Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 0700 39103 20
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. No hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento (arts. 421, 434 y 439, CPP);
II. Confirmar el auto del 12 de junio de 2023, por los fundamentos precedentemente expuestos (arts. 76 bis, sexto párrafo, CP).
CN °: 0700-39103-20. -
///mas de Zamora, en la fecha de la firma digital.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el sr. defensor particular Dr. Héctor Rolando Mansilla, contra el auto del 12 de junio de 2023 dictado en la presente causa n° 0700-39103-20, que tramita el Juzgado de Garantías n° 1 Departamental, y;
El Dr. Rojas dijo:
El Sr. juez de garantías, en la audiencia estipulada para el trámite de flagrancia (art. 13, ley 13.811), resolvió suspender el proceso a prueba por el término de un año y seis meses en favor de los imputados María Gabriela Portas y Francisco Héctor Jance, en orden a los delitos de portación ilegal de arma de guerra atenuada por poseer habilitación para la tenencia de armas, amenazas agravadas por el empleo de arma de fuego y hurto simple en grado de tentativa (arts. 404, CPP; 76 bis y ter, 189 bis inc. 2, párrafo cuarto, en relación con el párrafo quinto, 149 bis, párrafo segundo y 162, CP); estableciéndoles reglas de conducta (arts. 27 bis y 76 ter, CP).
Transcurrido el tiempo estipulado, el 20 de octubre de 2022, declaró extinguida la acción penal respecto de los encausados, y dispuso sus sobreseimientos (art. 323, inc. 1, CPP).
El 1 de junio de 2023, el letrado defensor de María Gabriela Portas solicitó la restitución del armamento incautado, toda vez que se dio cumplimiento con las pautas impuestas al otorgársele el instituto.
Corrida vista al Sr. agente fiscal, este se opuso a lo pretendido, entendiendo que debe disponerse el decomiso del arma y de las municiones incautadas junto a ella, argumentando que es "condición insoslayable para acceder al instituto [suspensión de juicio a prueba] , abandonar en favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena" ; lo cual fue receptado favorablemente por el judicante para decidir en tal sentido (art. 76 bis, sexto párrafo, CP); pronunciamiento atacado por la defensa aperturando el temario revisor de esta instancia.
Al imprimir su agravio, el recurrente, alegó que Portas es legítima propietaria de la pistola Bersa Thunder 380 N° E95046, debidamente registrada, y que cuenta con la autorización para su tenencia. Señaló que la norma aludida estipula el abandono de los bienes "en caso que recayera condena" , situación que sobre el particular no sucede, pues la nombrada fue sobreseída y el arma no es de origen ilegítimo, por lo que no procede el decomiso. Puso énfasis en la inviolabilidad del derecho de propiedad.
Ahora bien, el párrafo sexo del art. 76 del fondal estipula el abandono de los bienes que presumiblemente sean decomisables en caso de condena como requisito para la concesión de la suspensión del juicio a prueba; sin embargo, tal exigencia debe interpretarse de manera diferente al decomiso propiamente dicho reglado por el art. 23 del fondal, pues responden a naturalezas jurídicas distintas.
El "abandono" al que refiere la norma antes citada inquiere un consentimiento voluntario y expreso por parte del acusado, que debe materializarse previamente como condición al otorgamiento del instituto aludido, pues de lo contrario, vulneraría un derecho real que se tiene sobre la cosa; pauta que lo diferencia del "decomiso" como pena accesoria al dictado de una sentencia condenatoria, siendo que, en este último caso, el juzgador tiene certeza respecto de los hechos ocurridos y la responsabilidad de imputado, circunstancias que no suceden en el supuesto anterior.
Sobre el tema ha asentado criterio la jurisprudencia al precisar que:
"...el abandono requiere una declaración voluntaria expresa por parte del imputado, lo que surge del propio texto legal cuando reza 'debe abandonar', en lugar de 'se tiene que abandonar' u otra expresión similar. Siendo ello así, no resulta admisible ni un consentimiento tácito ni uno presunto, exigencia que, por otra parte, resulta atinada, teniendo en cuenta que se trata de la renuncia de un derecho real sobre los bienes. El 'decomiso', por el contrario es el resultado de una sentencia condenatoria que no reviste el carácter de pena principal, pero que acompaña a aquella, cuya imposición no requiere el consentimiento del imputado. En este caso, el Juez tras el dictado de un fallo tiene certeza respecto a la materialidad del evento ocurrido y la responsabilidad que le cabe al imputado en él, por tal motivo la ley le otorga la potestad de disponer de los elementos utilizados en la comisión del ilícito, en tanto que en el primer supuesto, el imputado beneficiado por el instituto en cuestión, debió cederlos a favor del Estado como requisito para su concesión ya que en este caso, el juez carece de la convicción que el pronunciamiento condenatorio le otorga" (CACyF de CABA, Sala II, cn° 37058-00-00/2008, "Pepellín Helvecio Aldo y otros s/ Infracción al art. 189 bis -portación de arma de fuego de uso civil- CP").
También, en ese sentido ha ahondado la doctrina al decir que, al resolver la paralización del juicio, el juez, así como debe fijar el monto del mínimo de la multa a abonar, también deberá hacerlo respecto de los objetos que conforme la ley sustantiva se juzgan decomisables, a fin de que el imputado pueda cumplir con el pago de la multa, y manifestar su expreso consentimiento en orden a la perdida de la propiedad de los bienes en favor del Estado (cfr. Olazábal Julio, Suspensión de Juicio a Prueba , Astrea, Ed. 1994, pags. 84/85).
De ese modo, sobre el particular, observo que no fueron detallados expresamente los bienes que debían "abandonarse" al momento de acordar la suspensión de juicio a prueba, ni se recabó el consentimiento de los encartados al efecto, lo cual coloca lo decidido como una consecuencia no advertida, tornándolo violatorio del derecho de propiedad, máxime cuando la nocente Portas requirió la restitución del arma por ser legítima tenedora (fs. 39 y vta.); lo que se concatena con nuestro ordenamiento jurídico que salvaguarda las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, que tienen amparo constitucional (art. 75, inc. 22, CN), razón que me lleva a proponer al acuerdo revocar el resolutorio en cuestión, debiendo el armamento ser remitido y puesto a exclusiva disposición del ANMaC, ya que el derecho de propiedad invocado se encuentra limitado por la ley n° 20.429, el decreto n° 395/75, normas complementarias y las emanadas de ese organismo, quien en definitiva será el competente para determinar si el legítimo usuario se encuentra habilitado para su tenencia, habida cuenta que es su exclusivo resorte registrar, fiscalizar y controlar toda actividad vinculada con armas de fuego, explosivos y otros materiales controlados (arts. 76 bis, sexto párrafo, a contrario sensu , CP).
El Dr. Little dijo:
He de discrepar con la conclusión arribada por mi colega que me precedió en orden de votación.
El "abandono" en favor del Estado de los bienes es una condición legal ineludible para la concesión del instituto de suspensión de juicio a prueba, y el alcance de la obligación aparece definido por lo previsto en el art. 23 del Cód. Penal, que regula el régimen de aplicación de aquellos objetos decomisables (art. 76 bis, sexto párrafo, CP); con la salvedad, por el contrario, que la norma encomienda al propio imputado entregarlos voluntariamente, imposición que no presenta problemas cuando son identificados en la causa y, además, resultarían manifiestamente decomisables "en caso que recayera condena" (Cfr. Bovino, Suspensión del procedimiento a prueba: teoría y práctica , Ad Hoc, Ed. 2016, pag. 349).
En cuanto a esto último, por "instrumentos del delito" se entiende todo elemento del que se ha valido el autor para lograr la objetividad típica (Cfr. Zafaroni Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal , Ediar, Ed. 1979, pag. 617 y ss.); que en el caso resultó la pistola cuya portación se imputó, que devino en razón a la forma en que la trasportaba dado que Portas, en ese entonces, era legítima usuaria, siendo de su registro.
Así las cosas, considero que la resolución que se impugna se encuentra ajustada a derecho, siendo acertados los motivos que la fundamentan. El abandono del arma en favor del Estado se lo tuvo por operado como condición de aplicabilidad del instituto en cuestión, desde que "al tratarse de una medida imperativa, aunque las partes no lo hayan acordado a su respecto, no puede ser tema de negociación ni el tribunal puede omitir su aplicación" (voto del Dr. Riggi, al que adhirió el Dr. Catucci; CFCP, Sala III, cn° 12.220, "Mitre, Rubén Ricardo Jorge y otros s/ recurso de casación", 6-10-2010); derivando su consentimiento del acuerdo celebrado al suspender el proceso a prueba, aunque no medió manifestación en particular, por ser un requisito que la normativa que rige en la materia específicamente determina para su procedencia.
Es dable recordar que nuestro Máximo Tribunal Federal ha sostenido que "...por amplias que sean las facultades judiciales en orden a la aplicación e interpretación del derecho, el principio de separación de poderes, fundamental en el sistema republicano de gobierno adoptado por la Constitución Nacional, no consiente a los jueces el poder de prescindir de lo dispuesto expresamente por la ley respecto del caso, so color de su posible injusticia o desacierto" (CSJN, Fallos 249:425; 250:17; 263:460).
En razón a lo desarrollado, entiendo que corresponde confirmar el auto apelado, tal y como ha sido dictado, al no advertir motivos para apartarme de lo allí decidido.
El doctor Navascués dijo:
He de adherir, en el caso, al voto esgrimido por el Dr. Little, al compartir la fundamentación allí expuesta, la que hago mía, por ser ello mi sincera y razonada convicción;
POR ELLO:
Esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, por mayoría, RESUELVE:
I-NO HACER LUGAR al recurso de apelación en tratamiento (arts. 421, 434 y 439, CPP);
II-CONFIRMAR el auto del 12 de junio de 2023, por los fundamentos precedentemente expuestos (arts. 76 bis, sexto párrafo, CP).
Regístrese. Notifíquese a la defensa y al sr. Fiscal de Cámaras. Hágase saber al Juzgado de origen, sede que practicará las comunicaciones pendientes, y devuélvase. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario Firmante: 19/09/2023 11:44:31 - LITTLE Pablo Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2023 11:54:25 - ROJAS Alejandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2023 13:43:03 - NAVASCUES Miguel Carlos - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2023 13:51:19 - JOTYNSKIJ Agustín Emilio - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 19/09/2023 13:51:20 hs. bajo el número RR-1775-2023 por JOTYNSKIJ AGUSTIN EMILIO.
Fin de la sentencia