Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 37172
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el pronunciamiento de la Juez de Garantías Rosa A. Frende en cuanto hizo lugar al sobreseimiento de Diego Jose Miguel Florit, ello en orden al delito de tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el Ministerio Público Fiscal. (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes.).
Cámara de Apelación y Garantías
Sala III
37172 "FLORIT DIEGO JOSE MIGUEL S/TENENCIA DE ARMA DE GUERRA". IPP 08-00-10014-22
En la ciudad de Mar del Plata, se reúne la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 37172 caratulados "FLORIT DIEGO JOSE MIGUEL S/TENENCIA DE ARMA DE GUERRA", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces Pablo Martin Poggetto y Esteban Ignacio Viñas (art. 440 CPPBA).
1. Que la Juez de Garantías, Dra. Rosa A. Frende, resolvió hacer lugar al sobreseimiento de Diego Jose Miguel Florit, ello en orden al delito de Tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación la Agente Fiscal Graciela O. Trill, impugnación que fue sostenida ante esta Alzada por el Fiscal General Fabián Uriel Fernandez Garello, quien se remitió en lo argumental a la exposición que se realizó en el escrito recursivo.
Así, el Ministerio Público señaló que no existe sanción administrativa para la tenencia ilegal de armas de fuego, argumentando que corresponde una sanción de carácter penal porque así lo estipula la ley y también lo trascribe la propia credencial de legítimo usuario de armas de fuego (CLU) en su reverso donde expresa "el incumplimiento de las obligaciones mencionadas en los puntos 3), 4) y 5) implica la caducidad automática de todas las tenencias de armas otorgadas".
Agrega que el hecho de que Florit haya regularizado su situación con posterioridad al suceso investigado no borra la tipicidad de la conducta ya cometida.
Por lo expuesto solicita se revoque la resolución del a quo y continúen los autos según su estado.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez Pablo Martin Poggetto dijo:
I. En primer término debo señalar que, en oportunidad de emitir mi voto en los Plenarios N° 24 y N°26 de esta Alzada, afirmé que los delitos de tenencia y portación de arma de fuego son delitos de peligro abstracto pero que el disvalor de acción presumido ex ante, debe ser complementado, juicio de valoración mediante (iuris tantum) con las circunstancias específicas del caso que conformen un cuadro comprobable de potencialidad lesiva.
Así, para establecer si la acción resulta típica es necesario que el juzgador conozca la situación de hecho en la que se realiza la acción que está enjuiciando y que conozca las leyes de la naturaleza y las reglas de la experiencia por las que se puede deducir que esa acción, realizada en esa forma y circunstancias, puede producir la puesta en peligro del bien jurídico seguridad pública.
Caso contrario, si no necesitara tal análisis complementario (lo que constituiría una presunción iure et de iure de la tipicidad penal), debería considerarse al tipo penal como de peligro presunto, lo que resulta incompatible constitucionalmente con un derecho penal orientado a la protección de bienes jurídicos, no bastando por ende la mera contradicción formal de la actuación con los términos contenidos en la norma de prohibición.
Lo que torna peligrosa la conducta es la posibilidad de afectar la seguridad pública con el uso de un arma de fuego para con otros ciudadanos o bienes de la población, dado que como surge del elemento normativo "autorización" que contiene el tipo en estudio, el Estado tiende a prohibir la libre posesión y tráfico de las mismas, por lo que es correcto pensar que existe peligro cuando el Estado desconoce la existencia del arma (cantidad, calibre, etc.), qué ciudadano la posee (para verificar su historia vital) y el carácter de su posesión (tenencia por guarda o custodia, uso y/o portación).
II. Sentado lo anterior, debe relevarse que el caso traído a conocimiento tuvo inicio el día 5 de mayo del año 2022, cuando durante el cumplimiento de una diligencia de allanamiento y secuestro de elementos distintos a armas de fuego ordenada en la IPP 08-00-010014-22, respecto del domicilio ubicado en calle Corrientes altura numeral 2571, piso 2do, depto D de esta ciudad, se constató que Diego José Florit tenía las siguientes armas de fuego: un revólver marca Taurus, calibre 357 magnum, serie JA261642 (arma de guerra); una pistola marca Browning, calibre 9 mm, serie 255865 (arma de guerra); un revólver marca Tejano, calibre 32 largo, serie 08833B (arma de uso civil); una escopeta marca Safari, calibre 16, serie 1386 (arma de uso civil); una escopeta marca CBC, calibre 12/70, serie 01072 (arma de uso civil); una carabina marca Bersa calibre 22 largo, serie 51390 (arma de uso civil) y un fusil marca Mauser, calibre 7,65, serie C7310 (arma de guerra), con autorización estatal vencida.
Dicho suceso fue calificado como constitutivo del delito de tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra conforme lo establece el art. 189 bis apartado 2 párrafos 1 y 2 del Código Penal.
III. Ingresando en el responde de los agravios planteados por el Ministerio Público Fiscal, en relación a la tipicidad de la conducta que aquí se analiza debo decir que, conforme surge de las actuaciones el encausado Florit resultaba titular de las armas halladas y poseía credencial del Estado como legítimo usuario de armas de fuego vencida al momento del allanamiento de fecha 5 de mayo del año 2023 ordenado en el marco de la IPP 08-00-010014-22.
Luego, consta del expediente que con fecha 21 de septiembre el causante regularizó su situación ante la ANMAC, obteniendo así la credencial de legítimo usuario vigente, ahora con vencimiento el día 1 de junio del año 2027, manteniéndose entonces su condición de legítimo usuario de armas.
En el contexto señalado, se impone hacer hincapié que, sin perjuicio de encontrarse vencida la autorización al momento del procedimiento, en el caso no se advierte vulneración al bien jurídico protegido, esto es la seguridad pública, analizado como fuera expresado en el apartado primero de la presente, dado que si el vencimiento de la credencial de legítimo usuario haría emerger la conducta típica, ello seria una presunción iure et de iure en el caso, donde la puesta en peligro de la seguridad pública se inicie a partir de una circunstancia administrativa, lo que resulta inadmisible constitucionalmente para nuestro ordenamiento jurídico.
En efecto, considero que no puede equipararse la situación de un ciudadano que ha puesto en conocimiento del Estado la posesión, portación o tenencia de armas y obtuvo una autorización originaria por reunir todos los requisitos que exige la ley para la obtención de dicho permiso que se encuentra vencido, con otro ciudadano que no realizó ningún tramite y sobre el cual el Estado desconoce la existencia de armas en su poder.
Así, en concordancia con los argumentos de la Juez de la instancia, considero que el hecho imputado no constituye delito y en su caso configuraría una mera cuestión administrativa donde el órgano de control debería sancionar a Florit por la vía que estime competente -multa, apercibimiento, etc.-
Por lo expuesto propongo al acuerdo la confirmación del sobreseimiento dictado en favor de Diego José Miguel Florit.
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez Esteban Ignacio Viñas dijo: Voto en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales el Tribunal resuelve: Confirmar el pronunciamiento de la Juez de Garantías Rosa A. Frende en cuanto hizo lugar al sobreseimiento de Diego Jose Miguel Florit, ello en orden al delito de tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el Ministerio Público Fiscal. (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes.).
Regístrese. Notifíquese y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 22/05/2024 12:40:09 - VIÑAS Esteban Ignacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 12:43:52 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 12:45:46 - GUTIERREZ Maria Aynara - AUXILIAR LETRADA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 22/05/2024 12:46:11 hs. bajo el número RS-14-2024 por GUTIERREZ MARÍA AYNARA.
Fin de la sentencia