Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 76836603-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de en cuanto confirmó las resoluciones N° 29/2022 y N° 30/2022 emitidas por la A.F.I.P. –D.G.I., y
2Las costas de esta instancia se imponen a la actora, en tanto resultó vencida (cfr. art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998- y modif.).
Expte. Nº 34961/2023.-
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2024.- JMVC Y VISTOS, estos autos caratulados: “Textiel S.R.L. (TF 76836603-I) c/Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo”, y
I. Que, por sentencia del 4/12/2023, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar las resoluciones apeladas en autos en todas sus partes, con costas. Adicionalmente, se fijaron los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional (cfr. fs. 2505/2512 del documento digitalizado).
II. Que, para decidir del modo indicado, el Tribunal Jurisdiccional Administrativo, conforme con lo expresado por el vocal instructor, Dr. Martín a cuyo voto adhirieron las restantes integrantes de la Sala, decidió confirmar las resoluciones dictadas por el Fisco Nacional en el presente caso, e imponer las costas a la actora vencida.
Ello así, en primer lugar, expuso las anomalías detectadas por la Administración con relación a los proveedores impugnados y, en tal sentido, señaló que: a) no fue posible localizarlos en sus domicilios fiscales y/o comerciales, ni en los domicilios alternativos. Sin embargo, en los casos en que sí fueron localizados se constató que no llevaban a cabo actividad comercial o explotación alguna, correspondiendo a meras estructuras formales -en el caso de sociedades- o sujetos carentes de capacidad operativa para realizar las operaciones declaradas;
b) de igual modo, no fueron encontrados sus integrantes, apoderados y/o personas vinculadas con las firmas o sujetos involucrados;
c) se dejó constancia de la constatación reiterada de que contribuyentes integrantes de sociedades supuestamente apócrifas, fueron informados como integrantes de otras sociedades también apócrifas. Se citó como ejemplo: Shomer S.A., Tsila S.A., Westfield Block S.A., Proster S.A., Nutmeg S.A. y Nolitok S.A.; d) se indicó que no se recibió respuesta a los requerimientos cursados, así como tampoco comparecieron los representantes de las sociedades ante las citaciones cursadas;
e) se constató que no poseían bienes registrables afectados a actividad comercial, como tampoco se constataron contratos válidos que permitan tener por acreditada la existencia de capacidad operativa para llevar a cabo las actividades declaradas, o la existencia de sitio físico en el cual se desarrollaban sus actividades;
f) no se pudo comprobar nómina alguna de personal en relación de dependencia o bien, lo que se presentó resultaba mínimo;
g) se constató la emisión de facturación electrónica por importes sumamente elevados;
h) no se verificó la realización de retenciones por compras de insumos o prestación de servicios;
i) no surgieron informadas operaciones de compras conforme el régimen de información previsto en la R.G. N° 1575/2003, o las informadas eran muy poco significativas.
A lo expuesto, y con relación al I.V.A., agregó que se constató la falta de presentación de declaraciones juradas y que, de existir, las mismas fueron confeccionadas con débitos y créditos fiscales similares, exteriorizando saldos de libre disponibilidad, o con débito en cero, mientras que por último en varias ocasiones no se visualizan pagos en el impuesto.
Por otra parte, con respecto al Impuesto a las Ganancias, señaló que en algunos casos no fueron presentadas declaraciones juradas y en aquellos casos que sí, se advirtió que en las mismas se exteriorizaban ventas por volúmenes que se contraponían con empresas o sujetos que carecían totalmente de capacidad operativa para realizar operaciones. Al mismo tiempo en diversas ocasiones no se visualizaron pagos en el impuesto.
Por tales motivos, se interpretó que los supuestos proveedores carecían de capacidad económica, financiera u operativa para llevar a cabo las operaciones, al constatarse que se trataba de sujetos que no existían más que en la formalidad. En función de los elementos colectados se concluyó que las facturas resultaban actos carentes de sinceridad, no teniendo quienes figuraban como emisores, actividad comercial real o sustantiva que diera sustento, lo que permitió sostener que se trataban de sujetos inscriptos al solo efecto de facturar gastos y créditos fiscales ilegítimos, lo que condujo a la impugnación de dichos conceptos en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y al I.V.A. de la actora. En otro orden de consideraciones, y con respecto a la defensa articulada por la contribuyente, recordó la jurisprudencia que indica que no sólo es necesario el cumplimiento de los recaudos formales, sino que además es menester la consumación del aspecto material referido a la existencia de la operación, debido a que el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión.
Y agregó que, si bien la actora insiste en el cumplimiento dado a los irregularidades puestas de resalto por el ente fiscal en razón de que se trataba de proveedores que presentaban las irregularidades a las que se hizo referencia más arriba, todo lo cual demuestra, sin dudas, su mera existencia formal y la consecuente falta de capacidad operativa para vender las materias primas facturadas.
A lo ya expuesto, agregó que algunos de los proveedores impugnados estaban inscriptos en una decena de actividades económicas disimiles, por lo que la discordancia entre la naturaleza de la actividad declarada y los servicios facturados constituye una anomalía que demuestra la falta de veracidad de las operaciones cuestionadas, sin que la contribuyente brinde explicaciones al respecto y, en cambio, se limitó a señalar que no se le pueden adjudicar incumplimientos de terceros.
De allí que el Tribunal concluyera que tal circunstancia, unida a la lacónica descripción de los servicios que presentan las facturas examinadas, conduce a la confirmación de la pretensión fiscal, por cuanto ésta se fundó en indicios graves y concordantes que impiden tener por acreditada la existencia de las operaciones consignadas en tales facturas, sin que a ello obste el hecho de que los documentos respectivos cumplan los requisitos formales de facturación. En lo que hace a la manifestación de la actora, vinculada a la falta de inclusión de los proveedores en la Base APOC, al momento de las operaciones impugnadas, el T.F.N. expuso que tal circunstancia no implica que posean capacidad operativa para contratar, debido a que la sola inclusión no constituye por sí misma el motivo del cuestionamiento de la validez de su facturación, sino que a ello se agregan las restantes constataciones efectuadas, las que deben ser rebatidas por la aquí recurrente.
En cuanto a las razones aducidas para denegar la producción de las probanzas ofrecidas por la contribuyente, se observa que, respecto a la prueba informativa, refirió que no resultaba útil en razón de que la contribuyente no realizaba venta al público (según inscripciones ante A.F.I.P.), y los datos que se podrían obtener mediante las respuestas pretendidas no ayudaban a aportar elementos sobre la verosimilitud de las operaciones, que es lo que aquí importaba. Respecto a la prueba pericial contable, se consideró que sus puntos versaban sobre cuestiones formales, que no ahondaban en el circuito de pago, no logrando probar la reconstrucción de tal circuito, la identificación de los depositantes de los cheques, la pertinencia del gasto y/o crédito a computar, etc. Además, consideró que la inspección ocular resultaba dilatoria dado que, conforme se desprende de los actos apelados, la fiscalización realizó un recorrido con maquinaria relacionada con la actividad declarada pero ninguna de las probanzas tuvo por finalidad demostrar la realidad fáctica de las operatorias, en el sentido de que hayan sido realizadas con los proveedores que emitieron las facturas, ya que la actora no arrimó probanza alguna que lo así lo demuestre. Por último, en cuanto al ajuste destacó que, si bien tanto la documental acompañada y su contabilidad respaldaban las operaciones impugnadas, ello solo avala la existencia formal y registración de las operaciones, y de ninguna manera permite acreditar los conceptos facturados por parte de los supuestos proveedores, ya que no brinda sustento fáctico sobre la sustantividad de las facturas impugnadas.
En otros términos, la actora no aportó datos sobre la localización de los proveedores, domicilios alternativos o, datos de terceros intervinientes ya que, si bien informó sobre los contactos, ello no resultó suficiente para lograr la ubicación de los mismos.
Por ser ello así, sus manifestaciones no logran demostrar la realidad de las operaciones contenidas en la facturación, al no acreditar que la veracidad de las adquisiciones de bienes y que hayan sido concretadas con los proveedores cuestionados, los que -según quedó acreditado- carecían de la capacidad operativa para desarrollar las operaciones supuestamente facturadas. Por lo tanto, concluyó, resultó acertado el criterio fiscal para practicar los ajustes en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado.
Respecto a los intereses resarcitorios, consideró que éstos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias, por lo que al haber sido calculados según el art. 37 de la ley 11.683 (t.o. 1998), corresponde disponer su confirmación.
Las costas deben ser soportadas por la actora quien resultó vencida.
III. Que, contra lo así resuelto, la parte actora interpuso apelación con fecha 21/02/2024 (cfr. fs. 2518 del documento digitalizado) y presentó su memorial en fecha 13/03/2024 (cfr. fs. 2542/2547 del documento digitalizado). El Fisco Nacional contestó el traslado oportunamente conferido respecto del memorial de la contraria (cfr. fs. 2552/2563 del documento digitalizado). La causa fue elevada para conocimiento del Tribunal en fecha 16/05/2024 (cfr. fs. 2564 del documento digitalizado).
IV. Que la parte actora en su memorial, luego de transcribir parcialmente ciertos pasajes de la sentencia recurrida, indicó que lo agravia lo resuelto por el Tribunal a quo, en cuanto a que la sentencia hace especial hincapié en la lo que -según su comprensión- se pretende atribuir la responsabilidad por tal hecho a su parte, la cual simplemente contrató servicios que le fueron facturados mediante documentos que contaban con todos los requisitos previstos por la normativa vigente.
Indicó que su parte ha sido sorprendida en su buena fe, ya que no tuvo a su alcance la posibilidad de controlar dichos extremos, ni la obligación legal, ya que las observaciones efectuadas por el Organismo no eran soporte de su contralor, siendo que las facturas emitidas por el mismo, cumplían con los requisitos que las presumían válidas.
Por otra parte, señaló que la resolución analiza parcialmente los hechos relevados puesto que, del sistema del Organismo, surge que parte de la facturación posee C.A.I. válido. Asimismo, dado que las firmas han presentado declaraciones juradas declarando impuesto a favor del Fisco en determinados períodos, la demandada debería haber profundizado la investigación sobre los proveedores y no sobre su parte.
Manifestó que no existen elementos que permitan atribuir responsabilidad alguna a su parte, por la supuesta inconsistencia de alguna de las facturas impugnadas. Interpretó que tal circunstancia, puede deberse a múltiples circunstancias (irregularidades de la imprenta en el cumplimiento de sus obligaciones, errores en la confección de las facturas, utilización de doble facturación por parte de la firma proveedora, etc.).
Refirió que de las constancias documentales surge la existencia de la erogación, el circuito comercial de las operaciones, la registración en los libros y el pago correspondiente (entre otras circunstancias), mientras que la imputación formulada por el Fisco Nacional carece de certeza jurídica, al tiempo que no se encuentra fundada en la prueba que sustente dicha postura.
Reiteró que en el caso, se ha demostrado la inexistencia de las operaciones, y además se ha acreditado la existencia de las operaciones a través de las facturas en cuestión, el respaldo de las erogaciones, agregándose también que el propio Fisco ha podido observar en alguno de los casos analizados la legitimidad de las facturas involucradas en la investigación.
En definitiva, dijo que lo agravia el hecho de considerar procedente un ajuste sobre la base de presunciones carentes de fundamento.
Por ello, solicitó que se revoque la resolución apelada y se impongan las costas a la vencida.
V. Que, con carácter previo al tratamiento de las cuestiones planteadas, corresponde señalar que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros y, en sentido concordante, esta Sala, in re, “Puente Hnos. S.A. c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I. s/proceso de conocimiento”, Expte. N° 45029/2017, sentencia del 27 de abril de 2023, entre muchos otros).
VI. Que, a modo de recapitulación, cabe señalar que en estos autos se discute la validez de las resoluciones N° 29/2022 y N° 30/2022 , ambas de fecha 10/06/2022, dictadas por la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro II (cfr. fs. 29/97 y fs. 366/393 del documento digitalizado, respectivamente).
Por conducto de las resoluciones antedichas, se determinaron los Impuestos al Valor Agregado por los períodos fiscales 6/15 a 3/18 y a las Ganancias de los períodos fiscales 2016 y 2017, con más los intereses resarcitorios y se dejó en reserva la aplicación de sanciones según el art. 20 del Régimen Penal Tributario (ley 27.430).
VII. Que sentado lo anterior, es preciso recordar que los actos administrativos gozan de la denominada presunción de legitimidad (cfr. artículo 12 de la ley 19.549 y modificatorias y esta Sala, in re, “LDC Argentina S.A. c/D.G.I.”, Expte. Nº 91.325/2017, del 3/05/2018, entre otros).
En ese sentido, se ha indicado que tal presunción implica la suposición de que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión. Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que la presunción permite inferir que toda la actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, lo cual subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente (cfr. Fallos: 319:1476, in re, “Alcántara Díaz Colodrero, Pedro”, del 20/08/1997, entre otros). En palabras de Bartolomé Fiorini, el fundamento de este carácter deriva de la presunción general de validez que acompaña a los actos estatales: a toda ley se la presume constitucional, a toda sentencia se la considera válida, y a todo acto de la Administración se lo presume legítimo (cfr. autor citado, Derecho Administrativo, Bs.As., Abeledo-Perrot, 1976, 2da. edición, t. I, p. 348).
Sin embargo, la revisión de los actos concurre para enervar la presunción y, en todo caso, ello significa que la presunción puede ser desvirtuada ante un tribunal (cfr. Comadira, Julio R. -Monti, Laura M., colaboradora, Procedimientos Administrativos, Bs. As., La Ley, t. I, pp. 231/232 y sus citas).
Es en razón de la vigencia de la citada norma, que le correspondía a la conducente a fin de derribar la presunción de legitimidad y evidenciar los pretendidos errores que afectarían al acto administrativo impugnado.
VIII. Que, asimismo, es del caso recordar que para que resulte aplicable la solución normativa prevista en el art. 86, inc. b) de la L.P.T., la sentencia del Tribunal Fiscal debe presentarse como una sentencia arbitraria.
Al respecto, cabe comenzar por recordar que la primera formulación de la noción de sentencia arbitraria data del año 1909 y fue efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar la causa: “Rey vs. Rocha”, registrada en Fallos: 112:384.
En dicha oportunidad, el Alto Tribunal sostuvo que sentencia arbitraria es aquella desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces y no lo es, en cambio, cuando concurra simplemente una interpretación errónea de las leyes a juicio de los litigantes. De allí que resulte trascendente remarcar la distinción entre arbitrariedad, por un lado y el mero error en la interpretación de las leyes o en la apreciación de la prueba por el otro. Sobre el punto, cabe recordar que constituye doctrina jurisprudencial pacífica, sólida y consolidada aquella que caracteriza que debe entenderse por arbitrariedad: “[s]ólo cuando se resuelve contra, o con prescindencia, de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio o se hace remisión a las que no constan en el” (cfr. Fallos: 207:72, in re, “Carlozzi c/Tornese Ballesteros”, del 14/02/1947 y doctrina concordante posterior, doctrina aplicada por esta Sala en reiteradas oportunidades, por ejemplo, sentencia en autos: “Quilsa Com Ar S.H. (T.F. 28283-
I. c/D.G.I.”, Expte. Nº 6647/2021, del 26/04/2022, entre muchos otros). A lo expuesto, debe agregarse que la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho, así se estimen esas discrepancias legítimas o fundadas. Esta tacha no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen como tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, los pronunciamientos quedan descalificados como actos jurisdiccionales (cfr. Fallos: 244:384, citado por Carrió, Genaro R., “Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria”, Bs. As., Abeledo Perrot, 1967, p. 29).
En este orden de ideas, se observa que la resolución del Tribunal a quo dista de poder ser considerada arbitraria; a lo que cabe agregar que la pretendida tacha del recurrente, no supera el umbral de la mera discrepancia en cuanto a la inteligencia otorgada a cuestiones de hecho y prueba.
Como se verá en el desarrollo posterior, el apelante no ha logrado demostrar que la sentencia del Tribunal a quo adolezca de la anunciada arbitrariedad, que la torne revisable por esta Cámara en los términos de lo dispuesto en el art. 86, inc. b) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.); norma a cuyo respecto cabe recordar que, en cuanto al análisis de las cuestiones de hecho y prueba relacionadas con la causa, prevé una limitación en razón de la cual corresponde estar a lo decidido por el T.F.N., salvo que se demuestre que se ha incurrido en arbitrariedad manifiesta en la valoración de dichos aspectos (cfr. Sala I, en la causa: “Establecimientos Don Esteban S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; esta Sala, in re, “Xenobióticos S.R.L. c/D.G.I.”, Expte. Nº 23.132/2016, del 7/06/2016 y sus citas; Sala III, en autos: “Standard Motors Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; Sala IV, causa: “Valle Escondido c/D.G.I.”, del 17/05/2016 y Sala V, in re, “Sullair Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 21/03/2011, entre muchos otros). Sobre el punto, el criterio jurisprudencial imperante en esta Excma. Cámara de Apelaciones puede sistematizarse en los siguientes aspectos fundamentales:
1. se trata de un recurso como principio limitado, en la medida en que no habilita al Tribunal de Alzada a revisar la materia fáctica y probatoria, debiendo tenerse por ciertas las conclusiones del T.F.N. sobre esta materia;
2. tal principio tiene como excepción, el supuesto de que las conclusiones del T.F.N. sobre las cuestiones fácticas presenten deficiencias serias, las que sólo tienen lugar cuando exista arbitrariedad, irrazonabilidad o ilegalidad en las conclusiones del T.F.N. sobre estas cuestiones; y, 3) no se verifican dichos supuestos, cuando el recurso ante la Cámara manifiesta solamente una discrepancia respecto de la selección y valoración de prueba por el T.F.N. La circunstancia de que el Tribunal a quo haya dado preferencia a determinada prueba no configura, per se, un supuesto de arbitrariedad.
Lo apuntado precedentemente es relevante, puesto que el recurrente se limitó a discrepar exclusivamente la valoración que sobre los hechos y las pruebas ha efectuado el T.F.N.
IX. Que, el Tribunal Jurisdiccional Administrativo señaló categóricamente que, en función de los elementos colectados en sede administrativa, se concluyó que las facturas resultaban actos carentes de sinceridad, careciendo quienes figuraban como emisores, de actividad comercial real o sustantiva que les diera sustento; lo que permitió sostener que se trataban de sujetos inscriptos al solo efecto de facturar gastos y créditos fiscales ilegítimos, lo cual condujo a la impugnación de dichos conceptos en las declaraciones juradas del Impuesto a las Al respecto, y frente a la contundencia argumental del Tribunal a quo, cabe recordar que la carga probatoria es el imperativo que tienen las partes de activar adecuadamente las fuentes de prueba para que demuestren los hechos que les corresponda probar a través de los medios probatorios, y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante (cfr. esta Sala, in re, “De Simini, Vito (TF 25889-I) c/D.G.I. s/R.D.O.E.”, Expte. N° 37790/2013, sentencia del 28/11/2013, y sus citas, entre otros).
De tal suerte que resulta de aplicación lo establecido en el artículo 377 del C.P.C.C.N. (supletoriamente por conducto del artículo 197 de la L.P.T.), en cuanto allí se plasma normativamente el adagio: “onus probandi incumbit ei qui dicit”. La norma y el principio han sido vinculados de un modo inescindible por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En razón de lo cual, ante un acto que no esté afectado por un vicio grave y manifiesto, es necesario para quien propone su nulidad, alegarla y probarla dado el principio de legitimidad que fluye de todo acto administrativo (cfr. Fallos: 310:234, del dictamen del Procurador General al que el Tribunal adhirió).
Desde esta perspectiva, luce ciertamente incumplida esta carga por parte de la recurrente, en la medida en que ante esta instancia se limitó a reiterar conceptos ya vertidos en las actuaciones -los que por cierto, fueron desestimados con argumentos sólidos y suficientes por la instancia anterior- y, además, tampoco ha producido prueba suficiente y conducente al efecto de demostrar la procedencia de su pretensión, tal como ha sido elocuentemente puesto de manifiesto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el pronunciamiento materia de recurso.
X. Que, a la luz de los preceptos antes enunciados, cabe aquí dar por reproducida -por razones de brevedad- la valoración que de la prueba efectuó el Tribunal Fiscal, y señalar que, como quedara dicho, la recurrente no logró en modo alguno ante esta instancia, formar la convicción acerca de su desacierto, ni mucho menos la pretendida arbitrariedad del pronunciamiento recurrido. De lo expuesto, no puede extraerse que las premisas por las cuales fueron dictadas las resoluciones administrativas resulten incorrectas o ilegítimas, en tanto el criterio valorativo expuesto por el Organismo Recaudador -y ratificado por el Tribunal Fiscal de la Nación- no resulta susceptible de objeción, dado que no existen elementos de prueba con entidad suficiente como para controvertir las bases fácticas tenidas en cuenta para resolver del modo en que lo hizo y tampoco la contribuyente logró exponerlo de un modo que habilite a este Tribunal a efectuar En definitiva, en la pieza recursiva bajo examen, la recurrente desarrolló una línea argumental de tinte subjetivo, en la cual se limitó a discrepar con el análisis que de los hechos y de la prueba colectada en la causa efectuara el T.F.N., que por cierto -como quedara expuesto en los considerandos que anteceden- no resulta suficiente a efectos de modificar el temperamento adoptado en la instancia anterior, máxime teniendo presente la limitación contenida en el art. 86, inc. b) de la L.P.T. Todo lo cual pone en evidencia la corrección de la decisión del Tribunal Jurisdiccional, al tiempo que afirmó que la actora tuvo oportunidad de producir las pruebas que consideraba pertinentes para acreditar su postura e intentar desvirtuar el criterio fiscal y, sin embargo, no lo hizo de un modo adecuado a tales efectos.
A lo hasta aquí expuesto, corresponde añadir el hecho de que el recurso ante esta instancia no da acabado cumplimiento a lo establecido en el art. 265 del C.P.C.N. (de aplicación supletoria por conducto de lo dispuesto en el art. 197 de la L.P.T.), y permite concluir que resultó insuficiente e inconducente a los efectos de desvirtuar la presunción de legitimidad que inviste a las resoluciones impugnadas; todo ello, evaluado de conformidad con la regla de la sana crítica, expresamente prevista en el ordenamiento adjetivo al efecto (cfr. art. 386 del C.P.C.C.N., también de aplicación supletoria).
En tales condiciones, analizando los antecedentes descriptos bajo el prisma de la doctrina antes apuntada, no cabe más que concluir que la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación resulta ajustada a derecho, no habiendo logrado la recurrente demostrar su incorrección, presentándose así el recurso bajo examen como una pieza procesal insuficiente a los efectos de ser considerado como una crítica concreta y razonada del pronunciamiento recurrido, sellando de ese modo la suerte de la impugnación.
En consecuencia, cabe concluir que la presunción de legitimidad de que gozan las resoluciones impugnadas, resiste incólume a los planteos intentados por la parte actora y, por ende, corresponde desestimar la apelación, confirmando la sentencia apelada en cuanto fuera materia de recurso en estos autos. Por lo demás, con relación a los intereses resarcitorios no cabe mas que su confirmación, dado que la actora no desarrolló consideración alguna en su recurso, lo cual exime a este Tribunal de efectuar mención al respecto.
XI. Que, las costas de esta instancia se imponen a la actora quien resultó vencida (cfr. artículo 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998- y modif.).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) desestimar el recurso de en cuanto confirmó las resoluciones N° 29/2022 y N° 30/2022 emitidas por la A.F.I.P. –D.G.I., y 2º) las costas de esta instancia se imponen a la actora, en tanto resultó vencida (cfr. art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998- y modif.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia