Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, Sala II · Causa 39038-PP
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso interpuesto de conformidad con los arts. 21, 421, 434, 439 y cc del CPPBA.-
II. Confirmar la resolución del 9 de octubre del corriente año, en cuanto convirtió en prisión preventiva la detención dispuesta a Miguel Nicolas Madrid, en orden al delito de trafico de estupefacientes en la modalidad su tenencia con fines de comercialización. art. 5° inciso "c" de la ley 23.737. Rigen CPPBA Arts. 148, 157, 171, 421, 439 y 440 cc.-
En la ciudad de San Martín;
Para resolver los de las presentes actuaciones Nº 39.038 de esta Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín correspondientes a las actuaciones Nº 39.039 del Juzgado de Garantías Nº2 departamental, (15-00-042749-26) seguida a Miguel Nicolás Madrid en orden al delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad su tenencia con fines de comercialización (art. 5 inc. c de la ley 23.737).
Que el Sr. Juez Garante Dr. Carlos Mariano González, en fecha 09 de octubre del corriente año, resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Miguel Nicolás Madrid en orden al delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad su tenencia con fines de comercialización (art. 5 inc. c de la ley 23.737).
En tiempo y forma, interpuso recurso de apelación el Sr. Defensor particular Dr. Alberto Víctor Domínguez. -
Primeramente, se agravió de la contradicción entre el acta de allanamiento y la declaración testimonial de Fernández Ocampo sobre la existencia de dinero, ya que del acta de allanamiento consigna expresamente que no se secuestraron joyas ni dinero. Por lo que, en razón de ello, solicitó la nulidad del acta de secuestro o de la constancia procesal que pretenda documentar una incautación de dinero no registrada regularmente, siempre que se verifiquen los presupuestos legales para ello. Asimismo, particionó que se examine si la irregularidad, por su entidad y alcance, afecta la validez del acta de allanamiento y de otros actos que dependan directamente de la actuación cuestionada.
Por otro lado, destacó que, la irregularidad denunciada debe analizarse también a la luz de las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio, consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y de las garantías convencionales aplicables y solicitó que se determine si el supuesto dinero fue incorporado al proceso de manera regular y si existe una base documental que permita utilizarlo como elemento de cargo.
Continuó exponiendo que, si se comprueba que el supuesto secuestro carece de documentación válida o que la prueba fue obtenida o incorporada mediante una actuación sustancialmente irregular, corresponderá aplicar la regla de exclusión respecto del elemento afectado y de las consecuencias probatorias que dependan directamente de él, en la medida que corresponda conforme a derecho.
En este aspecto, requirió que la Fiscalía y el personal interviniente informen con respaldo documental, si durante el allanamiento se encontró dinero en efectivo y, en su caso, dónde y en qué circunstancias, si el dinero fue efectivamente secuestrado, cuál fue su monto exacto y quién dispuso o ejecutó su retiro del lugar, si existe acta de secuestro, inventario, recibo, acta complementaria, registro fotográfico, constancia de entrega o cualquier otro instrumento que documente la incautación, si el dinero fue incorporado a alguna cadena de custodia, dónde se encuentra o, en su caso, cuál fue su destino, por qué razón el acta de allanamiento consignó que no se secuestró dinero, pese a la posterior declaración testimonial que refiere haberlo observado, qué constancia concreta fue utilizada por el juez para incorporar el dinero como indicio de comercialización.
Por otra parte, se quejó de la valoración parcial de los elementos de convicción y fundamentación insuficiente de la decisión destacando que, la resolución considera que las circunstancias reunidas desplazan la hipótesis de consumo personal sin resolver suficientemente los cuestionamientos centrales formulados por esta Defensa. Que el origen del procedimiento, la falta de una investigación previa específicamente dirigida a comprobar ventas desde el domicilio, la composición real del material secuestrado, las discrepancias documentales sobre su peso, el alcance de las conversaciones telefónicas y las explicaciones alternativas corroboradas parcialmente por la declaración de Roxana Rojas. -
A su vez, indicó que el allanamiento se originó en otra investigación y no en una pesquisa previa específicamente dirigida a acreditar comercialización por parte de Miguel Nicolás Madrid. Que en estas actuaciones no se individualizan tareas anteriores al allanamiento que hubieran documentado específicamente una actividad de comercialización atribuible a su defendido. No aparecen individualizados, como antecedentes de esta imputación, seguimientos, vigilancias, fotografías, filmaciones, observaciones policiales de entregas, compradores que hubieran declarado adquirir sustancias en el lugar ni operaciones de venta constatadas antes del procedimiento.
