Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 36131
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia dictada con fecha 20 de diciembre de 2022, por el Sr. Juez Jorge Luis Rodríguez, Titular del Juzgado en lo Correccional Nro. 3 del Departamento Judicial Mar del Plata, en cuanto condenó a Agustín Alejandro Varela a la pena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento, multa de doscientos cincuenta pesos y costas del proceso, por encontrarlo penalmente responsable del delito de Tenencia ilegítima de estupefacientes, hecho acaecido en la ciudad de Mar del Plata, el día 13 de abril de 2022. Asimismo donde impuso la pena única de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, comprensiva de la pena antes referida y de la pena de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento impuesta el 26 de julio de 2021|por el Juez Unipersonal del Foro de Juezas y Jueces Penales de la Cuarta Circunscripción Judicial de Cipoletti, provincia de Río Negro en el marco de la causa MPF-CI-00441-2021 donde fuera declarado reincidente. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por la defensa particular a cargo del letrado Edgardo Ramón Valdez (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes.).
En la ciudad de Mar del Plata, se reúne la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 36131 caratulados "VARELA AGUSTIN ALEJANDRO S/ TENENCIA SIMPLE DE ESTUPEFACIENTES", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces Pablo Martín Poggetto y Raúl Alberto Paolini.
Con fecha 20 de diciembre de 2022, el Sr. Juez Jorge Luis Rodríguez, Titular del Juzgado en lo Correccional Nro. 3 del Departamento Judicial Mar del Plata, aceptó la propuesta de las partes de imprimir el procedimiento abreviado a estos autos y por ende, sin debate oral, dictó sentencia, donde condenó a Agustín Alejandro Varela a la pena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento, multa de doscientos cincuenta pesos y costas del proceso, por encontrarlo penalmente responsable del delito de Tenencia ilegítima de estupefacientes, hecho acaecido en esta ciudad el día 13 de abril de 2022. Asimismo impuso la pena única de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, comprensiva de la pena antes referida y de la pena de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento impuesta el 26 de julio de 2021|por el Juez Unipersonal del Foro de Juezas y Jueces Penales de la Cuarta Circunscripción Judicial de Cipoletti, provincia de Río Negro en el marco de la causa MPF-CI-00441-2021 donde fuera declarado reincidente.
Contra dicho decisorio interpuso recurso de apelación el letrado Edgardo Ramón Valdéz en su condición de abogado defensor particular de Varela. Los motivos de agravios señalados en el recurso se asientan en que a su criterio la sentencia presenta una absurda valoración de la prueba para dar por acreditada la participación de su defendido en el hecho acusado. Asimismo a continuación de ello plantea como agravio la convalidación del procedimiento policial pues a su criterio no existieron los presupuestos necesarios para proceder sin orden judicial al allanamiento y registro del domicilio de Varela y tampoco a su requisa personal. Como consecuencia solicita se revoque el decisorio atacado y se absuelva a Agustín Alejandro Varela.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez Pablo Martín Poggetto dijo:
I. El Sr. Juez de primera instancia dió por probado que el 13 de abril de 2022, a las 23:45 horas Agustín Alejandro Varela en calle Alejandro Korn bajo numeral 2159 de la ciudad de Mar del Plata, tenía bajo su exclusiva esfera de custodia dentro de un bolsillo del pantalón que vestía la cantidad de 7,14 gramos de cocaína distribuida en veinticuatro envoltorios.
Ello lo acreditó, tanto en relación a la materialidad delictiva como la autoría del encausado en base a la valoración que efectuó en el decisorio de los siguientes actos de prueba (por conversión): actas de procedimiento de fs. 4 y 7/8, acta de testeo del material secuestrado de fs. 12, fotografías de fs. 17/19, actas de inspección ocular y croquis de fs. 20 y 21, declaraciones testimoniales de fs. 9, 10,11, 54, 55, 56/7, pericia química de fs. 70.
II. El recurrente afirma en su presentación que la sentencia presenta una absurda valoración de la prueba para dar por acreditada la participación de su defendido en el hecho acusado. En segundo término denuncia como agravio la ausencia de los presupuestos requeridos para convalidar el procedimiento de allanamiento y registro del domicilio donde se hallaba Varela, como así también la requisa que culminara en el secuestro de material estupefaciente en su poder.
III. La doctrina emanada de la Corte Internacional de Derechos Humanos, sobre todo a partir de la sentencia recaída in re "Herrera Ulloa v. Costa Rica" del 2 de julio de 2004 receptada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "C., M.E. y otro", sentencia del 20 de septiembre de 2005, inhibe limitar "ab initio" el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado en los arts. 395 y sgtes. de la ley de forma. Por ello resulta recurrible la sentencia dictada en el marco del procedimiento, dado que las partes deben tener una herramienta práctica para que la instancia tuteladora del imperio de la ley se halle en condiciones de verificar la conformidad de lo actuado con los dispositivos que rigen esta clase de juicios.
No obstante lo expuesto como principio general, la característica del proceso seleccionado, a mi criterio impide un abanico ilimitado de agravios a invocar como objeto de recurso (c. 23.995 "Acuña, Diego Hernán. Robo agravado, etc." 20/12/2013 S-86; c. 26.872 "Rodríguez, Esteban Alberto. Encubrimiento" 1/6/2015 S-28; entre otros). Es que si bien el fallo no es una simple homologación del acuerdo, éste ha consistido en admitir el dictado de una sentencia, aceptando los actos de investigación como prueba del decisorio, limitando la jurisdicción en cuanto al nomen iuris a asignar al suceso imputado -lo que por sí implicaría la aceptación de la plataforma fáctica intimada oportunamente- y la pena máxima a imponer.
Es cierto que todo acto jurisdiccional debe ser motivado, y por ello el agravio por falta de fundamentación, como invoca la defensa es uno de los supuestos de impugnación que resultarían admisibles. No obstante, principalmente el recurrente no objeta el fallo desde la construcción argumentativa, sino que discrepa con la selección de los elementos de prueba valorados por el magistrado para alcanzar el grado convictivo de certeza requerido para el dictado de una condena. Además de la falencia antes señalada, tampoco identifica y valora aquellos otras constancias probatorias que hubieran conllevado un razonamiento distinto.
Y en relación a la validez de los actos de pesquisa objetados, como ya me he expresado en causa n° 24.492 (31/03/14 S-16bis), el remedio procesal que ataca un fallo que recepta lo acordado por las partes, además de resultar contrario a la doctrina de los propios actos, emerge como incoherente desde la perspectiva de la selección del procedimiento procesal acordado. En este punto, el primer contrasentido se halla en la objeción nulificante que plantea la defensa del acta de procedimiento que diera origen a las actuaciones. Es que resulta indebido que la defensa cuestione la validez constitucional de actos de investigación que, con la adopción del procedimiento seleccionado mediante acuerdo, le otorgó el carácter de prueba al mismo acto y lo sometió voluntariamente a la jurisdicción, sin llevar a debate los sustratos fácticos que resultan su génesis y que cuestionarían -como afirma- su legalidad.
De lo dicho se advierte que la impugnación trasunta una mera discrepancia con la valoración efectuada por la a quo respecto de la prueba apta para fundar el fallo, sin que se hubiera denunciado vicios de fundamentación que desligitimen al mismo como acto jurisdiccional válido. La sentencia no evidencia arista de ilegalidad, arbitrariedad, ni absurdo en la valoración probatoria.
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo el rechazo de recurso interpuesto y se confirme la sentencia.
A la cuestión planteada el señor Juez Raúl alberto Paolini dijo: Voto en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales el Tribunal resuelve: Confirmar la sentencia dictada con fecha 20 de diciembre de 2022, por el Sr. Juez Jorge Luis Rodríguez, Titular del Juzgado en lo Correccional Nro. 3 del Departamento Judicial Mar del Plata, en cuanto condenó a Agustín Alejandro Varela a la pena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento, multa de doscientos cincuenta pesos y costas del proceso, por encontrarlo penalmente responsable del delito de Tenencia ilegítima de estupefacientes, hecho acaecido en la ciudad de Mar del Plata, el día 13 de abril de 2022. Asimismo donde impuso la pena única de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, comprensiva de la pena antes referida y de la pena de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento impuesta el 26 de julio de 2021|por el Juez Unipersonal del Foro de Juezas y Jueces Penales de la Cuarta Circunscripción Judicial de Cipoletti, provincia de Río Negro en el marco de la causa MPF-CI-00441-2021 donde fuera declarado reincidente. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por la defensa particular a cargo del letrado Edgardo Ramón Valdez (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes.).
Regístrese. Notifíquese y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2023 12:57:46 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2023 12:58:00 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2023 12:58:13 - GERULA María Anastasia - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 04/04/2023 12:58:28 hs. bajo el número RS-15-2023 por GERULA MARIA ANASTASIA.
Fin de la sentencia