Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 93.816
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, este Tribunal confirma la sentencia apelada de fs. 2255/2256 y vta. e impone las costas de esta instancia por su orden atento a la forma de decidir (arts. 68, 260, 261, 266, 272 del CPCC; 19, 35, 273 inc. 4, 285 de la LCQ; 1198 y concs. del Cód. Civ.; ley 23.928; ley 25.561, decreto 214/02 y sus modificatorias).
Los honorarios correspondientes a la actividad ante esta Alzada se regularán cuando lo haya sido los de la primera instancia (art. 31 decreto ley 8904/77).
En la ciudad de Dolores, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil catorce, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 93.816, caratulada: “TERRAZAS AL MAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”, habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden: Doctores María R. Dabadie y Silvana Regina Canale.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada?
2a. ¿Qué corresponde decidir?
V O T A C I Ó N A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
I. Antecedentes.
Contra la sentencia interlocutoria de fs. 2255/2256 y vta., interpusieron recursos de apelación el acreedor hipotecario a fs. 2260, que fundó a fs. 2262/2268 y el concursado a fs. 2274 que sustentó a fs. 2278/2283, con réplica a fs. 2285/2289 y vta. La jueza de la instancia resolvió dejar establecido que la moneda verificada respecto al acreedor Julio César Grego debe convertirse del siguiente modo: el capital reclamado en moneda extranjera a razón de un peso por dólar estadounidense, más el 50 % por ciento de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio –tipo vendedor- del día que corresponda efectuar el pago, salvo que la utilización del coeficiente de actualización, previsto en las normas de emergencia económica, arroje un resultado superior, con más una tasa de interés del 7,5% anual, no capitalizable entre moratorios y punitorios, desde la fecha en que se produjo la mora y hasta la presentación en concurso preventivo, sin perjuicio de lo que pudiera corresponder en virtud de lo dispuesto por los arts. 242 inc. 2 y 126 de la ley de concursos y quiebras.
II. Agravios.
Se agravia el acreedor hipotecario por considerar que lo resuelto en la primera instancia excede el marco de la presente incidencia, que se generó al único efecto de determinar la moneda por la que se verificó el crédito del Sr. Grego en el concurso preventivo, cuestión suscitada por una resolución de la Sala G de la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital Federal, en la causa “Grego Julio Cesar Su Sucesión c/ Terrazas al Mar S.A. s/ Ejecución hipotecaria” expediente 95.505/2006.
En este sentido, sostiene que no se debió decidir sobre la pesificación de la deuda constituida en moneda extranjera; materia propia de la correspondiente ejecución hipotecaria.
Por ello, solicita que se reconozca la verificación de su crédito en dólares, efectuada de acuerdo a las condiciones en que se pactaron los contratos de mutuo con garantía hipotecaria.
Por su parte, el concursado entiende que el crédito se verificó en pesos, de acuerdo a la sentencia de fs. 385/394 y vta., que tiene efectos de cosa juzgada, por lo que en dichos términos debió ser resuelta la incidencia planteada.
Del mismo modo, sostiene que se violó la pars conditio creditorum, en atención a que en otras causas similares la jueza de primera instancia decidió tener los créditos por verificados en pesos.
Por último, se disconforma por los intereses fijados en la resolución, dado que a su entender se encuentran prescriptos.
La contestación del acreedor hipotecario de los agravios de la concursada, básicamente replican los argumentos de su apelación.
III. Cuestiones previas.
He de principiar señalando que la actividad revisora genuina de esta instancia se encuentra limitada por los agravios traídos por los recurrentes, fijándose de este modo la frontera de aquella tarea. Así se han de examinar las cuestiones de hecho y de derecho que hubieron de ser sometidas a la decisión del juez de la primera instancia, siempre que resultaran materia de agravios.
En este sentido, esta Alzada se encuentra dispensada de examinar aún cuestiones o agravios si el quejoso no realizó un planteo expreso a su respecto; o también respecto de las que el juez de la primera instancia guardara silencio.
Estos principios resultan de inexorable cumplimiento, sin perjuicio del acierto o desacierto con que se hubiera dictado la sentencia puesta en crisis (arts. 260, 261, 266, 272 del CPCC; S.C.B.A., Acs. 74.366 Sent. del 19.2.2002, 16.832 Sent. del 16.03.1971; CSJN, 02.12.1980, Fallos, v. 302, pág. 1435).
IV. Análisis de la causa.
De las constancias de la causa debo señalar, que la presente incidencia se generó en virtud de la resolución de la Sala G de la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital Federal, en la causa “Grego Julio Cesar Su Sucesión c/ Terrazas al Mar S.A. s/ Ejecución hipotecaria” expediente 95.505/2006, que dispuso que la cuestión atinente a la pesificación de la deuda originariamente convenida en moneda extranjera debe ser resuelta por ante el juez del proceso universal (v, fs. 1972/1975).
En este orden, en primer lugar es preciso indicar que la sentencia interlocutoria en crisis de ningún modo se excedió de la pretensión de autos, dado que la cuestión atinente a la pesificación de la deuda debió ser resuelta por el juez del concurso, a los efectos de no vulnerar los eventuales derechos de los demás acreedores de la concursada.
En lo que resulta de interés para las partes, es evidente que al momento de la verificación del crédito hipotecario aludido existía paridad cambiara del peso argentino con el dólar estadounidense ($1 = U$S 1), regida por la ley de convertibilidad (n° 23.928). En autos, el juez de la instancia aprobó la verificación de créditos el 07.06.1999 y dispuso que los montos e intereses debían ser determinados por la sindicatura en el término de cinco días de notificarse dicha resolución (v, fs. 385/394 y vta.).
Si bien el síndico, al conformar el pasivo total, en los términos del art. 35 de la LCQ, informó que la deuda del Sr. Grego era de 77.421,20, sin discriminar si dicha suma era en pesos o en dólares, lo cierto es que dicho informe fue confeccionado en los términos del art. 19 de la LCQ, que dispone que “las deudas en moneda extranjera se calculan en moneda de curso legal, a la fecha de la presentación del informe del síndico previsto en el artículo 35, al sólo efecto del cómputo del pasivo y de las mayorías” (v, fs. 1001).
De allí, que la razón por la que no se determinó la moneda del crédito hipotecario en el informe referido fue porque el mismo debía confeccionarse en pesos; además de que en dicho momento, al existir la paridad cambiaria, carecía de relevancia la distinción (art. 19, 35 de la LCQ; ley 23.928).
También debo decir, que más allá que no existen en autos constancias del mutuo hipotecario, presentado ante el síndico en su oportunidad, lo cierto es que no caben dudas que aquel fue pactado en dólares, cuestión que no se halla controvertida en autos (v., certificados del Juzgado de fs. 1971, 1985 y 1986). En consecuencia, considero acertada la sentencia en lo que refiere a señalar que al tiempo de verificarse el crédito el marco normativo de referencia dado por el Estado era la paridad cambiara de la ley 23.928, por lo que se debe tener en consideración que, al tiempo de advenir la pesificación, dicho crédito quedó comprendido en la normativa de la ley 25.561, decreto 214/02 y sus modificatorias.
No debe soslayarse, a mi entender, que más allá de no haber sido objeto de debate en autos la constitucionalidad de las referidas normas de pesificación, que no resulta necesaria la invocación por los justiciables de las leyes que se deben aplicar al sentenciar, pues es sabido que el juez debe conocer toda la legislación vigente en la República.
Es así, que las leyes de emergencia económica denominadas de “pesificación asimétricas” debieron ser aplicadas al caso en juzgamiento, no sólo por imperio del orden público sino también por la interpretación que la Corte Nacional y la doctrina mayoritaria han realizado del principio de irretroactividad de la ley (arts. 1, 2, 3, 21 del Cód. Civil; 11 y 19 de la ley 25.561 y sus mod.).
Incluso, en apoyo a esta corriente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recientemente ha resuelto que “no constituye obstáculo la circunstancia que la ejecutada no hubiese solicitado expresamente la aplicación de las mencionadas normas, después del dictado de la sentencia de trance y remate, habida cuenta del carácter de orden público de dicha normativa no cuestionada por la actora, circunstancia que debió llevar al magistrado a su aplicación de oficio y pudo llevar a la coejecutada a entender que la deuda se había pesificado” (CSJN, XLIX, Kazez, Ernesto Salomón c/ Badala, Diego y otro s/ ejecución, sent. del 06.05.2014).
Más aún, en cuestiones de similar naturaleza el Máximo Tribunal Nacional ha dicho que si bien el art. 3 del Cód. Civil se limita a establecer que la ley no puede afectar en forma retroactiva un derecho amparado por la Constitución, ello no significa que tales derechos deban mantenerse impolutos y que la ley no pueda modificarlos, pueden modificarse en tanto no se los desnaturalice, se mantenga su esencia. Tal es el caso de las leyes de emergencia económica que han sido dictadas en circunstancias económicas o sociales de excepción, que han hecho necesaria la adopción de medidas extraordinarias (CSJN, 21/08/1992, JA, t.9, p. 194; 3/08/1925, JA, t.17, p. 18; Fallos, 172:21; 243:449; entre otros).
De allí que deba quedar claro que no era necesario que las partes solicitaran la aplicación de tales leyes, pues las mismas tenían plena vigencia y por ende fueron correctamente aplicadas de oficio al caso por la sentenciante.
Por ello, para resolver la cuestión, se debía tener en cuenta la situación fáctico-temporal, además del principio de buena fe contractual (art. 1198 del Cód. Civ.) y del criterio de que tanto el acreedor como el deudor compartieran el esfuerzo, tal como se decidió en la primera instancia, que además resulta ser el razonamiento uniforme de la Corte Nacional como del Superior Provincial, que incide directamente como doctrina legal (CSJN: “Massa Juan C/ P.E.N. S/ Amparo” causa M. 2771.XLI, sent. del 27/12/2006, entre otras; SCBA: Ac. 92.789 que remite al fallo nacional “Longobardi C/ Inst. San Patricio SRL, sent. del 18/12/2007, entre otras; mi voto en la causa 90.333, sent. del 14/04/2011, ente otras).
Por lo dicho, considero que se debe confirmar la sentencia interlocutoria de fs. 2255/2256 y vta. en lo que ha sido materia de agravios (arts. 68, 70 y 307 del CPCC).
V. Intereses.
Con respecto a la prescripción de los intereses planteada por el concursado, debo indicar que dicha cuestión deberá ser debatida y resuelta en la pertinente ejecución hipotecaria, que tramita en la justicia nacional, de acuerdo a lo pactado por las partes.
En autos, la presente incidencia se generó, como lo expresé previamente, a los únicos efectos de determinar la cuestión atinente a la pesificación de la deuda.
VI. Costas.
En atención a como ha sido resuelta la cuestión, las costas de esta instancia deberán ser impuestas por su orden (art. 68 del CPCC.).
VOTO POR LA AFIRMATIVA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA CANALE ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
Atento el resultado de la votación precedente, corresponde confirmar la sentencia apelada de fs. 2255/2256 y vta. en cuanto ha sido materia de agravios, e imponer las costas de esta instancia por su orden atento a la forma de decidir (arts. 68, 260, 261, 266, 272 del CPCC; 19, 35, 273 inc. 4, 285 de la LCQ; ley 23.928; ley 25.561, decreto 214/02 y sus modificatorias).
Los honorarios correspondientes a la actividad ante esta Alzada se regularán cuando lo haya sido los de la primera instancia (art. 31 decreto ley 8904/77).
LA SEÑORA JUEZA DOCTORA CANALE ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE S E N T E N C I A
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, este Tribunal confirma la sentencia apelada de fs. 2255/2256 y vta. e impone las costas de esta instancia por su orden atento a la forma de decidir (arts. 68, 260, 261, 266, 272 del CPCC; 19, 35, 273 inc. 4, 285 de la LCQ; 1198 y concs. del Cód. Civ.; ley 23.928; ley 25.561, decreto 214/02 y sus modificatorias).
Los honorarios correspondientes a la actividad ante esta Alzada se regularán cuando lo haya sido los de la primera instancia (art. 31 decreto ley 8904/77). Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
MARIA R. DABADIE SILVANA REGINA CANALE GASTON FERNANDEZ
Abogado Secretario
Fin de la sentencia