Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 27.315-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el art. 1° de la Resolución Fallo Nº 581/2009, emitida por la Aduana de Mendoza, dictada en el trámite de la actuación SIGEA N° 12437-1406-2006 (Ex SC38-04-401) y, consecuentemente, condenar el Sr. TERRADAS DAVID ENRIQUE -importador- y la Sra. HOLGADO ALEJANDRA MARCELA -Despachante de aduana- al pago de la multa impuesta de una (1) vez el importe de la diferencia de valor determinada, que asciende a la suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/00 CVOS. ($ 15.658.-).
2Revocar el art. 3° de la Resolución Fallo Nº 581/2009, emitida por la Aduana de Mendoza, dictada en el trámite de la actuación SIGEA N° 12437-1406-2006 (Ex SC38-04-401) y, consecuentemente, dejar sin efecto el concepto tributario impuesto al Sr. TERRADAS DAVID ENRIQUE -importador-.
3Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-17614588-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 15 de Febrero de 2023 En la ciudad de Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht y Claudia Beatriz Sarquis (el Dr. Horacio Joaquín Segura se encuentra en uso de licencia), para resolver en los autos caratulados “ TERRADAS, DAVID ENRIQUE Y OTRA c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente N° 27.315-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 2/59 el Sr. TERRADAS, DAVID ENRIQUE -importador- y la Sra. HOLGADO, ALEJANDRA MARCELA -despachante de aduana- se presentan, por apoderado, e interponen recurso de apelación, en los términos del artículo 1132, ap. 1, inc. a) del Código Aduanero, contra la Resolución - Fallo N° 581 del 31 de agosto de 2.009, emitida por el Señor Administrador de la Aduana de Mendoza, notificada el 3 de noviembre de 2009, por la que se condena al importador y al despachante a pagar una multa de $15.658 por presunta infracción al artículo 954 incisos a) y c) del CA, y además, al Señor TERRADAS, a pagar $ 12.065,57 por diferencia de tributos que gravan la importación a consumo de la mercadería en infracción.
Explica que el 8/2/2005, tanto la Sra. HOLGADO como el Sr TERRADAS, recibieron notificación de corrida de vista del sumario caratulado SA38-04-401, producido por el Administrador de la Aduana de Mendoza, iniciado a raíz de una denuncia presentada el 3/8/2004 por la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras de la Dirección Regional de Aduanas de Mendoza, con relación al despacho de Importación 99 038 IC05 002262 F. Relata que tal denuncia tenía fundamento en ”el Certificado de Inspección de Preembarque de Importación N° 5-99-500104-7 emitido por la Empresa de Inspección SOCOTEC INTERNATIONAL INSPECTION CON DISCREPANCIA en el valor, siendo el valor declarado de U$S 30267,90 y el determinado, de U$S 45177,10 ..." y que "... en oportunidad de llevarse a cabo el estudio de valor, el valorador determinó una diferencia de valor de U$S 15.658 y una diferencia de tributos (perjuicio fiscal) de U$S 11.711,29 ... donde puede apreciarse que el nivel de diferencia de valor determinado es muy superior al que podría considerarse aceptable en ocasión (por ejemplo) a un descuento por cantidad comercial…”. Señala que en la "Planilla de Recomposición de Valor", de donde surge que se los había denunciado por el ajuste de valor "provisorio" efectuado en los términos del artículo 13 del ‘Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994’ por el UTV, no se hace referencia ni al método de valoración empleado ni a las fuentes o antecedentes de donde se había extraído el "Valor FOB determinado" por el valorador y a partir del cual se habría calculado la presunta diferencia.
Indica que el 17/2/2005 el despachante de aduana solicita se disponga su sobreseimiento con fundamento en el artículo 1098 inciso c) del CA, al constatar que las declaraciones de los precios insertas en los Despachos de Importación coincidían con los precios de las solicitudes de reexpedición intervenidas por los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas de la República de Chile y con los demás documentos aportados por el importador (CRT, Certificado de Inspección de Preembarque, etc.). También solicita sobreseimiento con fundamento en el artículo 1098 inciso a) del CA, al entender que no surgía hubiera realizado ninguna declaración inexacta, de lo cual daba fe el resultado de la verificación practicada en el trámite previo al libramiento de la mercadería, y que en la denuncia, se planteaba una "cuestión de aforo o de valor".
Por su parte, el 22/2/2005 el importador solicitó también sobreseimiento, con fundamento en el artículo 1098 incisos a) y b) del CA. Basa su planteo en que, a su entender, no habría declarado en forma inexacta ninguna de las características de la operación, y menos aún el precio pagado por la importación de las mercaderías, y en que ni la “planilla de recomposición de valor” ni el "certificado de Inspección de preembarque" eran "indicios" fundantes de la presunción de Infracción o de inexactitud de los precios de las mercaderías declaradas en los ítems 9, 10. 1, 10. 2, 12, 13, 16, 18. 1, 18.2, 21.1, 22, 23, 26.1, 26.2, 27, 28.1, 28.2. 29.1. 29.2, 34.1 y 34.2 del despacho, ya que, en ninguno de esos documentos individualizaba los antecedentes en los que se habían fundado las impugnaciones a los valores declarados. Además, sostiene que los hechos denunciados (existencia de un certificado de inspección de preembarque emitido con discrepancias y un ajuste provisorio de valor o "recomposición"), no constituían infracción alguna ni siquiera, propiamente un “ajuste de valor" en los términos del GATT.
Se agravian que se los sancione con multa por hechos que no constituyen, a su entender, infracción alguna, por cuanto, el importe garantizado en efectivo a través de la liquidación 99 038 LMAN 000190 M coincidiría exactamente con el importe del perjuicio fiscal denunciado y con el importe de perjuicio fiscal al que se arribara en la planilla de recomposición de valor. Advierten que de la compulsa entre el "Aforo N° 631/04" con la "Planilla de Recomposición de Valor" surge que todas las diferencias de valores por cada ítem se explican por las distintas alícuotas de "impuestos internos" utilizadas. Coinciden con la jurisprudencia que citan en que la diferencia de valor resultante de un "ajuste de valor", no encuadra -per se- en el tipo infraccional del art. 954 del C.A., sino que requiere en primer lugar, una diferencia entre alguno de los aspectos o rubros de declaración "exigible" y la comprobación que efectúe el servicio aduanero sobre tales aspectos, y que la administración fiscal puede determinar el valor en aduana de la mercadería, apartándose del valor documentado por la normativa del GATT, sin que por ello necesariamente se tipifique la infracción prevista y reprimida por el art. 954 del CA, que requiere que en el caso específico se demuestre fehacientemente que la declaración difiera del resultado de la comprobación.
Así, sostienen que el tema de autos es un mero ajuste de valor pues, por una parte, no existiría ninguna prueba de que se haya declarado un precio distinto del pagado y, por otra, los "antecedentes" presentados carecerían de número -se habría exhibido solamente uno por cada precio declarado-, no estarían probados y no reunirían la idoneidad necesaria para fundar una presunción de que se hubieran declarado precios distintos a los efectivamente pagados, cual sería, el único hecho -a su entender- realmente constitutivo de la infracción en trato. Justifican la afirmación de falta de idoneidad en que: a) se habría omitido consignar todos los antecedentes de importación existentes para mercaderías similares – en la base de datos SIM EN LINEA administrada por al AFIP para algunos de los productos en crisis, existirían antecedentes, en igual o mayor número, de precios idénticos e incluso inferiores a los pagados por la importación, de las mismas o similares mercaderías-; b) muchos de los antecedentes colectados por la Aduana de la base de datos NOSIS que obran en el expediente indicarían que se han comparado las mercaderías importadas con otras que no podrían ser consideradas ni idénticas ni similares – mercaderías ton diferencias en cuanto a país de origen, procedencia, modelos, sufijos de valor, etc., sin que el valor hubiera fundado el por qué debían obviarse dichas diferencias-, detalla ejemplos-; c) existirían antecedentes extraídos de la base de datos NOSIS que figurarían como inexistentes o cuyo contenido (declaración de marca, modelo, sufijos de valor, etc.) no podría ser acreditado según la base de datos oficial de la AFIP-DGA; d) no se habrían exhibido los antecedentes que fundaron los ajustes de valor de las mercaderías de los ítems 16 y 29 del despacho, respecto de los cuales, no obraría agregado ningún antecedente. Y expresan que, de despejarse del análisis de la planilla de recomposición de valor, los ítems con ajustes antes observados, “la posible diferencia de valor resultante sería de $ 320 y la posible diferencia tributaria sería de $ 166,69 …, sumas irrisorias en el contexto de la operación y que no son indicativas de ninguna subfacturación”.
Manifiestan que no se ha constatado que los precios que surgirían de los antecedentes colectados hayan sido los reales precios de transacción y que los mismos no se encuentran influidos por vinculación o por otros motivos. Concluyen que el ajuste de valor por el método de las mercaderías similares que ha intentado el servicio aduanero, contravendría lo dispuesto por los artículos 3 apartado 3, 15 apartado 2 incisos b), d) y e) y el apartado 4 de la Nota al Artículo 3 del "Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneras y Comercio de 1994" aprobado por la Ley N° 24.425, razón por la cual, la determinación suplementaria del sumario devendría ilegítima y debería ser revocada. Invoca el art. 17 CN.
Por su parte, en específico y en subsidio, la despachante de aduana, además, se agravia que el fisco sostenga que ha comprobado que ella no cumplió con los deberes que le imponía la legislación, cuando de las constancias del despacho de importación surgiría que ella observó las disposiciones vigentes en el momento de presentación de los despachos, haciendo que el importador constituya garantías a favor de la Aduana en resguardo de la renta fiscal, respetando, al mismo tiempo, los datos de precio que figuraban en las solicitudes de reexpedición que el importador le había suministrado, con lo cual, de acuerdo a los artículos 902 y 908 del CA, se la debería eximir, en todo caso, de responsabilidad por la infracción que pudiera haber cometido el importador, en ocasión de la presentación de los despachos de importación. Cita jurisprudencia.
Se agravia que se le achaque el incumplimiento de un deber que no surgiría impuesto a los despachantes de aduana por el CA, esto es, de advertir que el precio que estaba declarado era inferior al que correspondía a la mercadería o a los precios corrientes de mercado, pues entiende que ése es el ‘control somero del valor’ asignado a los funcionarios verificadores o U.T.V., a que refiere el apartado B del Anexo II de la Resolución N° 44/98 (DGA), en un todo conforme con lo dispuesto por el artículo 241 del CA. Cita jurisprudencia. Y afirma que, aun cuando la aduana considere que los hechos constituyeron infracción, no fueron “su culpa”. Remite al principio de personalidad de la pena. Acompaña y ofrece prueba. Hace reserva de Caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 71/77vta. la representación fiscal contesta el traslado conferido y luego de hacer una negativa genérica se explaya sobre los actuados aduaneros. Relata que las actuaciones administrativas se inician como consecuencia de la denuncia formulada por la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras de la Dirección Regional Aduanera Mendoza atento la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954 del Código Aduanero en sus incisos a) y c), respecto de la destinación de importación NO 99 038 IC05 002262 F que fuera documentada por la importadora TERRADAS DAVID ENRIQUE, como consecuencia del estudio de valor realizado sobre aquélla, el que reflejara que los valores documentados no concuerdan con los usuales valores de transacción de mercaderías similares respecto de los rubros e ítems observados, siendo que el nivel de diferencia de valor determinados sería muy superior al que podría considerarse aceptable en ocasión a un descuento por cantidad comercial.
Destaca que actualmente, la valoración en aduana de las mercaderías se realiza de conformidad con lo normado por la Ley 23.311 que incorporó en nuestra legislación el art. VII del ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO (GATT) de 1979. Y que, de conformidad con el citado acuerdo, se adoptó la "noción positiva" de valor en sustitución a la "noción teórica" de la definición de Valor de Bruselas vigente hasta entonces. Tal “noción positiva”, indica, considera como precio, aquel al que se vende la mercadería que se ha de valorar, o, si este precio está influido por las relaciones que existan entre el comprador y el vendedor, el precio, no influido por tales relaciones, al que se vende una mercadería idéntica o similar. Y que el método principal que establece la ley para valorar las mercaderías importadas es el valor de transacción, que se define como el precio efectivamente pagado o por pagar por dichas mercaderías, cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con el art. 8° (art. 1°). Advierte que, básicamente, el precio pagado o por pagar es el resultante de la factura comercial, pero que sin embargo, pueden darse determinadas circunstancias que en cada caso concreto permitan apartarse de dicho valor. Por lo que se reconoce como fundamental la facultad de la Aduana para realizar las investigaciones necesarias para comprobar la veracidad o exactitud de los precios declarados (art. 17 del Acuerdo).
Específicamente en autos, entiende que, conforme lo expresado en el informe técnico elaborado por el área denunciante de esta DGA, con respaldo en la denominada "norma ampliatoria del Código del Valor del GATT" ("Decisión relativa a los casos en que las Aduanas tengan motivos para dudar del valor declarado", Acuerdo aprobado por leyes 23.311 y 24.425), no obstante no haberse configurado ninguna de las circunstancias que habilitarían al apartamiento del método de valoración previsto en el art. 1 del mencionado Acuerdo -esto es, el valor de transacción-, “ello no implicaría someterse al valor facturado y/o declarado para considerarse como ‘base idónea de valoración’ cuando el mismo resulte ostensible y cuantiosamente inferior a los precios o valores corrientes, producto de antecedentes y cotizaciones respecto de mercaderías idénticas y/o similares a las objetadas, de modo que haga dudar respecto de la veracidad de los precios facturados y declarados, y los mismos no hubieran sido satisfactoriamente probados por el importador”.
Respecto del agravio referido a la participación del importador en el procedimiento de investigación de valor realizado, resalta que la Aduana de Mendoza dio cumplimiento a la citación dispuesta en el art. 20 del Anexo III de la Resolución General NO 229/98, no logrando el importador demostrar de modo contundente la improcedencia de la realización de un ajuste de valor como consecuencia de la prueba de la realidad del precio pagado y/o pactado, siendo que sobre él recaía la carga de la prueba. Cita jurisprudencia. Invoca arts. 234 y cc. del CA, la Opinión Consultiva 19.1 del Comité Técnico de Valoración y el art. 377 del CPCCN. Y considera que, siendo obligatoria la colaboración por parte del importador, su omisión a la falta de aporte de prueba suficiente autoriza a la Aduana a apartarse del método del art. 1° y a determinar el valor de acuerdo con los métodos subsiguientes (mercaderías idénticas o similares), lo que habría ocurrido en autos.
En cuanto al aspecto infraccional, sostiene que para que se configure la infracción que se reprime en el art. 954 CA, es imprescindible que la declaración no se ajuste a la realidad, es decir, que sea inexacta. Interpreta que la acción típica consiste en efectuar, ante el servicio aduanero, una declaración respecto de destinaciones aduaneras de importación o exportación que difiera con la comprobación practicada por la Aduana, y que produzca o pueda producir en caso de pasar inadvertida, alguno de los supuestos previstos en los tres incisos de dicho precepto, o en los tres simultáneamente, como ocurre en autos. Entiende que se configura la conducta tipificada y penada por el inc. a) toda vez que lo típico resulta ser el no pago o el pago insuficiente de los tributos, y que ello cause un menoscabo fiscal, y por el c) porque se da la existencia de una declaración aduanera que difiere con la comprobación realizada por el servicio aduanero y porque tal declaración inexacta produjo o pudo llegar a producir, en caso de pasar inadvertida, un ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere. Y manifiesta que la contraparte no logró demostrar en forma clara y contundente a través del aporte de elementos objetivos, la improcedencia del ajuste de valor.
En cuanto a la responsabilidad que le cabe al despachante en su calidad de tal, el servicio aduanero considera que, “habiéndose sancionado al actor por haber configurado la infracción tipificada en el art. 954 incs. a) y c) del C.A., se lo hizo en su carácter de documentante -despachante-, quien, al actuar como gestor en la operación de marras, no probó en sede administrativa, ni intentó probar …que cumplió con las obligaciones a su cargo habida cuenta que el despachante es nada más y nada menos que el DOCUMENTANTE EN LA DECLARACION COMPROMETIDA SANCIONADA y es él quien debe cargar con la responsabilidad de los errores en la declaración inexacta”, advirtiéndose que el recurrente no cumple con la carga del "Onus Probandi" que le compete a los efectos de lograr su exculpación, sino que, por el contrario, sus consideraciones son rebatidas con la prueba documental que se acompañara oportunamente. Cita jurisprudencia.
Finalmente, ofrece como prueba la Actuación SIGEA N° 12437-1406-2006 (Ex SA38-401/2004). Hace reserva de Caso Federal y solicita se rechace el recurso incoado, confirmando la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 85 se declara la causa como de puro derecho y se elevan los autos a consideración de la Sala “G”. A fs. 89 se llaman a sentencia.
IV. Corresponde en primer lugar referirse al agravio que plantea la actora, referido a que, a su entender, no se verificaría en autos la existencia de una declaración inexacta sino un mero ajuste de valor.
Como surge de la reseña efectuada, la cuestión se inicia con una denuncia fundada en el Certificado de Inspección de Preembarque de Importación N° 5-99-500104-7 emitido por la Empresa de Inspección SOCOTEC INTERNATIONAL INSPECTION CON DISCREPANCIA en el valor.
Al respecto, debe recordarse que mediante el Decreto Nacional N°477/1997 que crea el “Programa de Inspección de Preembarque de Importaciones”, se mencionan entre sus objetivos: “I) Detectar y combatir la subfacturación y la sobrefacturación, la clasificación errónea y la declaración por defecto de la calidad y cantidad de las mercaderías importadas, y atacar la evasión y elusión impositivas consecuencias de esas prácticas …III) Perfeccionar la aplicación de los métodos de valoración y verificación de las mercaderías importadas utilizados por el servicio aduanero….”. Asimismo se especifica, en cuanto al carácter del certificado de inspección, que “tendrá el carácter de documentación complementaria de la declaración de importación y su presentación será obligatoria para la iniciación del trámite aduanero de la liberación a plaza de la mercadería. La omisión de este requisito hará responsables solidarios a los funcionarios y agentes aduaneros, intermediarios e importador intervinientes en la operación”. Y se indica a la verificación de precios entre los servicios mínimos de prestación obligatoria con relación a los bienes a importar, a saber: “I) Verificación de precios: Conforme a los criterios de valoración de las mercaderías contenidos en el Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 se considerarán los precios a los que se ofrezca para la exportación la propia mercadería objeto de valoración, o mercaderías similares en el mismo país de exportación, al mismo tiempo o aproximadamente al mismo tiempo, en condiciones competitivas y en condiciones de venta comparables, de conformidad con la práctica comercial habitual y deducida toda rebaja normalmente aplicable. Deberán tenerse en cuenta todos los factores que determinan el precio real de la transacción”. Y, con respecto a su responsabilidad, se aclara que “la intervención de las empresas de inspección no reemplazará o limitará las competencias que las normas vigentes atribuyen al servicio aduanero”.
De lo citado se desprende que el Certificado de Inspección de Preembarque no sólo es un indicio válido para fundar la inexactitud sino el mecanismo implementado por el servicio aduanero para asistirlo en el cumplimiento de la función de verificación de la mercadería de importación, si bien no lo exime de sus propias funciones y responsabilidades. Ello así, en el caso específico, se verifica el presupuesto del antes mencionado art. 954 de que la duda surja respecto de “lo que resultare de la comprobación”.
V. Llegados a este punto, conviene precisar el sentido y alcance del artículo 954, en su apartado primero, inciso c), en cuanto sanciona la inexactitud en la declaración que provoca o hubiera podido provocar un ingreso desde el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiera. Al respecto, debe hacerse notar con especial énfasis que el legislador no sanciona la declaración inexacta de los valores declarados sino de los precios informados. Es que, en efecto, valor aduanero y precio no son conceptos intercambiables entre sí, habida cuenta de que, mientras el precio refleja, de ordinario, lo que voluntariamente las partes pactaron que debe entregarse como contraprestación de la cosa recibida, por el otro lado, el valor es un concepto que no tiene reflejo en orden natural de las cosas sino que es una construcción jurídica que utiliza el legislador aduanero para la determinación de la base de imposición de los tributos al comercio exterior. Así pues, con la sencillez expresada es que carece de entidad el planteo del recurrente en orden a que la aduana debió recurrir a los procedimientos administrativos reglados para la determinación de los valores en aduana (Resolución General AFIP N° 620/99).
VI. En ese orden de ideas, la cuestión central que corresponde decidir en el presente radica en establecer si puede determinarse la falsedad del precio declarado con fundamento en los antecedentes presentados por la entidad que emitió la Certificación de Inspección de Preembarque.
En ese entendimiento del asunto, de la valoración de los elementos fácticos de la causa se observa que el encartado achaca de falta de idoneidad a tales antecedentes con fundamento en que se habría omitido consignar todos los antecedentes de importación existentes para mercaderías similares o que corresponden a mercaderías no comparables o inexistentes, además de carecer de número y no estar probados. Así, pretende que para que pudiera hacerse uso de la potestad sancionadora administrativa, el ente recaudador encontrase documentación fehaciente relativa a la operación que corrobore inequívocamente la falta de sinceridad de la declaración aduanera. Va de suyo que esa interpretación de la manda legal la tornaría inaplicable en la infinidad de casos de subfacturación que existen en la realidad nacional, en un contexto como el presente, en el que se advierte diferencias de cambio sustanciales entre la cotización de la divisa oficial y otros mecanismos de cambio. (Cfr. doctrina del voto del vocal Krause Murguiondo in re: Fullerton S.R.L, Sala G Nº 9173, 6/4/05).
VII. En efecto, a fin de que cualquier lector de la sentencia pueda vislumbrar lo que se postula, es como si se cuestionase la compra de un automóvil en 10 mil dólares, siendo que la semana previa el mismo rodado se compró por 100 mil dólares. No es dudoso que no resulte menester en ese caso llegar a la declaración de falsedad de los documentos transaccionales. Bien puede hacerse por indicios que en orden a su precisión, gravedad y concordancia sirvan para el descubrimiento de la verdad subyacente.
VIII. Con relación a la posibilidad de recurrir a la utilización de indicios y presunciones para la acreditación del hecho ilícito, advierto que existe una manifiesta confusión en la doctrina. Ya que, en efecto, en el año 1948, la jurisprudencia de la Corte Suprema daba cuenta de la posibilidad de aplicar sanciones administrativas tributarias con sustento en la falsedad de las anotaciones de los libros del contribuyente si éste no probaba fehacientemente su inocencia (Fallos:211:1370). Ahora bien, distinto cantar es que, según conocida doctrina de la Corte Suprema, tratándose de infracciones que requieren de una actividad dolosa no pueda basarse la sanción aplicada en las presunciones que contempla la legislación a los efectos de determinar la obligación tributaria (Fallos.312:447), pero no es, precisamente, el caso de autos en donde la configuración de la infracción administrativa no requiere de la prueba de ardid o engaño al informarse los precios de la operación.
IX. En atención a ello, se insiste que en la especie el problema jurídico queda reducido a la dilucidación de si lo informado por la firma que emitió el Certificado de Inspección de Preembarque es prueba suficiente de la falsedad del precio. A las razones dadas en sede administrativa conviene aquí agregar que ninguna explicación plausible produjo la recurrente para romper con la cadena de indicios que llevan a la determinación de su responsabilidad. Esto, por cuanto del análisis de la documentación que acompañara a su escrito de apelación, no sólo no comprende todos los ítems cuestionados sino que tampoco surge que se trate de “mercancías similares” -en los términos del art. 15 ap. 2 inc. b) del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VII del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio-. A la luz de los ojos de un observador imparcial, no existe una explicación satisfactoria que dé cuenta de la significativa divergencia entre los precios declarados vs los certificados, que justifique la diferencia total entre el valor declarado de U$S 30.267,90 y el determinado, de U$S 45.177,10, es decir, casi un 50% menos, en promedio. En otros términos, en las actuaciones existen elementos para presumir que la declaración fue efectivamente inexacta, no logrando los esfuerzos de la encarta correr el velo de incertidumbre que recae sobre la transacción, siendo que era quien estaba en mejores condiciones de hacerlo.
X. En ese orden de ideas, no ha de llamar a la confusión que el asunto que nos concierne refiere principalmente al ejercicio de la potestad sancionadora. Es verdad que en el ámbito administrativo sancionador resulta menester la comprobación efectiva de la falta para sustentar la imputación determinada por el servicio aduanero; pero, no lo es menos, que esa conclusión también es susceptible de ser mantenida con relación a cualquier acto administrativo, ya que la validez de la disposición siempre está condicionada a la veracidad de los hechos y el derecho que le preceden.
XI. En efecto, en el ámbito administrativo sancionador no está prohibida la utilización de medios indirectos para la determinación de los hechos, si bien condicionada en su realización a un escrutinio estricto. Es manifiesto que no se lesiona la igualdad ante la ley cuando se dispensa a las personas sometidas a un procedimiento administrativo sancionador menores garantías, comparados con las que gozan los destinatarios de los procedimientos sancionatorios penales, a pesar de que entre ambos grupos medie la acusación de cometer un ilícito. Para poder dimensionar si la diferencia de trato en tales situaciones resulta justificada se requiere expresamente una ponderación en el sentido de examen de proporcionalidad, especialmente respecto de una diferencia de trato de gran intensidad, para lo cual se requiere que aquélla persiga un fin legítimo, que esa búsqueda sea necesaria y que presente una razonable relación con el valor del fin propuesto.
XII. En esa comprensión del asunto, encuentro que la decisión de la autoridad administrativa de apartarse de la declaración consignada no surge del mero voluntarismo sino que procede de un razonamiento fundado en la experiencia de las cosas. Efectivamente, en orden al cumplimiento de su competencia y de los propósitos por los que se la otorgó no podía esperarse una actuación pasiva. La argumentación de la recurrente, expuesta más arriba, con la síntesis debida, no ha afectado los fundamentos de la resolución recurrida. Por ello es que la decisión apelada debe mantenerse, en el sentido de que existe un precio no justificado en cabeza del obligado, toda vez que éste no logró probar la veracidad del precio informado. En función de lo anterior es que se comparte el criterio del organismo administrativo, en cuanto a que se encuentra configurada la situación prevista en el artículo 954 del Código Aduanero, que se refiere al ingreso desde el exterior de un importe pagado distinto del que efectivamente correspondiere.
XIII. Con relación al impuesto determinado, en sentido contrario, sí era un requisito insoslayable la realización del procedimiento previsto en la resolución citada. Su ausencia no puede ser subsanada a posteriori en esta instancia recursiva, so pretexto de la conocida doctrina que pone de manifiesto que no puede declararse la nulidad por la nulidad misma. En la especie, no en vano existe un procedimiento específico para que pueda arribarse a la verdad jurídica objetiva sin que estos recaudos puedan ser suplidos razonablemente en la instancia recursiva. De lo que se sigue que debió fundarse, adecuadamente, el valor FOB determinado de oficio, exhibiendo metodología y fuente para todos y cada uno de los ítems discutidos, de modo de darse al interesado la oportunidad de expresar sus razones antes de la emisión del acto administrativo. Se reitera, el hecho de que el agente haya promovido el recurso de apelación con posterioridad al acto determinativo no suple, sin más, la omisión en la que incurrió la Administración, lesionando el principio de defensa en juicio, que -como es sabido- integra el del debido proceso, y que constituye una garantía constitucional de la que la Administración no puede prescindir sin mengua del ordenamiento jurídico fundamental. No es casual que en su responde, el ente recaudador nada dijese sobre esa cuestión a pesar de constituir un agravio del demandante, pues solamente defendió los aspectos sancionatorios del acto recurrido.
XIV. Corresponde ahora referirse a los agravios erigidos por el despachante de aduana. De su relato y de la contestación de su contraparte se deduce que lo que aquí se encuentra en discusión es concretamente si puede hacerse responsable al auxiliar aduanero de presentar una declaración inexacta debido a la comprobada subfacturación de la operación de importación.
XV. En línea con lo señalado, debo insistir en que la infracción atribuida no requiere la comprobación de las razones subjetivas que llevan a sostener la inexactitud entre lo declarado y el hecho comprobado. Tan así que el precepto legal no refiere a la falsedad de la declaración sino a la diferencia de resultado. Es que, en efecto, estamos ante una sanción administrativa que castiga el incumplimiento de los deberes de colaboración que se ponen en cabeza de determinados sujetos que deben facilitar el ejercicio de la función de control que incumbe al organismo aduanero. Ahora bien, va de suyo que las exigencias de exactitud son demandables en la medida en que el sujeto podía llegar a precaver en cualquier circunstancia de tiempo y lugar que la información suministrada es completa e inequívoca, ya que no resultaría [1] razonable considerar que puede ponerse en cabeza de una persona una exigencia de cumplimiento imposible , circunstancia que resulta ajena al supuesto de autos como bien lo puso el servicio aduanero en su escrito de responde.
XVI. Por ello, puestos las cosas en su recto quicio, advierto que es innecesario hacer un juicio de culpabilidad relativo a las razones que motivaron el incumplimiento del deber legal.
XVII. Al respecto, no resulta ocioso consignar que la justa comprensión del problema depende, en buena medida, del entendimiento previo del papel que desempeña la sanción administrativa y su fundamento en la justicia distributiva que, por oposición a la justicia “general” o “legal”, no está orientada al castigo o la sanción de los vicios, sino a la correcta adjudicación de los recursos.
XVIII. En efecto, la sanción penal tiene relación con la justicia general, aquella que lleva a los gobernantes a establecer —a través de la ley— las reglas de comportamiento virtuoso que debían ser observadas por los gobernados. Es, así, la modalidad justicia que, a través de la ley, fija las reglas de comportamiento que debían ser observadas y las sanciones que se derivan de su incumplimiento. Se trataba, por tanto, de una modalidad de justicia que, [2] referida a la ilicitud de las acciones humanas, tiene una clara vertiente subjetiva y culpabilista .En cambio, la responsabilidad sancionatoria administrativa, como se ha señalado, resulta vinculada, en realidad, a otra clase distinta de justicia, que tiene por objeto exclusivo el reparto e intercambio de las dignidades y de los bienes disponibles. No refiere a una justicia atinente a los comportamientos o a las conductas impuestas por el poder público a los ciudadanos de un Estado, sino de una justicia objetiva, proyectada sobre las cosas y los objetos, sensibles, que a cada uno de esos ciudadanos pertenecen. Por consiguiente, el caso de la responsabilidad sancionatoria administrativa pertenece al ámbito de la justicia como virtud particular, en tanto trata de “dar a cada uno lo suyo”, y se servía, para ello, del sistema de justicia distributiva.
XIX. Ello así, cabe consignar que la dinámica que caracteriza esta tipología de justicia se basaba en tres elementos principales: el beneficio o la carga—la ganancia o la pérdida— que había de ser objeto de distribución, las personas entre las que debía producirse el reparto y el criterio o mérito comparativo que determinaba la parte alícuota correspondiente a cada persona. La justicia distributiva adquiere, así, la forma de justicia proporcional basada en el mérito o la virtud de cada uno de los partícipes. Se consigue con ello una igualdad de ratios en la que cada cual debía recibir una cuota en proporción a su mérito respectivo.
XX. Precisamente, en ese entendimiento del asunto, el obligado por la norma administrativa es responsable por su rol de garante, por introducir un riesgo comunitario, que obliga a dispensar una serie de recursos en exceso, para fiscalizar el cumplimiento de la norma preventiva. Desde ese atalaya, la responsabilidad puede ser atribuida a quien se comprometió a garantizar el cumplimiento de la norma. No importa si la interrupción total o parcial del nexo causal fue realizada por un tercero, ni si tuvo culpa, habida cuenta de que se le atribuye la responsabilidad en virtud de que introdujo al medio social un riesgo del que se comprometió evitarlo. Desde tal perspectiva, el poder sancionatorio administrativo interviene en la esfera jurídica del obligado a través de la sanción. Para ello no requiere necesariamente que el sujeto realice una acción culpable. Aun sin el juicio de valor que comporta la culpabilidad es posible fundamentar la sanción administrativa.
XXI. Así las cosas, para el caso conviene también destacar que, obviándose la culpabilidad, el modelo sancionatorio administrativo se desliga de muchos de los institutos propios del ámbito del derecho penal, en virtud de que su naturaleza no es eminentemente punitiva, sino que existe la necesidad de obtener un comportamiento determinado del sujeto obligado por la norma administrativa. De allí que la culpabilidad no se ubica como principio que configura y da sentido al derecho administrativo sancionatorio a poco que se repara que la responsabilidad podría surgir por el hecho de ser garante del cumplimiento de la obligación y no por la conducta desplegada. En definitiva, resulta evidente que un sistema basado solamente en el principio de responsabilidad por culpa es difícilmente aceptable y sostenible ante el impacto que tiene la producción masiva de bienes y servicios. Esta situación trae aparejado que las personas tengan la expectativa de que el orden jurídico los protege frente a la multitud de nuevos riesgos que el desarrollo [3] ha llevado en esta nueva era .
XXII. En ese orden de ideas, desde el punto de vista del análisis económico del derecho, la introducción de este sistema de responsabilidad crea incentivos para fidelizar el cumplimiento de la norma e inducir niveles eficaces de la actividad. Cuando se aplica la regla de la responsabilidad por culpa, el habilitado no es responsable si ejercita un nivel de cuidado que equivale o excede el deber de diligencia, se desentiende del riesgo restante y, por tanto, sobrepasa el nivel de la actividad que maximiza bienestar. Por lo contrario, la responsabilidad objetiva lleva al cuidado óptimo y a un eficiente control de actividad, dado que el habilitado en cada caso internalizaría el riesgo de responsabilidad [4] en su totalidad .
XXIII. De ello se sigue que el modelo sancionador administrativo y el modelo penal persiguen objetivos distintos. El primero hace foco en la prevención de riesgos al motivar que la actividad permitida se encarrile dentro de los márgenes habilitados por la autoridad administrativa. Se basa en la idea de la peligrosidad de la actividad desarrollada por el sujeto que ha obtenido una habilitación para realizar la actividad riesgosa. Esta reglamentación mira al [5] futuro pretendiendo que no se vuelva a incumplir la norma regulatoria . En sentido contrario, el derecho penal mira el pasado, interesándose en castigar a la persona que ha exhibido desinterés en el cumplimiento de la norma. En ese panorama va de suyo que el principio de culpabilidad ha de cumplir un rol trascendental en la configuración del sistema sancionador al legitimar la reacción punitiva. Todavía podría agregarse que la culpa fundamenta la pena a través de tres principios básicos: el principio de personalidad de las penas, el principio de responsabilidad por el hecho propio y el principio de responsabilidad subjetiva.
XXIV. Frente a los mentados valores del derecho penal, ello significa que sólo pueden castigarse aquellas conductas que han puesto en peligro o lesionan determinados bienes jurídicos protegidos y cuya punibilidad depende de un principio de ejecución, el cual ha de deducirse según la estructura de cada tipo penal. En sentido contrario, el principio de lesividad es particularmente cuestionable en el ámbito administrativo, porque a diferencia del ámbito punitivo, podría sancionarse el incumplimiento en sí mismo sin que se traduzca en lesiones que pusieran en peligro bienes [6] jurídicos . En el caso concreto de la figura examinada bastaría que exista la mera posibilidad de alguno de los riesgos que la norma quiere censurar, ya sea que se presenten de forma individual o conjunta.
XXV. En consecuencia, en rigor de verdad, poco ha de interesarle al derecho administrativo sancionador si el obligado estuvo en condiciones de elegir entre realizar lo injusto o hacer una conducta conforme a derecho. El castigo administrativo puede imponerse más allá de la debida diligencia que en el caso concreto actuó el obligado por la norma regulatoria administrativa. La búsqueda de los factores que podrían justificar la imposición de responsabilidad objetiva lleva a recordar el viejo aforismo romano ubi emolumentum ibi onus. Según éste, si una actividad desarrollada por el agente está dirigida a aumentar su patrimonio y si para conseguir este propósito produce daños a terceros, aunque éstos fueran ocasionados sin culpa del que lleva a cabo tal actividad, dichos daños han de ser resarcidos por el agente ya que constituyen el pasivo de las ventajas obtenidas exclusivamente por él. En particular, corresponde advertir que si el agente pudiese transferir los costes de la actividad llevada a cabo a terceros, manteniendo simultáneamente los beneficios generados, se produciría un desequilibrio entre las esferas de ambas personas, que podría considerarse una violación de los principios de justicia distributiva. En términos más sencillos, si aquel que desarrolla una actividad peligrosa cumpliese siempre con la normativa aplicable, la autoridad administrativa no debería desplegar ninguna actividad para fiscalizar su cumplimiento. Como va de suyo que tal circunstancia solamente existe en un mundo idílico, la sanción aplicable se sustenta en el dispendio extraordinario que para los demás conlleva la fiscalización del cumplimiento de la regulación. La sanción concebida constituye el medio para establecer la distribución justa de las cargas entre las personas que no desarrollan actividades de riesgo y otros que sí.
XXVI. Así, cabe revelar que la legitimidad del fin perseguido por la política sancionatoria administrativa y la necesidad de modular los principios punitivos es una imperiosa necesidad desde el punto de vista de [7] instrumentar un sistema eficaz de represión . De lo hasta aquí expuesto se colige con claridad que los presupuestos de imputación en el derecho administrativo sancionador tienen sus propias razones de justificación, ya que lo que se protege es el ejercicio de la función administrativa como instancia autónoma de protección, no requiriéndose la lesividad penalmente relevante de un cierto peligro para bienes jurídicos en particular. En ese estado de situación, resulta elocuente la inadmisibilidad de transpolar las estructuras de imputación al ámbito administrativo sancionador, toda vez que éste no se basa en el respeto a las libertades individuales. No debe olvidarse que el derecho administrativo simultáneamente es un orden jurídico de protección de prerrogativas públicas y garantías individuales. De tal manera que la legitimidad de la potestad sancionadora administrativa finca en la protección de los bienes de naturaleza colectiva que deben ser distribuidos proporcionalmente por la autoridad. Su misión no es proteger la libertad individual, por lo cual no puede pretenderse un sistema centrado en la protección de bienes concretos y basados en la atribución de responsabilidad subjetiva e individual. Es que siendo el derecho penal de aplicación excepcional, el ejercicio de la potestad punitiva resulta condicionado por la rigurosa observancia del principio de lesividad, por lo que se demanda un resultado tangible respecto del detrimento de un bien jurídico material que resulta afectado por una acción humana en concreto.
XXVII. En efecto, sin dominio del agente del nexo causal no existe posibilidad de imputación de responsabilidad punitiva; en cambio, en el derecho administrativo aduanero sancionador se protege bienes de índole colectiva, entidades supraindividuales, tutelando el ejercicio de funciones estatales en sí mismas. Por consiguiente, se observa un “in crescendo” en las estructuras de imputaciones, advirtiéndose la posibilidad de mecanismos de imputación cercanos a la objetividad y de organizaciones vicariales, acorde a los fenómenos de delegación de control de riesgos difusos.
XXVIII. En ese sentido, conviene recordar que, bajo el yugo del Estado de Derecho, la potestad penal se justifica desde el concepto de bien jurídico y desde principio del daño. En sentido opuesto, la potestad sancionadora administrativa irrumpe para hacer frente a escenarios y escollos que no pueden ser afrontados desde la clásica teoría del delito, habida cuenta de que el ideal del derecho penal es la libertad, mientras que el derecho administrativo adopta como estándar el interés público. En razón de lo anterior es que la potestad penal solo puede tener cabida cuando la tipificación está dirigida a prevenir la afectación a la libertad de terceros. Bajo ninguna circunstancia resulta dable incurrir en prohibiciones penales que tengan meros fundamentos perfeccionistas, habida cuenta de que la censura penal solamente tiene asidero si se encuentra en juego la supervivencia de un bien jurídico. En consecuencia, para que una prohibición penal resulte legítima debe verificarse un daño y una acción personal, ya que sólo resulta pasible el reproche penal por la conducta individual que cada sujeto realiza. En cambio, la potestad sancionadora administrativa considera relevante los meros incumplimientos a las disposiciones, habida cuenta de que el cúmulo de infracciones ya es por sí relevante para producir una frustración en los fines de la función administrativa. Al respecto, resulta elocuente que la suma de incumplimientos de igual naturaleza afecta de modo abrumador al interés público. En ese sentido, la situación comentada lleva aparejados cambios tajantes en la imputación de responsabilidad, donde conductas que en sí mismo no causan menoscabo alguno, sumadas a otras de igual característica, lesionan las condiciones del ejercicio de la función administrativa.
XXIX. En tal inteligencia, corresponde recordar, en orden a la cuestión de que se trata, que el derecho penal es reacio a sancionar conductas que por sí mismos son insignificantes para poner en peligro a un bien jurídico. Los postulados liberales no condicen con la posibilidad de recurrir a la potestad punitiva para encausar procesos macrosociales o asignarle una orientación preventiva. Por el contrario, la potestad sancionadora administrativa guarda relación con el objetivo constitucional de proteger preventivamente a los bienes de incidencia colectiva. Es el caso, por ejemplo, de la protección ambiental o los derechos de los consumidores, habida cuenta de que sin una prohibición, reforzada por la sanción, de las conductas que causan daños por acumulación, la consecuencia natural sería una perturbación evidente de los intereses tutelados por la autoridad administrativa.
XXX. En tales condiciones, es un correlato necesario del sistema administrativo sancionador que no se tome en consideración como protagonistas excluyentes al principio de culpabilidad, ni el de proporcionalidad entre el grado de injusto de la acción y la sanción, ya que lo que justifica la imputación de responsabilidad del agente, no es sino el pronóstico de acciones futuras por parte de otros agentes.
XXXI. En conclusión, los presupuestos de responsabilidad sancionatoria administrativa no exigen un reproche de culpabilidad basado en un hecho lesivo individual, toda vez que no están configurados en torno a la competencia por la propia autonomía individual con respecto al menoscabo de una esfera de libertad ajena. Adviértase, en ese sentido, que pasaría si se diera la razón al recurrente y, de ahora en más, en todos los casos en que se detecte una diferencia se invocase como razón eximente la culpa del exportador. Acaso debería el ente aduanero adentrarse en el examen de las relaciones comerciales entre el exportador y el importador para determinar la responsabilidad sancionadora. Ese esquema no funcionaría ni aquí, ni en ninguna parte del mundo.
XXXII. Conforme a lo expuesto cabe interpretar que el despachante de aduana no puede eximirse de sus deberes legales so pretexto de la correspondencia entre los valores que le fueron consignados por el exportador y lo volcado en la declaración. Por consiguiente, reconociendo los fundamentos constitucionales de orden normativo y de convencional institucional por los que se instituye los deberes de colaboración, va de suyo que en caso en que existan motivos razonables para sospechar la existencia de una subfacturación no puede excusarse la responsabilidad del despachante de aduana. Es que, en efecto, no se trata de exigir al auxiliar aduanero que realice una pesquisa exhaustiva sobre la sinceridad de la operación, pero si es demandable que no actúe como un autómata, donde los precios y valores informados son ajenos a su experiencia profesional.
Por todo lo expuesto, voto por:
1. Confirmar el art. 1° de la Resolución Fallo Nº 581/2009, emitida por la Aduana de Mendoza, dictada en el trámite de la actuación SIGEA N° 12437-1406-2006 (Ex SC38-04-401) y, consecuentemente, condenar el Sr. TERRADAS DAVID ENRIQUE -importador- y la Sra. HOLGADO ALEJANDRA MARCELA -Despachante de aduana- al pago de la multa impuesta de una (1) vez el importe de la diferencia de valor determinada, que asciende a la suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/00 CVOS. ($ 15.658.-).
2. Revocar el art. 3° de la Resolución Fallo Nº 581/2009, emitida por la Aduana de Mendoza, dictada en el trámite de la actuación SIGEA N° 12437-1406-2006 (Ex SC38-04-401) y, consecuentemente, dejar sin efecto el concepto tributario impuesto al Sr. TERRADAS DAVID ENRIQUE -importador-.
3. Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar el art. 1° de la Resolución Fallo Nº 581/2009, emitida por la Aduana de Mendoza, dictada en el trámite de la actuación SIGEA N° 12437-1406-2006 (Ex SC38-04-401) y, consecuentemente, condenar el Sr. TERRADAS DAVID ENRIQUE -importador- y la Sra. HOLGADO ALEJANDRA MARCELA -Despachante de aduana- al pago de la multa impuesta de una (1) vez el importe de la diferencia de valor determinada, que asciende a la suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/00 CVOS. ($ 15.658.-).
2. Revocar el art. 3° de la Resolución Fallo Nº 581/2009, emitida por la Aduana de Mendoza, dictada en el trámite de la actuación SIGEA N° 12437-1406-2006 (Ex SC38-04-401) y, consecuentemente, dejar sin efecto el concepto tributario impuesto al Sr. TERRADAS DAVID ENRIQUE -importador-.
3. Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente el Dr. Miguel N. Licht y la Dra. Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Horacio J. Segura (conf. art. 1162 del C.A.)
[1] En ese sentido, el artículo 902 del Código de marras es elocuente: “No se aplicará sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación o a cualquier otro acto o situación en que interviniere o se encontrare, salvo los supuestos de responsabilidad por hecho de otro previstos en este Código”. Así, verbigracia, resulta claro que el transportista no tiene la posibilidad de constatar las características de la mercadería contenida en los bultos o contenedores cerrados, por lo cual el contenido de la declaración que supone la presentación del manifiesto sólo puede referirse a la cantidad de bultos, su volumen y su peso, siendo ello el motivo por lo que las diferencias punibles en esa etapa sólo se deben a los denominados faltantes o sobrantes. En cuanto a la descripción de la mercadería, la obligación del transportista sólo consiste en transcribir lo que ha sido declarado por el cargador, por lo que es irrazonable exigirle que haga una declaración en detalle de la mercadería que se encuentra en el interior de los contenedores o bultos, y menos que comprometan la posición que le correspondería a la mercadería en la nomenclatura aplicable.
[2] En orden a ello, cabe destacar que la exigencia de culpabilidad es propia de la filosofía liberal que signó la suerte de la legislación a partir del siglo XIX. El rol estatal esta signado por poner un límite a la autonomía individual. Así, se sanciona aquellas acciones perturbadoras para los bienes jurídicos de los demás. A este efecto, cada sistema legal, por una parte, otorgaba a todo miembro de la sociedad el derecho de preservar sus intereses sin que los otros los vulnerasen o pusiesen en peligro, y por otra, permitía que los derechos de los individuos fueran desarrollados de forma libre. Estas dos reglas llevaron a la erupción de un principio general de derecho de acuerdo con el cual el límite hasta el que una persona puede llevar a cabo una actividad se encuentra en la vulneración de intereses de otras personas. Esto se traducía en la imposición de la responsabilidad por culpa. En esa concepción del asunto, una persona sólo podía sea responsable por los actos que podía y debía evitar. [3] BECK, Ulrich, Risiko-Gesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, Frankfurt amMein, 1986, Ulrich BECK, Risk Society, Towards a New Modernity, Sage Publication, London, 1992, (trad. por Mark RITTER), SIMÓN, Jonathan, “The Emergence of a Risk Society. Insurance, Law and the State”, Socialist Law Review, núm. 95, 1987, pp.61-89.
[4] Cfr. NELL, Martin /RICHTER, Andreas, The Design of Liability Rules for Highly Risky Activities- Is Strict Liability the Better Solution, Working Papers on Risk and Insurance, Hamburg University, núm. 1, June, 2001, pág. 1.
[5] Como paradigma de dicho razonamiento se podría señalar que una empresa obligada a brindar seguridad podría elegir la opción económica más ventajosa para prestar el servicio y sin que le pudiera endilgarse apartarse del estándar de diligencia exigible. Precisamente estamos ante un caso en el que se pone de manifiesto la necesidad de diferenciar el ilícito administrativo y el ilícito penal, pues esta última, por su gravitación en la esfera del individuo, no puede simplemente justificarse por necesidades de defensa social o por criterios preventivos generales. Ese límite infranqueable a la actividad punitiva del estado no siempre es de rigor en el ámbito sancionatorio administrativo, porque así como el sujeto que tiene mayor capacidad contributiva debe afrontar una mayor carga impositiva, de la misma manera, todo aquel que obtiene la ventaja de realizar una actividad de riesgo ha de tomar también sobre sí los perjuicios que a ella van unidos para otros. Se puede decir que la persona que emprende una actividad permitida que puede crear o mantener una fuente de peligros para otros, carga sobre sí, por ello, una responsabilidad especial y, como consecuencia, ha de responder por el posible peligro.
[6] Así, por ejemplo, una empresa podría ser sancionada por no cumplir con las normas de higiene laboral aun cuando ningún trabajador sufriera un percance.
[7] Una compulsa permite advertir que los principios como las reglas, al tener vocación normativa, se manifiestan en mandatos, permisiones o prohibiciones que delimitan y exigen un determinado comportamiento. Sin embargo, difieren por la especificidad de sus órdenes, pues cabe señalar, en primer término, que los principios son normas que trascienden la mera descripción de un hecho jurídico, sino que sus enunciados sirven de base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico; a poco que actúan como directriz hermenéutica para la aplicación de las reglas jurídicas; y pueden ser utilizados como fuente integradora del derecho. En cambio, las reglas strictu sensu constituyen normas de conducta que consagran imperativos categóricos o hipotéticos que deben ser exactamente cumplidos en cuanto a lo que ellas exigen, sin importar el ámbito fáctico o jurídico en el que se producen. Date: 2023.02.15 15:19:01 ART Date: 2023.02.15 19:14:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.15 19:15:19 -03:00
Fin de la sentencia