Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 36060
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia dictada con fecha 29 de diciembre de 2022, el Sr. Juez Leonardo César Celsi, interinamente a cargo del Juzgado en lo Correccional Nro. 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, que condenó a Daniela Andrea Castillo a la pena de un año y un mes de prisión de efectivo cumplimiento, multa de doscientos cincuenta pesos y costas del proceso, por encontrarla penalmente responsable del delito de Tenencia ilegítima de estupefacientes, hecho acaecido en esta ciudad el día 21 de abril de 2022, e impuso la pena única de tres años de prisión, comprensiva de la pena antes referida y de la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 de Mar del plata con fecha 12 de septiembre de 2019 en el marco de la causa 7181 (Legajo del Juzgado de ejecución Nro. 2) por resultar autora del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, por el uso de arma de fuego cuya capacidad para el disparo no puede acreditarse y por el uso de arma impropia en grado de tentativa, revocando por ende la condicionalidad de esta pena. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el defensor particular legrado Osvaldo Adrian Verdi (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes.; Ley 23.737, art. 14 primer parte).
Cámara de Apelación y Garantías
Sala III
36060 "CASTILLO DANIELA ANDREA S/ TENENCIA SIMPLE DE ESTUPEFACIENTES".
En la ciudad de Mar del Plata, se reúne la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 36060 caratulados "CASTILLO DANIELA ANDREA S/ TENENCIA SIMPLE DE ESTUPEFACIENTES", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces Pablo Martín Poggetto y Raúl Alberto Paolini.
Con fecha 29 de diciembre de 2022, el Sr. Juez Leonardo César Celsi, interinamente a cargo del Juzgado en lo Correccional Nro. 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, aceptó la propuesta de la partes de imprimir el procedimiento abreviado a estos autos y por ende, sin debate oral, dictó sentencia condenando a Daniela Andrea Castillo a la pena de un año y un mes de prisión de efectivo cumplimiento, multa de doscientos cincuenta pesos y costas del proceso, por encontrarla penalmente responsable del delito de Tenencia ilegítima de estupefacientes, hecho acaecido en esta ciudad el día 21 de abril de 2022. Asimismo impuso la pena única de tres años de prisión, comprensiva de la pena antes referida y de la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 de Mar del plata con fecha 12 de septiembre de 2019 en el marco de la causa 7181 (Legajo 8222 del Juzgado de ejecución Nro. 2) por resultar autora del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, por el uso de arma de fuego cuya capacidad para el disparo no puede acreditarse y por el uso de arma impropia en grado de tentativa, revocando por ende la condicionalidad de esta pena.
Contra dicho decisorio interpuso recurso de apelación el letrado Osvaldo Adrian Verdi en su condición de abogado defensor particular de Castillo. Los motivos de agravios señalados en el recurso se asientan en que el decisorio incumple las mandas del 371 del CPP, denunciando arbitrariedad del juzgador para arribar a la acreditación de la materialidad delictiva imputada a su defendida. En el mismo escrito recursivo el defensor solicitó audiencia de mejora que a posteriori fue desistida.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez Pablo Martín Poggetto dijo:
I. La imputación que pesaba sobre Daniel Andrea Castillo, consistía en el siguiente suceso: el día 21 de abril de 2022 a las 00:45 horas aproximadamente, personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilicitas, en inmediaciones de la calle Della Paolera y French de esta ciudad, al interceptar un remis Licencia nº 519 de la empresa "Remicoop" marca Chevrolet modelo Onix Dominio AB207ZA, constató que Daniela Andrea Castillo -quien viajaba de pasajera- tenia en su poder y en el ámbito de su custodia 7 gramos de cocaína -la misma se encontraba en 43 envoltorios de nylon blanco (36 atados con nylon negro y 7 atados con nylon blanco), los cuales fueron arrojados al asfalto por la inculpada. Dicha materialidad había sido calificada como constitutiva del delito de Tenencia ilegítima de estupefacientes (Ley 23.737, art. 14 primera parte).
El Sr. Juez en la sentencia consideró acreditada tanto la materialidad delictiva como la participación de la encausada en el hecho en base a las declaraciones testimoniales de Silva de fs. 6, Gómez de fs. 7, Paglione de fs. 8, Gónzalez de fs. 9/10; indicando que también confluyen en el mismo sentido el acta de procedimiento de fs. 2/3, los informes de denuncia anónima de fs. 5, acta de apertura y pesaje de fs. 25 e informe preliminar química de fs. 26 e informe definitivo de pericia química de fs. 35/39. Asimismo considero que la calificación legal asignada al objeto procesal se encontraba adecuada.
II. El recurrente afirma en su escueta presentación que "la sentencia no contiene los requisitos del art. 371 del CPP, se hace una elección caprichosa de los elementos de prueba a valorar, desatendiendo, de modo incompresible, la contundencia de otros elementos". Y en otro pasaje en relación a la calificación legal afirma "de esta manera, la falta de total de argumentación al respecto, y la mera mención a la homologación del acuerdo, transforma a la resolución en arbitraria e infundada y genera la necesidad de su revocación, adecuándose la calificación legal". Así propugna la calificación de Tenencia de estupefacientes para consumo personal (Ley 23.737 , art. 14 segunda parte).
La doctrina emanada de la Corte Internacional de Derechos Humanos, sobre todo a partir de la sentencia recaída in re "Herrera Ulloa v. Costa Rica" del 2 de julio de 2004 receptada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "C., M.E. y otro", sentencia del 20 de septiembre de 2005, inhibe limitar ab initio el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado en los arts. 395 y sgtes. de la ley de forma. Por ello resulta recurrible la sentencia dictada en el marco del procedimiento, dado que las partes deben tener una herramienta práctica para que la instancia tuteladora del imperio de la ley se halle en condiciones de verificar la conformidad de lo actuado con los dispositivos que rigen esta clase de juicios.
No obstante lo expuesto como principio general, la característica del proceso seleccionado, a mi criterio impide un abanico ilimitado de agravios a invocar como objeto de recurso (c. 23.995 "Acuña, Diego Hernán. Robo agravado, etc." 20/12/2013 S-86; c. 26.872 "Rodríguez, Esteban Alberto. Encubrimiento" 1/6/2015 S-28; entre otros). Es que si bien el fallo no es una simple homologación del acuerdo, las partes han admitido el dictado de una sentencia aceptando los actos de investigación como prueba del decisorio, limitando la jurisdicción en cuanto al nomen iuris a asignar al suceso imputado -lo que por sí implica la aceptación de la plataforma fáctica intimada oportunamente- y la pena máxima a imponer.
Es cierto que todo acto jurisdiccional debe ser motivado, y por ello el agravio por falta de fundamentación, como invoca la defensa es uno de los supuestos de impugnación que resultarían admisibles. No obstante, principalmente el recurrente no objeta el fallo desde la construcción argumentativa, sino que discrepa con la selección de los elementos de prueba valorados por el magistrado, pero tampoco señala, identifica y valora aquellos otros que expresa hubieran conllevado un resultado distinto, sea exculpatorio o modificatorio de la calificación legal impuesta.
Con la misma orfandad critica la calificación legal asignada en la sentencia (que no fue más ni menos que aquella acordada por las mismas partes al requerir el procedimiento abreviado), sin explicar valorativamente las constancias probatorias que darían sustento a su postulación.
Sin perjuicio, estudiada la sentencia en su completitud, debo afirmar que la misma no evidencia arista de ilegalidad, arbitrariedad, ni absurdo en la valoración probatoria.
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo el rechazo de recurso interpuesto y la confirmación de la sentencia en todos los extremos.
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Raúl Alberto Paolini dijo: Voto en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales el Tribunal resuelve: Confirmar la sentencia dictada con fecha 29 de diciembre de 2022, el Sr. Juez Leonardo César Celsi, interinamente a cargo del Juzgado en lo Correccional Nro. 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, que condenó a Daniela Andrea Castillo a la pena de un año y un mes de prisión de efectivo cumplimiento, multa de doscientos cincuenta pesos y costas del proceso, por encontrarla penalmente responsable del delito de Tenencia ilegítima de estupefacientes, hecho acaecido en esta ciudad el día 21 de abril de 2022, e impuso la pena única de tres años de prisión, comprensiva de la pena antes referida y de la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 de Mar del plata con fecha 12 de septiembre de 2019 en el marco de la causa 7181 (Legajo del Juzgado de ejecución Nro. 2) por resultar autora del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, por el uso de arma de fuego cuya capacidad para el disparo no puede acreditarse y por el uso de arma impropia en grado de tentativa, revocando por ende la condicionalidad de esta pena. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el defensor particular legrado Osvaldo Adrian Verdi (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes.; Ley 23.737, art. 14 primer parte).
Regístrese. Notifíquese y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 02/03/2023 09:29:32 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2023 09:29:52 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 02/03/2023 09:34:26 hs. bajo el número RS-6-2023 por GERULA MARIA ANASTASIA.
Fin de la sentencia