Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 33064
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar al pedido de nulidad impetrado por la Defensa; y 2). Confirmar el pronunciamiento de la instancia obrante a fs. 52/55 vta. mediante el cual la Sra. Jueza de Garantías María Lucrecia Bustos, no haciendo lugar a los planteos defensistas, elevó a juicio los presentes obrados respecto del encausado Walter Rubén Aguilar a quien en autos se le imputa el delito calificado como tenencia de arma de fuego de uso civil. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación a fs. 57/9 por parte de la Sra. Defensora Oficial María Carla Ostachi. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 106, 125, 201 y cctes. a contrario, 210, 219, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. 33064. "AGUILAR, Walter Rubén. Tenencia de arma de guerra".
Mar del Plata, de julio de 2020.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 33064, y de cuyas constancias,
1. Que a fs. 52/55 vta. la Sra. Jueza de Garantías Lucrecia María Bustos, no haciendo lugar a los planteos defensistas, elevó a juicio los presentes obrados respecto del encausado Walter Rubén Aguilar a quien en autos se le imputa el delito calificado como tenencia de arma de fuego de uso civil.
2. Que a fs. 57/9 contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación la Sra. Defensora Oficial María Carla Ostachi.
Entiende la recurrente, con el análisis que realiza de la diligencia del registro domiciliario practicado en la finca del encausado, que la misma resulta nula en atención que se violaron las mandas contenidas en el artículo 219 del CPP y, también, el artículo 18 de la Constitución Nacional y 17 de la Constitución provincial.
En el sentido indicado especifica que, la respectiva orden jurisdiccional librada en el caso, determinaba que se realice un registro en la finca sita en la calle Ayacucho n° 7928 frente de esta ciudad. Al llegar al lugar, el personal policial constató que el domicilio contaba con dos viviendas: una al frente y otra al fondo.
Pero, aún cunado la orden de allanamiento indicaba que la diligencia pertinente se tendría que realizar en el domicilio del frente, fue efectuada en las dos unidades que resultan independientes entre sí.
Así, entiende la Defensa que no se hizo una interpretación restrictiva, que debía efectuarse en el supuesto de no tener una específica habilitación para ingresar a la finca existente en el fondo del predio; ello dado que el domicilio es inviolable, protegido constitucionalmente y para la intromisión al mismo debe existir una específica orden dada tal como lo establece la ley. En caso de ello no existir tal permisión, a fin de no vulnerar garantías constitucionales, no se puede interpretar extensivamente una habilitación dada. Acompaña doctrina y jurisprudencia que entiende pertinente al supuesto en análisis.
Con fundamento en ello y toda vez que surge con claridad que Walter Rubén Aguilar reside en la vivienda existente en el fondo del predio en cuestión, no habiendo una autorización jurisdiccional específica para ingresar a la misma, debe decretarse la nulidad del registro domiciliario practicado. Luego, corresponde el dictado del sobreseimiento del encausado, tal lo previsto en el artículo 323 inc. 2 del CPP dado que no existen en el caso diligencias válidas para tener por demostrada la existencia del hecho materia de investigación en la presente encuesta.
3. Que teniendo en cuenta la nulidad que se peticiona en el recurso que abre la instancia, se dio vista al Sr. Fiscal General quien a fs. 64/5 vta. propugna su rechazo.
1. Que en primer lugar debe relevarse que, tal las copias obrantes en autos a fs. 48/51 vta., la orden de allanamiento en cuestión fue dictada en el marco del exhorto registrado bajo el n° 271-19 a requerimiento del Sr. Juez Javier Sanchez Sarmiento, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 48, Secretaría n° 145, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Allí se habilita, en lo que aquí importa, la intromisión al domicilio sito en la calle Ayacucho n° 7928 de esta ciudad. No se especifica, tal como lo expresa la Defensa, que el correspondiente registro domiciliario debe realizarse en la finca que se halla en la parte frente de esa dirección. Consecuentemente, la permisión jurisdiccional es respecto de todo el numeral identificado.
Tampoco, al momento de la realización de la diligencia, los preventores habrían observado algún extremo que indique, en el exterior, que ese guarismo catastral se compone por dos unidades habitacionales independientes.
2. Que en el escenario descripto, se impone concluir que no existen en el caso signos inequívocos que, analizados con anterioridad a la intrusión en el domicilio, habiliten a identificar la independencia de dos unidades habitacionales que, eventualmente, exijan órdenes disimiles que permitan el ingreso en modo individual a cada uno de ellas (vg. timbre 1, 2,; frente y fondo; etc.). Así, no puede ejercerse como defensa la presencia de dos fincas independientes cuando sus propios ocupantes carecen de interés en que, externamente, se conozca tal extremo.
Luego, si una vez dentro del sitio en cuestión los actuantes advierten por los dichos de los requeridos que allí habitan en modo independiente o pseudo independiente sus ocupantes; tal extremo no invalida el obrar habilitado jurisdiccionalmente en base a las determinaciones que se pudieron objetivamente efectuar con anterioridad y desde el exterior del lugar El domicilio para resultar inviolable debe ser de algún modo identificado, para de tal forma poder esgrimir esa protección. De lo contrario carecería, prácticamente, de virtualidad cualquier orden de registro domiciliario realizada en legal forma.
Así no se advierte, en el particular supuesto traído a análisis, un avasallamiento en los derechos del encausado que conlleve a la nulidad reclamada por la Defensa. Rigen los artículos 18 de la CN; 201 y cctes. a contrario, 219 y cctes. CPP.
3. Que, en lo restante, resultando el agravio aquí tratado el único esgrimido por la apelante, corresponde la elevación de los presentes obrados a juicio, tal como lo dispuso la sentenciante de grado.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: 1). No hacer lugar al pedido de nulidad impetrado por la Defensa; y 2). Confirmar el pronunciamiento de la instancia obrante a fs. 52/55 vta. mediante el cual la Sra. Jueza de Garantías María Lucrecia Bustos, no haciendo lugar a los planteos defensistas, elevó a juicio los presentes obrados respecto del encausado Walter Rubén Aguilar a quien en autos se le imputa el delito calificado como tenencia de arma de fuego de uso civil. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación a fs. 57/9 por parte de la Sra. Defensora Oficial María Carla Ostachi. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 106, 125, 201 y cctes. a contrario, 210, 219, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia