Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 38903
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución emitida por la Sra. Juez Titular del Juzgado de Garantías N° 3 departamental, Dra. Rosa Amanda Frende, en cuanto no hizo lugar al planteo de nulidad y al pedido de sobreseimiento formulados por la Defensora Oficial Dra. María Carla Auad respecto de Tobias Joel San Martín Martínez, elevando la causa a juicio en orden a la posible comisión del delito de Tenencia ilegítima de estupefacientes (art. 14 de la Ley 23.737). Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por la referida Defensora Oficial. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. 38903. "SAN MARTIN MARTINEZ TOBIAS JOEL S/TENENCIA SIMPLE DE ESTUPEFACIENTES".
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 38903, y de cuyas constancias,
a) Que la Sra. Juez Titular del Juzgado de Garantías N° 3 departamental, Dra. Rosa Amanda Frende, resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad y al pedido de sobreseimiento formulados por la Defensora Oficial, Dra. María C. Auad, respecto de Tobias Joel San Martín Martínez, elevando la causa a juicio en orden a la posible comisión del delito de Tenencia ilegítima de estupefacientes (art. 14 - primera parte - Ley 23.737).
b) Que, contra la referida resolución, interpuso recurso apelación la referida Defensora Oficial, sosteniendo que la demora, aprehensión, palpado y requisa del imputado fueron efectuados sin motivos objetivos de sospecha, apoyándose en apreciaciones subjetivas del personal policial. Afirma que la supuesta discusión en la vía pública en la que habría participado el encartado y su “retirada rauda”, no constituyen indicios razonables que habiliten la intervención de los efectivos de acuerdo al artículo 15 inc. c de la Ley 13.482 y doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en materia de controles y requisas sin orden judicial.
Argumenta que no existió flagrancia, delito ni urgencia que justificara la intervención policial, poniendo de relieve que el otro sujeto con el cual su representado habría discutido siquiera fue identificado, correspondiendo declarar la nulidad de las actuaciones policiales y dictar su sobreseimiento atento no surgir otro elemento de cargo independiente.
c) Que, oportunamente, se confirió vista al Fiscal General Departamental, Dr. Fabián Uriel Fernández Garello, quien solicitó su rechazo por considerar que el procedimiento policial se desarrolló conforme a derecho y que no se verifica afectación alguna a garantías constitucionales.
I. Que se ha resuelto elevar la causa a juicio respecto de Tobías Joel San Martín Martínez, en orden al hecho que el Ministerio Público Fiscal ha narrado en los siguientes términos:
"El día 13 de febrero de 2025, siendo aproximadamente las 19:00 horas, en la San Luis y Diagonal Alberdi de esta ciudad de Mar del Plata, Tobías Joel San Martín Martínez tenía ilegítimamente y bajo su exclusiva esfera de custodia 32.5 gramos de presunto clorhidrato de cocaína distribuidos en 15 envoltorios" .
Que, el hecho de mención fue calificado por la fiscalía como constitutivo del delito de Tenencia ilegitima de estupefacientes (art. 14 primera parte de la Ley 23.737).
II. Que del acta de procedimiento inicial surge que en las ya referidas circunstancias de tiempo y lugar, personal de la Unidad de Policía Local, Sargentos Carlos Alberto Boscolo y Daiana Gisela Ruiz -ambos pertenecientes al Escuadrón Ciclista- en momentos en que circulaban por calle 25 de mayo en dirección a calle San Martin, realizando tareas de prevención de faltas e ilícitos en general, observaron a un sujeto que circulaba en su misma dirección detenerse e iniciar una discusión, con otro individuo en la vía pública.
Se consigna, asimismo, que el primero de ellos -el imputado- al advertir la presencia policial “se retira raudo” por calle San Luis, con sentido a Diagonal Alberdi Sur, motivo por el cual los agentes procedieron a interceptarlo con el objeto de identificarlo. En ese marco, los numerarios le efectúan un palpado superficial y lo identifican como Tobías Joel San Martín Martínez, solicitándole que exhibiera el contenido de la riñonera que llevaba colocada, accediendo el mismo voluntariamente, extrayendo una cartuchera que contenía envoltorios de nylon con sustancia pulverulenta color blanco.
Que, a fin de otorgar el marco legal correspondiente, los efectivos requirieron la presencia de un testigo de actuación, recayendo tal responsabilidad en Medina Sánchez Yoel, de 28 años de edad, delante de quien procedieron a extraer de allí quince envoltorios de nylon con sustancia pulverulenta que arrojó positivo al test orientativo para clorhidrato de cocaína, por un peso total de 32,6 gramos.
III. Que el planteo de nulidad no puede prosperar.
En primer lugar corresponde recordar que las nulidades procesales revisten carácter estrictamente excepcional y de interpretación restrictiva (CPP: art. 3° y su doctrina).
Analizada la intervención policial en el caso de marras, cabe concluir que ésta se vio justificada en una alteración del orden público, derivada de la discusión entre dos sujetos en la vía pública, a lo que se le sumó la actitud claramente evasiva de uno de ellos, que pretendió alejarse raudamente del lugar al advertir la presencia policial, lo que constituye una situación objetiva que razonablemente habilitó la actuación preventiva prevista en el art. 15 inc. c) de la Ley 13.482. No se trató de una percepción subjetiva de los preventores, sino de una situación real, basada en un comportamiento concreto desplegado por un sujeto en la vía pública, que los habilitaba a actuar conforme a lo normado en los citados arts. 293 y 294 del CPPBA.
Luego, el palpado superficial se realizó por elementales razones de seguridad, propio de la identificación preventiva ante una conducta evasiva inmediatamente posterior a una discusión callejera, a fin de verificar que no tuviese en su poder objetos que pudieran resultar peligrosos para la integridad física de los funcionarios intervinientes y de terceros. Cabe señalar, asimismo, que el encartado accedió voluntariamente a exhibir el contenido de la riñonera que portaba, extrayendo él mismo una cartuchera, abriéndola frente al personal policial. Todo ello se advierte adecuado a las verificaciones mínimas de seguridad que se llevan a cabo durante una identificación preventiva. Se comparte la afirmación del a quo, en cuanto a que, con la provisoriedad propia de esta etapa inicial y con la prueba con la que se cuenta a esta altura, puede concluirse que el personal policial actuó dentro de los parámetros legales, contando con fundamentos objetivos y razonables que evidenciarían, objetivamente, un estado de sospecha que legitimó la interceptación y posterior requisa, no observándose vulneración alguna de garantías constitucionales en el sub lite, como lo pretende la defensa.
En ese sentido, la jurisprudencia ha entendido, en numerosos precedentes, que la actitud de huída o fuga ante a la presencia policial resulta razón legitimante para la intervención de los funcionarios públicos, a fin de cumplir con sus obligaciones legales y siempre en un marco de razonabilidad (Tribunal de Casación, Sala 1, en c. 7738, RSD-10-6 S 14/02/2006, carátula M. ,C. J. s/Recurso de casación). Luego, la detección de la sustancia prohibida resultó consecuencia directa de una actuación ajustada a derecho, por lo que no existe fundamento para declarar la nulidad ni excluir la prueba obtenida.
IV. Que, desestimado el planteo de nulidad, el hallazgo del material estupefaciente en poder del causante, el testimonio del personal policial interviniente y del testigo actuante, documentado a fs. 1/4, el acta de incautación de fs. 5, test de orientación de fs 6, fotografías impresas y demás constancias complementarias, constituyen elementos de cargo suficientes para habilitar la prosecución del proceso, siendo el debate oral y público el ámbito natural de producción y contralor de la prueba, instancia en la cual las partes podrán ejercer plenamente el contradictorio y donde se analizará, con mayor profundidad, la validez del procedimiento policial, la consistencia de los testimonios de los funcionarios, el alcance de las diligencias practicadas y determinará la eventual responsabilidad penal del imputado.
Por todo ello, esta Alzada resuelve: confirmar la resolución emitida por la Sra. Juez Titular del Juzgado de Garantías N° 3 departamental, Dra. Rosa Amanda Frende, en cuanto no hizo lugar al planteo de nulidad y al pedido de sobreseimiento formulados por la Defensora Oficial Dra. María Carla Auad respecto de Tobias Joel San Martín Martínez, elevando la causa a juicio en orden a la posible comisión del delito de Tenencia ilegítima de estupefacientes (art. 14 de la Ley 23.737). Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por la referida Defensora Oficial. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 12/12/2025 11:45:06 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2025 11:52:14 - DELEONARDIS Alfredo Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2025 11:56:30 - NUREMBERG Lucas Germán - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 12/12/2025 12:01:56 hs. bajo el número RR-703-2025 por NUREMBERG LUCAS GERMAN.
Fin de la sentencia