Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 40.076-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas interpuesto por ambas coactoras, en los términos de lo expuesto en el considerando VI de la presente. Costas a cargo de las coactoras.
2Revocar la Resolución N° 198/2018 (AD SANI), dictada en la actuación SIGEA N° 12626-18- 2012 (SC 59 N° 519/2013) en cuanto condena a la coactora importadora TERNIUM ARGENTINA S.A. y al despachante de aduana NICOLÁS MINOYETTI por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1º, inc. b) del C.A. Costas a cargo del Fisco.
3REENCUADRAR la conducta y condenar a las coactoras NICOLÁS MINOYETTI y TERNIUM ARGENTINA S.A. en los términos del art. 995 del C.A. al pago de una multa equivalente a PESOS TRES MIL ($ 3.000). Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-12141006-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 3 de Febrero de 2026 S.A. y otro Reunidos los vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, para dictar sentencia en el Expediente N° 40.076-A caratulado: “TERNIUM ARGENTINA S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” y su acumulado N° 40.086-A “MINOYETTI, NICOLAS c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución N° 198/2018 (AD SANI), dictada en la actuación SIGEA N° 12626-18-2012 (SC 59 N° 519/2013) en cuanto condena a la coactora importadora TERNIUM ARGENTINA S.A. (antes SIDERAR S.A.I.C.) y al despachante de aduana Nicolás Minoyetti por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1º, inc. b) del C.A., al pago de una multa equivalente a $ 5.730.019, en relación a la operación N° 12059IC05000088U.
II. Fundamentos de las apelaciones:
*Coactora importadora: A fs. 20/27 se presenta TERNIUM ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución antes referida. Inicialmente, relata los hechos del caso y desarrolla sus agravios. Esgrime que, debido a un error en la oficialización del despacho de importación, se invocó el código de ventaja “EMBAN-DJAI-GRAL” que eximía de la presentación de este documento a aquellas operaciones en las cuales la mercadería se había embarcado con anterioridad al 01/02/2012, fecha de publicación en el B.O. de la Resolución General N° 3252/2012. Plantea que la acción para imponer penas se encuentra prescripta. Explica que la infracción endilgada no se configuró. Agrega que se trató de un mero error formal, sin que haya existido infracción alguna. Entiende que existe una contradicción insalvable ya que el despacho objetado poseía asociado una DJAI lo cual impide considerarla como prohibida. Agrega que la aduana no consideró la solicitud de reencuadre en el art. 995 del C.A. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada. *Coactor NICOLÁS MINOYETTI, despachante de aduanas: A fs. 61/66 se presenta el despachante de aduanas interviniente e interpone recurso de apelación. Luego de relatar los hechos del caso, entiende que la infracción endilgada no se configuró, ya que se ha verificado que era la misma mercadería que la oportunamente declarada, con la única diferencia de haber incurrido en un error al declarar una ventaja que era improcedente. Adiciona que de ninguna forma puede concebirse a las DJAI como una prohibición a la importación. Cita el caso “Nate” de la CSJN. En cuanto a la prescripción, entiende que ella ha operado, ya que la Ley N° 26.860 posee una suspensión que es inaplicable al caso de autos, por estar dirigida a quienes adhirieron al régimen de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el país. Al respecto, incluye algunos de los debates parlamentarios de la norma.
III. Contestación de los traslados: A fs. 72/76 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas relativas a la causa. En primer lugar, efectúa un breve relato de los hechos acontecidos en sede aduanera y niega todos y cada uno de los hechos consignados en la demanda que no sean específicamente reconocidos. Argumenta que no se pudo vincular la operación bajo estudio con la DJAI mencionada por la coactora importadora. Remite al principio de veracidad y exactitud de las declaraciones y cita jurisprudencia. Añade que no corresponde el reencuadre en la previsión del art. 995 del C.A. Por último, hace la reserva del Caso Federal y solicita que se rechace el recurso interpuesto, con costas.
A fs. 92/104 luce la restante presentación de la representación fiscal, por la cual contesta el traslado del recurso. Inicialmente, formula una negativa general. A continuación, explica los alcances de la responsabilidad del despachante y cita jurisprudencia. Afirma que la infracción prevista en el art. 954 del C.A. se encuentra plenamente configurada y analiza el tipo objetivo y el subjetivo. En cuanto a la interpretación de la Ley N° 26.860 interpreta que la suspensión de plazos es de carácter general, siendo de aplicación al cómputo de la prescripción en el caso. Finalmente, hace la reserva del Caso Federal y solicita que se rechace el recurso interpuesto, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas Nº 12626-18-2012 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia de fecha 19/09/2012. A fs. 3 se agrega el sobre contenedor original del despacho. A fs. 4/5, en fecha 28/06/2013, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 7 se encuentra el aforo de la mercadería. A fs. 8 se ordena correr vista de lo actuado, notificada a fs. 9 y 13, en fechas 06/09/2013 y 10/09/2013. A fs. 14/63 las coactoras contestan vista. A fs. 78/79 se emitió la Disposición N° 95/2014 (AD SANI). A fs. 92/92 luce el dictamen jurídico. A fs. 93/96 se dicta el acto apelado, notificado a fs. 97/98. A fs. 103/104 se informa la apelación del despachante ante este Tribunal y se acompaña formulario F4.
V. A fs. 119 se declaró la causa como de puro derecho y por PV-2025-140107923-APN-VOCXXI#TFN se elevaron los autos a la Sala “G”. En fecha 18/12/2025 pasaron a sentencia (IF-2025-140164138-APN- VOCXXI#TFN).
VI. Preliminarmente, corresponde tratar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer sanciones, efectuado por ambas coactoras.
A esos fines, puntualmente el coactor Minoyetti entiende que ella ha operado, ya que la Ley N° 26.860 posee una suspensión que es inaplicable al caso de autos, por estar dirigida a quienes adhirieron al régimen de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el país.
La cuestión dirimente para resolver el planteo es si la suspensión prevista en el art. 17 de la ley referida es aplicable al cómputo del curso de la prescripción de autos.
La ley referida, publicada el 03/03/2013, dispone: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.” (Art. 17)
Por su parte, la Reglamentación de dicha norma, prevista en la Resolución General N° 3509/2013, previó que “La suspensión del curso de la prescripción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de esta Administración Federal y para aplicar multas relacionadas con los mismos, así como la caducidad de instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales, prevista con carácter general en el Artículo 17 de la Ley Nº 26.860, alcanza a la totalidad de los contribuyentes o responsables, hayan o no exteriorizado moneda extranjera en los términos del régimen reglamentado por esta resolución general.” (Art. 7) (el resaltado es propio) Que cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, en el caso de autos, el plazo de prescripción comenzó a correr a partir del 01/01/2013 (toda vez que el despacho objeto de autos fue oficializado en fecha 26/03/2012) y fue interrumpido por el auto de apertura sumarial de fecha 28/06/2013 (fs. 4/5 de las act. adm., Disposición N° 617/13 (AD SANI). Ergo, el nuevo plazo prescriptivo operaba como fecha límite el 27/06/2018.
Ahora bien, si bien la resolución aduanera se emitió en fecha 28/12/2018 (fs. 93 de las act. adm.) al operar la suspensión prevista con anterioridad, dispuesta por el legislador “con carácter general” y más allá de las apreciaciones efectuadas por una de las recurrentes vinculadas a los debates parlamentarios que advertían sobre el desacierto de incluir suspensiones de plazos de índole general con proyección a otros procedimientos ajenos al tema de la ley que las incluye, cierto es que la norma es clara en ese sentido, no posee ambigüedades o conceptos oscuros.
Al respecto, Corte Suprema de Justicia de la Nación delimitó que “La primera fuente de exégesis de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal, así, cuando la prescripción legal es clara, no exige un esfuerzo de integración con otras disposiciones de igual jerarquía, ni plantea conflicto alguno con principios constitucionales, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma”. (Fallos 348:113, 347:1223 y muchos otros)
También ha dicho que “No le cabe a la Corte apartarse del principio primario de la sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por éste, pues de hacerlo así olvidaría que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y que cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación la norma debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en aquélla.” (Fallos 347:83)
Es por ello que no cabe más que concluir que no operó la prescripción de la acción del Fisco para imponer sanciones, con costas a cargo de las coactoras.
VII. Que, abordando el fondo de la cuestión, es importante recordar que el Código aduanero tutela el principio de la veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones que se presentan ante las aduanas.
Que el art. 954 del C.A.“da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante —salvo los supuestos previstos en la propia ley— o del control que pueda efectuar el servicio aduanero. Ello se traduce en que, por principio, en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la mayor o menor eficiencia con que la Administración Nacional de Aduanas practique las tareas de control que le están asignadas; al contrario, la sujeción a tales presupuestos tiende a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen y perviertan” (CSJN 12/5/1992, “Subpga SACIE e I”, Fallos 315:942).
Que específicamente, el art. 954, ap. 1, inc. b) del C.A. dispone: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción”.
VIII. Que no se encuentra controvertido y resulta reconocido por ambas coactoras que se incurrió en un error al incluir en la destinación de importación a consumo N° 12059IC05000088U (oficializada el 26/03/2012, ante la Aduana de San Nicolás) la ventaja “EMBAN-DJAI-GRAL”, cuando no correspondía. La cuestión medular es desentrañar si ese error tiene aptitud para configurar la infracción el inc. b) del art. 954 del C.A.
A esos fines, cabe aclarar que la Resolución General N° 3252/2012 estatuyó un régimen de información con relación a las destinaciones definitivas de importación para consumo, instrumentado por medio de la llamada Declaración Jurada Anticipada de Importación (en adelante, “DJAI”).
Al respecto, de sus considerandos surge que se trata efectivamente de un “anticipo de información”, que es considerado “por la Organización Mundial de Aduanas, dentro del Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Mundial, un elemento básico que contribuye al fortalecimiento de las Aduanas a los fines de enfrentar los desafíos del Siglo XXI” y que “la disponibilidad de información estratégica anticipada posibilita una mayor articulación entre dichas áreas, potenciando los resultados de la fiscalización integral que compete a cada una de ellas.”
IX. Que para que pueda configurarse la infracción prevista en el art. 954 inc. b) del C.A. se requiere específicamente que la declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación.
Que entonces el requisito de que exista una “prohibición” para la configuración del tipo infraccional es imprescindible.
Así lo interpretó la Exma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al señalar que “la figura del artículo 954 del CA requiere, además de la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera -tal el concepto básico contenido en la norma-, de la configuración de “una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación” (Sala II, “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA y otro (TF 38770-A) y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, 26/08/2025)
Que las prohibiciones o restricciones a la importación previstas en el Código Aduanero, Sección VIII, constituyen disposiciones que impiden o limitan la introducción de la mercadería al territorio aduanero. Se trata de normas que expresamente prohíben en forma absoluta o relativa la importación de cierta mercadería, como también el sometimiento de la mercadería a otras restricciones, tales como normas de calidad, de acondicionamiento y que requieren la presentación de certificados y/o autorización de importación en el momento indicado por las normas aplicables.
X. Que en el caso de autos el régimen instituido por la Resolución General N° 3252/2012 no puede considerarse o equipararse a las aludidas restricciones o prohibiciones, tratándose únicamente-como la propia norma reconoce-de un sistema de información anticipada.
Que si bien se trataba de otro instrumento diferente (DJVE) al tratarse esta última de sistemas de registro de información, considero aplicable mutatis mutandis al caso bajo análisis lo resuelto por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa N° 27550/2012 “ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 27079-A) c/DGA”, sentencia del 25/04/2013.
En dicha oportunidad, el Tribunal de Alzada resolvió revocar la sentencia de este Tribunal que había reencuadrado el hecho en la infracción que aquí se imputa (art. 954 inciso b), haciendo referencia al principio de legalidad en materia sancionatoria. A tal fin, consideró que las prohibiciones a la exportación a las que hace referencia el inciso b) del artículo 954 del C.A. deben estar explícitamente establecidas en la norma y deben surgir claramente del derecho aplicable.
Esto se vincula directamente con el principio de legalidad que debe primar en materia sancionatoria, el que exige que la conducta sancionada esté definida de forma explícita y precisa por las normas aplicables.
XI. En una visión que comparto, la Cámara ha señalado también que los principios propios del derecho penal- que resultan aplicables con sus matices al ámbito del derecho administrativo sancionador- tienen incidencia en la materia de las prohibiciones a la exportación e importación, resultando necesario que “las prohibiciones a la exportación a que se refiere el artículo 954, apartado 1, inciso b), del Código Aduanero deben estar establecidas de forma explícita en las normas complementarias, no pudiendo ser sancionadas aquellas conductas que no hayan sido claramente calificadas de tal modo.” (Sala V, “RONALB SRL (TF 15669982-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 24/10/2024)
En tal sentido, analizando el texto de la Resolución General que creó las DJAI, no se advierte que se haya constituido prohibición alguna ni puede equipararse a ellas, sino-como ya anticipamos-un sistema de información anticipada en orden a optimizar la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental. Así lo ha explicado la CSJN con remisión al Dictamen de la Procuradora Laura Monti en el caso “Nate” donde puntualizó que no pueden elevarse a la categoría de prohibiciones todas las restricciones o condicionamientos a la importación o exportación, ya que desvirtuaría el sistema instaurado.
XII. Que, corresponde ahora determinar la responsabilidad del despachante de aduana, coactor en estos autos.
Que la jurisprudencia acerca de la causal de exculpación del art. 908 del C.A. (el despachante no es responsable de la infracción cuando acredite haber cumplido con las obligaciones a su cargo) es conteste, en principio, en que esa causal se da cuando el despachante se ajusta –en la declaración– a las instrucciones de su comitente, y que ello es así cuando la declaración se ajusta a los datos de la documentación complementaria del despacho de importación o permiso de embarque.
Que, en el caso, y según resulta de la documentación obrante en el expediente administrativo, surge con certeza que el despachante de aduana, al efectuar la declaración de la mercadería incurrió en un error al validar la ventaja cuando no correspondía.
Esta circunstancia es admitida por mismo despachante en el escrito inicial al advertir que sucedió por un “desgraciado error involuntario” (fs. 61, punto 3) que si bien no traduce una infracción de la prevista en el art. 954 inc. b) del C.A. sí se trata de una infracción formal, ya que se verificó una inexactitud en la declaración, en transgresión a la legislación aduanera.
Más aún, el C.A. es claro al precisar que el error-ya sea de hecho o de derecho- no constituye un eximente de sanción. (Art. 902) y que existe entonces una responsabilidad que se extiende en forma solidaria a la coactora importadora, en los términos del art. 907 del mismo cuerpo legal.
XIII. Que al haberse configurado una infracción de carácter formal, corresponde reencuadrar, en uso de las facultades previstas en el Art. 1143 del C.A.- el hecho en la figura del artículo 995 del C.A. que reza : “El que transgrediere los deberes impuestos en este Código o en la reglamentación que en su consecuencia se dictare, será sancionado con una multa de PESOS UN MIL ($ 1.000) a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) cuando el hecho no tuviere prevista una sanción específica en este Código y produjere o hubiere podido producir un perjuicio fiscal o afectare o hubiere podido afectar el control aduanero.” De este modo, en atención a las circunstancias del caso y la entidad de la falta cometida, conf. art. 915 del C.A., considero ajustado a derecho imponerle una multa equivalente a PESOS TRES MIL ($ 3.000). Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- RECHAZAR el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas interpuesto por ambas coactoras, en los términos de lo expuesto en el considerando VI de la presente. Costas a cargo de las coactoras.
2).- REVOCAR la Resolución N° 198/2018 (AD SANI), dictada en la actuación SIGEA N° 12626-18- 2012 (SC 59 N° 519/2013) en cuanto condena a la coactora importadora TERNIUM ARGENTINA S.A. y al despachante de aduana NICOLÁS MINOYETTI por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1º, inc. b) del C.A. Costas a cargo del Fisco.
3).- REENCUADRAR la conducta y condenar a las coactoras NICOLÁS MINOYETTI y TERNIUM ARGENTINA S.A. en los términos del art. 995 del C.A. al pago de una multa equivalente a PESOS TRES MIL ($ 3.000). Costas por su orden.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a V del voto del Dr. Segura, a los que me remito por motivos de brevedad.
II. Así planteado el asunto, corresponde tratar preliminarmente el planteo de prescripción esgrimido por las actoras. Anticipo que, a diferencia de lo resuelto por el Vocal preopinante, considero que corresponde hacer lugar a la pretensión de las actoras y, en consecuencia, revocar la Resolución AD SANI N° 198/2018.
Al respecto, cabe hacer notar que las actoras esgrimen que corresponde declarar prescripta la acción por inaplicabilidad de la suspensión prevista en el art. 17 de la ley 26.860 (BO: 03/03/2013) que establece “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
III. En ese sentido, se observa que el art. 934 del Código Aduanero (en adelante, “CA”) prescribe que “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de CINCO (5) años”, mientras que el art. 935 establece que “La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 934, comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación”.
Precisamente, en este caso el despacho objeto de las presentes actuaciones fue oficializado el 26/03/2012. Teniendo en cuenta la previsión del art. 935, el inicio de cómputo de la prescripción tuvo lugar el 01/01/2013. El art. 937 del CA establece que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por:
a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario”. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que esta causal interruptiva de la prescripción acaeció el 28/06/2013, fecha en la cual se dictó el auto de apertura sumarial y, justamente, teniendo en cuenta lo expresado, el plazo de prescripción en este caso operó el 27/06/2018, mientras que la Resolución AD SANI N° 198/2018 recurrida en las presentes actuaciones fue dictada el 28/12/2018.
Por ello, de aplicarse la suspensión prevista por la ley 26.860, resulta claro que la acción de la DGA no se encontraría prescripta, por haberse emitido la referida Resolución AD SANI N° 198/2018 previo a la hipotética expiración del plazo prescriptivo del 27/06/2019.
En consecuencia, resulta trascendental resolver la cuestión de la aplicabilidad de la previsión del art. 26.860 en los presentes actuados.
IV. Para analizar adecuadamente la cuestión, debe recordarse que el art. 890 del CA dispone que “La extinción de las acciones para imponer y para hacer efectivas las penas por los delitos aduaneros, se rige por las disposiciones del Código Penal”, lo que obliga a acudir a las disposiciones del Código Penal en lo relativo a estas cuestiones. En ese sentido, el art. 2 de dicho código expresa que “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.
Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena debería circunscribirse a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho”. Esta norma resulta respetuosa del art. 18 de la Constitución Nacional, que establece que “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. A su vez, el art. 894 del CA establece que “La calificación de un hecho como infracción aduanera requiere que, previamente a su realización, se encuentre previsto como tal en las disposiciones de este código”. Esta disposición debe leerse en armonía con el art. 899, por el cual “Si la norma penal vigente al tiempo de cometerse la infracción fuere distinta de la que estuviere vigente al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará la que resultare más benigna al imputado. No surtirá ese efecto la que modificare el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería”. La pauta interpretativa de la norma más benigna viene dada por el art. 900, que pregona que “Para establecer cual es la norma penal más benigna se debe comparar la totalidad del contenido de las normas penales de las leyes cuya aplicación correspondiere”.
V. Analizados debidamente tanto la plataforma fáctica como el contexto normativo, resulta inevitable concluir que la pretensión de introducir la causal de suspensión de prescripción prevista en el art. 17 de la ley 26.860, a fin de habilitar el accionar de la DGA, no resulta aplicable en el presente caso, por no resultar ajustado al CA, al Código Penal ni a la Constitución Nacional, toda vez que no se ha manifestado ni probado que las actoras se hubieran acogido al régimen de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior previsto en la ley 26.860.
Debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante “CSJN”), ha dicho en un caso en el que se discutía una disposición similar a la que se discute en el presente, que “… la aplicación en este caso del decreto-ley 17.074/66 importaría juzgarlo por una norma posterior más gravosa, con transgresión del principio constitucional que impide tal retroactividad (art. 18 de la Constitución Nacional) y del principio general del art. 2° del Código Penal, aplicable en materia aduanera de conformidad con el art. 4º de dicho Código (…) El instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de ‘ley penal’, desde que esta comprende no solo el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva”[1].
VI. Puntualmente respecto de esta norma, la Excma. Cámara del fuero en “Banco Patagonia”[2] expresó que “No resulta aplicable al caso la suspensión anual prevista por el art. 17 de la ley 26.860 (de exteriorización voluntaria de la tenencia de la moneda extranjera en el país y en el exterior, que fue invocada por el T.F.N. para desestimar el planteo actoral). A efectos de abordar el punto, conviene traer a colación las expresiones efectuadas en el marco del debate parlamentario que precedió a la norma señalada (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 5ta. reunión, 4ª sesión ordinaria especial, celebrada el 29/05/2013) por el diputado Pinedo, quien expresó que merecía: ‘[i]ndicarse la contradicción con el régimen que se crea[ba] al estipularse en el artículo 17 la suspensión del plazo de prescripción, que suspende por el término de un año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tribu- tos, para aplicar multas y la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales. Esta suspensión aplicaría para todos los contribuyentes, independientemente del acogimiento o no al régimen del blanqueo, por todos los períodos no prescritos. Esa norma de carácter general tiene como objeto la posibilidad de otorgarle a la administración más tiempo para reclamar fondos adeudados por conceptos tributarios, contrapuesta al objetivo de perdón de los sujetos que exteriorizan. No tiene certidumbre normativa esta previsión, que es contradictoria, por lo que no coincidimos con esta prescripción […]’ (ver página 23 del Diario de Sesiones). En este sentido, el diputado Feletti -miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda- señaló que, a efectos de evitar especulaciones, la suspensión por un año del plazo de prescripción debía alcanzar únicamente a quienes se acogieran al régimen (ver página 145 del Diario de Sesiones, en donde se transcribe lo siguiente: ‘[S]r. Feletti. – Señor presidente […] Respecto del artículo 17, es válida la inquietud del diputado Pinedo: corresponde a quienes se acojan a este régimen, para que no especulen […]’)”.
VII. En el mismo sentido resolvió la Excma. Cámara en “Álvarez Hnos. SA”[3] en el que se discutía la aplicabilidad de idéntica disposición dispuesta por el art. 44 de la ley 26.476. Allí, compartió los fundamentos del Sr. Fiscal General en su dictamen, que expresaba que “… la finalidad perseguida por el legislador al momento de sancionar la ley nro. 26476 fue posibilitar la regularización impositiva de los contribuyentes teniendo especial cuidado en preservar la vigencia de las acciones del organismo recaudador (cfr. versión taquigráfica del debate parlamentario del día 18 de diciembre de 2008, intervención del diputado Gustavo Marconato…). La suspensión de la prescripción en el marco de la legislación de regularización impositiva, aparece así ordenada a que el organismo recaudador pueda concentrar sus acciones –durante el período alcanzado por aquella- en la percepción de impuestos bajo el régimen excepcional, sin que conlleve un cambio en la valoración social sobre la procedencia de la sanción o su magnitud. Lejos de cambiar el criterio sobre la conducta considerada punible o el monto de las sanciones, la norma evidencia, por el contrario, la clara intención del legislador de mantener viva la acción del Fisco de perseguir tales ilícitos, como un medio que contribuye a instrumentar el régimen de regularización impositiva. Según se advierte, no se produce una modificación en la valoración jurídica de la conducta penada, sino que se trata de un cambio específico y temporal producido como consecuencia de un régimen de excepción que, en los hechos, importa mantener la misma política infraccional”. Por ello, se resolvió que “La ley 26476 que suspendió los plazos de prescripción con carácter excepcional, no puede ser considerada como ley penal más benigna en la medida en que no modifica la figura punible y su correspondiente sanción. En consecuencia, no corresponde, como lo ha hecho el Tribunal Fiscal de la Nación, que se aplique la ley 26476 con un criterio para lo adeudado en concepto de impuestos y otro distinto respecto de las correspondientes sanciones por los incumplimientos incurridos”.
VIII. Conforme lo reseñado, no cabe sino concluir que la causal de suspensión del plazo prescriptivo prevista en la ley 26.860 se limita a los casos en los que el contribuyente exteriorizó voluntariamente la tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior, lo que, como se dijo, no se halla acreditado en las presentes actuaciones. Es que una interpretación contraria prescindiría de un análisis hermenéutico de la suspensión estipulada por el art. 17 de la ley 26.860. En tal sentido, la actividad jurisdiccional no puede desentenderse de la ratio legis ni del espíritu que anima a la norma, la cual surge patente de los antecedentes parlamentarios reseñados.
IX. Por todo lo dicho, resulta inevitable concluir que la suspensión de la prescripción que establece el art. 17 de la ley 26.860 sólo resulta oponible a quienes hubieran exteriorizado voluntariamente la tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior.
X. Que por la forma en que se resuelve la presente no corresponde analizar los demás agravios de la actora.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1).- Revocar la Resolución AD SANI N° 198/2018.
2).- Costas a la DGA vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- RECHAZAR el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas interpuesto por ambas coactoras, en los términos de lo expuesto en el considerando VI de la presente. Costas a cargo de las coactoras.
2).- REVOCAR la Resolución N° 198/2018 (AD SANI), dictada en la actuación SIGEA N° 12626-18- 2012 (SC 59 N° 519/2013) en cuanto condena a la coactora importadora TERNIUM ARGENTINA S.A. y al despachante de aduana NICOLÁS MINOYETTI por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1º, inc. b) del C.A. Costas a cargo del Fisco.
3).- REENCUADRAR la conducta y condenar a las coactoras NICOLÁS MINOYETTI y TERNIUM ARGENTINA S.A. en los términos del art. 995 del C.A. al pago de una multa equivalente a PESOS TRES MIL ($ 3.000). Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. [1] CSJN, “Miras, Guillermo S.A.C.I.F. c/ Administración Nacional de Aduanas”, Fallos: 287:76, 18/10/1973.
[2] CNACAF, Sala II, “Banco Patagonia SA (TF 47079-I) c. DGI s/recurso directo de organismo externo”, 10/12/2021.
[3] CNACAF, Sala V, “Álvarez Hnos. SA (TF 35523-I) c. DGI s/recurso directo de organismo externo”, 23/12/2021.
Date: 2025.12.30 13:23:58 ART Date: 2025.12.30 15:52:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.03 16:29:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.03 16:29:35 -03:00
Fin de la sentencia