Asimismo, expreso que el peso de 2.266 kilogramos no puede ser considerado un dato definitivo sin determinar la composición real del material vegetal, ya que el testigo de procedimiento Isidro Ismael Fernández Ocampo declaró que las ramas no fueron separadas antes del pesaje y que el material fue pesado tal como se encontraba. Además indicó que la funcionaria policial Silleta describió que en las cajas había cogollos, hojas y ramas mezcladas, y que restos vegetales que se encontraban sobre una mesa fueron colocados dentro de las cajas. Es decir, el propio material probatorio revela que el peso total informado no constituye el resultado de una separación u determinación individualizada de las distintas partes vegetales. Que Madrid explico que fumaba las flores y no las ramas y que el peso de la planta se debía, en buena medida, a esas partes que no consumía.
También, la Defensa requirió una pericia química y botánica que permita establecer, entre otros extremos, el peso bruto y neto, la discriminación entre flores o inflorescencias, hojas, ramas y tallos, la concentración de cannabinoides y, en cuanto resulte técnicamente posible, la cantidad de THC presente en las distintas fracciones. Y que, la relevancia de esa diligencia es evidente: la cantidad bruta no equivale necesariamente al peso neto de flores o inflorescencias, ni permite conocer por sí sola la concentración de principios activos del material secuestrado.
Además, expuso que las conversaciones telefónicas no pueden vincularse automáticamente con el material secuestrado y que la balanza y las bolsitas de nylon no acreditan por sí solas una estructura de comercialización. Que su asistido reconoció la tenencia de la planta, pero negó que estuviera destinada a la comercialización, explicó que la utilizaba para consumo personal y que también la empleaba en una preparación con alcohol para aliviar dolores vinculados con su padecimiento de artrosis. También explicó que fumaba flores y no las ramas y que la balanza pertenecía a su pareja Roxana, quien la utilizaba para la elaboración de alimentos y se la había dejado para reparar.. -
Simultáneamente, cuestionó las condiciones en que se llevó a cabo la extracción del contenido del teléfono celular, la cual fue realizada el 28 de septiembre de 2026 en sede de la UFI n°16, sin presencia de Madrid ni de su defensa técnica, pese a que el acta refiere que las partes habían sido notificadas. Que la mera referencia a una notificación no sustituye la necesidad de comprobar que se haya garantizado una posibilidad real y efectiva de control por parte de la defensa y que tampoco la posibilidad de examinar posteriormente una transcripción equivale necesariamente a disponer de acceso suficiente a los datos originales y a las operaciones técnicas realizadas. En razón de ello, solicitó que se revise el rechazo del planteo defensivo y que, como mínimo, se asegure el acceso suficiente a los registros originales, a la información técnica disponible sobre la extracción y a los elementos necesarios para controlar la integridad y el contexto de los mensajes utilizados como fundamento
Con respecto a la coerción, señaló que la existencia de una condena anterior no autoriza a presumir automáticamente que Madrid volvió a delinquir, que necesariamente continuará haciéndolo ni que, por esa sola circunstancia, intentará sustraerse del proceso o entorpecer la investigación actual. La condena anterior conserva las consecuencias jurídicas que le son propias y puede ser considerada en los límites que establece la ley. Sin embargo, no debe convertirse, por sí sola, en una nueva consecuencia punitiva ni en una presunción automática de que el imputado necesariamente volverá a delinquir o intentará sustraerse del proceso actual.
En cuanto al peligro de entorpecimiento, destacó que tampoco se explicita de qué manera concreta Madrid, en libertad bajo condiciones adecuadas, podría destruir u ocultar evidencia, influir ilegítimamente sobre testigos o impedir la realización de diligencias.
Finalizó indicando que Madrid realiza tareas de albañilería y obtiene ingresos informales o intermitentes, su situación económica es precaria y su vida se encuentra vinculada a un grupo familiar que afronta necesidades concretas de cuidado y subsistencia.
Por último, requirió que se revise la calificación legal y considere la procedencia del encuadre previsto por el art. 14 segundo párrafo de la ley 23.737, en función de la hipótesis de consumo personal sostenida, toda vez que su defendido reconoció la tenencia de la planta, pero se negó que estuviera destinada a la comercialización, explicó que la utilizaba para consumo personal y que también la empleaba en una preparación con alcohol para aliviar dolores vinculados con su padecimiento de artrosis, siendo ello ratificado por su pareja.
