Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I · Causa IAP 19562 22
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar la ADMISIBILIDAD del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial Dr. Nicanor Baca Paunero con fecha 21 de septiembre de 2023.
II. Confirmar la sentencia apelada en cuanto contiene un pronunciamiento condenatorio, y en consecuencia, se condena a CRISTIAN FEDERICO BRITEZ , D.N.I. 27.070.073, que exhibe, de nacionalidad Argentina, nacido el día 27 de enero de 1976, en la localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, hijo de Silvia Carmen Brítez, quien sabe leer y escribir, de estado civil soltero, de profesión repartidor, domiciliado en calle Carlos Pellegrini, Manzana nro. 2, Casa nro. 1127, del Barrio Isla Maciel, localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda, con número de prontuario de la Sección AP 123.041; a la pena de UN (1) AÑO Y DOS (2) MESES DE PRISIÓN DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO Y COSTAS DEL PROCESO , por resultar autor penalmente responsable de los delitos de TENENCIA SIMPLE DE ESTUPEFACIENTES .
IV. TÉNGASE PRESENTE la reserva de Caso Federal obrante en el punto V del recurso de apelación (Art. 14 de la Ley 48).
Art. 1, 5, 29 inc. 3º, 40, 41, 42, 45 del Código Penal; art. 14 de la Ley 23.737 y arts. 106, 210, 233, 371 "in fine", 373, 375, 376, 395 al 403, 531 y concordantes del Código de Procedimiento Penal.
C.N °: IAP-19562-22
Lomas de Zamora, en la fecha de la firma digital, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera de la Excma. Cámara Penal de Apelación y Garantías Departamental, doctores Miguel Carlos Navascués, Guillermo Alejandro Rolón y Miguel María Alberdi, para dictar sentencia en la causa seguida a CRISTIAN FEDERICO BRITEZ , en orden al delito de TENENCIA SIMPLE DE ESTUPEFACIENTES , y practicado en su oportunidad el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: Dres. ALBERDI- ROLON- NAVASCUES.
A N T E C E D E N T E
Procesado Cristian Federico Brítez por el Juzgado Correccional nro. 2 del Departamento Judicial Avellaneda- Lanús, fue condenado a la pena de Un (1) año y Dos (2) meses de prisión de efectivo cumplimiento con más las costas del proceso por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes.
Apelado dicho fallo por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Nicanor Baca Paunero y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es admisible el recurso de apelación interpuesto?
2. ¿En caso de resolverse afirmativamente la primera cuestión, ¿se encuentra ajustado a derecho el decisorio en crisis?
A la CUESTION PRIMERA el Sr. Juez doctor Alberdi , dijo:
Tratándose la impugnada de una sentencia definitiva de Juicio Oral en la que, con fecha 1 de septiembre de 2023, la Sra. Jueza Titular del Juzgado Correccional nro. 2 del Departamento Judicial Avellaneda- Lanús, condenó a Cristian Federico Brítez por el delito de tenencia simple de estupefacientes, a la pena de un año y dos meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, atento a lo establecido por los art. 439, 441 c.c. y s.s. del C.P.P. ( T.O. seg Ley 13.812, B.O. 21/04/08, el recurso de apelación interpuesto, es admisible.
En cuanto a la amplitud de conocimiento atribuida por la vía intentada, tal como ya se expusiera en la causa nro. 817.243 "Giaccone, Alejandro Oscar S/ Portación ilegal de arma de uso civil y encubrimiento" (rta. el 7/10/2008, reg. nro. 1), tratándose en el caso de una decisión dictada luego de un juicio oral y público, no será revisable, lo que surja directa y únicamente de la inmediación, en cuyo caso no será controlable la impresión personal de los testigos, de lo que se debe dar cuenta circunstanciada para que se lo tenga como elemento fundante válido, conforme a la teoría del "agotamiento de la capacidad de revisión" o "máximo esfuerzo revisor" consagrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa nro. 1681, Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa del 20/09/2005.
Por lo expuesto, a la primera cuestión voto por la afirmativa.
A la misma cuestión en tratamiento el señor Juez doctor Rolón , votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión en tratamiento el señor Juez doctor Navascués , votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la CUESTION SEGUNDA el señor Juez doctor Alberdi , dijo:
Ha cuestionado el señor Defensor Oficial Dr. Nicanor Baca Paunero la fundamentación de la sentencia para descartar los planteos nulificantes por él realizados en la audiencia de debate. Afirma que la ausencia de testigos en los actos de procedimientos llevados a cabo por el personal policial, han producido violaciones a las garantías constitucionales dado que no abastecen la manda establecida por el art. 119 del ritual. Agrega que los actos realizados carecieron de un testigo que de fe del accionar policial al momento de interceptar, requisar y detener al incusado de autos, al igual que respecto del acto de apertura, pesaje y test orientativo de las sustancias que habrían incautado. Por lo que se vio afectado el debido proceso, el derecho de defensa en juicio, en particular el derecho a la libertad ambulatoria y a no ser arrestado sin orden escrita de autoridad competente, pues considera el recurrente que en este caso no existió estado de sospecha verificable (arts. 14, 16, 18 y 75 inc. 22 de la C.N). Aduce el recurrente que solo se cuenta con los dichos de uno de los policías durante el debate y que no existe otro elemento de prueba independiente de dicho procedimiento para sostener la imputación respecto de su asistido, citando para ello variada jurisprudencia. Finalmente se agravia en cuanto al monto de la pena por considerar que no se ha realizado una adecuada valoración de las circunstancias agravantes y atenuantes. Por lo que solicita que se modifique la sentencia dictada, se declare la nulidad del procedimiento y de todo lo actuado, revocando la condena y absolviendo libremente a Cristian Federico Brítez por el hecho imputado. Subsidiariamente para el caso que no se haga lugar al planteo requiere que se reduzca la pena al mínimo legal en orden al delito por el cual viene condenado. Hace reserva de caso federal.
Analizada que ha sido la cuestión por parte del suscripto, entiendo que las nulidades no pueden prosperar pues como bien lo ha señalado la sentenciante a partir de lo que surge del acta de procedimiento y lo testimoniado en el debate oral por los funcionarios policiales intervinientes, se ha cumplido en el caso acabadamente con la manda del art. 119 del C.P.P.
En el tópico resulta claro que los agentes del orden actuaron conforme la manda del art. 119 del código de forma, al señalar en la audiencia de debate que en la zona donde se produjo la interceptación del incuso era sumamente hostil para su labor, no pudiendo obtener testigo alguno que se preste para la realización de la diligencia, ante ello pidieron la colaboración de otros móviles siéndole denegada tal petición, por lo cual actuaron en su consecuencia retirándose del lugar al ponerse en riesgo el procedimiento en curso.
Por lo cual su accionar se ajusta en un todo a lo establecido por el art. 119 del C.P.P.
En lo atinente al planteo de nulidad por haberse practicado el test orientativo sin la presencia de un testigo hábil, más allá de resultar una diligencia reproducible y no haberlo planteado oportunamente el recurrente, entiendo que tal presencia no resulta obligatoria de acuerdo a la normativa legal vigente.
Cabe señalar aquí como bien lo sostuviera la sentenciante en su decisorio que no se observa cual ha sido tampoco la afectación de la garantía invocada por el recurrente al no haberse corroborado el testigo de actuación.
En cuanto al estado de sospecha que habilitara la interceptación y requisa del prevenido por parte de los agentes del orden, entiendo que tal circunstancia se halla plenamente acreditada al circular Brítez en un rodado y al observar la presencia del control policial, acelera y emprende su huida lo que motivara el accionar de los mismos en su consecuencia.
En tal sentido lo relatado por los funcionarios policiales en la audiencia de debate nos permite tener por acreditado el “estado de sospecha” y su proceder conforme lo establece el art. 294 inciso 5 y 8 del C.P.P.
Respecto al agravio cuestionando el monto de la pena, a criterio del suscripto la señora Jueza de grado al tratar las cuestiones cuarta y quinta del decisorio en estudio ha desarrollado y fundado adecuadamente los motivos que la llevaron a fijar el monto de la pena impuesta conforme la manda de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Para ello ha valorado como agravante la reiteración delictiva por parte Britto de lo que hablan los antecedentes condenatorios que registra, los cuales derivan en su mayor culpabilidad por el nuevo hecho proveniente del desprecio que manifiesta por la amenaza penal.
En cuanto a los atenuantes, entiendo al respecto que ha sido correctamente valorado por la magistrada de grado el buen concepto vecinal a partir de lo manifestado por la testigo Cyntia Edith Aguilar que depusiera en tal sentido.
Por ello, el buen juicio de razonabilidad realizado se verifica también en lo concerniente a la escala punitiva escogida, pues se ajusta tanto a la naturaleza de la acción como a la situación del encausado y sus condiciones personales, según las pautas mensurativas trazadas por el marco normativo de los artículos 40 y 41 del Código Penal.
En tal sentido, "Ley penal vigente no impone a los Jueces la obligación de detallar con minucia todos los datos con que se han manejado para formar criterio, proporcionándoles en los artículos 40 y 41, solo algunas pautas generales" (Suprema Corte Bs. As., 31 de marzo 1981, DJBA, 120-387, Rep. LL, 1981-2213).
Como ya lo expresara en el decisorio en estudio respecto de los hechos en juzgamiento, la sentenciante valoró adecuadamente las atenuantes y agravantes, entiendo que la discrecionalidad que el sistema de nuestro código de fondo consagra respecto del método elegido para la imposición de la pena ha sido adecuadamente aplicado por parte de la magistrada actuante, por ello al determinar el quantum de la misma no se advierte arbitrariedad o ilegalidad alguna ni tampoco inobservancia de las normas constitucionales denunciadas.
La actividad jurisdiccional descripta no adolece de ningún defecto, desde que la determinación de la pena es una facultad inherente a los Jueces de grado que solo admite el control casatorio, fuera del absurdo probatorio, ante una arbitrariedad manifiesta en la selección del monto sancionatorio o la errónea significación agravante o disminuyente de la pena atribuida a una circunstancia que pueda incidir en su cuantificación, nada de lo cual ha ocurrido en el sub lite.
En el caso la Jueza del juicio posee una facultad discrecional que debe ser entendida como lo que se hace libre y prudencialmente en función de una potestad inherente a la jurisdicción que ejerce, y que debe atenerse a la sensatez y la prudencia evitando la arbitrariedad o falta de razón.
Haciendo uso de la facultad antedicha, la magistrada actuante determinó adecuado el monto de la pena, en un (1) año y dos (2) meses de prisión de efectivo cumplimiento, lo cual no violenta las reglas y los límites que regulan la mentada potestad.
En virtud de ello propicio a mis distinguido colegas la confirmación del fallo en crisis.
A la misma cuestión en tratamiento el señor Juez doctor Rolón , votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión en tratamiento el señor Juez doctor Navascués , votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Lomas de Zamora.
Por lo que resulta del Acuerdo que antecede este Tribunal, RESUELVE: I) DECLARAR LA ADMISIBILIDAD del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial Dr. Nicanor Baca Paunero con fecha 21 de septiembre de 2023.
II. CONFIRMAR la sentencia apelada en cuanto contiene un pronunciamiento condenatorio, y en consecuencia, se CONDENA a CRISTIAN FEDERICO BRITEZ , D.N.I. 27.070.073, que exhibe, de nacionalidad Argentina, nacido el día 27 de enero de 1976, en la localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, hijo de Silvia Carmen Brítez, quien sabe leer y escribir, de estado civil soltero, de profesión repartidor, domiciliado en calle Carlos Pellegrini, Manzana nro. 2, Casa nro. 1127, del Barrio Isla Maciel, localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda, con número de prontuario de la Sección AP 123.041; a la pena de UN (1) AÑO Y DOS (2) MESES DE PRISIÓN DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO Y COSTAS DEL PROCESO , por resultar autor penalmente responsable de los delitos de TENENCIA SIMPLE DE ESTUPEFACIENTES .
IV. TÉNGASE PRESENTE la reserva de Caso Federal obrante en el punto V del recurso de apelación (Art. 14 de la Ley 48).
Art. 1, 5, 29 inc. 3º, 40, 41, 42, 45 del Código Penal; art. 14 de la Ley 23.737 y arts. 106, 210, 233, 371 "in fine", 373, 375, 376, 395 al 403, 531 y concordantes del Código de Procedimiento Penal.
Regístrese, notifíquese a las partes y remítase al Juzgado de intervención a fin que se notifique al imputado, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario Firmante: 06/02/2024 15:11:13 - ROLON Guillermo Alejandro - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/02/2024 15:12:21 - NAVASCUES Miguel Carlos - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/02/2024 15:15:12 - ALBERDI Miguel Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/02/2024 15:34:57 - PELLEGRINO Paula Lorena - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 06/02/2024 15:35:15 hs. bajo el número RS-3-2024 por CABALLERO CAROLINA ANDREA.
Fin de la sentencia