Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 30156-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, imponiendo las costas de esta instancia a la vencida (art. 68, primera parte. C.P.C.C.N.).
4934/2025 “Ternium Argentina S.A. (TF 30156-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”
Buenos Aires, 17 de octubre de 2025.
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que, mediante el pronunciamiento del 21/11/2024, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación tuvo por allanada a la Dirección General de Aduanas en la presente causa, de conformidad con lo reglado por los arts. 304 y 305 del C.P.C.C.N.; y por cuanto se ajusta a las formalidades que establece el art. 1143 del C.A. y la IG 14/2017, del 5/12/2017. Para así resolver, en cuanto aquí interesa, sostuvo que, con fecha 25/09/2024, la representación fiscal se allanó a la pretensión de la recurrente, fundándose en la Instrucción General nro. 14/2017 (DGA), de fecha 5/12/2017, la cual acompañó en la fecha indicada, contando con la autorización pertinente de la División Causas Tributarias.
En cuanto a las costas, tuvo en cuenta que la accionada se allanó a raíz de lo solicitado por la actora en su presentación del 22/08/2024, y que por ese motivo debían imponerse los accesorios al Fisco Nacional conforme el artículo 1.163 del C.A. (v. págs. 319/22, 330/3, 337/40, 347/51 y 362/3 de las actuaciones ante el TFN digitalizadas e incorporadas con fecha 5/05/2025).
II. Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 3/12/2024, interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional, expresando agravios en el mismo acto, los que fueron replicados por la firma actora el 26/12/2024 (v. págs. 379/87 y 393/7, e informe de pág. 399 de las actuaciones referidas).
III. Apelación del Fisco Nacional:
Cuestionó únicamente el modo en que fueron distribuidas las costas.
Se quejó de que la parte actora solicitó el allanamiento de su mandante en los términos de la instrucción general nro. 14/2017 sin efectuar reserva alguna.
En virtud de ello, entendió que la actora no puede pretender otro resultado más que la imposición de costas en el orden causado, tal como implícitamente fuera consentido por ella.
Citó doctrina y jurisprudencia a modo de respaldo de sus argumentos.
Esgrimió que la forma de decidir del TFN importó aceptar una conducta que no se condice con una anterior acaecida dentro del proceso.
Al respecto recordó que el origen de los actuados data del año 2013 y que la Instrucción General nro. 14/2017 fue dictada el 5/12/2017. En ese sentido, destacó que hasta el dictado de aquella por la que se instruyó al allanamiento y a la solicitud de costas en el orden causado, su mandante tenía argumentos valederos y sólidos para verosímilmente considerarse con derecho litigar, más allá de tener la obligación de defender su posición por un imperativo público.
A su vez, ponderó que si la cuestión era de simple resolución, la causa no se hubiera abierto a prueba (incluyendo documental, prueba pericial e informativa). Así, consideró que por la dificultad de la cuestión controvertida que implicó años de litigio, correspondía imponer las costas por su orden.
Concluyó esa idea sosteniendo que su mandante pudo creerse efectivamente con legítimo derecho a litigar de buena fe hasta finales de 2017, año en que se dictó la Instrucción General nro. 14/2017. Por otra parte, indicó que el mencionado artículo 70 del C.P.C.C.N. dispone que “Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo”.
De ese modo, de acuerdo a los argumentos arriba señalados manifestó que no existió obligación pendiente por parte de su mandante y que tampoco se encontraba en mora.
Por último, aduce que el TFN “[…] ha incurrido en una manifiesta arbitrariedad en su sentencia al excederse al imponer las costas a esta parte, soslayando el principio dispositivo, sin tener en cuenta las particularidades del caso y su complejidad jurídica que habilitan el apartamiento del principio general de la derrota”.
Para blindar su planteo realizó unas consideraciones referidas a los arts. 34, inc. 4°, y 163, inc. 6°, del C.P.C.C.N.
Por tales razones, alegó que, si la otra parte pidió la aplicación sin reserva de la Instrucción General nro. 14/2017, no cabe duda que las costas deben imponerse por su orden.
Por lo expuesto, luego de citar doctrina en apoyo de su tesitura, solicitó que se revocara la sentencia del Tribunal Fiscal, con costas por su orden.
IV. Que, con relación agravio esgrimido por la parte demandada sobre las costas, y a fin de resolver la cuestión planteada, resulta pertinente recordar que el artículo 70 del C.P.C.C.N. cuya aplicación procede en la forma prescripta por el artículo 1.174 del Código Aduanero, determina los extremos que necesariamente debe reunir el allanamiento para que proceda la exención de costas a favor de quien lo formula. En tales condiciones, exige que aquél sea real, incondicionado, oportuno, total y efectivo, y que quien lo realice no se encuentre en mora ni haya dado lugar, por su culpa, a la reclamación judicial (confr., esta Sala, causa Nº 9.372/01, in re “García Saraví, Amparo y otros c/ EN- CSJN-Consejo de la Magistratura AC 57/92 s/ Empleo Público”, sentencia del 2/7/2009).
Ahora bien, en el caso de autos se observa que, al momento de formular su allanamiento, la demandada no demostró que se encontraban configurados todos y cada uno de los requisitos que exige el citado artículo 70 para su dispensa. Ello con independencia de la solicitud de allanamiento efectuada por la parte actora, a quien no puede imputarse responsabilidad por la decisión del Fisco Nacional de acceder al planteo. En especial, cabe ponderar la demora en que incurrió la administración respecto de la oportunidad en que realizó el allanamiento, lo cual surge con tan sólo cotejar las fechas en que fueron dictadas las sentencias judiciales en las causas citadas en la Instrucción General nro. 14/2017, y que precisamente determinaron la emisión de la instrucción -a las áreas jurídicas- sobre las vías de acción que deberían adoptarse en todas aquellas actuaciones administrativas y judiciales en las que la cuestión debatida versare sobre la aplicación del inciso c) del artículo 954 del C.A., cuando las circunstancias de hecho guardasen identidad con las referidas en el apartado A de esa norma, a los fines de evitar un dispendio innecesario.
En efecto, la sentencia adversa al organismo recaudador recaída en los autos “Siderar SAI y C c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, causa Nº 40.162/15, dictada por la Sala IV de esta Cámara, y que fuera citada en la referida Instrucción data del 10 de marzo de 2016. En tales condiciones, su ejercicio, en la presente causa, con fecha largamente posterior al hecho que motivó su allanamiento ―25/09/2024 (págs. 337/40 de las actuaciones digitalizadas)―, hacen concluir que no se encuentra cumplido el requisito de oportunidad y prudente temporaneidad.
Pues, la Dirección General de Aduanas ordenó el 5/12/2017 a todos sus funcionarios allanarse a las demandas o recursos presentados ante el Tribunal Fiscal, y los letrados del fisco no cumplieron con la orden sino hasta septiembre de 2024, es decir siete años después de la Instrucción dada. Está claro que el accionar del Fisco y su conducta contradictoria, la existencia de una resolución administrativa previa que obligo a la actora a recurrir al Tribunal Fiscal invocando un derecho que posteriormente le fue reconocido al allanarse el Fisco, demuestra que su conducta motivó que la actora se viera obligada a interponer un recurso, producir prueba y tramitar la causa, teniendo una contingencia durante más de 10 años.
Por consiguiente, en tanto no se encuentran reunidos los excepcionales requisitos exigidos por el referido artículo 70 del Código Procesal, corresponde confirmar la imposición de las costas correspondientes a la instancia de origen, a la demandada, en los términos del artículo 70 del C.P.C.C.N., y artículos 1.163 y 1.174 del C.A. (en igual sentido, esta Sala in re expte. nro. 639/2025, “Acindar Industria Argentina de Aceros SA [TF 36071-A] c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 25/04/2025).
V. Que, así las cosas, corresponde expedirse acerca de la tacha de arbitrariedad endilgada a la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación. En tal sentido, cabe recordar que constituye doctrina jurisprudencial pacífica, sólida y consolidada aquella que caracteriza que debe entenderse por arbitrariedad “[s]ólo cuando se resuelve contra o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio o se hace remisión a las que no constan en él” (cfr. Fallos: 207:72, in re: “Carlozzi, c/Tornese Ballesteros”, del 14/2/1947 y doctrina concorde posterior).
A lo expuesto, debe agregarse que: “(…) la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho común, así se estimen esas discrepancias legitimas o fundadas. Esta tacha no tiene por objeto la corrección (…) de sentencias equivocadas o que se estimen como tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales” (cfr. Fallos: 244:384, citado por Carrió, Genaro R., Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria, Bs.As., Abeledo Perrot, 1967, pág. 29).
En el caso en examen, y contrariamente a lo alegado por la recurrente, de la reseña efectuada en el considerando III resulta de toda claridad que la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación ha resuelto conforme a las constancias obrantes en las actuaciones en trámite ante su sede, de acuerdo con la legislación citada en los considerandos V y VI. Los motivos expuestos sellan la suerte adversa del recurso intentado por la demandada y se confirma la decisión recurrida en cuanto al fondo del asunto.
VI. Que, por último, corresponde desestimar la pretensión subsidiaria deducida por la demandada de que las costas se limiten al pago de la tasa de actuación, toda vez que, conforme lo dispone el art. 1163 del C.A. aquéllas comprenden “todos los gastos causídicos y costas de la contraria” y, tal como se desprende del considerando anterior, ha quedado demostrado que fue la DGA, quien con su conducta contradictoria obligó a la actora litigar, en una causa que, a la fecha, lleva más de 10 años.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas de esta instancia a la vencida (art. 68, primera parte. C.P.C.C.N.).
En virtud de lo expuesto, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, imponiendo las costas de esta instancia a la vencida (art. 68, primera parte. C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia