Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 675329
R.M. C.Nro. 675.329: AVILA, Javier y ots.s/tcia.ileg.
///mas de Zamora, Agosto 16 de 2007.-
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Agente Fiscal a fs. 167/168, contra el auto de fs. 156/158, en la presente causa nro. 675.329 en trámite por el Juzgado de Garantías nro. 5 Departamental, y practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: Dres. Maidana-Alberdi-Navascués.-
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Maidana , dijo
Interpone a fs. 167/168 recurso de apelación el Dr. Diego Martín Benedetto, Agente Fiscal, contra el auto de fs. 156/158 en el que, la titular del Juzgado de Garantías nro. 5, resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 189 bis, inciso 2, último párrafo del Código Penal, en cuanto agrava el delito de portación ilegal de arma de guerra imputado a Javier Eloy Avila y Osvaldo Ricardo Rodríguez.
Sostiene el Dr. Benedetto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional pues las leyes gozan de presunción de legitimidad, debiéndose ejercer la atribución con sobriedad y prudencia, cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable, de lo contrario se desequilibraría el sistema de los tres poderes, lo que ha llevado a la Corte a ejercer el elevado control de constitucionalidad con la mayor mesura, mostrándose celosa de sus facultades y del respeto que la Carta Fundamental asigna con carácter privativo a los tres poderes. Señala el impugnante que no comparte el decisorio por entender que la norma es acorde a la Carta Magna a la que no contradice y, por ende, no resulta violatoria de los principios de inocencia y "non bis in idem", que los supuestos establecidos en el artículo encontraron su fundamento -según los debates parlamentarios- en la necesidad imperiosa de distinguir al hombre de bien que porta un arma para proteger a una hija que regresa de un baile, de su trabajo o del estudio y la va a buscar a la parada del colectivo en un barrio oscuro en horas de la noche de aquel sujeto que coloca un arma en su cintura y sale a buscar a su víctima, por lo que concluye solicitando se conceda el recurso de apelación y se revoque la resolución en crisis.
El Fiscal de Cámara Adjunto, a fs. 174/vta., en oportunidad de fundar el mantenimiento del recurso de apelación deducido, señala disentir con la decisión del Juez de Garantías, que la agravante específica referida a los antecedentes es un elemento objetivo del tipo penal que deriva en un reproche mayor por el desprecio frente a las penas impuestas anteriormente y su mayor conocimiento del alcance de la norma que repercute en su culpabilidad, que no se afecta la doble persecución porque no existe unidad de objeto pues el hecho ya juzgado y penado no se vuelve a juzgar, que la figura responde a una política criminal que tiende a imponer mayor rigor la tenencia o portación ilegítima como expresión del poder de policía y del principio de prevención especial para la que el ciudadano que ha delinquido debería estar persuadido que no debe reincidir en el delito.
En autos Javier Eloy Avila y Osvaldo Ricardo Rodríguez se encuentran sufriendo prisión preventiva dictada con fecha 22 de mayo del año 2006 por el delito, de acuerdo a la resolución que se impugna, de portación ilegal de arma de guerra en los términos del artículo 189 bis inciso 2 "cuarto párrafo" del Código Penal.
Las razones que motivaran la aplicación de la agravante prevista en el "octavo párrafo" del inciso 2 del artículo 189 bis del Código Penal constituyeron, según el relato efectuado al tener por justificado el delito, las circunstancias de encontrarse gozando los nombrados Avila y Rodríguez el beneficio de la excarcelación en las I.P.P. nro. 600.892 y 539.878 -respectivamente-.
De la lectura de las copias remitidas, se desprende que Javier Eloy Avila se encontraba gozando de excarcelación en la causa nro. 600.092 y registra otras dos causas: nro. 371.0394 y 419.202, cuyo estado no fue certificado (fs. 38, 52, 89/91, 111/vta.).
Asimismo, con relación a Ricardo Osvaldo Rodríguez, en la causa nro. 539.878 se dispuso el cese de la prisión preventiva (fs. 39, 52, 80/86 y 108/vta.), en la causa nro. 146.264 del Juzgado Criminal y Correccional 1 de La Plata obtuvo la libertad condicional el 10 de marzo del año 1995 y en la causa nro. 74597 del Juzgado Criminal y Correccional nro. 11 de Lomas de Zamora fue condenado a la pena de 12 años de prisión, con accesorias legales y costas.
De lo indicado puede advertirse que las situaciones de Avila y Rodríguez son distintas, el primero había sido excarcelado y el segundo fue beneficiado por el cese de la prisión preventiva pero registra condenas.
A partir de allí las razones invocadas por el A-Quo a fs. 156/158, por su remisión al auto de prisión preventiva donde al describir el hecho se limita a mencionar que se encontraban gozando la excarcelación o exención de prisión, sin distinguir - tal como lo hiciera el Agente Fiscal en su requerimiento-, no se ajusta a los informes existentes en autos; sólo Avila estaba excarcelado, Rodríguez tenía un cese de preventiva y condenas.
El artículo 189 bis, inciso 2 "párrafo octavo" del Código Penal agrava la pena de la portación de arma de fuego de cualquier calibre para "el que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas o se encontrare gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior".
La norma prevé dos supuestos distintos de agravación de la escala penal, uno por registrar antecedentes penales y otro por tener una excarcelación o exención de prisión.
Los argumentos utilizados por el A-Quo no permiten distinguir los dos casos por lo que, aún cuando debiera haberse hecho la especificación, el tratamiento único efectuado determina que se aborden las diferentes situaciones.
En efecto, las referencias que hiciera en la resolución impugnada dan cuenta de la prohibición del doble juzgamiento, la existencia de un derecho de acto antes que de autor, que la escala penal no puede tener en cuenta la peligrosidad ni la personalidad sino sólo la culpa por el acto.
Con lo dicho, se desprende que se refiere a la agravante prevista para el caso en que el imputado tenga antecedentes, es decir condenas anteriores y no el supuesto en que goce de una excarcelación o exención de prisión, por lo que no se compadece con el factum que describiere al momento de dictar el auto de prisión preventiva donde, tal como se dijo, sólo habla de las excarcelaciones que beneficiaban a Avila y Rodríguez en las causas nro. 600.892 y 539.878.
Con respecto a la agravante establecida por gozar de una excarcelación o eximición de prisión, supone que la escala penal se incrementa por aquellas circunstancias, por lo que si en el proceso en que se adoptara la medida excarcelatoria resultara el imputado absuelto, al no distinguir, a n así se mantendría el incremento en la escala penal.
Esa sola circunstancia permite establecer que se encuentra afectada la garantía constitucional de inocencia, según la cual la ley fundamental impide que se trate como si fuera culpable a la persona a quien se le atribuye un hecho punible, cualquiera que sea el grado de verosimilitud de la imputación, hasta tanto no se pronuncie la sentencia penal firme que declare su culpabilidad y la someta a una pena.
El imputado goza de la misma situación jurídica que un inocente, a pesar de la excarcelación, la que no puede alterarse por una decisión del legislador nacional inspirada en razones de política criminal que tienden a imponer mayor rigor a los que portaren armas de fuego, como se señala.
Se trata de un punto de partida político que asume la ley de enjuiciamiento penal en un Estado de Derecho que constituyó la reacción contra un sistema que partía del extremo contrario, tal como lo ha entendido desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallos CSN, t.7, p.371; t.16, p.88; t.54, p. 273; t.64, p. 352), la que fundara el principio en la forma republicana de gobierno y el espíritu liberal de nuestras instituciones -art. 33 CN- (fallos CSN, t. 102, p. 225).
Además de ello, a un imputado por registrar una excarcelación anterior, sin haberse cumplido con la necesidad de un juicio previo, se le agrava su situación en una causa posterior, garantía que por tal motivo también se conculca con la aplicación de la norma (art. 18 CN), al no satisfacer la sentencia judicial de condena ni el proceso legal previo como fundamento de la pena.
Ante una misma situación de portación ilegal de un arma, por hallarse uno de los imputados con una alternativa, morigeración o cese de la prisión preventiva se le impondría una pena sensiblemente inferior que a otro que estuviere gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior, afectándose en forma palmaria la igualdad (art. 16 CN).
Los señalados, no guardan relación con los casos a los que se refiere el impugnante sobre la persona que porta un arma para buscar a su hija a la salida del baile o el trabajo, del que lo hace para buscar a su víctima, pues el primero pueda estar excarcelado o tener antecedentes y el segundo no, y se estaría haciendo una injusta diferencia.
Utiliza el legislador institutos procesales, como son la excarcelación o exención de prisión, que se relacionan con la alteración de la vigencia de la medida de coerción cuyo objetivo, en síntesis, consiste en lograr los fines del proceso, los que de ningún modo pueden ser utilizados como pauta para aumentar la pena en tanto reacción penal del Estado ante la ofensa cometida.
