Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2021-47951831-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la acción de repetición intentada, con costas.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado la suma de $ 5.895.710 (Pesos cinco millones ochocientos noventa y cinco mil setecientos 10) equivalente a 73,09 (setenta y tres con 09/100) UMA y para la representación procesal, la suma de $ 2.358.284 (Pesos dos millones trescientos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y cuatro) equivalente a 29,24 (veintinueve con 24/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Acordada N° 36/25 (27/11/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-139211815-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 16 de Diciembre de 2025 EDGARDO MELITON"
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2021-47951831- -APN- SGAI#TFN caratulado “TERTZAKIAN EDGARDO MELITON s/recurso de apelación – Impuesto sobre los Bienes Personales”
El Dr. Martín dijo:
I. Que por RE-2021-47947720-APN-SGAI#TFN Edgardo Meliton Tertzakian interpone recurso por retardo en la resolución de su reclamo de repetición por la suma de $33.955.438,22 en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2019 con más sus accesorios hasta el momento de su efectivo pago en los términos del art. 81 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Manifiesta que se dedica a la prestación de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas. Resalta que se encuentran reunidos los recaudos que hacen a la procedencia de la acción en razón de que el 27/01/2021 presentó el reclamo administrativo previo ante el organismo fiscal, sin que la fecha de interposición del presente recurso haya sido resuelto.
Hace saber que en conformidad con el régimen de la Resolución General E N° 4057/2017 de la ex AFIP, abonó el impuesto con una alícuota del 2,25% por la parte correspondiente a la tenencia de su patrimonio en el exterior, cuando lo correcto era el 1,25%, lo que junto con la sobretasa del 1% conforma un pago sin justificación alguna. Se queja de que el Poder Ejecutivo Nacional al amparo de la ley N° 27.541, como normativa de emergencia y de carácter extraordinario, modificó sustancialmente un tributo ya existente sin intervención alguna del Congreso Nacional al elevar la alícuota del impuesto e instaurar una sobretasa adicional para aquellos contribuyentes que tengan activos en el exterior, como es su caso.
Afirma que la elevación de la alícuota, así como la sobretasa del 1%, no resultan ser una derivación razonable de la legislación aplicable por infringir, en forma palmaria y evidente, una serie de axiomas constitucionales que gobiernan la materia tributaria.
Realiza un relato de los antecedentes del impuesto y considera que el 1% adicional abonado en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales del año fiscal 2019 por la mera tenencia de activos en el exterior es un pago sin causa por fundarse en una normativa inconstitucional, y enumera los fundamentos.
Concluye, luego del análisis efectuado, que la mencionada delegación de la materia tributaria del Congreso Nacional hacia el PEN está terminantemente prohibida y, por lo tanto, la ley N° 27.541 es inconstitucional. En subsidio, señala que otra interpretación posible del art. 76 de la Constitución Nacional permite que el Congreso Nacional delegue sus facultades tributarias en el Poder Ejecutivo Nacional solamente en circunstancias excepcionales y, para ello, deben cumplirse, en forma íntegra y concurrente, estos tres recaudos: 1) Se trate de determinadas materias de administración o de emergencia pública; 2) Se disponga con un plazo determinado; y 3) Se determine las bases de dicha delegación.
Advierte que no concurren todas las exigencias necesarias para validar la delegación al no materializarse los recaudos de una “materia determinada de la administración”, de una “situación de emergencia pública” y/o de una “clara determinación de las bases de la delegación legislativa”, todo lo que apunta le resta validez constitucional a la ley N° 27.541. Enuncia jurisprudencia en apoyo de la interpretación esbozada.
Concluye en que la ley N° 27.541contiene gravísimos vicios que generan su ilegitimidad por oponerse a las directrices de la Ley Fundamental, y en particular, a la división de poderes propia de un régimen republicano de gobierno y al principio de legalidad tributaria.
Analiza el Decreto Reglamentario N° 99/2019 del PEN bajo el principio constitucional de legalidad y señala que a través del mismo se incrementó el aspecto cuantitativo del hecho imponible, lo que resulta contrario a un Estado de Derecho por menoscabar la tripartita división de poderes de un país republicano, como así también los principios de legalidad, igualdad, generalidad, razonabilidad, no confiscatoriedad, seguridad jurídica y de buena fe.
Enfatiza en que si la norma delegante, o sea, la ley N° 27.541 es inconstitucional, su natural consecuencia es que la norma delegada, es decir, el Decreto Reglamentario N° 99/2019 del PEN también lo sea.
Por último, ofrece prueba documental y solicita, por los argumentos expuestos y la jurisprudencia citada, que se haga lugar al recurso por retardo, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que con RE-2021-61972960-APN-DTD#JGM el Sr. Tertzakian informa como hecho nuevo el dictado de la Resolución N° 144/2021 emanada de la Jefa (int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro de la AFIP-DGI, por la cual se resolvió no hacer lugar al reclamo de repetición del Impuesto sobre los Bienes Personales interpuesto el 27/01/2021. Señala que los argumentos volcados por la AFIP no tienen asidero alguno y que los mismos son pasibles de objeción con los fundamentos vertidos en el recurso de apelación, por lo que peticiona que se siga con el curso normal de este proceso.
III. Que mediante IF-2021-72053906-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del hecho nuevo denunciado por el actor y del recurso deducido en autos.
Sobre el hecho nuevo, expone que el 16/06/2021 la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro de AFIP-DGI, dictó la Resolución N° 144/2021 (DV CRR2) a través de la cual se resolvió no hacer lugar al reclamo de repetición del Impuesto sobre los Bienes Personales interpuesto por el contribuyente, por lo que señala que, toda vez que el actor interpuso un recurso de apelación por retardo en la resolución de una acción de repetición ya resuelta, el recurso de marras ha devenido abstracto, lo que así pide que se declare, con costas en el orden causado.
En subsidio, en cuanto a los agravios, manifiesta que el apelante repite casi en su totalidad lo sostenido en sede administrativa, lo que fue debidamente contestado y denostado en la resolución mencionada y destaca que comparte todos los fundamentos expuestos en la Resolución N° 144/2021, razón por la cual hace propios todos y cada uno de sus considerandos y los da por reproducidos en aras a la brevedad y economía procesal. Considera que no se verifica, como entiende el recurrente, una reforma legal ilegítima debido a que la delegación del poder tributario establecido en la ley N° 27.541 se ajusta a las directrices contenidas en la Constitución Nacional.
Revela que no se encuentran configurados los requisitos que hagan admisible lo solicitado, al no aportarse elementos suficientes que justifiquen la promoción de la vía intentada, más aún cuando el Máximo Tribunal tiene dicho que no compete a los tribunales considerar la bondad de un sistema fiscal y decidir si uno es más conveniente que otro, al corresponderle sólo constatar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional, sin que en el caso concreto se encuentren vulnerados los principios constitucionales invocados.
Por otro lado, resalta que el dictado de normas como la cuestionada no depende de la voluntad de la AFIP-DGI sino de la voluntad emanada del Poder Legislativo en uso de las facultades conferidas, y que al organismo fiscal solo le corresponde aplicarlas. Ello así, concluye que teniendo en cuenta que el pago del impuesto fue ingresado conforme la normativa legal vigente, el planteo deviene improcedente.
Recuerda la restricción jurisdiccional que presenta el Tribunal Fiscal de la Nación, conforme el art. 185 de la ley de rito fiscal, con motivo de los planteos de inconstitucionalidad efectuados al ser el único argumento sobre el que versa la acción intentada, por lo que más allá de que dicha circunstancia no se encuentra acreditada, tampoco puede ser decretada por el Tribunal.
Por los argumentos que desarrolla, peticiona que se dicte sentencia declarando abstracto el recurso interpuesto, con costas por su orden; o, en su defecto, se rechace el mismo y se confirme la Resolución N° 144/2021 en todas sus partes, con costas. Hace reserva del caso federal.
IV. Que mediante PV-2025-108614613-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D" y por IF-2025-138370603-APN-VOCXII#TFN se ponen por los autos para dictar sentencia, en razón de no haber ofrecimiento de pruebas.
V. Que con el dictado de la ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (B.O. 23/12/2019) por su artículo 28, se modificó, con efectos a partir del período fiscal 2019 inclusive, el artículo 25 de la ley N° 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales (t.o. en 1997 y mod.). Así se incrementó el porcentaje de las alícuotas según el valor total de los bienes que excediera el mínimo no imponible. Además, dicho artículo delegó en el Poder Ejecutivo Nacional hasta el 31 de diciembre de 2020, la facultad de fijar alícuotas diferenciales superiores hasta en un cien por ciento (100%) sobre la tasa máxima expuesta para gravar los bienes situados en el exterior, y de disminuirla, para el caso de verificarse la repatriación del producido de la realización de los activos financieros allí emplazados. Para el supuesto de definir dichas alícuotas diferenciales y a fin de determinar el monto alcanzado por cada tasa, se estableció que el mínimo no imponible se restaría en primer término de los bienes en el país.
Que con fundamento en la delegación efectuada, el art. 9° del Decreto 99/2019 (B.O. 28/12/2019) estableció la tabla conforme a la cual se debía calcular el gravamen, fijando el porcentaje de la alícuota entre un 0,70% a 2,25% del valor total de los bienes situados en el exterior que exceda el mínimo no imponible no computado contra los bienes del país.
VI. Que corresponde en forma preliminar recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
Que en autos el Sr. Tertzakian persigue la repetición de la suma de $33.955.438,22 en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2019 con más sus accesorios, y si bien en un primer momento interpuso ante este Tribunal recurso por retardo en la resolución de su reclamo, el mismo luego fue denegado a través del dictado de la Resolución N° 144/2021 de fecha 16 de junio de 2021, por lo que este Tribunal debe pronunciarse sobre la procedencia de la devolución del importe mencionado, sin que se encuentre cuestionado el efectivo ingreso de la suma perseguida conforme da cuenta la certificación de pagos (IF-2021-72051388-APN- DTD#JGM) a la que hace referencia el representante fiscal en el apartado V. b) de su contestación. Que en particular el Sr. Tertzakian presenta agravios con relación a la alícuota establecida con la modificación introducida por el art. 28 de la ley N° 27.541 respecto del valor total de los bienes situados en el exterior, al entender que así se vulneraron distintos principios constitucionales, y por ello remarca que con el Decreto 99/2019 el Poder Ejecutivo incrementó dicha alícuota con sustento en una delegación inconstitucional fijada en la citada ley. Que cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación manifestó que “los precedentes de esta Corte sostienen que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si estas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152)”.
Que si bien el recurrente considera lesionado el principio de legalidad al señalar que el Poder Ejecutivo Nacional al amparo de la ley N° 27.541 modificó sustancialmente un tributo al elevar la tasa para los contribuyentes con activos en el exterior, lo cierto es que la delegación encuentra fundamento en el art. 76 de la Constitución Nacional, donde se dispone que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. En el caso bajo análisis, la delegación contempla lo preceptuado en dicha norma, en tanto la misma deriva de la emergencia pública declarada por ley en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, la política legislativa fue delineada en forma clara por el Congreso, a fin de evitar decisiones libradas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, esto es -en lo que aquí interesa- sólo referida a aspectos cuantitativos de la obligación tributaria estableciendo el límite hasta donde podría ser elevada la alícuota sobre tasa fijada, como así también de disminuirla en caso de verificarse la repatriación del producido de la realización de los activos financieros, precisándose además el plazo por el cual se efectuaba la delegación.
Que ello así, dentro de ese marco delegatorio, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 99/2019 -modificado por los Decretos N° 116/2020 y N° 330/2020- y estableció alícuotas diferenciales progresivas sobre el valor total de los bienes situados en el exterior sujetos a impuesto para los sujetos residentes en el país (art. 9) así como el concepto de “repatriación” y los requisitos y condiciones a los fines de quedar exceptuados de la aplicación de dichas alícuotas diferenciales (arts. 10 y 11).
VII. Que el actor argumenta que el agravamiento de las alícuotas con motivo de la ubicación de los bienes en el exterior, vulnera los principios de igualdad y generalidad, por lo que tal distinción deviene irrazonable. Que en lo que hace al agravio vinculado con la afectación del principio de igualdad y generalidad, el Máximo Tribunal sostuvo que la igualdad en materia tributaria alude a establecer gravámenes idénticos a los contribuyentes en condiciones análogas (arg. Fallos: 138:313), lo cual comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación específica sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones (arg. Fallos: 149:417). Que según dicho lineamiento en el precedente “Unanué” (Fallos: 138:313) estableció que: “...la igualdad preconizada por el artículo 16 de la Constitución, importa, en lo relativo a impuestos, establecer, que en condiciones análogas deberán imponerse gravámenes idénticos a los contribuyentes. Fallos: tomo 132, página 198 y los allí citados. Que en ese mismo orden de ideas ha dicho la Suprema Corte de los Estados Unidos que la garantía constitucional mencionada no se propone erigir una regla férrea en materia impositiva, sino impedir que se establezcan distinciones, con el fin de hostilizar o favorecer arbitrariamente a determinadas personas o clases como serían si se hicieran depender de diferencias de color, raza, nacionalidad, religión, opinión, política u otras consideraciones que no tengan relación posible con los deberes de los ciudadanos como contribuyentes (Bell's Gap Railward Cº.V. Pennsylvania 134 U. S. 232). Que, en consecuencia, cuando un impuesto es establecido sobre ciertas clases de bienes o de personas debe existir alguna base razonable para las clasificaciones adoptadas, lo que significa que debe haber alguna razón sustancial para que las propiedades o las personas sean catalogadas en grupos distintos (Cooley On Taxation 3ª ed. página 75 y siguientes; Willonghby, On The Constitución, página 593).”
Y si bien en el caso particular, el actor se queja al sostener que un mismo patrimonio, por el hecho de estar fuera del país, paga un 1% adicional, cuando en razón del principio de igualdad los contribuyentes que tengan sus activos, sea en el país o en el exterior, deben estar sujetos al gravamen con la misma alícuota, lo cierto es que el mismo está dirigido a solventar y proveer recursos al Estado ante la situación de emergencia pública declarada por la misma ley de delegación, que consideró establecer alícuotas diferenciales según los bienes alcanzados se sitúen o no en el país, aspecto sobre el que también se agravia el recurrente al expresar que ello resulta irrazonable, sin acompañar ningún sustento que lo convierta en una apreciación dogmática, más que sus solas manifestaciones de disconformidad.
Sin embargo, se advierte que dicha alícuota diferencial para los bienes situados en el exterior, resulta de aplicación a todos los sujetos obligados que se encuentren en la misma situación, quienes también tienen a su cargo ingresar el Impuesto sobre los Bienes Personales según los parámetros establecidos en la reglamentación, la que contempló un tratamiento igual para unos y otros, entendiendo que la cuestión de base requería que los bienes estuvieran afectados a la economía del país por igual.
Que no obstante lo cual, el recurrente tenía la posibilidad de acceder a una alícuota más baja en la medida que realizara la repatriación de los bienes situados en el exterior, en caso de haber optado por la “repatriación del producido de su realización, supuesto en el que podrá fijar la magnitud de la devolución de hasta el monto oportunamente ingresado”, conforme dispone el art. 28 de la ley N° 27.541. En ese supuesto, hubiera coincidido el lugar de radicación de las inversiones y las alícuotas aplicables, sin que se visualice una discriminación hacia el caso en análisis, por el contrario con una exigencia menor, ya que no obligaba a una repatriación del 100%. Que conforme el Título II del Decreto 99/2019 en su art. 10 señala que, a los fines del segundo párrafo del art. 25 de la ley del Impuesto sobre los Bienes Personales, se entenderá, en lo que aquí interesa, por “repatriación al ingreso al país de: a) las tenencias de moneda extranjera en el exterior y, b) los importes generados como resultado de la realización de los activos financieros pertenecientes a las personas humanas domiciliadas en el país. Por otro lado, en el art. 11 de dicho Decreto se estableció que quedan exceptuados del pago del gravamen a que hace referencia en el art. 9 de esa norma, los sujetos que hubieren repatriado activos financieros que representen por lo menos un cinco (5%) por ciento del total de los bienes situados en el exterior, lo que no sucedió en el caso, conforme constancias de autos.
Que a mayor abundamiento, cabe traer a colación que los regímenes de repatriación resultan frecuentes para desincentivar las tenencias de bienes en el exterior, quedando el ejercicio de dicha opción a cargo del contribuyente. Que ello así, no se advierte arbitrariedad en las distinciones realizadas en la norma, y se remarca un fin parafiscal al fijar tasas más elevadas para los bienes del exterior, otorgándole preeminencia a la repatriación sobre la recaudación, sin sesgos de irrazonabilidad en tales distinciones.
VIII. Que corresponde considerar el agravio referido a la supuesta confiscatoriedad del impuesto exigido por el ente fiscal al sostener el recurrente que la implementación de la sobretasa por tenencia de activos en el exterior, al pasar del 0,25% inicial al 2,25% final implicó un incremento de alícuota de un 800%, lo que afecta su derecho de propiedad y al principio de no confiscatoriedad, al gravarse una parte sustancial de mi patrimonio. Que en numerosos precedentes el Máximo Tribunal ha establecido que, para que se configure un supuesto de confiscatoriedad, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o del capital (Fallos: 248:285; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Sin embargo, se ha puntualizado que el límite admisible de la carga fiscal no es absoluto sino variable en el tiempo y en las circunstancias (Fallos: 314:1293; 322: 3255), y que el criterio para juzgar la proporción de los impuestos y su racionalidad no puede ser férreamente uniforme para todos los casos, pues para declarar que un impuesto es confiscatorio o no, “...no basta considerar el monto de su tasa sino también otros fundamentos relativos a la materia imponible, a la oportunidad de su aplicación o a su repercusión, etc., cuyo estudio incumbe al Congreso dentro de las vallas insalvables de las garantías constitucionales correspondientes” (Fallos: 160:247).
Que por lo tanto, no basta con afirmar que el impuesto revista carácter confiscatorio sino que se trata de una cuestión de hecho y prueba, de manera que dicha declaración será la consecuencia de un completo análisis de las circunstancias que rodean al caso, poniéndose especial énfasis en la actividad probatoria desplegada para acreditar la confiscatoriedad alegada.
Que en apoyo de su postura acompañó una Certificación emitida por Contador Público denominada “Declaración Jurada de rentas gravadas y renta neta declaradas en el Impuesto a las Ganancias 2019 y monto del Impuesto sobre los Bienes Personales 2019” agregada en autos por el RE-2021-47950836-APN-SGAI#TFN.
En la misma se indica que en el período fiscal 2019 obtuvo rentas netas gravadas por el Impuesto a las Ganancias por la suma de $93.537.873,86 y que la renta neta de ese período fiscal ascendió al importe de $82.314.633,51; lo que así declaró ante el Fisco. Mientras que con relación al impuesto de marras consignó la suma de $519.973,57 en concepto de impuesto determinado por bienes en el país (alícuota del 1,25%) y el monto de $76.399.735,99 por los bienes en el exterior (alícuota del 2,25%), conforme su declaración jurada presentada por el período fiscal 2019, aclarando que la suma de $42.444.297,77 correspondería al impuesto por los bienes en el exterior según la tasa uniforme para los bienes del país. Así arriba al impuesto determinado total de $76.919.709,56 según su declaración jurada y al importe de $42.964.271,34 de seguirse el criterio de aplicar para todos los bienes la tasa uniforme del 1,25%, a lo que luego computa el monto de $11.006.044 por anticipos para arribar al saldo de $65.913.665,56 expuesto la declaración jurada del período fiscal 2019 y al de $31.958.227,34 en caso de ser única la tasa, lo que origina, según el Sr. Tertzakian, la diferencia ingresada en exceso y ahora reclamada de $33.955.438,22.
Que en primer lugar, corresponde señalar que de las certificaciones unilaterales se ha dicho que constituyen “pruebas extraprocesales” de escasa validez probatoria, en tanto que, como se ha sostenido “el informe producido sin orden judicial no configuraría prueba pericial (CNCIV Sala B 11/6/91 JA 1991-I-123, sum) e , incluso ratificado, devendría en el mejor de los supuestos en prueba documental, en el caso, un mero instrumento privado insusceptible de reemplazar a aquel específico medio probatorio que corresponde por ley. Se trata de una concreta aplicación del principio de contradicción de la prueba, por lo que ésta para ser válida, debe haber sido producida en audiencia o con intervención de la parte contraria” (Kielmanovich, Jorge L. “Medios de prueba” Ed. Abeledo Perrot Bs.As. 1993, pág 114). Sin embargo, aun cuando se receptará su contenido, el mismo resulta sesgado e insuficiente para acreditar una violación al derecho de propiedad y al principio de no confiscatoriedad, sin que el Sr. Tertzakian haya aportado alguna otra probanza que brinde respaldo a sus dichos, los que se reducen a una mera disconformidad con el impuesto sin sustento validante.
IX. Que por lo tanto, del análisis efectuado no se distingue que la prueba rendida resulte hábil para demostrar de forma precisa e inequívoca, una vulneración irrazonable de su derecho de propiedad y el supuesto de confiscatoriedad pretendido, al no haber logrado demostrar cual es el perjuicio que el ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales con la alícuota cuestionada le ocasionó, al no encontrarse lesionadas las garantías constitucionales que rigen en la materia.
Que lo expuesto hace aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
X. Ello así, resulta acertado el criterio fiscal plasmado en la Resolución N° 144/2021 (DV CRR2), y en consecuencia corresponde rechazar la acción de repetición intentada, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto del Vocal Instructor.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Vocal Instructor.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar la acción de repetición intentada, con costas.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado la suma de $ 5.895.710 (Pesos cinco millones ochocientos noventa y cinco mil setecientos 10) equivalente a 73,09 (setenta y tres con 09/100) UMA y para la representación procesal, la suma de $ 2.358.284 (Pesos dos millones trescientos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y cuatro) equivalente a 29,24 (veintinueve con 24/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Acordada N° 36/25 (27/11/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Regístrese, notifíquese y archívese.-
Date: 2025.12.16 12:49:01 -03:00 Date: 2025.12.16 12:49:48 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.16 16:45:29 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.16 16:45:30 -03:00
Fin de la sentencia