Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala II · Causa 40170
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Revocar la resolución dictada por el Juez de Ejecución Dr. Ricardo Perdichizzi y prorrogar por seis meses el plazo establecido para el cumplimiento de las tareas comunitarias ordenadas a I. M. R. , con el alcance indicado en los considerandos.
II. Disponer la evaluación de I. M. R. en una institución especializada a efectos de realizar si fuera necesario un tratamiento ambulatorio contra las adicciones.
40170 . R., I. M. S/ TENENCIA DE ARMA DE USO CIVIL. 0800-39102-24 .
En la ciudad de Mar del Plata.
Los del presente legajo digital, que tramita bajo el n° 40170 , caratulados "R., I. M. S/ TENENCIA DE ARMA DE USO CIVIL", de cuyas constancias
I. Llega a conocimiento del tribunal el recurso de apelación deducido por I. M. R. e integrado por la Defensora Oficial Dra. Fabiana A. Danti contra la resolución dictada por el Juez de Ejecución Dr. Ricardo G. Perdichizzi (en subrogancia del titular del Juzgado de Ejecución Penal N° 2), en cuanto dispone otorgar al causante un plazo de cinco días a fin de denunciar una institución en la que tratar su problemática adictiva bajo la modalidad de internación (art. 16 ley 23737), bajo apercibimiento de ordenar su captura y alojamiento en la Unidad Penal 15.
II. En su expresión de agravios, la defensa solicita se mantengan las tareas fijadas como modalidad para el cumplimiento de la pena impuesta a su asistido.
Propone sobre el particular que no se observa una voluntad inequívoca de incumplimiento de las obligaciones ni una imposibilidad de satisfacerlas durante una prórroga de seis meses por parte de su asistido. Agrega que el nombrado mantiene su domicilio y que se presentó ante cada convocatoria.
Acredita el inicio de las tareas y el compromiso asumido por parte del encausado.
III. Tal como surge de las presentes actuaciones en fecha 11.3.2025 el Dr. Jorge Luis Rodríguez, titular del Juzgado Correccional N° 3, en el marco de un juicio abreviado condena a I. M. R. a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo en virtud del hecho cometido el día 28.09.2024 calificado como tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y le impone al nombrado como medida alternativa a la ejecución de la pena la realización de tareas comunitarias no remuneradas en una institución pública o de bien público, a razón de seis horas por día de detención (art. 123 bis ley 12256) y lo declara reincidente.
IV. Analizadas las constancias agregadas al expediente, este tribunal entiende que el recurso deducido por el encausado e integrado por la defensa oficial merece prosperar.
En los informes de seguimiento del Patronato de Liberados si bien se deja constancia de que el supervisado comparece irregularmente y de que hasta la última visita precisada refiere no conseguir lugar para cumplir con las horas comunitarias, también se da cuenta de que al nombrado se le dificulta comprender las reglas de conducta; de que al no estar alfabetizado se le complica efectuar cualquier trámite, por lo que requiere de asistencia, y de que no comprende las citaciones y notificaciones que se le envían sin la supervisión de algún familiar, motivo por el cual se estima que sería conveniente, dadas sus capacidades, fijar una regla de conducta que pueda cumplir (ver trámites de fecha 20.4.2026 y 2.6.2026).
En la misma línea, en el análisis profesional del informe social practicado en el organismo de referencia, se entiende que "...en el grupo familiar se observan integrantes con discapacidad, con antecedentes de adicciones conductas delictivas, bajo nivel escolar y baja calificación laboral. Se observa como aspecto favorable el esfuerzo de la madre para que el supervisado desarrolle sus actividades dentro de las normas y valores socialmente aceptados pero que ni ella ni sus hermanos cuenta con disponibilidad horaria para acompañarlo en trámites. Que por tal motivo, Iván no logra cumplir con reglas judiciales establecidas, entre ellas realizar trabajos no remunerados. (...) Se recomienda la urgencia de que Iván tramite el certificado de discapacidad o pensión y adquiera nociones básicas de lecto- escritura".
Por su parte, en su evaluación al causante, la Perito Psiquiatra advierte un déficit leve en el área intelectiva; dificultad en la capacidad de abstracción y limitaciones para la reflexión y autocrítica, con un juicio levemente disminuído. Observa limitaciones intelectuales y de comportamiento adaptativo, y que el causante carece de real autonomía personal y de responsabilidad social; que requiere apoyo continuo para actividades cotidianas y asistencia para el cuidado de su salud y temas legales. Del mismo modo, se advierte la existencia de un trastorno por consumo abusivo y dependencia a sustancias psicoactivas desde su adolescencia.
La profesional de mención sugiere tratamiento integral para las adicciones en un dispositivo de internación, para luego abordar su discapacidad intelectual.
Paralelamente, se destaca que la defensa aporta el certificado elaborado por el responsable de la S. F. del inicio de las tareas comunitarias el 22.10.2026, así como de las asistencias y trabajos realizados por el encausado.
En el contexto descripto, una medida como la ordenada por el Juez de grado no resultaría inapropiada a la luz de las apreciaciones profesionales plasmadas en la pericia psiquiátrica y demás constancias citadas.
Ahora bien, en la medida en que el pedido de la defensa consiste en que se mantengan las tareas comunitarias dispuestas en el marco de la sentencia condenatoria dictada respecto del causante y en atención a que se obtuvo un establecimiento de bien público donde dar cumplimiento a dichos trabajos, los que a su vez ya fueron iniciados por parte del penado, la ampliación del plazo en hasta seis (6) meses a la que habilita el art. 123 bis de la ley 12256 -t.o. por ley 14296- deviene razonable para el caso.
Lo expuesto no obsta a la necesidad de adaptar la sanción de referencia a la condición y particularidades del penado, en los aspectos que resulten relevantes a fin de asegurar la posibilidad de su cumplimiento, ya sea en cuanto a la duración y el tipo de tareas, la necesidad de acompañamiento o toda otra circunstancia que merezca una consideración especial a partir de la información plasmada en los documentos mencionados; sin ignorar que las circunstancias relevadas en el expediente, pasadas por alto en las actuaciones que le dieron origen, cuentan con entidad suficiente para poner en crisis la sanción misma.
A su vez, en función de la problemática adictiva que padece el encartado corresponderá acudir a un organismo especializado con el objeto de evaluar la necesidad de tratamiento ambulatorio.
Por ello y en razón de lo normado en los artículos 421, 439, 440 y ccdtes. del CPP, 123 bis de la ley 12256 -t.o. por ley 14296-, el Tribunal RESUELVE: I.- Revocar la resolución dictada por el Juez de Ejecución Dr. Ricardo Perdichizzi y prorrogar por seis meses el plazo establecido para el cumplimiento de las tareas comunitarias ordenadas a I. M. R. , con el alcance indicado en los considerandos. II.- Disponer la evaluación de I. M. R. en una institución especializada a efectos de realizar si fuera necesario un tratamiento ambulatorio contra las adicciones.
Regístrese, notifíquese electrónicamente al Fiscal General y a la Defensa. Líbrese oficio a fin de notificar al imputado. Radíquese en el organismo jurisdiccional de origen (SCBA, Ac. 3975, 4013 y 4040).
Firmas
Funcionario firmante: MADINA Marcelo Augusto - JUEZ
Funcionario firmante: LODOLA Juan Pablo - JUEZ
Funcionario firmante: CAPIET Nadina Pia - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 719-2026
Fin de la sentencia