Por todo lo expuesto, solicitó se trate el agravio autónomo relativo a la contradicción entre el acta de allanamiento, la declaración testimonial y la valoración judicial del dinero, se declare, si se verifican los presupuestos legales, la nulidad del acta o constancia que pretenda documentar un secuestro de dinero no registrado regularmente, y se determine si la irregularidad afecta la validez del acta de allanamiento o de otros actos que dependan directamente de ella. Subsidiariamente, se excluya el supuesto dinero de la valoración incriminante mientras no se acredite su secuestro regular, individualización y destino; se ordene esclarecer documentalmente lo ocurrido y se revise la incidencia de ese elemento en la fundamentación de la prisión preventiva, se revoque la resolución recurrida y disponga el cese de la prisión preventiva de Miguel Nicolás Madrid, ordenando su inmediata libertad, bajo las condiciones de sujeción al proceso que estime legalmente adecuadas, se revise la calificación legal provisoria y se considere el encuadre de la conducta en el artículo 14, segundo párrafo, de la Ley 23.737, conforme a la hipótesis de tenencia para consumo personal, se revise el rechazo del planteo relativo al control de la extracción de la evidencia digital y se asegure el acceso suficiente a los registros originales, a la información técnica disponible y a los elementos necesarios para controlar la integridad y el contexto de los mensajes utilizados como fundamento de la imputación, se tenga presente la necesidad de producir y controlar integralmente la pericia química y botánica solicitada, con incorporación de los puntos defensivos oportunamente propuestos y aclaración de la inconsistencia documental existente entre los pesos consignados en el acta y el requerimiento fiscal, por un lado, y en el oficio de fecha 1 de octubre de 2026, por el otro, se examine la inexistencia de una demostración individualizada suficiente de los riesgos procesales y la necesidad de evaluar medidas de coerción menos gravosa, conforme a los artículos 146, 148, 157, 158, 169, 171 y concordantes del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Concedido el recurso, quedando los autos radicados provisoriamente en esta Sala, notificado ello conforme el art.444 del CPP, la misma se encuentra en condiciones de ser resuelta.
La Sra. Juez Dra. Patricia Cecilia Toscano dijo:
I.-Que el recurso de apelación interpuesto resulta formalmente admisible (cfr. Arts. 21, incs. 1 y 3, 421, 433, 439, 441, 442, 443, 444 y cc del CPPBA.).
II. Que los motivos de agravios desarrollados por el Sr. Defensor particular ciñen la materia de conocimiento del Tribunal (art.434 CPPBA).
III. Que, de la lectura de las presentes actuaciones, en función de los agravios esgrimidos por la impugnante -art.434 del CPPBA-, tengo para mí que tal como lo entiende el Sr. Juez Garante, de los elementos de cargo colectados, y citados por el Magistrado de mención, -a los que me remito en honor a la brevedad- queda acreditado, con el grado de certeza probabilística característica de esta etapa del proceso que: "Que el día 15 de septiembre de 2026, siendo las 05.10 horas, en el marco de un allanamiento legalmente dispuesto por el titular del Juzgado de Garantías N° 2 Departamental en causa 33286 (IPP 15-00-08274-24) en el domicilio ubicado en Iberá 7445 de la localidad de Loma Hermosa, partido de Gral. San Martín, provincia de Buenos Aires, Miguel Nicolás Madrid, tenía en su esfera de poder y con fines de comercialización, en un cuarto tipo depósito, 2,266 kilogramos de marihuana, distribuidos en una planta de 1,734 kilogramos y dos cajas con picadura, una con 340 gramos y la segunda con 192 gramos, siendo esta sustancia considerada por la ley vigente como de tenencia y venta prohibida, una balanza y bolsitas de nylon utilizadas para el fraccionamiento de la sustancia y un celular marca Motorola IMEI 358577211988224, con tarjeta sim Personal".
IV. Ahora bien, dando lectura a la cuestión que convoca al Acuerdo, en primer lugar es dable remarcar que el sistema de nulidades en nuestro ordenamiento procesal prevé especialmente restricciones para la procedencia de tal declaración, hallándose determinadas por el denominado "principio de especificidad o legalidad", establecido en el art.201 del CPP, que señala que solamente podrán ser declarados nulos aquellos actos que la ley específicamente establezca; no obstante lo cual, en el campo de la jurisprudencia se encaminan hacia un ámbito restrictivo que persigue la procedencia de los actos jurisdiccionales en la medida que su sostenimiento no conlleve la violación de normas constitucionales o cuando así se establezca expresamente. En este sentido se pronunció la C.F.S.M., Sala I, cn°822, "Amaya, Enrique Luis s/nulidad", reg. n°109 del 5/8/93.-
Primeramente, trataré la situación del imputado Miguel Nicolas Madrid, en función de la nulidad articulada por su defensor respecto del acta de procedimiento realizada por el personal policial en la cual no consta dinero secuestrado en el domicilio allanado (entre $30.000 y 40.000 en billetes de $1000); si bien el testigo Fernández Ocampo si dio cuenta de ello en Sede Fiscal y acertado es lo que dice el Juez garante en cuanto a que la parte no desarrolla el perjuicio que le ocasiona esta ausencia de incautación en el acta de procedimiento; el instrumento ha sido confeccionado conforme las normas procedimentales (art. 118 CPPBA) lugar, fecha yfirma de los funcionarios intervinientes.
En ese sentido, el art.119 del C.Proc.Penal, refiere como causales de nulidad sólo a la carencia de requisitos tales como indicación de lugar, fecha y firmas de los funcionarios actuantes o secretario, como así la mención de forma de actuar prevista en el artículo anterior último párrafo, que refiere al caso que quien tuviera que firmar fuera una persona ciega o analfabeta, circunstancias puntuales que no fueron alegadas por la impugnante.-
En resumen, no se halla viciada el acta de procedimiento, en la que se recrea la actuación del personal policial y que ha sido válidamente valorada por la judicatura (cf. Art. 209 y 210 del C.Proc.Penal).-
En razón de ello corresponderá la obtención de fotocopias del acta de procedimiento al igual que el testimonio de Isidro Ismael Fernández Ocampo para la omisión de un delito de acción pública.-
Por otro lado, en relación al pedido de nulidad de la defensa destacando que no fue notificado ni él ni su defendido de la audiencia designada para el día 28/9/2026 en la cual se dispuso autorizar la apertura del aparato de telefonía celular marca Motorola, IMEI 358577211988224, con tarjeta sim personal a los efectos de proceder a la lectura de llamadas, mensajes de texto y WhatsApp entrantes y salientes, archivo de agenda e imágenes guardadas, corresponde señalar que se advierte de la presente que si fueron notificados tanto la defensa como Miguel Nicolás Madrid en fecha 22/9/2026, por lo que no ha lugar al pedido de nulidad del Sr. Defensor particular en este sentido.-
V. Con respecto a la prisión preventiva, en primer término, advierto que el Magistrado de grado ha efectuado un análisis de los elementos de cargo, formuló un razonamiento lógico de los mismos y se expidió fundamentando su decisión; a modo tal que permitió a la parte, desarrollar su queja exponiendo los agravios por los cuales entiende que el decisorio en cuestión debe revocarse.
Dando lectura a la cuestión que convoca al Acuerdo, es que habré de decir que encuentro acertado aquello resuelto por el Sr. Juez a quo, y entiendo que existen elementos que permiten sospechar que, Miguel Nicolas Madrid, resultaría ser autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad su tenencia con fines de comercialización (art. 5 inc. "c" de la ley 23.737.
En efecto, el detalle de pruebas efectuado por el Sr. Juez Garante, en el marco del dictado de la prisión preventiva, resulta más que suficiente para tener por acreditada, con la provisoriedad de la instancia, la materialidad ilícita en los términos del art.157, inc.1 del C.P.P., como así también su probable autoría.
Para ello, tengo en cuenta el acta de allanamiento en el domicilio Ibera 7445 de la localidad de Loma Hermosa, y que en un depósito que era utilizado por Miguel Nicolas Madrid, se secuestró en una caja de zapatillas Puma de color rojo la cual contenía en su interior 340 gramos de picadura de marihuana, una caja de zapatillas Adidas de color celeste la cual contenía 192 gramos de picadura de marihuana, sumando un total de 2,266 kilogramos. Asimismo, se halló una balanza de precisión, bolsitas de naylon y se secuestró un celular Motorola modelo no visible en estado de conservación malo con sim personal. -
A su vez, tanto el testigo como los efectivos policiales manifestaron que, al momento de señalar el depósito en el que se hallaron las sustancias estupefacientes, este se encontraba cerrado con un candado, cuya llave fue entregada por la pareja del imputado, por indicación de este último, quien se encontraba esposado.
Además, del análisis del teléfono celular secuestrado marca Motorola color celeste, con tarjeta Sim personal, surge que en la aplicación fotos, obran imágenes del encartado, así como fotografías de cogollos y plantas de marihuana. A ello se suman diversas conversaciones mantenidas por el encartado con distintas personas a través de WhatsApp, de cuyo contenido se desprenden intercambios vinculados con presuntas operaciones de comercialización de estupefacientes, mediante la utilización de términos tales como "mercadería, merca, porro, Florencia y corte". Tales elementos constituyen indicios que, valorados en conjunto con las restantes constancias de la causa, permitirían inferir una posible vinculación del encartado con la actividad investigada.
Todo lo expuesto, permite inferir que el material secuestrado evidencia la tenencia con fines de comercialización.
En virtud de lo expuesto, los elementos probatorios incorporados alcanzan para tener por acreditada, en esta etapa procesal, la responsabilidad penal del encartado.
En cuanto al cambio de calificación solicitado por la Defensa, y tras la valoración de la prueba cargosa en su conjunto, es decir, acta de procedimiento, declaración de los oficiales de Policía intervinientes, sumado a la cantidad de sustancias estupefacientes halladas - tenía en su esfera de poder y con fines de comercialización, en un cuarto tipo depósito, 2,266 kilogramos de marihuana, distribuidos en una planta de 1,734 kilogramos y dos cajas con picadura, una con 340 gramos y la segunda con 192 gramos, siendo esta sustancia considerada por la ley vigente como de tenencia y venta prohibida, una balanza y bolsitas de nylon utilizadas para el fraccionamiento de la sustancia y un celular marca Motorola IMEI 358577211988224, con tarjeta sim Personal-, admiten razonar que el material incautado tenía destino de comercialización. Por lo que el encuadre típico sostenido en la resolución recurrida resulta ser procedente.
En relación a la necesariedad de la medida de coerción, entiendo que la misma resulta ajustada a derecho, y ello es, así pues, por un lado, la magnitud y modalidad de la pena en expectativa, que, para el caso de pronunciamiento condenatorio, permite inferir que el nombrado, bien podría intentar eludir la acción de la justicia en caso de que obtenga su libertad a esta altura del proceso. Y por otro, no puede desconocerse la injerencia que tendrá, en caso de condena, la existencia de otra sentencia condenatoria recaída sobre la mencionada en fecha 7 de mayo de 2026, en la que fue condenado por el Tribunal en lo Criminal n° 3 dptal., en la causa 6075 a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales, costas del proceso y una multa de dos mil trescientos noventa y tres pesos ($2.393) por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes para su comercialización. Que con fecha 4/9/2025 se dispuso su excarcelación en los términos de libertad asistida y posteriormente con fecha 3/6/26 se dispuso convertir en libertad asistida la excarcelación oportunamente concedida a Madrid.-
En razón de ello, entiendo acertada la medida de coerción impugnada; y en función de la prueba aquí reunida, propongo al Acuerdo se confirme la resolución del 9 de octubre del 2026, que convirtió en prisión preventiva la detención oportunamente dispuesta a Miguel Nicolás Madrid, en orden al delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad su tenencia con fines de comercialización. art. 5° inciso "c" de la ley 23.737. Rigen CPPBA Arts. 148, 157, 171, 421, 439 y cc.-
Así lo voto. -
El Sr. Juez, Dr. Javier Agustín Mariani dijo:
Que adhería a los fundamentos expuestos por la Dra. Toscano y votaba en igual sentido.-
Por ello , el TRIBUNAL RESUELVE:
I. DECLARAR formalmente admisible el recurso interpuesto de conformidad con los arts. 21, 421, 434, 439 y cc del CPPBA.-
II. CONFIRMAR la resolución del 9 de octubre del corriente año, en cuanto convirtió en prisión preventiva la detención dispuesta a Miguel Nicolas Madrid, en orden al delito de trafico de estupefacientes en la modalidad su tenencia con fines de comercialización. art. 5° inciso "c" de la ley 23.737. Rigen CPPBA Arts. 148, 157, 171, 421, 439 y 440 cc.-
Regístrese, notifiquese al Ministerio Público Fiscal a la defensa particular y devuélvase al Juzgado de origen, encomendando a su Secretario lleve a cabo la notificación del encartado; sirviendo la presente de atenta nota.-
Se cumplió con las notificaciones. Conste.-
Firmas
Funcionario firmante: MARIANI Javier Agustin - JUEZ
Funcionario firmante: TOSCANO Patricia Cecilia - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1051-2026
Fin de la sentencia