Más allá de las razones de política criminal perseguidas al establecer la disposición, y la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por aquÚl, cuyo control claramente excede a la actividad jurisdiccional, ello no impide que en la persecución de los objetivos en miras de los cuales se creara la norma, ésta fuera objeto de confrontación cuando, como en autos, en forma evidente se afectan garantías constitucionales.
Aún cuando dicha disposición pueda gozar de presunción de legitimidad pues fue dictada de acuerdo al procedimiento establecido por la Carta Magna para su sanción, revelada en el caso en forma palmaria aquella afectación, se impone su exclusión.
Es cierto que constituye un acto de suma gravedad institucional y que debe ser decidido como último recurso, sin embargo, aún cuando se extreme la interpretación procurando vincular y dotar de sistematicidad a la norma, no se encuentra posible su validación en el plexo constitucional que groseramente se afectara (fallos 226:688, 242:73, 285:369, 300;241, 1097).
Lo expuesto sobradamente permite advertir que, hallándose conculcadas por la norma las garantías constitucionales señaladas, concurren en autos las razones invocadas por el impugnante para señalar la excepcionalidad de la medida -aunque lo hiciera con el fin opuesto-, circunstancia que habrá de determinar la declaración de inconstitucionalidad de la agravante establecida en la norma en cuestión - art. 189 bis, inciso 2 "párrafo octavo" del Código Penal-, en cuanto incrementa la pena cuando el imputado se encuentra gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior.
Cuestión distinta sin embargo es lo que ocurre con el otro supuesto de agravamiento previsto en la norma.
Los principios constitucionales en los que centra su análisis el A-Quo de culpabilidad, prohibición de persecución penal múltiple y el de inocencia que advierte violentados por la aplicación al caso del art. 189 bis "párrafo octavo" del inciso segundo del C.P., son exactamente los mismos que fueran enarbolados por los que propician la imposibilidad del incremento de las penas por reincidencia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el principio constitucional del non bis in idem prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal-, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriere en una nueva infracción criminal ("L'Eveque, fallos, 311:1451).
Dichas razones son aplicables en forma exacta para el supuesto de agravamiento de la pena analizado, al disponerse el incremento de la pena si registra antecedentes penales por delito doloso contra la persona o con el uso de armas, es decir, si registra condena firme por los delitos señalados, aún cuando no hubiera cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad.
En tal sentido no parece irrazonable que, en la graduación de la pena, se valore aquella circunstancia para determinar la magnitud del reproche, la que es legalmente fijada, sin que se trate de receptar un sistema penal de autor que repugne al consagrado constitucionalmente pues, no se aplica otra pena por el hecho ya juzgado sino que sólo se toma la condena anterior para individualizar la pena actual, dentro de la escala fijada por el tipo penal.
No se advierte que entre la pena incrementada del modo señalado y la ofensa cometida según la ley penal en cuestión, confrontada con las normas de jerarquía constitucional, exista desproporción, se establezca una falta de relación entre el bien jurídico lesionado y la intensidad o extensión de la privación de bienes jurídicos del imputado que pueda repugnar a la protección de la dignidad de la persona humana.
Sin perjuicio de la distinta solución dada a los dos supuestos previstos en la norma, atento la declaración de inconstitucionalidad -sin distinguir- hecha por el A-Quo, que fuera objeto de agravio por el Fiscal, éste aún no ha intimado en debida forma a Ricardo Osvaldo Rodríguez por las diferentes circunstancias que respecto a él se incrementa la pena, según antes se indicara.
Por ello, habré de proponer a mis colegas que se haga lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, se revoque el auto de fs. 156/158 en cuanto declara la inconstitucionalidad del artículo 189 bis inciso 2, "último párrafo", del Código Penal que incrementa la pena de prisión en el caso de registrar antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas y se confirma con respecto a la declaración de inconstitucionalidad con relación al aumento de la pena contenido en el mismo párrafo en el supuesto de encontrarse gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior (arts. 1, 18, c.c. y s.s. de la Constitución Nacional, 421, 439 c.c. y s.s. del C.P.P., 189 bis, inciso 2 "último párrafo" del Código Penal).
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Alberdi , dijo:
Adhiero al voto de S.E. Dr, Maidana
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Navascués , dijo
I. La señora Juez de la instancia en el resolutorio impugnado declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del inciso segundo del art. 189 bis del Código Penal en cuanto agrava la pena contemplada para el delito de portación ilegal de arma de guerra que se imputa en la presente a Javier Eloy Avila y Osvaldo Ricardo Rodríguez. Sostuvo para ello que la norma cuestionada resulta efectivamente contraria a la Constitución Nacional por resultar violatoria de los principios de culpabilidad, de prohibición de persecución penal múltiple así como también de la presunción de inocencia de que goza todo ciudadano. Y ello es así, continuó afirmando la señora Juez, porque el agravamiento de la figura base tiene como fundamento la peligrosidad del agente independientemente de su culpabilidad respecto al acto de portación del arma en cuestión. En segundo lugar y en lo que hace al principio de "non bis in idem" su conculcación surgiría al fundarse la agravación en el beneficio excarcelatorio o bien en la condena recaída en otro proceso por lo que se estaría volviendo a juzgar al imputado por una circunstancia ya valorada en aquél. Finalmente la Dra. Salvo considera que se ha violado el principio de inocencia en cuanto se valoraría al efecto la circunstancia de haberse concedido en un proceso anterior la excarcelación o eximición de prisión, lo que implicaría una indirecta abolición del principio de inocencia que debe regir durante todo el proceso.
A fs. 167 el señor Agente Fiscal Dr. Diego M.Benedetto luego de citar el criterio de la Corte Suprema en cuanto a la excepcionalidad de la declaración de inconstitucionalidad de una norma dictada por el poder legislativo en el marco de sus atribuciones sostiene que la misma no resulta violatoria del principio de inocencia ni del de prohibición de persecución penal múltiple, por entender que su fundamento debe buscarse en razones de política criminal evaluadas por el legislador al momento de su dictado.
Posteriormente a fs. 174 y vta. el Dr. Alejandro Vidaurre en su carácter de Fiscal Departamental Adjunto acompaña el recurso interpuesto al entender que el agravamiento del tipo penal cuestionado se basa en el mayor reproche que cabe dirigirle al encausado por el desprecio que ha evidenciado frente a las penas impuestas anteriormente y al mayor conocimiento del alcance de la norma que por ello posee. Cita en su favor el criterio del más alto Tribunal del País en Fallos 308:1938 publicado por L.L. 1989-B-183 al expresar que el "reincidente reconoce la amenaza penal mejor que otro que nunca la ha sufrido". Tampoco considera violado el principio de prohibición de doble persecución, toda vez que no existe identidad de objeto entre el proceso anterior y el que está en trámite y argumenta que la agravante en estudio se debe una cuestión de política criminal y en especial al principio de prevención especial para que el ciudadano que ha delinquido se persuada que no debe volver a reincidir en tal conducta.
Ahora bien, el último párrafo del inciso segundo del art. 189 bis del Código de fondo contempla dos situaciones perfectamente diferenciables. Por un lado la de aquel que registrara antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas y por otro la de quien se "encontrare gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior".
En autos se ha intimado a los nombrados Avila y Rodríguez por la portación ilegal de armas de guerra encontrándose gozando del beneficio de la excarcelación o exención de prisión en otro proceso anterior.
Sin embargo como bien señala el magistrado que lleva la voz ello es exacto únicamente en el caso de Avila pues Rodríguez gozaba de un cese de prisión preventiva y de condenas anteriores.
Se advierte asimismo que tanto el apelante como su superior se han limitado a expresar las razones de politica criminal que pudo tener el legislador al dictar la norma y por otro lado a defender la constitucionalidad de una de las situaciones contempladas en último parrafo del art. 189 bis del Código de fondo que no es justamente la que fue utilizada por la señora Juez interviniente.
No obstante ello y siguiendo en el caso el criterio amplio en materia recursiva sustentado por el distinguido colega preopinante he de tratar la validez constitucional de las dos pautas señaladas en la norma atacada, dejando sentado como principio rector que como lo ha dicho reiteradamente el alto Tribunal del País, la declaración de inconstitucionalidad de una ley es la última "ratio" del ordenamiento jurídico (fallos 288-325 o JA 22-1974 439;290-83,292-190); que la actitud judicial en tales casos debe ser prudente y mesurada (fallos 285-369;286-76) y que las normas dictadas por el Congreso deben presumirse constitucionales (fallos 207-249;100-323).
En efecto, es función reservada al poder legislativo delimitar el ámbito privado de lo público correspondiendo al poder judicial invalidar en el caso concreto la decisión tomada si aquella peca de una irracionalidad absoluta.
Lo que se quiere decir es que no cualquier irracionalidad técnica o
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