Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 34569
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución dictada por el Juez de Garantías Juan F. Tapia que rechazó la homologación del acuerdo de colaboración firmado en autos por la Fiscalía y el imputado Jesús Eduardo Ezequiel Decundo junto a su Defensa por las razones invocadas; y devolver de inmediato el legajo para que el juez de garantías realice el control de legalidad del referido acuerdo. Todo ello en cuanto fue materia recurso de apelación por el Ministerio Público Fiscal y acompañado por el Sr. Defensor particular Lucas Tornini. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 12 e inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 41ter del CP; 10 y cctes. ley 27.304; 1, 15, 21, 106, 125, 210, 421, 422, 434, 439, 440, 445 y ccdtes. del CPP.
c. 34569. "DECUNDO, Jesús Eduardo. Tenecia de estupefacientes con fines de comercialización". IPP 4404-21
Mar del Plata,
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 34569, y de cuyas constancias,
1. Que el Sr. Juez de Garantías Juan Francisco Tapia, rechazó la homologación del acuerdo de colaboración firmado en autos por la Fiscalía y el imputado Jesús Eduardo Ezequiel Decundo junto a su Defensa, en virtud que considera que el instituto de la delación premiada, creado por la Ley 27.304 no es de aplicación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación el Sr. Agente Fiscal Leandro Favaro, remedio que fue sostenido ante esta instancia por el Sr. Fiscal General Adjunto Marcos Pagella.
Entiende la parte recurrente que lo resuelto en origen provoca perjuicio al órgano requirente estatal; ello toda vez que impide iniciar una investigación a partir de toda la información que el imputado colaborador aportó en la causa y de esa manera se trunca la actividad del Ministerio Público Fiscal tendiente a investigar, a esclarecer y a probar delitos denunciados.
Por otro lado marca que lo resuelto violenta el principio de igualdad y declara inaplicable una Ley Nacional y puntualmente el art. 41 ter.
En ese sentido trae a colación jurisprudencia que entiende aplicable al caso, señalando que corresponde realizar el debido control de legalidad y aprobar el acuerdo realizado entre partes. Expresa que la ley 27304 modifica el art. 41 ter del código penal, integrando la figura del imputado-arrepentido a la normativa de fondo, motivo por el cual su aplicación no puede ser soslayada por los órganos jurisdiccionales provinciales(CN art. 75 inc. 12).
Advierte que el art. 18 de la mencionada ley dispone: "Invítase a las provincias a adoptar las normas procesales correspondientes a los efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente ley", mas ello en manera alguna plantea un conflicto de aplicación de la ley fondal, sino que invita a las provincias a uniformar la legislación procedimental en caso de que existieran discordancias o incompatibilidades. Agrega que, en el sistema adjetivo penal bonaerense no existe norma alguna que impida la directa aplicación del instituto del arrepentido con el procedimiento adoptado por el Sr. Fiscal, pues se cuenta con el acuerdo expreso del imputado y su asistente letrado y con el sistema de protección de la Procuración General. Por tanto, el camino utilizado conforme lo previsto en la ley nacional, para garantizar la legalidad del acuerdo, no se encuentra prohibido ni es incompatible con las previsiones del código procesal penal bonaerense.
Apunta que las formas adoptadas en el supuesto traído a conocimiento persiguen la mejor garantía de los derechos del imputado.
Asimismo aprecia que la resolución que cuestiona realiza una interpretación in malam partem, que perjudica claramente al imputado al que le asiste el derecho de acogerse al beneficio que la propia ley de fondo le acuerda. Y este gravamen surge por dos razones: en primer lugar, más allá de la estricta reserva de esta incidencia y de la privacidad en el sistema informático, lo cierto es que el arrepentido ya ha brindado información sensible y se ha configurado el presupuesto de riesgo que la ley nacional prevé (Convención de las Naciones Unidad contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas aprobada por ley nacional 24072). Por otra parte, ante ese riesgo tomado y consentido por el declarante con pleno conocimiento de las consecuencias, mediante la decisión impugnada se vulnera el derecho del encausado fundado en la mora del ejecutivo provincial.
Entiende que la previsión del art. 41 ter del código penal constituye un derecho (art. 18 CN); y critica el auto de origen puesto que prioriza una dilación en la decisión del Poder Ejecutivo provincial que bien podría ser instado por la jurisdicción a fin de se resuelvan con celeridad los diversos proyectos de ley y se tomen acciones ejecutivas respecto de estas situaciones. Ello, más allá de hacer hincapié en que, por imperio de la ley de fondo, se encuentran vigentes y son plenamente aplicables.
En consecuencia, las referencias a la necesidad de una previsión del código adjetivo no obtura la directa aplicación del art. 41 ter del código penal, como ha ocurrido en el presente caso.
3. Que el Sr. Defensor particular del encausado, letrado Lucas Tornini, adhirió al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal.
1. Que esta Sala -con distintas integraciones-, ya ha tenido oportunidad de resolver la cuestión traída a estudio.
En efecto en los precedentes "Franco" (c.30.016) y "Correa" (c.31.322), se ha señalado que la mencionada Ley 27.304 es una norma que modificó el código de fondo y posee contenido que impacta en extremos relacionados a la escala penal aplicable al caso y, por tanto, a la imposición de una pena.
Si bien es cierto que la declaración del encausado -en caso de cumplir los requisitos exigidos- generará en aquel el derecho a exigir la adecuación de la escala penal del delito atribuido a los parámetros establecidos en el art. 41 ter del Código Penal (con ese objeto rubrica el acuerdo y solicita sea homologado jurisdiccionalmente), también es cierto, como afirma el Juez de Garantías, que dicha declaración será un acto procesal valorable convictivamente. Pero en ese camino -quid de la cuestión aquí-, no se advierte que las pautas emergentes en la Ley 27.304 resulten incompatibles operativamente con las disposiciones procedimentales, los principios y las garantías que regulan el proceso penal bonaerense. Ello sin perjuicio que a futuro el legislador provincial considere viable una legislación formal específica.
Es dable señalar como antecedente que otroras modificaciones del Código Penal se aplicaron procedimentalmente en el ámbito provincial aún antes de la concreta adecuación específica en el ritual local. A saber la Ley nacional 24.316 que modificó el Código Penal, creando el instituto de la suspensión de juicio a prueba (CP, 76 bis, ter, quater), recién tuvo receptación procedimental con la sanción de la ley provincial 14.296 que modificó el CPP bonaerense introduciendo en el Libro III "Juicios", Título II "Procedimientos Especiales", el Capítulo IV "Suspensión de juicio a prueba", artículo 404. Ello no imposibilitó en absoluto que durante diecisiete años (desde el año 1994, año de la sanción de la Ley de fondo, hasta el año 2011, año de modificación del Código provincial), se articularan acuerdos de suspensión de los procesos y se aplicara el criterio de oportunidad procesal mencionado.
Por su parte, si bien menciona el Sr. Juez de Garantías precedentes del Tribunal de Casación Penal Bonaerense que avalarían su postura al respecto, debe señalarse que no resulta posición unánime, ni siquiera criterio mayoritario del Superior, por lo que no puede predicarse como doctrina legal aplicable.
2. Que teniendo en cuenta lo señalado, se comparten los argumentos de las partes recurrentes, y resultando de aplicación en el ámbito provincial el Código Penal (ref. según ley 27.304), por lo que deberá el juez de primera instancia expedirse respecto de la homologación del acuerdo presentado con el correspondiente control de legalidad que señala la manda en cuestión (ley cit., art. 10).
Por todo ello, este Tribunal resuelve: revocar la resolución dictada por el Juez de Garantías Juan F. Tapia que rechazó la homologación del acuerdo de colaboración firmado en autos por la Fiscalía y el imputado Jesús Eduardo Ezequiel Decundo junto a su Defensa por las razones invocadas; y devolver de inmediato el legajo para que el juez de garantías realice el control de legalidad del referido acuerdo. Todo ello en cuanto fue materia recurso de apelación por el Ministerio Público Fiscal y acompañado por el Sr. Defensor particular Lucas Tornini. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 12 e inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 41ter del CP; 10 y cctes. ley 27.304; 1, 15, 21, 106, 125, 210, 421, 422, 434, 439, 440, 445 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia