Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 33707
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución dictada con fecha 28 de septiembre por la Juez en lo Correccional, Ana María Fernández, que revoca la suspensión de juicio a prueba respecto de Maximiliano Oscar Sosa y disponer el sobreseimiento del antes nombrado en estas actuaciones, en virtud de haber fenecido el plazo para el cumplimiento de las condiciones oportunamente impuestas al suspenderse el juicio a prueba. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por la Defensora Oficial, Fabiana A. Danti (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439 y cctes.; 27 y 76 del CP).
33707 "SOSA MAXIMILIANO OSCAR S/ TENENCIA ILEGITIMA DE ESTUPEFACIENTES".
En la ciudad de Mar del Plata, a los 21 días del mes de Octubre de 2020, se reúne la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 33707 caratulados "SOSA MAXIMILIANO OSCAR S/ TENENCIA ILEGITIMA DE ESTUPEFACIENTES", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces: PAOLINI-POGGETTO-MADINA.
Llegan las actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Oficial, Fabiana A. Danti, contra la resolución dictada con fecha 28 de septiembre por la Juez en lo Correccional, Ana María Fernández, que revoca la suspensión de juicio a prueba respecto de Maximiliano Oscar Sosa.
Se agravia por cuanto la resolución deviene manifiestamente extemporánea, por cuanto la misma ha sido dispuesta luego de haber transcurrido un período de tiempo considerable desde que operó el vencimiento del plazo suspensivo (10/09/2019).
Advierte que no surgen dudas de: a) que el plazo de probatorio se halla perimido en esta encuesta desde el día 10 de septiembre de 2019; y b) que no se desconoce que ciertamente han sido verificados ciertas irregularidades en torno a la observancia de las reglas de conducta oportunamente asumidas.
Cuestiona si es posible revocar la solución alternativa acordada -y proseguir los trámites pesquisitivos hasta llegar a una eventual condena- cuando ya ha vencido el plazo durante el cual el proceso permaneció suspendido. Y la respuesta que se impone, a su modo de ver, es la negativa.
Analiza la normativa aplicable, concluyendo que el Magistrado cuenta con un límite temporal cierto a los efectos de pronunciarse por su revocación, como así también que dicho límite viene dado por el hito de la "expiración del plazo por el cual hubiera sido suspendido el juicio en el proceso", que es justamente el momento a partir del cual comienzan a computarse los ocho años cuyo transcurso habilita el dictado de una nueva suspensión.
Sostiene que de ningún modo se podría entender que el tiempo en el cual el primer juez debe pronunciarse viene dado por el plazo prescriptivo del delito que se trate, ya que es posible que, en ciertas ocasiones, el mismo exceda aquél término legal de ocho (8) años. Además, no puede obviarse que el instituto de la prescripción contempla un período de tiempo en el cual se debe desarrollar una investigación exhaustiva y completa que conduzca a un veredicto condenatorio firme, mientras que el caso que nos ocupa se refiere sólo a una etapa puntual dentro del procedimiento penal. Por lo demás, siendo previsto el instituto de la prescripción para regir una situación fáctica diferente, su aplicación en este supuesto no sería otra cosa que utilizar el vedado método de la analogía in malam partem.
Ante este panorama, la única inteligencia posible es que la facultad de revocar el instituto de la suspensión de juicio a prueba sólo puede ser ejercida por el juzgador durante un plazo cierto de tiempo, que comienza a computarse desde la verificación del incumplimiento que origina dicho pronunciamiento y que reconoce, como tope máximo, el del vencimiento del plazo probatorio.
Hace referencia a los principios pro homine y de última ratio, citando jurisprudencia y doctrina que da cuenta de la imposibilidad de revocar lo agotado, no admitiendo un control a destiempo.
Por ello, solicita se revoque el resolutorio y se disponga el sobreseimiento en favor de su asistido.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Paolini dijo: Luego de analizadas las constancias de autos entiendo que corresponde hacer lugar al recurso y disponer el sobreseimiento en favor de Sosa.
El 3 de diciembre de 2015 se resolvió suspender el juicio a prueba en relación al encausado por el término de dos años, habiéndosele impuesto diversas reglas de conducta por el plazo de la suspensión.
Conforme el cómputo, lo dispuesto vencía el 17 de diciembre de 2017.
Durante ese plazo se constató un cumplimiento irregular y se citó al probado a audiencia a fin de brindar explicaciones, las cuales se entendió en aquél momento que eran atendibles (ver fs. 156).
Luego, se solicitó al Patronato de Liberados la remisión de informes, y recién con fecha 18 de septiembre de 2018, la Juez en lo Correccional resolvió prorrogar el plazo de la suspensión por un año, en razón de constatarse incumplimientos en las reglas. Recordemos que este primer pronunciamiento ya se produjo nueve meses después de vencido el plazo de prueba.
Dicha resolución, jamás pudo notificarse al causante, sin haber podido la Defensa tener contacto con él, lo que motivó el dictado de su rebeldía y comparendo compulsivo el 19 de febrero de 2019, siendo hallado el día 3 de julio, pero sin que el mismo se presentara ante el Juzgado.
Lo anterior motivó el dictado de una nueva resolución con fecha 25 de septiembre de 2020 por la Juez Ana Fernández, revocando la suspensión del juicio a prueba respecto de Maximiliano Sosa, ante el incumplimiento reiterado de las condiciones impuestas.
Debe remarcarse, que una vez firme el pronunciamiento que dispone suspender el proceso a prueba, aparece en cabeza del Juez competente el deber de controlar el fiel cumplimiento de las reglas de conducta impuestas a tenor del art. 27 bis del CP -ya sea, en el marco de una condena de ejecución condicional o de una suspensión de juicio- durante el plazo de prueba.
Ahora bien, de lo expuesto surge que el control por parte de la Juez ha sido realizado en forma extemporánea, observándose la inactividad por parte de la jurisdicción con respecto al control en el cumplimiento de las reglas impuestas, durante ese término.
Así, como principio general, se establece que el control del cumplimiento de las condiciones impuestas en la sentencia, en este caso que suspende el juicio, debe realizarse por parte de la judicatura dentro del plazo previsto, no pudiendo revocarse por incumplimiento de las mismas una vez agotado.
Lo anterior, implicaría un avance del Estado atentando contra el principio de preclusión y los derechos adquiridos, además de poner en crisis la estabilidad jurídica, toda vez que aún cuando se hubiera agotado el plazo, el sujeto tendría la incertidumbre sine die respecto del vencimiento.
En consecuencia, no habiéndose preocupado el Estado en el control del cumplimiento de las reglas impuestas durante el período de su vigencia, una vez agotado no puede revocarse.
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo se revoque el resolutorio y se dicte el sobreseimiento en favor del encausado.
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Poggetto dijo:
Debo expresar mi postura que diverge de la de mi colega.
La suspensión de juicio a prueba -en relación a los derechos del imputado- es un criterio de oportunidad reglado dentro del principio de legalidad procesal cuya aplicación puede ser solicitada por el encausado durante el proceso como solución alternativa al conflicto penal a fin de evitar una resolución de mérito sobre su culpabilidad en el hecho que se le imputa y que le pudiera irrogar la imposición de una pena (CP; 76 bis). El efecto procesal de la aplicación del instituto en cuestión, es decir el dictado del sobreseimiento, operará como consecuencia de la actitud del probado en la internalización del conflicto penal y en el cumplimiento de las condiciones que se le impongan durante el plazo decidido por el magistrado. Así la ley establece que si el probado no comete nuevos delitos durante el período de suspensión del proceso, repara el perjuicio ocasionado conforme su ofrecimiento previamente aceptado y cumple con las reglas de conducta impuestas se extingue la acción penal y por ende se dictará a su favor el sobreseimiento respectivo (CP, 76 ter; CPP, 321).
En el caso de marras el Sr. juez "a quo" ya debió prorrogar el término de prueba en beneficio del imputado ante el incumplimiento de las condiciones impuestas, otorgándole un mayor plazo a esos efectos. Concluída la prórroga, el órgano jurisdiccional constató nuevamente el incumplimiento y lo hizo en un plazo razonable.
Prístinamente emerge que el dictado de sobreseimiento no es prescriptivo, es decir con motivo del transcurso del tiempo. No puede por analogía equiparse a la prescripción de la acción -CP, 59 inc. 3- (véase además que durante el período de prueba la prescripción está suspendida -CP, 76 ter 2do. párrafo-) ni con el agotamiento de una pena -CP, 66 y ss.- pues resultan otros institutos con características bien disímiles.
Para concluir, no es responsabilidad de la judicatura velar por el cumplimiento de las condiciones impuestas, y resulta lógico que el análisis de tal circunstancia sea realizada una vez cumplido el plazo, pues revocar el beneficio dentro del término de prueba -por los motivos aquí tratados- implicaría cercenar el derecho del imputado a completarlos antes de la finalización del plazo.
En virtud de lo expuesto, propongo la confirmación del resolutorio.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Madina dijo:
Adhiero al voto del Dr. Paolini por ser mi sincera convicción y aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución dictada con fecha 28 de septiembre por la Juez en lo Correccional, Ana María Fernández, que revoca la suspensión de juicio a prueba respecto de Maximiliano Oscar Sosa y disponer el sobreseimiento del antes nombrado en estas actuaciones, en virtud de haber fenecido el plazo para el cumplimiento de las condiciones oportunamente impuestas al suspenderse el juicio a prueba. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por la Defensora Oficial, Fabiana A. Danti (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439 y cctes.; 27 y 76 del CP).
Regístrese. Notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia