme, el actor interpuso a fs. 428/vta. recurso de apelación —fundado a fs. 430/450 vta. y contestado a fs. 478/487 vta.—.
Manifestó que del análisis de la prueba rendida surge en forma clara la existencia de las operaciones, la compra de la mercadería a los proveedores cuestionados, su facturación, pago, transporte y posterior reventa.
Señaló que los elementos obrantes en la causa arrojan los siguientes resultados: (i) las facturas cuestionadas por la fiscalización contaban con la correspondiente autorización de impresión (CAI) otorgada por el organismo fiscal, (ii) la imprenta que emitió los talonarios de facturas figuraba con el correspondiente permiso otorgado por la AFIP y reconoció que realizó los trabajos, (iii) los transportistas revelaron que transportaron la Alta en sistema: 13/03/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 11961/2018 TEMPLADO, CRISTIAN EDGAR (TF 32523-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO mercadería desde el establecimiento de los proveedores impugnados, o desde el lugar indicado por éstos, hasta el domicilio del contribuyente, (iv) los transportistas dieron cuenta del circuito de pago de las operaciones, (v) de las cartas de porte surge que el transporte de la mercadería era efectuada por orden de los proveedores y (vi) los remitos suscriptos por el proveedor “Wagner” acreditan el pago de gran parte de las operaciones realizadas. Se agravió, en consecuencia, de que tribunal a quo únicamente tuvo en cuenta las manifestaciones del proveedor “Wagner” negando las operaciones a los efectos de sostener y convalidar el ajuste fiscal.
Asimismo, indicó que la señora Richard —quien fuera esposa del señor Wagner— manifestó haber operado con el actor y acompañó documentación a fin de probar sus dichos, motivo por el cual resulta irrazonable convalidar la rectificación formulada negando las operaciones documentadas bajo el pretexto de que actúo bajo coacción cuando, oportunamente, reconoció su relación comercial con el contribuyente.
Se quejó de que el Tribunal Fiscal no valoró y desconoció el contenido de la prueba testimonial brindada por ante escribano público por parte de los transportistas que participaron en las operaciones, como así también en la causa penal seguida contra el responsable, que dan cuenta de la existencia de la relación comercial, la veracidad de las operaciones, su modalidad y el circuito financiero de cancelación.
Sostuvo que no se consideró en el pronunciamiento impugnado los recibos suscriptos por el proveedor Wagner que acreditan las operaciones y su circuito financiero. Agregó que tenerlo por desistido de la prueba pericial caligráfica ofrecida, Alta en sistema: 13/03/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 11961/2018 TEMPLADO, CRISTIAN EDGAR (TF 32523-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ante la incomparecencia del señor Wagner para su producción, no obstante estar debidamente notificado, en contradicción con lo dispuesto en el art. 394 del CPCCN, vulnera el derecho de defensa. Manifestó que no se tuvo en cuenta que la justicia penal, analizando idéntica prueba a la rendida en autos, concluyó que tales elementos resultan insuficientes para tener por acredita la inexistencia de las operaciones.
Finalmente, señaló que acreditadas las operaciones no existe norma legal que haga responsable al contribuyente de fiscalizar el origen de la mercadería adquirida a sus proveedores y el cumplimiento por parte de éstos de sus obligaciones tributarias sustanciales. Citó jurisprudencia en apoyo de sus dichos.
V. Asimismo, a fs. 416/417 apeló los honorarios regulados a fs. 411 a favor de los representantes fiscales, por considerarlos “altos”.
VI. Viene al caso recordar que el contribuyente es un persona física, cuya actividad principal, según su inscripción ante el organismo fiscal, es la “venta al por mayor de productos y subproductos de molinería N.C.P.”, en tanto que la secundaria la constituye la “venta al por mayor de semillas”, cerrando sus ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año. La fiscalización que originó las presentes actuaciones se centró en el control de las compras realizadas por el responsable y el crédito fiscal computado en sus declaraciones juradas, correspondientes al IVA. Con el objetivo de llevar adelante la auditoria se requirieron los libros de “compras” y “ventas” y la totalidad de los comprobantes respaldatorios de las operaciones allí asentadas.
Alta en sistema: 13/03/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 11961/2018 TEMPLADO, CRISTIAN EDGAR (TF 32523-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Se analizaron los proveedores cuyas operaciones generaron los mayores créditos fiscales en términos absolutos. Se consideró la información obrante en la base de datos del ente fiscal, la condición de aquéllos frente a los diferentes impuestos, las actividades declaradas, las fechas de inscripción, los domicilios fiscales denunciados y alternativos y el cumplimiento de las obligaciones sustanciales.
Como resultado de esas tareas, la inspección actuante procedió a impugnar el crédito fiscal computado por las operaciones realizadas con los siguientes proveedores: (i) David Ricardo Lescano: según los registros de la administración tributaria inició sus actividades en 08/2004, desarrollando el cultivo de algodón y cría de ganado porcino —actividades que difieren con los productos que reflejan las facturas observadas—, no contestó los requerimientos cursados, presentó sus declaraciones juradas sin movimientos y/o registrando ínfimos pagos de impuestos, no es titular de propiedades.
El ajuste fue conformado por el contribuyente.
(ii) Javier Wagner: desconoció haber operado con el responsable, manifestó que lo conoce por terceras personas, la actividad declarada ante la AFIP difiere de la consignada en los documentos que respaldan las operaciones impugnadas, desconoció la firma estampada en los recibos que le fueron exhibidos —en los que figura como receptor de determinados valores—.
(iii) Gladis Beatriz Richard: la actividad declarada ante el organismo fiscal no coincide con los productos reflejados en los documentos que respaldan las operaciones Alta en sistema: 13/03/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 11961/2018 TEMPLADO, CRISTIAN EDGAR (TF 32523-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO cuestionadas, del libro IVA Ventas surge que la mayoría de las ventas —72% aprox.— las realizó con el señor Templado, observándose que en algunos casos el contribuyente las registró por un valor superior al de su proveedora, no emitió recibo por las cobranzas, no precisó el destino de los valores recibidos, contestó imprecisamente cuando se le solicitó información de los cobros —quién los recibía, su destino, si la mercadería que vendía la producía o la adquiría de terceros, cómo se transportaba, quién la encargaba, volumen de la mercadería—, brindado como respuesta que todas esas tareas las realizaba su marido, el señor Wagner.
En consecuencia, se cursó requerimiento a sus principales proveedores —según los registros de su libro de compras—, quienes informaron que no conocen a la señora Richard, no operaron comercialmente con ella y que nunca comercializaron esa clase de productos.
Asimismo, la fiscalización actuante detectó que las operaciones fueron abonadas mediante cheques de terceros. Se solicitó información a las entidades financieras a fin de obtener el anverso y reverso de los títulos con los que se cancelaron las obligaciones con los proveedores cuestionados. De la información recibida se observó que fueron cobrados por el propio contribuyente en distintas mutuales de la zona, endosados y cobrados por terceros desconocidos por los proveedores, no localizados por los bancos, inexistentes o no debitados.
VI. Las circunstancias apuntadas permiten inferir que la administración fiscal desplegó una minuciosa tarea de fiscalización y un exhaustivo examen de los elementos colectados durante la inspección realizada al contribuyente. Ponderación que permite tener por acreditada la falta de vinculación Alta en sistema: 13/03/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 11961/2018 TEMPLADO, CRISTIAN EDGAR (TF 32523-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO entre la documentación que respalda las operaciones efectuadas y los proveedores que figuran en ellas, por carecer éstos de capacidad operativa y/o financiera para poner a disposición del actor la mercadería comercializada.
Asimismo, las irregularidades detectadas con relación a los proveedores que figuran en las facturas no permiten identificar al real beneficiario de los pagos efectuados. No obstante ello, el actor insiste en que la documentación que respalda las operaciones cumple con los requisitos exigidos por la normas; sin embargo, no se hace cargo que el ajuste fiscal no se fundó en las formalidades que deben cumplir las facturas, sino que la determinación tributaria tiene sustento en la mecánica propia del impuesto (conf. arts. 12, 37 y 41 de la ley del IVA), dado que el cómputo del crédito fiscal se encuentra condicionado a que —entre otras exigencias— responda a una operación gravada, es decir que se hubiera generado en el vendedor el respectivo hecho imponible, de acuerdo con los establecido en los arts. 5º y 6º de la ley del tributo (causa “Cremer y Asociados SA”, pronunciamiento del 26 de octubre de 2017).
En la especie, la resolución determinativa tiene sustento en las inconsistencias detectadas por la fiscalización actuante que permiten inferir la falta de vinculación entre los proveedores que figuran en las facturas con el circuito físico y financiero de la mercadería en cuestión, y no en las formalidades de los documentos respaldatorios.
VII. Por otra parte, yerra el recurrente cuando insiste en que el ajuste confirmado por el Tribunal Fiscal únicamente tuvo en cuenta las manifestaciones del proveedor “Wagner” negando la existencia de relación comercial.
Alta en sistema: 13/03/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 11961/2018 TEMPLADO, CRISTIAN EDGAR (TF 32523-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Ciertamente, de los elementos que obran en las actuaciones administrativas se advierte que el organismo recaudador desplegó una minuciosa tarea que le permitió acreditar la falta de vinculación entre la documentación aportada y los proveedores que presuntamente las emitieron y, en consecuencia, la imposibilidad de identificar al beneficiario de los pagos realizados. En ese entendimiento, el actor no logra rebatir los argumentos sostenidos por el Fisco Nacional y no aporta elementos suficientes para certificar la realidad de las operaciones desarrolladas y los proveedores efectivamente involucrados.
VIII. Tampoco resulta atendible su crítica dirigida a cuestionar la validez de la rectificación formulada por la proveedora “Richard” con relación a sus propias manifestaciones en la etapa de inspección, por no constituir el punto central a derribar.
En efecto, y sin dejar de advertir la contradicción de sus dichos, la fiscalización actuante demostró —y en ello se fundó la resolución determinativa— que la señora “Richard” ostenta una apariencia formal frente al Fisco Nacional, dado que carece de capacidad operativa, económica y financiera para comercializar el volumen de productos que reflejan las facturas emitidas a su nombre.
Se advierte que la proveedora mencionada se encontraba inscripta ante la AFIP con una actividad distinta a los bienes respaldados por los documentos presentados. Sus principales proveedores manifestaron no conocerla y negaron mantener una relación comercial, no realizaron operaciones ni comercializan los bienes reflejados en las facturas observadas. Poseía Alta en sistema: 13/03/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 11961/2018 TEMPLADO, CRISTIAN EDGAR (TF 32523-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO libros contables, pero desconocía las modalidades básicas de la operatoria que decía desarrollar —volumen, producción, transporte, entre otras particularidades—. Y, finalmente, no fue beneficiaria de los pagos realizados por el contribuyente.
Eran dichos extremos los que debía refutar y probar el actor, y no lo hizo.
IX. La prueba testimonial tampoco resulta hábil para conmover el criterio fiscal. Ellos es así ya que, en determinados casos describen una operatoria ajena a los períodos involucrados en la especie (v. fs. 354/358 declaraciones testimoniales de los señores Schleppi y Varoli en la causa penal) y, por otra parte, las manifestaciones realizadas ante escribano público, otorga a esos dichos valor formal pero no material, toda vez que si bien dan cuenta de la operatoria realizada por los transportistas, no acreditan la titularidad de los productos ni los beneficiarios de los pagos, habida cuenta de que el funcionario certificante no puede dar fe de la efectiva realización de los hechos que se intentan demostrar (causa “Badial SA”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2015). Dichos elementos no resultan satisfactorios para probar fehacientemente que los bienes facturados fueron entregados por los proveedores observados y, tampoco, que ellos fueron los beneficiarios de los pagos correspondientes a la mercadería obtenida.
X. Si bien la incomparecencia del señor Wagner a someterse a la prueba pericial caligráfica implica una presunción judicial y un indicio grave de que la firma de los remitos en cuestión le pertenece, no aparece como relación lógica de quien pretende defenderse, que no utilice todos los elementos de juicio a su Alta en sistema: 13/03/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 11961/2018 TEMPLADO, CRISTIAN EDGAR (TF 32523-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO alcance para crear la convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus dichos.
Cabe poner de relieva que incumbe al actor la carga de derribar los indicios recolectados por el organismo fiscal y demostrar que las operaciones efectivamente se realizaron y fueron percibidas por los proveedores observados, motivo por el cual no es posible concluir que la simple incomparecencia del señor Wagner a someterse al peritaje libera a la parte de acreditar fehacientemente la veracidad de las circunstancias fácticas invocadas, máxime cuando no se advierte en el caso impedimento para, ante la imposibilidad de formar el cuerpo de escritura, producir esa prueba por medio de firmas indubitadas, las que al menos existen en los registros oficiales.
XI. La consideración de los elementos valorados en la sentencia penal tampoco resulta suficiente para refutar el criterio fiscal sostenido en los actos determinativos. Es que, en principio, son diferentes las cuestiones debatidas a la luz del procedimiento reglado en la ley 11.683 y en el proceso de la ley 24.769. En el primerio se discute la procedencia o no de la deuda tributaria, en tanto que en el segundo la discusión se centra en determinar la existencia o no de un delito tributario.
Al respecto, esta sala tienen dicho que no puede haber determinación en sede penal que sirva para otra cosa distinta a la indagación sobre la posible comisión de un ilícito, y, por lo tanto, no puede hacer cosa juzgada lo decidido en punto a la determinación de la obligación tributaria, que sólo es competencia del Tribunal Fiscal y, eventualmente, de este fuero (causa “Molinos Río de La Plata SA”, pronunciamiento del 19 de mayo de 2016, y su cita; Alta en sistema: 13/03/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 11961/2018 TEMPLADO, CRISTIAN EDGAR (TF 32523-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO en igual sentido, Sala II, causa “Sztejfman, Luis Carlos”, pronunciamiento del 5 de febrero de 2013).
Por ello, y con ajuste a la jurisprudencia comentada, la falta de mérito dictada respecto del actor en el delito de evasión tributaria, no tiene implicancia en la decisión a la que arribó el tribunal de origen en lo que hace al reclamo patrimonial, dado que difiere sustancialmente en su objeto. Ello es así, principalmente, en tanto la resolución penal presentada como “hecho nuevo” constituye una decisión intermedia de carácter meramente provisorio, que no causa estado y, en consecuencia, no corresponde la desvinculación total del contribuyente del hecho. Y, por otra parte, toda vez que se tuvo en cuenta allí la existencia de las operaciones comerciales, aspecto que no se encuentra discutido en autos.
Aunque suene reiterativo, viene al caso recordar que no se cuestiona la existencia física de la mercadería, sino que el Fisco observó que aquélla no fue puesta a disposición por los proveedores que figuran en la facturas respaldatorias, como así también que no fueron aquéllos los beneficiarios de los pagos realizados.
XII. Finalmente, tampoco resulta atendible para impugnar la resolución determinativa la interpretación efectuada por el actor, en cuanto sostiene que no le incumbía controlar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales por parte de sus proveedores, por ser una facultad del resorte exclusivo del Fisco Nacional, y que por ello el incumplimiento de los deberes fiscales por parte de terceros mal puede constituir el sustento para desconocer las operaciones realizadas.
Alta en sistema: 13/03/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 11961/2018 TEMPLADO, CRISTIAN EDGAR (TF 32523-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Es que, contrariamente a lo expuesto en su defensa, el organismo recaudador no niega la existencia de los productos respaldados por las facturas observadas, sino que, en virtud de sus facultades de fiscalización y verificación detectó una serie de inconsistencias que llevan a la convicción de que los proveedores que allí figuran no pusieron a disposición los bienes en cuestión ni fueron los beneficiarios de los pagos correspondientes a esa mercadería, situación que dista de las circunstancias analizadas por la Corte Suprema en el precedente “Bildown” citado por el actor en apoyo de sus dichos.
En virtud de ello, corresponde desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia en cuanto fue materia de agravios, con costas (conf. art. 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
XIII. En lo atinente al recurso de apelación interpuesto a fs. 416/417 contra la resolución de fs. 411, en función de la naturaleza del proceso, su monto —para el que cabe estar a la suma que en concepto de impuesto e intereses fue objeto de cuestionamiento ante el Tribunal Fiscal—, las tres etapas procesales cumplidas, lo resuelto en el pronunciamiento de fs. 403/407 vta., ponderando el mérito, la calidad y la extensión de la labor desarrollada a luz del resultado obtenido, corresponde CONFIRMAR los honorarios establecidos en las sumas de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($7.462) a favor del Dr. Pablo X. Souto, PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE ($38.867) a favor de la Dra. Carmen F. La Valle, PESOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($1244) a favor de la Dra. Silvia M. Leiva, PESOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($1244) a favor del Dr. Emilio M.
Alta en sistema: 13/03/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 11961/2018 TEMPLADO, CRISTIAN EDGAR (TF 32523-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Ogñenovich, PESOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($1244) a favor de la Dra. Marcela Caparros Vázquez, PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($7.462) a favor de la Dra. Valeria Poey Sowerby y PESOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES ($7.773) a favor del Dr. Carlos A. Muzzio, por su actuación ejerciendo la representación procesal y dirección legal del Fisco Nacional —DGI— en la instancia anterior (arts. 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás c.c. del Arancel de Abogados y Procuradores).
Sobre pautas análogas, en lo pertinente, a las precedentemente enunciadas, se establece en la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($7.450) a favor del Dr. Pablo A. Clavarino y PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($17.350) a favor del Dr. Oscar A.
Yulan los emolumentos por las tareas cumplidas ante esta alzada como apoderado y patrocinante del Fisco Nacional, respectivamente (art. 14 y demás c.c. del arancel citado).
Por todo lo expuesto, este tribunal RESUELVE: 1) desestimar el recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento de fs. 403/407 vta. en cuanto fue materia de agravios, con costas (conf. art. 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y 2) fijar los honorarios de conformidad con lo decidido en el punto XIII.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Alta en sistema: 13/03/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 11961/2018 TEMPLADO, CRISTIAN EDGAR (TF 32523-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Alta en sistema: 13/03/2019
Fin de la sentencia