Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 15665
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.-
Costas de Alzada, al apelante (art. 68 del CPCC).-
Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad.-
CAUSA MO-15665-2013 R.S.263/2018
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Noviembre 2018, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jordá, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "CORBALAN JESICA NATALIA C/ VALLEJOS NORMA NELLY Y OTRO/A S/TERCERIA MEJOR DERECHO (TRAM.SUMARIO) ” MO-15665-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDÁ-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es justa la sentencia apelada de fs. 272/276?
A LA CUESTION PROPUESTA: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
I. Apela la sentencia de autos la parte actora a fs. 281 obrando su expresión de agravios a fs. 293/300, la que fue respondida por la codemandada Lagormasino mediante la presentación glosada como fs. 302/305.
II. La sentencia en recurso desestima la demanda promovida por Jésica Natalia Corbalán contra Norma Nelly Vallejos y María Julieta Lagomarsino; e impone las costas del juicio a la primera de las nombradas.
III. La tercerista perdidosa, en lo sustancial, objeta el pronunciamiento de grado alegando al respecto que es errónea la fecha considerada en el decisorio, a los fines de examinar la procedencia formal de la acción. Ello, dice, porque debe adoptarse la del momento en que pudo tomar conocimiento de la presentación de la cesionaria Lagomarsimo. Asimismo alega profusamente respecto a la falta de perfeccionamiento de la subasta y a la existencia de legitimación de los herederos Pitman y la sra. Vallejos para la suscripción del boleto de compraventa. Por último sostiene que la sentencia contiene una equivocada valoración de la prueba que produjo; en función de la que, dice, se encuentra demostrada la viabilidad de la acción.
IV. Se impone subrayar, a la manera de advertencia liminar, que no serán abordados en el presente decisorio aquellas cuestiones traídas por la quejosa asociadas con los planteos efectuados en los autos caratulados “Vallejos, Norma Nelly c/ Pitman, Máximo Berto s/ Ejecución Hipotecario”, acollarado a estos actuados, y que fueron objeto de resolución a través de la sentencia dictada a fs. 597/599. Ello no sólo en orden al medular óbice que conlleva la falta de firmeza de aquella decisión, sino porque además se estima innecesario a los fines de examinar la viabilidad de la pretensión incoada en autos.
Como se lee en el fallo, la tercería fue desestimada por considerarla la Sra. Juez de Grado extemporánea en los términos del art. 97 del CPCC.-
El mismo establece que la tercería de mejor derecho debe deducirse "antes de que se pague al acreedor".
Es tal la literalidad de la norma que, incluso, tiene que ver con la esencia del mecanismo: porque si la tercería de mejor derecho apunta al pago preferente, si el pago ya se efectuó no tendría ningún sentido promoverla después.-
Son tibias las quejas que se traen en tal sentido (y rozan la insuficiencia) pues solo se habla del ejercicio de su derecho al tomar conocimiento del despojo que intenta realizar la demandada Lagomarsino.-
Pero, insisto, el hito que demarca la temporaneidad de la tercería es, justamente, la existencia o no del pago.-
Y las quejas que el recurrente trae, responden mas que nada a su subjetiva interpretación de la cuestión, pero no a demostrarnos -de manera concreta y razonada- por que la norma, expresa y positiva, del art. 97 del CPCC no debería aplicarse en el caso, o debería serlo en algún otro sentido.-
Nótese, en el punto, que las postulaciones de la quejosa en el tema se encuentran desprovistas de todo anclaje normativo, doctrinario o siquiera jurisprudencial.-
Coincido, en este contexto y frente a todo lo expuesto, con la Sra. Juez de Grado en cuanto remarca la extemporaneidad de la tercería, por habérsela intentado fuera del plazo indicado por el art. 97 del ritual.-
VI. Ahora bien, no obstante lo antedicho y dado que los cuestionamientos traídos van mucho mas allá de esta temática, debo decir que -aun cuando no se la hubiera repelido por extemporánea- a mi juicio la tercería intentada tampoco podría prosperar.-
Fundado tal aserto, he de recordar que la tercería de mejor derecho es el cauce procesal diseñado por el ordenamiento adjetivo para materializar la solución sustancial consagrada por el artículo 1185 bis del Código Civil. Precisamente aquella norma, cuya operatividad en las ejecuciones individuales se encuentra actualmente en el panorama jurisprudencial fuera de toda controversia, permite al adquirente de un inmueble de buena fe, que hubiera abonado al menos el 25% del precio pactado, a que se le reconozca preferencia a obtener la escrituración del bien.
A mi juicio no se verifican los presupuestos que justificarían una recepción favorable de la acción intentada.
En primer término cabe señalar que el boleto de compraventa glosado a fs. 135/136 no resulta oponible a los terceros por cuanto carece de fecha cierta.
Es que, conforme lo viene sosteniendo el Superior provincial, la fecha cierta de los instrumentos privados exige el cumplimiento de alguno de los modos contemplados por el artículo 1035 del Código Civil. Si bien es cierto que tal listado no es taxativo y debe ser interpretado de manera flexible siempre es indispensable actuar con sumo cuidado, pues en caso contrario equivaldría a colocar la prueba de la fecha discrecionalmente en manos de los otorgantes del instrumento (conf. doctrina sentada por la SCBA Acuerdos 108354, 103677, entre varios otros). En definitiva de lo que se trata es que concurran circunstancias inequívocas que conduzcan a tener una certeza de la data cierta.
Tal exigencia no se advierte en autos pues, descartado el timbrado fiscal como modo autosuficiente, no se han arrimado elementos de convicción idóneos que permitan asignarle tal cualidad al aludido instrumento de fs. 135/136 (arg. artículos 1035 y concordantes del Código Civil; 375, 384 y concordantes del Código Procesal).
A la apuntada imposibilidad de oponibilidad del boleto se le añade, como segundo obstáculo a la anhelado operatividad del artículo 1185 bis del Código Civil, que no puede predicarse la existencia de buena fe en la apelante.
En efecto la buena fe creencia requerida excede a la mera honestidad sino que se complementa con la exigibilidad de un deber de cuidado y diligencia que permita suscitar una razonable convicción respecto a al grado de viabilidad del negocio jurídico que se realiza y a la posibilidad de que pudiera ser concertado con el cocontrantante (arg. artículos 4006 y concordantes del Código Civil, su doc.; conf. Compagnucci de Caso, Rubén, “El principio de la buena fe en las relaciones jurídicas de Derecho Privado”, en la obra colectiva “Tratado de la Buena Fe”, editorial La Ley, Tomo I, Bs. As.2005, pgs. 169 y ss.).
A poco que se examina estos actuados se advierte que la recurrente no actuó conforme los parámetros señalados. Esto en tanto y en cuanto, conforme surge de sus propios dichos tuvo pleno acceso al expediente sobre ejecución hipotecaria; de modo que es dable afirmar que constató la existencia de la realización de la subasta del inmueble, de la habilitación para compensar de la ejecutante y de la aprobación judicial del remate. Todo este conjunto de circunstancias imponían, como mínimo, que incrementara los recaudos que exigen la concreción de la adquisición de un bien; pues es fácil apreciar que la materialización de tal acto jurídico en la mentada situación procesal estaba rodeada de particularidades atípicas a las propias de su realización en las condiciones habituales. Empero, pese a ello, suscribió el boleto de mentas, que tampoco adjunto con anterioridad al proceso. Todo ello más allá de la eventual validez que, en definitiva, cupiera asignarle al acuerdo celebrado entre el ejecutado y el ejecutante con posterioridad a la concreción y aprobación judicial de la subasta (arg. 1198, 4006 y concordantes del Código Civil, 384 y concordantes del Código Procesal) su doc.; ver escrito de demanda de fs. 140/144, expediente 38.885 por cuerda, providencias de fs. 224 vta., 228 y resolución de fs. 426/426 vta.).
La ya apuntada inoponibilidad del boleto de fs. 135/136 aunada a la ausencia de uno de los presupuestos a los que se encuentra asociada la virtualidad de la solución contemplada por el artículo 1185 bis del Código Civil-buena fe-me llevan a concluir en la improcedencia de la tercería ensayada.
VII. Por las razones, tanto fácticas como jurídicas, explicitadas a lo largo del presente voto propicio la desestimación del recurso de apelación y la confirmación del fallo en crisis, con costas al apelante (art. 68 del CPCC).
Voto, en consecuencia, por la AFIRMATIVA. -
A la misma cuestión el señor Juez doctor GALLO , por iguales fundamentos votó también por la AFIRMATIVA.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.-
Costas de Alzada, al apelante (art. 68 del CPCC).-
SE DIFIERE la regulación de honorarios para su oportunidad.-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE .-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDÁ
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia