Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 2001 2833 23
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia por la cual se condenara a Jorge Fabián Martínez a la pena de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento, multa de cinco mil pesos y más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (arts. 5, 29 inc. 3ero., 40, 41, 45 y 189 bis inc. 2do. primer párrafo del Código Penal y 210, 373, 375 y 530, CPP).
CN °: 2001-2832-23.-
Lomas de Zamora, a los ...... fecha firma digital, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental doctores Pablo A. Little y Alejandro A. Rojas, para dictar sentencia en la causa nro. 2001-2832-23 seguida a Jorge Fabián Martinez , por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil ; y practicado en su oportunidad el sorteo de Ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Rojas- Little.
Jorge Fabián Martinez fue condenado por el señor Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional n°3 del departamento judicial Avellaneda- Lanús, a la pena de ocho menes de prisión de efectivo cumplimiento, multa de cinco mil pesos y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (arts. 5, 29 inc. 3ero., 40, 41, 45 y 189 bis inc. 2do. párrafo primero del código penal).
Apelado dicho fallo por el señor defensor particular, doctor Alejandro Gowland, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es admisible el recurso intentado?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión primera el señor Juez doctor Rojas dijo:
La defensa de Jorge Fabián Martinez apela la condena de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento, multa de cinco mil pesos y costas del proceso, por considerárselo autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis, inc. 2do. 1er. párrafo del C.P.).
El embate gira en torno a dos aristas.
En primer lugar, pone en tela de juicio la culpabilidad del nocente en función del estado de necesidad en que dice se encontraba al momento de ser hallado con el arma de fuego en su poder, extremo que sustenta sobre la base de su declaración dada en los términos del art. 308 del C.P.P.
En tal sentido, argumenta que su defendido se encuentra postrado en una silla de ruedas producto de una discapacidad que lo acongoja desde los 19 años de edad, residiendo en la finca allanada junto a su progenitora y su hija de nueve años de edad, la que se encuentra, según expone, en una de las zonas más peligrosas del conurbano, donde el Estado no puede garantizar su seguridad. Refiere que es ese el contexto en el que Martinez tenía el arma en su poder, para seguridad personal de su familia, subrayando que a su entender, el legislador ha previsto para estos casos la inculpabilidad de quien ha transgredido una norma penal en procura de preservar un derecho personal, el que se estima -valorativamente- de mayor trascendencia que el infringido.
Manifiesta que el caso muestra la situación de un ciudadano común de bajos recursos, que vive de la pobrísima pensión de discapacidad que el Estado le abona y que no quiso o no pudo poseer la correcta documentación para la legal tenencia del arma.
Destaca que si bien es una tarea difícil y discutida por la jurisprudencia y la doctrina cómo ponderar los bienes jurídicos que se ponen en juego frente a la disyuntiva con la que debe actuar el que está frente a un estado de necesidad, lo adecuado para zanjar este aspecto es analizar el caso concreto, considerando las circunstancias personales y que rodearon al que procedió en ese contexto.
Remarca que las circunstancias señaladas obligan a analizar el caso a la luz de los principios rectores de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que conforman nuestro bloque constitucional (art. 75 inc. 12, CN) a fin de dar una adecuada respuesta jurisdiccional al caso particular en cumplimiento de los deberes asumidos con el sistema de protección de derechos humanos.
Reclama que a la hora de analizar el grado de reproche a efectuar debe previamente comprenderse en toda su extensión la situación personal y familiar de la persona imputada, y luego preguntarnos hasta qué punto es posible recriminarle su injusto cuando su ámbito de autodeterminación se encontraba tan restringido, es decir, cuando su abanico de opciones era acotado ante los hechos de inseguridad que azotan a la Provincia de Buenos Aires.
Concluye en este punto que en el caso se presentó un estado de necesidad que disculpa la conducta desarrollada por B.A.R. y neutraliza el reproche de su injusto, por lo que corresponde hacer lugar a su absolución.
En segundo término, solicita se modifique el cumplimiento de pena dispuesto en arresto domiciliario, con cita de los arts. 159 del C.P.P. y 10 del C.P.
Señala que en las penas de corta duración, la prisión efectiva ha demostrado ser contraproducente, máxime para quien padece una severa discapacidad y el SPB no posee los elementos para tratarlo dignamente.
Enfatiza que la prisión domiciliaria es una de las medidas previstas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio) y su finalidad es reducir la aplicación de las penas privativas de la libertad, racionalizar la justicia penal, respetar los derechos humanos y realizar las exigencias de justicia social y de rehabilitación del condenado.
Veamos.
En primer lugar, en relación al estado de necesidad disculpante, bueno es repasar que el art. 34 inc. 2do, segunda parte, del C.P., establece que no será punible el que obrare violentado por la amenaza de sufrir un mal grave e inminente, abarcando aquellos supuestos en que se reprueba el proceder del sujeto activo y la ponderación entre males sacrificados resulta equivalente (ej: vida contra vida).
