Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123417
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 19 de agosto de 2020 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 123.417 "MORGAN ADRIANA MARIA Y OTS. C/ INCHAUSPE MARTIN RICARDO Y OT. S/ TERCERIA DE MEJOR DERECHO-TRAMITE SUMARIO (ART. 101 C.P.C.)"
I. Con la presentación de fecha 22 de agosto de 2020, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 21 de agosto del corriente año.
II. El doctor Paramio -como apoderado de Adriana María Morgan viuda de Kitroser, e invocando el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial respecto de María Paz, Martina Cándida, María Dolores, Soledad, Tomás Ramón, María Lucila y María José Kitroser- deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que declaró mal concedidos los remedios de nulidad articulados (v. resol. de 4-III-2020, escritos electrónicos del 23-V-2020, 22-VI-2020 y su archivo adjunto "RECURSO MORGAN.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente revocó el pronunciamiento del magistrado de origen que, a su turno, había hecho lugar a la tercería incoada por los ahora recurrentes contra los señores Martín Ricardo Inchauspe y Roberto Edgardo Borda. En consecuencia, la rechazó con sustento en que los actores no eran titulares de una acción de mejor derecho y por ser la demanda encubiertamente una petición para dejar sin efecto una simulación ilícita en violación a los requisitos del art. 959 del Código Civil (v. sents. de 10-IX-2015 y 4-IV-2019).
III.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, propiedad, defensa en juicio, debido proceso, legalidad y acceso a la justicia (arts. 16, 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 12, 13, 15, 16 y 18/21, pdf cit.).
III.2. Sostiene que la decisión impugnada resulta arbitraria, en tanto efectuó una parcializada y absurda ponderación de las constancias obrantes en la causa y soslayó -injustificadamente, según su entender- postulaciones procesales efectuadas por sus mandantes, vulnerando de esa manera los derechos de defensa en juicio, debido proceso legal y acceso a la justicia.
Y cuestiona que esta Corte -sin fundamentación suficiente- declaró mal concedidos los remedios de nulidad al entender que se controvirtió el acierto de lo resuelto por la instancia anterior en grado. Contrariamente a lo expuesto, entiende que, dado que se acudió a la instancia casatoria provincial en busca de la reparación de omisiones y actos indudablemente nulos que antecedieron al pronunciamiento de segunda instancia, lesionando de modo actual y flagrante derechos de inalienable raigambre constitucional de sus representados, la única vía con que contaba para hacer valer sus derechos en la instancia extraordinaria era el recurso de nulidad (v. págs. 14/19, pdf cit.).
III.3. Finalmente, reitera los agravios vertidos en las vías locales referidos, por un lado, a que María Lucila y María José Kitroser y Morgan no fueron notificadas -debidamente, según su modo de ver- del fallo de primer grado y, por el otro, a que la instancia anterior no sustanció la expresión de agravios vertida por Tomás Ramón Kitroser y omitió deliberadamente su tratamiento y resolución; no les permitió a María Lucila y María José Kitroser y Morgan replicar la expresión de agravios vertida contra lo decidido por el señor juez de grado, precisamente por no estar notificadas del fallo de primera instancia y -además- se apartó del thema decidendum (v. págs. 19/21).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercia de la Nación (v. proveído de 26 de junio de 2020), el mismo fue contestado por el apoderado del codemandado Inchauspe (v. escritos electrónicos de fechas 21 de julio y 22 de agosto, ambos de 2020).
V.1. Respecto de la vía federal incoada, corresponde señalar que las cuestiones vinculadas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local y las relativas a cuestiones de hecho y prueba no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por los impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación suficiente, omisión de cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que los interesados se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis y a reiterar los cuestionamientos que sustentaron los recursos locales.
V.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de igualdad ante la ley, propiedad, defensa en juicio, debido proceso, legalidad y acceso a la justicia; arts. 16, 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 12, 13, 15, 16 y 18/21, pdf cit.), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.742, "Vampa", resol. de 6-IX-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 19 de agosto de 2020 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/10/2020 15:17:55 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2020 20:49:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2020 13:03:10 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2020 14:15:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/10/2020 12:51:14 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia