Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2022-76840743-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en autos, en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 1.710.293 (Pesos un millón setecientos diez mil doscientos noventa y tres) equivalente a 67,41 (sesenta y siete con 41/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 4.275.733 (Pesos cuatro millones doscientos setenta y cinco mil setecientos treinta y tres) equivalente a 168,52 (ciento sesenta y ocho con 52/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, y la Acordada N° 30/23 (11/10/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-144158218-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 4 de Diciembre de 2023 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EE- 2022-76836603-APNSGAI#TFN caratulado “TEXTIEL S.R.L. s/recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que por RE-2022-76835451-APN-SGAI#TFN y RE-2022-76839577-APN-SGAI#TFN Textiel S.R.L.
interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nros. 29/2022 (DV R2II) y 30/2022 (DV R2II), ambas de fecha 10 de junio de 2022, dictadas por la Jefa División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro II de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por las cuales se determinaron los Impuestos al Valor Agregado de los períodos fiscales 06/15 a 03/18 y a las Ganancias de los períodos fiscales 2016 y 2017, con más intereses resarcitorios y se dejó en reserva la aplicación de sanciones según el art. 20 del Régimen Penal Tributario -Ley Nº 27.430 Titulo IX-.
Expone que se dedica a la fabricación de tejidos de punto y hace saber que en el marco de la fiscalización se impugnaron operaciones comerciales efectuadas con diversos proveedores del rubro textil, con la consecuente no admisión del crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado y gastos en el Impuesto a las Ganancias con fundamento en las supuestas irregularidades detectadas con relación a los mismos, lo que le resulta ajeno. Destaca que no existen cuestionamientos respecto de la validez de los comprobantes emitidos y su código de autorización de impresión, en razón que se trataba de sujetos que se inscribieron ante el organismo y fueron autorizados a facturar con comprobantes válidos.
Por ello afirma que el proceder fiscal no resulta ajustado a la realidad de los hechos ni a lo que surge de la propia investigación administrativa previa a la vista conferida, lo que vulnera su derecho de defensa y propiedad al sustentarse la pretensión en eventuales inconsistencias de terceros por los cuales no debe responder. Remarca que actuó de buena fe y señala que las observaciones efectuadas, en todo caso demuestran deficiencias en los controles del Fisco respecto de determinados contribuyentes respecto de los cuales carece de responsabilidad alguna y sobre los que el organismo pese a las irregularidades que sostiene no habría efectuado acción judicial alguna.
Insiste en que las facturas, que cumplían con los requisitos previstos por la normativa vigente en materia de facturación, no fueron impugnadas y considera que el Fisco debería investigar a los proveedores impugnados. Apunta que la imputación formulada carece de certeza jurídica y de la prueba necesaria para su procedencia en razón de que no se demostró a través de elementos concretos y razonables la impugnación de las operaciones. Advierte que en ningún momento efectuó maniobras tendientes a ocultar la realidad de las operaciones ya que aportó pruebas más que suficientes en contrario de la ilegitimidad imputada.
Reitera que la pretensión fiscal es opuesta a la realidad y a una recta aplicación de la legislación respectiva debido a que su proceder no importó perjuicio alguno al erario ni una maniobra u obrar negligente, cuanto menos maliciosa para engañarlo debido a que todas las operaciones están perfectamente documentadas y respaldadas. Concluye en que los conceptos facturados por los proveedores se relacionaban con su actividad, fueron necesarios para llevarla a cabo y los cuestionamientos efectuados son ajenos a su contralor por lo que los cargos deben ser desestimados, más aún cuando repara en que la veracidad de la operatoria fue constatada por la inspección (existencia de la mercadería consistente en materia prima) y se agravia de que ello no se consideró pese a su relevancia en el caso, y también menciona que tampoco se tuvieron en cuenta los pagos efectuados en orden a demostrar la veracidad de las operaciones.
Considera que el ajuste se practicó en base a presunciones carentes de certeza, sin inspeccionar debidamente a los proveedores, por lo que carece de razonabilidad.
Plantea la inconstitucionalidad en la interpretación que hace la AFIP de los arts. 16, subsiguientes y concordantes de la ley Nº 11.683 al poner a su cargo un control que no le corresponde respecto de la situación de terceros proveedores.
Por último, ofrece prueba pericial contable, informativa, inspección ocular y pericial técnica y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada pide que se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que IF-2022-110343003-APN-DTD#JGM y IF-2022-103634828-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos.
Manifiesta que con motivo de la fiscalización llevada a cabo se detectó que Textiel S.R.L. dedujo improcedentemente en su declaración jurada de Impuesto al Valor Agregado crédito fiscal y en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias gastos originados en operaciones con los proveedores apócrifos en virtud de las irregularidades detectadas y detalladas en los actos administrativos apelados.
Observa que se comprobó el cómputo de crédito fiscal y la deducción de gastos provenientes de operaciones con supuestos proveedores cuestionados en los períodos fiscales determinados con soporte en comprobantes carentes de valor probatorio, dejando de ingresar en consecuencia, los gravámenes en su justa medida.
Remite a los antecedentes administrativos, de los que surge el análisis pormenorizado realizado sobre las inconsistencias que llevaron a concluir acerca de la irrealidad de las supuestas operaciones con los proveedores y afirma que la prueba reunida evidenció que los proveedores apócrifos carecían de capacidad económica, financiera y operativa para llevar a cabo las operaciones involucradas, al tratarse de sujetos que no existían más que en la formalidad.
Aclara que se concluyó que las facturas resultaban actos carentes de sinceridad, al no tener quienes figuraban como emisores, actividad comercial real o sustantiva que les diera sustento, lo que permitió sostener que se trataban de sujetos inscriptos al solo efecto de facturar gastos ilegítimos.
Destaca que la recurrente reitera las consideraciones vertidas en oportunidad de contestar la vista administrativa, por lo que asegura que sus argumentos fueron considerados, puntualmente analizados y contestados en la instancia administrativa al momento de resolver las determinaciones de oficio dictadas, por lo que en mérito a la brevedad y economía procesal, remite al texto de las resoluciones apeladas.
Hace hincapié en que de la simple lectura de los antecedentes que se acompañan, se desprende la seria investigación desarrollada para alcanzar la verdad de los hechos, lo que da fundamento suficiente a la posición fiscal, sin que la actora haya logrado probar la veracidad de las operaciones registradas en las facturas, cuando los elementos colectados demuestran la falta de estructura e incapacidad operativa de los supuestos proveedores, y la imposibilidad de Textiel S.R.L. de acreditar por otros medios, la veracidad de la facturación; lo que entiende permite inferir la inexistencia de las operaciones por cuenta de los nombrados, ocultando al verdadero prestador. Menciona que la inclusión posterior a la fecha de las operaciones en la base de facturación apócrifa no enerva la postura asumida, habida cuenta que el mentado suceso temporal no acredita en forma fehaciente la efectiva existencia de los gastos bajo análisis, más aún cuando de las tareas desarrolladas no se constató la existencia misma de las operaciones cuestionadas.
Sobre la inconstitucionalidad planteada recuerda que este Tribunal no puede expedirse al respecto. Sin perjuicio de lo cual, resalta que el accionar del Fisco se basó en una estricta aplicación de las normas legales. Sobre los intereses resarcitorios exigidos puntualiza que la actora no expuso agravio respecto de los mismos, por lo que corresponde entender que fueron consentidos, sin que nada autorice a eximirla de la responsabilidad por la demora ni reducirlos al haber sido calculados en conformidad con el art. 37 de la ley de rito fiscal. Por lo expuesto, se opone a la prueba ofrecida y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia que cita, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que por IF-2022-112486882-APN-VOCX#TFN se acumuló el EX-2022-76840743- -APN-SGAI#TFN, de igual carátula, por lo que por PV-2022-119819713-APN-VOCXII#TFN se reordenó el trámite de la causa y se corrió traslado a la recurrente de la oposición a la prueba formulada por el ente fiscal.
Luego previo a todo trámite y teniendo en cuenta los términos en los que la recurrente ofreció la prueba pericial técnica se le solicitó que aclare o en su caso reformule los puntos propuestos. Asimismo, atento los dichos del representante fiscal en la contestación del recurso (IF-2022-110343003-APN-DTD#JGM) en el apartado sobre la oposición a la prueba informativa, se le pidió que indique de dónde surgía (antecedentes administrativos) la apreciación vertida por el Juez administrativo y replicada por él mismo, relativa a los márgenes de utilidad bruta que fueron tenidos por razonables. Sin embargo, atento que la información solicitada no fue proporcionada a través de la presentación hecha por RE-2023-115052917-APN-DTD#JGM, por PV-2023-126834749-APN- VOCXII#TFN se reitero al ente fiscal que informe en base a qué datos calculó los márgenes de utilidad aplicados para establecer el ajuste en el Impuesto a las Ganancias, atento a que en la contestación del recurso afirmó que resultan razonables márgenes del 16% para el período fiscal 2016 y al mismo tiempo del 42% para el período fiscal 2017. Ello así, por IF-2023-130558510-APN-DTD#JGM el representante fiscal informa que, consultada el área de origen, esta expone que “… los márgenes utilizados corresponden a la relación efectuada entre las compras reales declaradas por la firma en IVA excepto las impugnadas en comparación con las ventas declaradas para los ejercicios 2016 y 2017, según los datos que surgen del archivo "Actuación Sigea 18267- 1945-2017/1" a fojas 31 a 37 ...”, el cual se encuentra agregada al expediente, y fue acompañado con fecha 29/09/2022 mediante RE-2022-103593004-APNDTD#JGM”.
Que la actora por IF-2023-126224473-APN-DTD#JGM desistió de la prueba pericial técnica. Finalmente por PV- 2023-132559889-APN-VOCXII#TFN, luego del análisis de los medios probatorios ofrecidos los mismos fueron rechazados por los argumentos allí vertidos. Que por PV-2023-136442662-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D" y por IF-2023-142929603-APN-VOCXII#TFN se pasan los autos para sentencia.
IV. Que corresponde establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Que las presentes actuaciones tienen origen en lo ordenado mediante oficio por la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 1 dentro del marco de la causa Nº 865/2017 caratulada “N.N. S/ INFRACCIÓN LEY 24.769” relativo a la verificación y determinación de la deuda ordenada conforme el artículo 18 de la Ley 24.769. Que ante los requerimientos cursados Textiel S.R.L. aportó Copia del Balance cerrado a abril de 2016, constancias de la transferencia electrónica de los Estados contables correspondientes a los períodos fiscales 2014 a 2017, detalle de las retenciones y percepciones del ejercicio 2016 y acompañó un detalle de sus cuentas bancarias en los Bancos Santander Rio SA y ICBC S.A. Con relación a los proveedores informó que los pagos fueron cancelados a través de cheques de terceros, que le proveyeron el servicio de terminación de prendas y proporcionó fotocopias de las facturas, recibos y ordenes de pagos.
Que de las tareas desarrolladas por el personal fiscalizador se pudo constatar que la contribuyente había computado, en los periodos analizados, créditos fiscales y gastos originados en facturas emitidas por los supuestos proveedores Westfield Block S.A., Estiltex S.A., Línea Profesional Uniformes S.A., Shomer S.A., B D Textil S.A., Nutmeg S.A., Proster S.A., Tsila S.A., Maalot S.A., Serraves S.A., Makelet S.A., Nolitok S.A., cuya existencia real y efectiva fue desacreditada por las irregularidades constatadas durante el curso de la fiscalización, lo que conllevó a su inclusión en la base de proveedores apócrifos “eApoc”.
Que entre las inconsistencias observadas con relación a los mismos, cabe señalar:
a) No fue posible localizarlos en sus domicilios fiscales y/o comerciales, ni en los domicilios alternativos. En aquellos casos en que sí fueron localizados se constató que no llevaban a cabo actividad comercial o explotación alguna, correspondiendo a meras estructuras formales -en el caso de sociedades- o sujetos carentes de capacidad operativa para realizar las operaciones declaradas.
b) Tampoco fueron ubicados sus integrantes, apoderados y/o personas vinculadas con las firmas o sujetos involucrados.
c) Se constató en varias oportunidades que contribuyentes integrantes de sociedades supuestamente apócrifas fueron informados como integrantes de otras sociedades también apócrifas, como por ejemplo Shomer S.A., Tsila S.A., Westfield Block S.A., Proster S.A., Nutmeg S.A. y Nolitok S.A.
d) No se recibió respuesta a los requerimientos cursados, así como tampoco los representantes de las sociedades comparecieron ante las citaciones.
e) No poseían bienes registrables afectados a actividad comercial y tampoco se constataron contratos validos que permitan acreditar la existencia de capacidad operativa para llevar a cabo las actividades declaradas o la existencia de algún lugar físico en el cual se desarrollaban sus actividades.
f) No poseían personal en relación de dependencia o el que poseían resultaba mínimo.
g) Se constató la emisión de facturación electrónica por importes sumamente elevados.
h) No practicaron retenciones por compras de insumos o prestación de servicios.
i) No surgieron informadas operaciones de compras conforme el Régimen de información previsto en la R.G. 1575/2003, o las informadas eran muy poco significativas.
Que en lo que hace al comportamiento fiscal, se observó, respecto al Impuesto al Valor Agregado las siguientes situaciones: la falta de presentación de declaraciones juradas y, de existirlas, las mismas fueron confeccionadas con débitos y créditos fiscales similares, exteriorizando saldos de libre disponibilidad, o con débito en cero, mientras que por último en varias ocasiones no se visualizan pagos en el impuesto. Con relación al Impuesto a las Ganancias, en algunos casos no fueron presentadas declaraciones juradas y en aquellos casos que sí, se advirtió que en las mismas se exteriorizaban ventas por volúmenes que se contraponían con empresas o sujetos que carecían totalmente de capacidad operativa para realizar operaciones. Al mismo tiempo en varias ocasiones no se visualizaron pagos en el impuesto.
Por ello se consideró que los supuestos proveedores carecían de capacidad económica, financiera u operativa para llevar a cabo las operaciones al constatarse que se trataba de sujetos que no existían más que en la formalidad. En función de los elementos colectados se concluyó que las facturas resultaban actos carentes de sinceridad, no teniendo quienes figuraban como emisores, actividad comercial real o sustantiva que diera sustento, lo que permitió sostener que se trataban de sujetos inscriptos al solo efecto de facturar gastos y créditos fiscales ilegítimos, lo que condujo a la impugnación de dichos conceptos en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado de Textiel S.R.L.
V. Que ello así cabe considerar los agravios planteados con relación a las determinaciones de oficio practicadas, junto con las distintas constancias documentales incorporadas a la causa.
Que la recurrente articula su defensa sobre la base de sostener que el ente fiscal pone a su cargo el control que sus proveedores dieron a sus deberes y obligaciones, cuando a ella no le compete ejercer dicha supervisión ya que contrató con sujetos que no estaban incluidos en la base de facturación apócrifa al tiempo de las contrataciones, que estaban inscriptos ante el organismo fiscal y por ende autorizados a emitir facturación valida con el CAI vigente.
Que conforme se desprende del Considerando precedente en la instancia de inspección Textiel S.R.L. aportó la documentación de respaldo de las operaciones cuestionadas, entre la que se advierten facturas de compra, recibos y ordenes de pagos, lo que da cuenta de los insumos -prendas de vestir- supuestamente adquiridas. Que no sólo es necesario el cumplimiento de los recaudos formales sino que además es necesaria la consumación del aspecto material referido a la existencia de la operación, debido a que el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que si bien la actora insiste en el cumplimiento dado a los recaudos formales que rodeaban a las operaciones, se presentan serias irregularidades puestas de resalto por el ente fiscal en razón de que se trataba de proveedores que no fueron localizados, como así tampoco sus autoridades, mientras que algunos de sus integrantes eran informados como integrantes de otros de los proveedores, como sucedió en el caso de Shomer S.A., Tsila S.A., Westfield Block S.A., Proster S.A., Nutmeg S.A., Nolitok S.A., a ello se agregó que no respondieron las citaciones efectuadas, no poseían bienes registrables o personal empleado, compartían domicilios con otros contribuyentes y se constató que los comprobantes habían sido emitidos desde la misma dirección de IP de internet, todo lo cual demuestra, sin dudas, su mera existencia formal y la consecuente falta de capacidad operativa para vender las materias primas facturadas.
Que por otro lado cabe recordar que algunos de los proveedores impugnados estaban inscriptos en una decena de actividades económicas disimiles, por lo que la discordancia entre la naturaleza de la actividad declarada y los servicios facturados constituye una anomalía que demuestra la falta de veracidad de las operaciones cuestionadas, sin que la recurrente brinde explicaciones al respecto, limitándose a manifestar que no se le pueden adjudicar incumplimientos de terceros (conforme causa “Stop Car SA” ya citada), por lo que “esa situación, unida a la lacónica descripción de los servicios que presentan las facturas examinadas, conduce a confirmar la pretensión fiscal, por cuanto ésta se funda en indicios graves y concordantes que impiden tener por acreditada la existencia de las operaciones consignadas en tales facturas, sin que obste a ello el hecho de que los documentos respectivos cumplan los requisitos formales de facturación” (Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Floriner S.A.”, sentencia del 10/12/2013).
Que con relación al agravio sobre la falta de inclusión de los proveedores en la Base Apoc al momento de las contrataciones, cabe remarcar que dicha circunstancia no implica que posean capacidad operativa para contratar debido a que la sola inclusión no constituye por sí misma el motivo del cuestionamiento de la validez de su facturación, sino que a ello se agregan las restantes constataciones efectuadas, las que deben ser rebatidas por la aquí recurrente.
VI. Que si bien ante este Tribunal Textiel S.R.L. ofreció distintas probanzas, por PV PV-2023-132559889-APN- VOCXII#TFN se resolvió denegar su producción luego de un detenido análisis sobre su pertinencia en orden a esclarecer la cuestión en debate en autos. Ello así, respecto de la prueba informativa se consideró que no resultaba útil en razón de que la contribuyente no realizaba venta al público (según inscripciones ante AFIP), y los datos que se podrían obtener mediante las respuestas pretendidas no ayudaban a aportar elementos sobre la verosimilitud de las operaciones, que es lo que aquí interesa. Similar situación se presentaba con relación a la pericia contable, cuyos puntos versaban sobre cuestiones formales sin ahondar en el circuito de pago, es decir con la misma no se buscó su reconstrucción, como podría ser identificar a los depositantes de los cheques con los que dijo haber cancelado las operaciones con el propósito de establecer el destinatario efectivo y la pertinencia del gasto y/o crédito a computar. En lo que hace a la inspección ocular, se debe considerar que conforme se desprende de los actos apelados el personal fiscalizador realizó un recorrido por la planta para verificar la actividad de la recurrente y con personal trabajando con maquinaria relacionada con la actividad declarada, por lo que su producción resultaba dilatoria en esta instancia. Por último, la recurrente desistió del ofrecimiento de la prueba pericial técnica, sin perjuicio de lo cual previamente, conforme se desprende de lo manifestado en el Considerando III, se cursaron a ambas partes distintas intimaciones en orden a precisar los puntos propuestos y en su caso, obtener elementos para comprender los márgenes de utilidad considerados por el organismo fiscal en el Impuesto a las Ganancias.
Por lo tanto, ninguna de las probanzas tuvo por finalidad demostrar la realidad fáctica de las operatorias, en el sentido de que hayan sido realizadas con los proveedores que emitieron las facturas, ya que la actora no arrimó probanzas que lo así lo persigan.
Que si bien en el caso tanto la documental acompañada y su contabilidad respaldaban las operaciones impugnadas, ello solo avala la existencia formal y registración de las operaciones, pero de ninguna manera alguna permite acreditar los conceptos facturados por parte de los supuestos proveedores, es decir que no brinda sustento fáctico sobre la sustantividad de las facturas impugnadas. Que la actora no aportó datos sobre la localización de los proveedores, domicilios alternativos o, datos de terceros intervinientes, ya que si bien informó sobre los contactos, ello no resulto suficiente para lograr la ubicación de los mismos.
Que ello así sus argumentos, como ya se dijo, se refieren a aspectos formales, extremos que por sí solos no logran demostrar la realidad de las operaciones negociables contenidas en dicha facturación, al no acreditar que las adquisiciones de bienes hayan sido reales y efectuadas con los proveedores cuestionados en autos, en razón de que con las constancias colectadas por la inspección ha quedado demostrado que los proveedores objetados no tenían la capacidad operativa para desarrollar las operaciones supuestamente facturadas.
Que por lo tanto, resulta acertado el criterio fiscal para practicar los ajustes en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado.
Por último, en lo que hace a la inconstitucionalidad planteada debe estarse a lo dispuesto por el art. 185 de la ley procedimental fiscal.
VII. Que cabe hacer una mención sobre los márgenes de utilidad que el Fisco tuvo en cuenta para computar un costo en la liquidación del Impuesto a las Ganancias al sostener que se consideraron “márgenes de utilidad bruta del 16 y 42% aproximadamente en los periodos fiscales 2016 y 2017, los que resultan razonables” y hace hincapié en que “la firma en su Estado Contable cerrado al 30/04/2016 declaró un margen de utilidad bruta del 9% o sea similar al arribado por el Fisco”. Mientras que con relación al período fiscal 2017 sostuvo que “si bien surge una diferencia entre los márgenes, ello es producto del cómputo de facturación apócrifa por 28 millones pesos, no siendo verosímil que una firma textil recargue su costo en un solo 7%, tal como surge de su Balance cerrado al 30/04/2017”. Que al respecto se indagó sobre el cálculo de los márgenes de utilidad aplicados en la resolución apelada del impuesto mencionado, sin que la actora oponga agravios concretos sobre ellos ni tampoco ofreciera prueba alguna que menoscabe el cómputo de tales costos en orden a pretender otros, más aún cuando desistió de la pericia técnica propuesta.
VIII. Respecto de los intereses resarcitorios reclamados, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA el DGI, 01/06/2000), por lo que al haber sido calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998) cabe disponer su confirmación.
IX. Que en su escrito recursivo la recurrente sostiene que resulta inadmisible que se pretenda instruir a posteriori sumario infraccional alegando que su conducta encuadraría en la sanción de defraudación, lo cierto es que en los actos recurridos se hizo reserva de la eventual aplicación de sanciones, por lo que dichos argumentos no pueden recibir tratamiento en esta oportunidad procesal.
X. Por todo lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones apeladas en autos, en todas sus partes, con costas. Las Dras. Gómez y O´Donnell dicen:
Que adhieren al voto del Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en autos, en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 1.710.293 (Pesos un millón setecientos diez mil doscientos noventa y tres) equivalente a 67,41 (sesenta y siete con 41/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 4.275.733 (Pesos cuatro millones doscientos setenta y cinco mil setecientos treinta y tres) equivalente a 168,52 (ciento sesenta y ocho con 52/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, y la Acordada N° 30/23 (11/10/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y archívese.-
Date: 2023.12.04 10:38:16 -03:00 Date: 2023.12.04 11:07:08 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.04 11:28:49 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.04 11:28:50 -03:00
Fin de la sentencia