En el caso, se estaría proponiendo excluir la culpabilidad de un delito de peligro frente a un eventual riesgo de lesión -personal y familiar- cuya inminencia no es introducida en el análisis por el recurrente ni tampoco podría presumírsela del modo que se lo solicita, pues sólo se ha representado una situación genérica de inseguridad como el extremo a ponderar en la decisión particular de hacerse de un arma de fuego ilegalmente.
En tal sentido, no se advierte -ni se ha invocado- la concurrencia de un peligro cierto y real, en una situación concreta y de conflicto extremo, que conduzca a eximir de pena aquella determinación del nocente. Tolerar ese tipo de acciones, implicaría avalar la venganza privada entre particulares, lo que resulta inaceptable dentro de un Estado de Derecho en el que precisamente se procura obtener la paz social, aun frente a la conflictividad que muestra nuestra realidad social actual.
No obstante, es sabido, tal como lo expresara nuestra casación local, que "atento al carácter excepcional de estas causales, es necesario que se arrimen al proceso elementos de prueba suficientes a fin de acreditar su existencia, pues esta situación extraordinaria no se presume sino que debe ser comprobada, correspondiendo la carga de la prueba a quien la alega" -T.C.P., causa nro. 62099 del 29/04/2014-, aspectos que no se verían contemplados en el recurso intentado, en tanto el escenario descripto por el apelante, por sí sólo, no torna eficaz la causal invocada.
Por último, hemos de recordar que la exclusión de responsabilidad penal "sólo es posible cuando existan razones extraordinarias para considerar que no era exigible otra conducta distinta, es decir, motivos para pensar que cualquier persona en lugar del autor hubiera hecho lo mismo. El juicio de exigibilidad o no exigibilidad de otra conducta [...] constituye siempre el criterio rector para analizar estos casos" (Donna, 2009, t. IV, 383), es decir, para que se llegue al extremo de neutralizar el reproche propio de culpabilidad se debe dar en el caso una verdadera "presión motivacional extrema" -Daniel Rafecas "Derecho Penal Sobre Bases Constitucionales", pág. 650/651-.
En lo que respecta al modo de ejecución de la pena dispuesta, el embate propuesto por la defensa tampoco será favorablemente atendido, toda vez que más allá de haber integrado el pacto de abreviar el proceso (art. 395 del C.P.P.), el juzgador justificó su determinación sobre la base de los antecedentes condenatorios que registra el incuso, los que si bien solo fueron mencionados en la decisión, no han sido interpelados por el apelante, y por ende, ese razonamiento no puede considerarse arbitrario o apartado de las constancias de la causa ante la falta de un agravio concreto a ese respecto.
En ese norte, se advierte del sistema informático la conformación de un incidente de morigeración que podrá tener favorable acogida hasta la firmeza del fallo, no obstante lo que eventualmente pueda impetrarse ante el órgano de ejecución que corresponda sobre la base de alguno de los supuestos que prevé el art. 10 del fondal, sin que quepa, por el momento, atender el punto introducido en esta instancia bajo los argumentos que ensaya la defensa.
Por su part, debe repararse, como también lo sostuviera nuestra casación, en que "el cumplimiento de pena en detención domiciliaria en los términos solicitados por la defensa (art. 10 del C.P.), no resulta de aplicación automática, sino que deben concurrir en el caso particular circunstancias especiales cuyos efectos trasciendan la restricción inherente a la detención y hagan razonable flexibilizar la modalidad de ejecución de la pena impuesta" -T.C.P., causa nro.105759, del 06/04/2021-, cuestiones que exceden el marco del recurso y requieren ser debidamente comprobadas y atendidas, pues la mera alegación de la discapacidad enunciada (hallarse en silla de ruedas), no conduce " per se" a proceder como se pide.
En función de lo expuesto, y no encontrando motivos para apartarme de lo resuelto, he de proponer al acuerdo que se confirme la sentencia apelada en la medida de los agravios (ats.210, 373, 375 y 530 CPP).
Así lo votó.
El señor Juez doctor Little, adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción. A la cuestión segunda, el señor Juez doctor Rojas dijo:
Corresponde dada la forma en como el Tribunal ha resuelto la cuestión primera, confirmar la sentencia por la cual se condenara a Jorge Fabián Martínez a la pena de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento, multa de cinco mil pesos y más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (arts. 5, 29 inc. 3ero., 40, 41, 45 y 189 bis inc. 2do. primer párrafo del Código Penal y 210, 373, 375 y 530, CPP).
Así lo votó.
El señor Juez doctor Little, adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción. Con lo que finalizado el acto, firmando los señores Jueces.
Lomas de Zamora, ...fecha firma digital.-
Por la votación brindada a las cuestiones anteriores, este Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia por la cual se condenara a Jorge Fabián Martínez a la pena de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento, multa de cinco mil pesos y más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (arts. 5, 29 inc. 3ero., 40, 41, 45 y 189 bis inc. 2do. primer párrafo del Código Penal y 210, 373, 375 y 530, CPP).
Regístrese. Notifíquese al señor fiscal general y al señor defensor particular. Fecho, remítase al Juzgado de origen, sede que practicará las notificaciones pendientes. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fin de la sentencia