Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 2001 5784 21
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia por la cual Eloy Antonio Anaya Alfaro resultó absuelto en orden al hecho calificado como resistencia a la autoridad (art. 239 del Cód. Penal) y a su vez, fue condenado a la pena de un año de prisión de prisión de ejecución condicional, más multa de mil pesos ($1.000) y costas del proceso por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes (arts. 5, 26, 27 bis., 29 inc. 3ero., 40, 41, 45 del Cód. Penal y 14 primer párrafo de la Ley 23.737).
Anaya
CN °: 2001-5784-21.-
Lomas de Zamora, a los ......fecha firma digital, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental doctores Pablo A. Little y Alejandro A. Rojas, para dictar sentencia en la causa nro. 2001-5784-21 seguida a Eloy Antonio Anaya Alfaro , por resistencia a la autoridad y tenencia simple de estupefacientes y practicado en su oportunidad el sorteo de Ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Little-Rojas.
Eloy Antonio Anaya Alfaro resultó absuelto por el señor Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional n°3 del departamento judicial de Avellaneda- Lanús en orden al hecho calificado como resistencia a la autoridad (art. 239 del Cód. Penal). A su vez, fue condenado a la pena de un año de prisión de ejecución condicional, más multa de mil pesos ($1.000) y costas del proceso por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes (arts. 5, 26, 27 bis., 29 inc. 3ero., 40, 41, 45 del Cód. Penal y 14 primer párrafo de la Ley 23.737).
Apelado dicho fallo por el señor defensor particular, doctor Leandro Adrián Tarrio, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Resultad admisible el recurso intentado?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión primera el señor Juez d/octor Little dijo:
Leandro Adrián Tarrio, defensor de confianza del señor Eloy Antonio Anaya Alfaro , recurre la sentencia definitiva dictada respecto de su asistido, mediante la que el a quo condenó al nocente a la pena de un año de prisión de ejecución condicional, multa de mil pesos ($1.000) y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes, según el hecho ocurrido el día 19/03/2021, en la localidad de Monte Chingolo partido de Lanús (arts. 5, 26, 27 bis, 29 inc. 3°, 40, 41, 45 del Cód. Penal y 14 primer párrafo de la Ley 23.737.
El recurso fue interpuesto en el término y formas previstos por los artículos 421, 439 y 442 CCP, y el AC 4040/21 razón por la que habrá de ser declarado admisible.
Sostiene el recurrente que no existe certeza positiva acerca de la materialidad infraccionaria, la autoría, y consecuentemente respecto del encuadre jurídico adoptado.
Indica que al tratarse de una figura residual, debió acreditarse que la tenencia de estupefacientes no resultara para consumo personal.
A partir de la escasa cantidad de sustancias ilícitas halladas en poder del nocente -8 gramos-, junto a la ausencia de un examen toxicológico adecuado sobre el imputado para determinar que hubiese consumido estupefacientes, depreca la absolución de su asistido ante la inexistencia de certeza sobre el tópico ponderado.
Refiere que el sr. juez debió complementar el plexo cargoso, fundamentalmente a partir de la escasa cantidad encontrada, que impide descartar que “inequívocamente” resultara para consumo personal.
Sostiene que nos encontramos prima facie ante un hecho susceptible de ser calificado dentro de los parámetros del segundo párrafo del art. 14 de la ley 23.737, recayendo entonces en el acusador la responsabilidad de completar el escenario probatorio con medidas tendientes a demostrar lo contrario, es decir que la finalidad no era la del consumo personal.
Que en caso de duda, por imperio de la presunción legislativa y los principios constitucionales y garantías del derecho penal que rigen la materia, debe adoptarse la posición más favorable al justiciable.
A la vez agrega, que si bien de las actuaciones se cuenta con un elemento fáctico que permitió inferir la consumación del hecho (secuestro de la droga) y adecuado encuadre legal, no se produjeron otras pruebas que alcancen para arribar a la certeza concluyente de condena por el delito imputado, sin contar con una peritación toxicológica específica del encartado ni medidas que la complementaran (expediente Ir 2-3622/21, caratulado: "Billordo Héctor Daniel s/tenencia simple de estupefacientes", STJ de la Provincia de Chaco).
Que nos encontraríamos ante una investigación signada por la ausencia de elementos objetivos del tipo (peritaje sobre las sustancias secuestradas y declaraciones testimoniales de las personas que intervinieron en el secuestro, personal policial y testigos de actuación) prescindiéndose de la acreditación de los elementos subjetivos requeridos por el tipo penal.
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Vega Giménez Claudio..." (Fallos 329:6.019), por la que en el caso de no haber podido acreditar que la finalidad de la droga fuera el consumo personal, debe adoptarse veredicto absolutorio.
Siguiendo con el precedente "Vega Giménez" (V. 1283 XL, N° 660, 27/12/2006) concluye que si el sentenciante abrigara dudas respecto del destino de la droga, concluir en la figura de tenencia simple supondría vaciar de contenido al principio in dubio pro reo.
"...Que la valoración de los hechos o circunstancias fácticas alcanzadas por el in dubio pro reo incluye también, los elementos subjetivos del tipo penal, cuya averiguación y reconstrucción resulta imprescindible para aplicar la ley penal. La falta de certeza sobre estos últimos también debe computarse a favor del imputado. De allí que, ante la proposición que afirma que no se pudo acreditar la finalidad de consumo personal, puede postularse que también es formalmente cierto que no se pudo acreditar que esa finalidad no existiera; y esta conclusión, favor rei, impide el juicio condenatorio que sólo admite la certeza (Fallo citado, apartados 7, 8 y 9)...".
Que todo procedimiento judicial es, en gran medida, un método de investigación histórica, regulado jurídicamente, para la obtención de la verdad sobre una hipótesis (positiva o negativa) que constituye el objeto del procedimiento.
A partir de dicha concepción, serían aplicables los conceptos de probabilidad, duda y certeza. Así, por ejemplo, durante la sustanciación del proceso, la disposición de ciertas medidas intrusivas sobre derechos individuales (el dictado de una orden de allanamiento, las intervenciones telefónicas e incluso un procesamiento con prisión preventiva) requieren únicamente como fundamento un juicio de probabilidad, una sospecha razonable.
Que la sentencia condenatoria, de conformidad con los parámetros constitucionales, demanda un juicio de certeza positiva y absoluto sobre todos los elementos de la imputación que en ella se afirman para fundarla.
Apunta que es doctrina de nuestro Máximo Tribunal de Garantías que “(…) la reconstrucción de hechos acaecidos en el pasado que lleva adelante el juez penal en sus sentencias no se produce en idénticas condiciones a las que rodean la actividad de un historiador. A diferencia de lo que sucede en el campo de la historia (…) en el derecho procesal penal el in dubio pro reo y la prohibición de non liquet (arg. 1 Ver en este sentido, MAIER, Julio Derecho Procesal Penal. Fundamentos. T.I. Ad-Hoc. Buenos Aires, 2016, pág. 800 Fallos 278:188) imponen un tratamiento diferente a tales alternativas, a partir del cual, en definitiva, el juez tiene impuesto inclinarse por la alternativa fáctica que resulta más favorable al imputado.” (CSJN, “Carrera, Fernando Ariel s/ causa nº 8398”, del 25/10/2016, Consid. 6 y más recientemente Fallos 343:2280).-
Que la jurisprudencia nacional en muchos casos, interpretó que el término "inequívocamente" descartaba la aplicación del beneficio de la duda a favor del imputado...". "...Lo cierto es que, la postura interpretativa que se adopte, no debe olvidar conjugar la letra de la ley, con los principios y garantías constitucionales y aquellos reconocidos por los tratados internacionales...". "En ese aspecto, en la figura del primer párrafo, quedan incluidas todas aquellas conductas en las que el agente tenga en la esfera de custodia las sustancias, independientemente de la finalidad (Conf. C.Fed. La Plata "Maidana" -26/12/1996-; "Piazzalle" -18/07/1996- y "Rios" -4/3/1997-; entre otros) y opera como figura residual cuando se haya descartado tanto el fin de comercialización, como el de consumo propio (Tribunal Nac. Oral Crim. Fed. "Flores" 24/4/2006).
Que inevitablemente y de la aplicación de las garantías del debido proceso, de la ley más benigna e in dubio pro reo , el correcto encuadre, tratándose sin lugar a dudas es el de tenencia para consumo estipulado en el art. 14 segundo párrafo de la ley 23.737 el cual reza: "La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”, dada la escasa cantidad hallada debe considerársela que tenía tal propósito.
La falta de tipicidad viene de la mano de la finalidad para consumo personal de la sustancia en función de la escasa cantidad de la cual incluso se omite durante el proceso establecer la cantidad de dosis umbrales determinadas por la pureza a fin de determinar la toxicidad de una sustancia, que no necesariamente se encuentra vinculada con una cantidad en gramos.
Cita lo resuelto, respecto de la esfera de las acciones privadas ponderadas en el art 19 de nuestra Constitución Nacional, lo que desvirtúa la posibilidad de un peligro para la salud pública conforme los criterios plasmados en el fallo Arriola considerando que “...no cabe penalizar conductas realizadas en privado que no ocasionan peligro o daño para terceros... Que la conducta realizada en privado es lícita, salvo que constituya un peligro concreto o cause daños a bienes jurídicos o derechos de terceros...” quedando de este modo desvirtuado una posible afectación del bien jurídico tutelado al no causar riesgo o un daño concreto a la salud pública, conforme a las normas de la sana crítica y de las circunstancias en los presentes hechos donde se vislumbra una inexistencia de riesgos hacia terceras personas.
Indica que la falta de tipicidad objetiva y subjetiva del tipo penal imputado, provoca afectación al principio de in dubio pro reo , y resulta contraria a las reglas de la sana crítica racional.
Pide la absolución de su asistido y eventualmente la declaración de inconstitucionalidad de lo previsto por el artículo 14.2. de la ley 23.737.
Hasta aquí el resumen de los agravios, con los recortes que importa toda síntesis.
El a quo tuvo por demostrado que el día 19 de marzo de 2021, aproximadamente a la hora 20:00, en Camino General Belgrano en su intersección con la calle Condarco de la localidad de Monte Chingolo partido de Lanús, un sujeto de sexo masculino poseía dentro del bolsillo izquierdo de su pantalón, cuatro envoltorios que contenían 0,56, 0,31, 2,34 y 4,92 gramos respectivamente, de sustancias con presencia de cocaína en todos los casos.-
Fueron secuestrados del bolsillo izquierdo del pantalón del nocente, cuatro envoltorios de nylon, -tres transparentes y uno rojo-, que contenían una sustancia de color blanca polvorienta, la que al ser sometida al test de orientación, arrojó resultado positivo respecto de la presencia de cocaína. Dichas circunstancias fueron avaladas por los testigos Nelson Yamil Martínez a fs. 17/vta. y 65/vta., Esteban Espinoza a fs. 18/vta. y 61/vta., y Diego Martín Gómez a fs. 19/vta. y 60/vta., al igual que por Dylan Nahuel Mendieta quien presenció el secuestro -fs. 68/vta.-.
No existe controversia acerca del peritaje químico de fs. 118/120vta., que comprobó la presencia de COCAINA y CLORUROS en mezcla con CAFEINA. en la sustancia hallada, valiendo cuanto jurisprudencialmente tiene resuelto el TCPBA, con relación al concepto de dosis umbral, in re LP 76297 262 S 09/03/2017, Carátula: “P., W. J. s/ Recurso de Casación”) y “A. S., M. R. y o. s/ Recurso de Casación interpuesto por Fiscal General”).
Lo expuesto abastece lo necesario para tener por demostrada la existencia de sustancia estupefaciente, más allá de los desperfectos técnicos del equipo correspondiente del laboratorio aludidos en la peritación. Art. 77 del Código de fondo y ley 23.737, Decreto 722/91 y sus modificaciones.
Respecto del restante cuestionamiento acerca de la ausencia de peritación para demostrar el consumo personal de la sustancia en función de la escasa cantidad, nada existe para descartar lo ponderado por el a quo más que la particular mirada introducida en el recurso en trato, habiendo acreditado con el rigor exigido a esta hora, y a diferencia de las incertezas reclamadas con apoyo en el precedente "Vega Giménez" de la CSJN, que la calificación de los hechos analizados y probados es la de tenencia simple de estupefacientes (arts. 45 del Código Penal y 14 primer párrafo de ley 23.737).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Rojas adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción.
A la cuestión segunda, el señor Juez doctor Little dijo:
Corresponde, dada la forma en como el Tribunal ha resuelto la cuestión primera, confirmar la sentencia por la cual Eloy Antonio Anaya Alfaro resultó absuelto en orden al hecho calificado como resistencia a la autoridad (art. 239 del Cód. Penal) y a su vez, fue condenado a la pena de un año de prisión de prisión de ejecución condicional, más multa de mil pesos ($1.000) y costas del proceso por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes (arts. 5, 26, 27 bis., 29 inc. 3ero., 40, 41, 45 del Cód. Penal y 14 primer párrafo de la Ley 23.737).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Rojas, adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción. Con lo que finalizado el acto, firmando los señores Jueces.
Lomas de Zamora,... fecha firma digital.
Por la votación dada a las cuestiones anteriores, este Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia por la cual Eloy Antonio Anaya Alfaro resultó absuelto en orden al hecho calificado como resistencia a la autoridad (art. 239 del Cód. Penal) y a su vez, fue condenado a la pena de un año de prisión de prisión de ejecución condicional, más multa de mil pesos ($1.000) y costas del proceso por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes (arts. 5, 26, 27 bis., 29 inc. 3ero., 40, 41, 45 del Cód. Penal y 14 primer párrafo de la Ley 23.737).
Regístrese. Notifíquese al señor fiscal general y al señor defensor particular. Fecho, remítase al Juzgado de origen sede que practicará las notificaciones pendientes. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario Firmante: 15/02/2023 08:06:48 - LITTLE Pablo Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2023 08:08:14 - ROJAS Alejandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2023 10:36:28 - CASSIODORO Alejandro José - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 15/02/2023 10:36:47 hs. bajo el número RS-7-2023 por CASSIODORO ALEJANDRO JOSE.
Fin de la sentencia