Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 100.498
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la sentencia del 22.02.2022 y se recepta la acción de desalojo instaurada por Mónica Alejandra Thea contra Evangelina Beatriz Hernández y todo subinquilino y/o ocupante, a quienes se los condena a restituir el inmueble objeto de autos (calle 57 n° 996 de la localidad de General Belgrano, designado catastralmente como Circ. I, Secc. G, Manz. 59- BS, Parc. 19E y 20, Partido 36) en el plazo de diez días de adquirir firmeza la presente. Costas de ambas instancias a la demandada vencida. Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 LHP).
Reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial Dolores, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa nº 100.498, caratulada: "THEA, MÓNICA ALEJANDRA C/ HERNANDEZ, EVANGELINA S/ DESALOJO", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. Mauricio Janka y Daniela Galdos (Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 2), quien integra el Tribunal (arts. 39 y 40 de la ley 5.827).
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión: ¿Es procedente el recurso de apelación contra la sentencia del 22.02.2022?
Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Janka dijo:
I. Respecto de la sentencia dictada el 22.02.2022, interpuso la parte actora el recurso de apelación del 08.03.2022; concedido libremente el 14.03, fue sustentado con la expresión de agravios del 19.04, que recibió la contestación del 27.04.2022.
II. Mónica A. Thea inició acción de desalojo por vencimiento del contrato de locación suscripto el 01.12.2004, contra Evangelina Hernández y ocupantes del inmueble de la calle 57 n° 996 de la localidad de General Belgrano, designado catastralmente como Circ. I, Secc. G, Manz. 59-BS, Parc. 19 E y 20 (v. adjunto del 04.05.2019).
La codemandada opuso excepción de falta de legitimación activa con sustento en que, si bien suscribió el contrato de locación, existió engaño de la contraria por no ser titular registral del inmueble, tenedora ni poseedora a título de dueña. Adujo que nunca le exhibió un documento que acreditara aquella circunstancia, resultando por ende nulo dicho contrato.
También opuso defensa de falta de legitimación pasiva con pie en su calidad de poseedora con ánimo de dueña. Aseveró que, si bien en principio pudo haber ingresado al inmueble como aparente inquilina, esa condición se intervirtió de hecho y pasó a ser poseedora con clara intención de adquirir la propiedad.
Refirió que, vencido el contrato de alquiler a fines de 2007, transcurrieron más de doce años sin tener contacto con la locadora, quien nunca efectuó reclamo.
Mientras tanto, su parte introdujo en el bien las mejoras que describe y que traduce en actos posesorios suficientes para repeler el pedido de restitución (v. adjunto del 17.02.2020).
III. La sentenciante rechazó la acción al tener por probada a primera vista, la posesión de la demandada quien, a su vez, invocó la interversión del título.
Afirmó que resulta claro que las conductas desplegadas por ésta constituyen actos impropios de un mero tenedor, como las mejoras introducidas al bien, según indicaron los testigos.
Agregó que en modo alguno la parte actora demostró ser la titular registral, por lo que, no siendo el desalojo el marco adecuado para la discusión de pretensos derechos reales de los sujetos, corresponde la desestimación de la acción.
IV. Señala la apelante que, según la naturaleza de este tipo de procesos, es suficiente que quien reclame la restitución demuestre un título suficiente, extremo que acontece aquí frente al reconocimiento del contrato de locación suscripto entre las partes por el plazo de treinta y seis meses, notablemente vencido.
Agrega que es impropio incluir en la disputa cuestiones que exceden tan acotado marco procesal, como las vinculadas a la tenencia o uso de la cosa, habilitación comercial a nombre de la demandada, pretensiones reales, etcétera. En definitiva, que la juzgadora debió limitarse a verificar la existencia entre las partes de las referidas obligaciones.
Indica que la accionada reviste la condición de deudora de la obligación de restituir conforme las constancias que componen la causa, cuya valoración tacha de incorrecta.
Lo anterior, porque no cabe considerar que los actos posesorios que habrían sido ejercidos, como las mejoras a que alude la jueza, obstaculizan la procedencia de la acción cuando tales modificaciones nunca fueron autorizadas por la locadora, manteniéndose vigente la primera y única obligación de devolver la cosa.
V. En el tratamiento de las cuestiones suscitadas (arts. 1, 2, 3 del CCyCN) estimo de utilidad precisar que el objeto de la acción de desalojo está destinado a asegurar la libre disposición del inmueble a quien tiene derecho a ello, cuando es detentada contra su voluntad por personas que entraron en su tenencia mediante actos o contratos que, por cualquier causa, no pueden ya considerarse existentes (Morello y otro, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial…”, Abeledo Perrot, 2015, t. VII, pág. 1113 y jurisp. citada; Alsina, “Tratado de Derecho Procesal”, 1ra. ed., t. III, pág. 402, ap. 2). Así, el proceso da cauce a una acción de carácter estrictamente personal, no posesoria, tendiente a verificar la existencia (o no) de una obligación exigible de restituir; personal porque sólo comprende aquellos conflictos basados en la condición propia de los contendientes respecto de la cosa en litigio, quedando limitado al cumplimiento de la entrega. La legitimación es amplia, compete tanto al propietario como al poseedor, al locador, al usufructuario y aún al simple tenedor, y procede respecto de locatarios, tenedores precarios, intrusos o cualquier otro ocupante, cuya obligación de restituir sea acreditada (art. 676 del CPCC).
En el caso, la actora invocó haber suscripto el 01.12.2004 con la demandada Evangelina Hernández, el contrato de locación con firmas certificadas el 06.12.2004, que adjuntó al escrito inicial, con relación al inmueble de la calle 57 n° 996 de General Belgrano -designado catastralmente como Circ. I, Secc G, Manz. 59 bs y, Parc. 19 e y 20-, con destino a vivienda y comercio, y por el plazo de treinta y seis meses a partir de la fecha de su firma. Vinculación contractual que, al contestar la pretensión, reconoció la demandada, circunstancia que otorga plena virtualidad y eficacia al contenido del convenio, fundamentalmente en lo que hace a su objeto y al carácter de locadora de la actora y locataria de la contraria (arts. 330, 354 inc. 1, 375 del CPCC; 1137, 1144, 1198, 1493, 1494, 1505 y concs. del CC; hoy arts. 957, 958 1187, 1192 y concs. del CCyCN).
Por ende, frente al vencimiento del plazo previsto en la cláusula tercera, emerge en principio el derecho de la locadora de reclamar la tenencia y la obligación de la locataria de restituir el bien objeto de ella por faltarle título suficiente para mantenerse en su ejercicio (arts. cit.).
En nada se modifica lo anterior, de entenderse que existió ardid al contratar en el carácter de propietaria de la locadora o porque se tilde por eso nulo el contrato, pues en tal sentido nada ha sido así declarado al momento; máxime cuando la calidad de locadora no está sustentada por la vigencia de los efectos del contrato, sino que es aquélla que originariamente se tuvo al dar en locación para colocar al arrendatario en la tenencia del inmueble. Si bien aduce nulidad del contrato, la demandada no discute ser arrendataria del bien ni niega el vínculo locativo.
Asimismo, más allá de lo invocado al contestar demanda en relación a la ausencia de derechos reales de la actora sobre el bien, cabe decir que la procedencia de la acción no depende exclusivamente del carácter de propietario, como mencionó la sentenciante, sino del derecho legítimo alegado para recuperar la cosa y de que el ocupante se encuentre en una preexistente obligación de restituirlo (arts. 375, 384, 676 y concs. del CPCC). Pues bien, partiendo de que la pretensión de desalojo puede dirigirse contra el locatario, sublocatario, tenedor precario, intruso y todo otro ocupante cuyo deber de restituir sea exigible, queda descartada cuando se intenta contra quien “en principio” posea con ánimo de dueño; la vía idónea en tal caso no será otra que la de las acciones posesorias o reivindicatoria. En ese camino, para imponer al actor que recurra al ejercicio de estas últimas, no es suficiente que el accionado invoque derechos posesorios sino que acredite prima facie [a primera vista] la calidad que invoca justificando así la seriedad de su pretensión (SCBA; Ac. 51.078, sent. del 31.05.1994; Ac. 40.455, sent. del 25.05.1989, AyS, 1989-I-736).
¿Qué grado de certeza se requiere? La doctrina jurisprudencial que prevalece se contenta con la verosimilitud de la calidad de poseedor, pero no con nada; no se requiere certeza absoluta ni la prueba de la posesión que sí sería indispensable frente a una pretensión de reivindicación, pero sí que al menos prima facie demuestre la efectividad de la posesión y la seriedad de la defensa que obste al desahucio (SCBA; AyS, 56.924, 30.08.1996).
Sin embargo, ello no es todo; habiendo Hernández ingresado como tenedora precaria que reconoce en otro la posesión, según quedó reconocido, deberá además demostrar con la misma exigencia señalada (mínima, pero suficiente) la mutación de aquella relación de poder. Según nuestro ordenamiento nadie puede cambiar por sí ni por el mero transcurso del tiempo la causa de su posesión, y el que ha comenzado a poseer por otro (la tenedora precaria) se presume que continúa poseyendo por el mismo título mientras no se pruebe lo contrario (art. 2353 del CC; Alterini, J., "Código Civil Anotado", de Llambías, Jorge J., t. IV, p. 81).
En otras palabras, tal como la posesión comenzó continúa siempre, mientras no se cree un nuevo título de adquisición. Y quien posee por otro, se erige en mero tenedor de la cosa, siendo tal el caso del locatario, salvo cuando exprese por actos exteriores la intención de privar al poseedor de la cosa y que esos actos produzcan ese efecto, generando con ello lo que en doctrina se llama interversión del título (arts. 2354, 2447, 2458 del CC, 1909, 1910, 1915, 1932 a 1940 del CCyCN).
En su contestación, la accionada señaló su calidad de poseedora con ánimo de dueña y que -en esa condición- intervirtió el título. No obstante, los elementos probatorios producidos resultan a mi entender insuficientes para demostrar (aun prima facie) tal mutación. Veamos. Los tres testigos que prestaron declaración testimonial (v. adjuntos URL en fechas 02.06.2022 y 04.07.2022, correspondientes a la audiencia desarrollada el 05.04.2021) afirmaron, palabras más palabras menos, que la demandada permanece en el inmueble desde “hace años”, desde “hace mucho”, “muchísimo”, “10 o 15 años”, o desde el año 2004/2005 según refiere con mayor precisión el testigo Forciniti.
Pero lo cierto es que ésa es la época de la celebración del contrato de locación, por lo que, frente a la relación de mera tenencia en virtud de la cual la demandada comenzó a ocupar el inmueble, poco aporta ese dato por sí sólo a los pretendidos fines de repeler la acción de desalojo.
Asimismo, si bien el testigo Ubal indicó que desde hace años está “…habilitado el local comercial de la señora Evangelina…” (sic), al igual que mencionan los otros dos testigos (Forciniti y Cora), en modo alguno indica un acto posesorio con ánimo de dueña desde que, precisamente, el desarrollo de una actividad comercial fue incluso uno de los objetos del contrato de locación (arts. 384, 456 del CPCC).
Por iguales motivos, tampoco implica un acto posesorio que la habilitación comercial estuviera a nombre de la demandada desde febrero/05, como afirmó la juzgadora con pie en el oficio contestado el 29.08.21 por la Municipalidad de Gral. Belgrano, pues ello no es más que una exigencia municipal que en poco puede contribuir a la relación de poder respecto de la cosa misma o al ánimo de dueña.
Hasta aquí, nada en concreto.
Apreciación aparte merece la cuestión de las mejoras o ampliaciones que se habrían llevado a cabo en el inmueble.
Cierto es que el testigo Ubal -quien dijo haber sido contratado a ese fin- refirió haber realizado modificaciones y/o arreglos varios en techos, pisos y paredes. Pero, también dijo haber comenzado las mismas “…hace alrededor de cuatro o cinco años…” (sic), sin poder determinar además cómo “era antes de eso el lugar”.
Por su parte, el testigo Forciniti -quien señaló tener una relación laboral con la demandada- refirió que se hicieron mejoras desde que son ocupantes o desde “que están allí”, al igual que dijo la testigo Cora, lo que además de no resultar conteste con lo expresado por el testigo Ubal, no fueron precisadas; debilidad que resta alguna contundencia a los relatos no complementados con otras pruebas (arts. 375, 384, 456, doctrina art. 679 del CPCC y arg. art. 24 inc. c de la ley 14.159).
Así y todo, si bien con un criterio amplio de apreciación, aceptando que las mejoras y/o modificaciones podrían configurar el ejercicio de actos posesorios, siempre con la verosimilitud necesaria en el marco del proceso de desalojo, habiendo la demandada ingresado como tenedora, debió acreditar a primera vista la transmutación de esa relación de poder (de tenedora a poseedora), pues -como dije- se parte del principio de inmutabilidad de la causa de la posesión salvo prueba en contra a su cargo, aquí no lograda (arts. cit. y arts. 2384 del CC, 1928 del CCyCN).
El ordenamiento permite la interversión del título, pero no sólo debe consistir en manifestaciones de la voluntad de convertirse en poseedor o en el solo ejercicio de actos que podrían catalogarse como posesorios; sino, además, éstos deben exteriorizarse con suficiente potencia como para “excluir” al anterior poseedor de la posibilidad de disponer de la cosa.
Esto es, el tenedor, en una especie de abuso de confianza, debe desapoderar al sujeto que en un primer momento le entregó la cosa en el marco de un contrato que genera el deber de restitución, como la locación. Interversión que cobra relevancia no sólo en los procesos judiciales de usucapión sino también de desalojo, cuando la demandada alega ser poseedora, debiendo acreditar -por haber accedido al bien como tenedoraque ha mutado su condición.
En otras palabras, la interversión unilateral exige del sujeto que pretender intervertir: i) actos exteriores que manifiesten la intención de privar al poseedor de la disposición de la cosa, ii) que, mediante estos actos, logre su finalidad de exclusión; vale decir, que se produzca el efecto “privación o exclusión”.
La Corte Suprema nacional caracterizó los actos exteriores así: “La interversión requiere de actos de oposición (…) que sean lo suficientemente precisos para significar la voluntad del tenedor de excluir al poseedor y lo suficientemente graves para poner en conocimiento de la situación al poseedor, para que éste pueda hacer valer sus derechos. El acto de oposición es al mismo tiempo un acto de afirmación de la posesión propia y de negación de la posesión ajena. Por otra parte, el acto de oposición debe ser público, en el sentido de que debe llegar a conocimiento del que sufre la interversión. Es indispensable una manifiesta rebelión contra el título actual y contra el poseedor a nombre de quien ocupaba la cosa […] (sent. del 3.6.2014 dictada en “Mimica” (considerando 13); sent. del 4.5.1993, dictada en “La Rinconada S.A.”; sent. del 11.6.1962 dictada “Cornet D´Hunval” (considerando 10). En cuanto al “efecto exclusión”, el mismo cimero Tribunal de la Nación aclaró que su alcance trasciende la simple inacción del afectado a que tanto alude la demandada en ambas instancias, pues no basta un relativo desinterés por el inmueble sino que los actos sean lo suficientemente idóneos como para poner al propietario, que debe haber tenido conocimiento de ellos, en el trance de hacer valer por la vía que corresponde los derechos que le fueron desconocidos (CSJN; Fallos: 316:2297, considerando 14).
En el caso, más allá de los actos posesorios que prima facie podrían haber quedado demostrados (art. 1928 CCyCN), no se probó ni aun liminarmente el efecto exclusión que se da cuando el afectado es privado “en persona” de la cosa, con antelación al reclamo restitutorio de quien confirió la tenencia.
Se ha expuesto en ese sentido que: “…para que se produzca la interversión del título no basta el cambio interno de voluntad del interesado, ni siquiera su exteriorización por simples actos unilaterales, sino que se realice mediando conformidad del propietario [o excluido] o por actos exteriores suficientes de contradicción de su derecho, lo primero porque excluye la unilateralidad de la mutación y lo segundo con arreglo al principio del art. 2458 del CC” (Diegues, J.; “Interversión del título”, La Ley 20.08.2013, 7; jurisprudencia allí citada).
Esta norma contempla el supuesto de interversión del título por quien tiene la cosa a nombre del poseedor, requiriendo para operar de actos exteriores contra el poseedor (Salvat y Argañáras, "Derechos reales", t. II, n. 991), acto de oposición o “de rebelión” -en palabras de la Corte nacional- que se traduce en un acto de afirmación de la posesión propia y de negación de la posesión ajena, lo que no advierto aquí satisfecho en modo alguno. Nótese que tampoco acreditó la demandada el inicio o la existencia de las acciones penales a que alude en el escrito de contestación de demanda, en tanto fue declarada la caducidad de dicha prueba en la resolución del 27.09.2021 (arts. 400, 430 del CPCC).
En tal sendero, sabido es que quien alega un hecho debe probarlo; la carga de la prueba en el proceso dispositivo no es otra que una carga jurídica constituida por la conveniencia para el sujeto de obrar de determinada manera a fin de no exponerse a las consecuencias desfavorables que podría ocasionarle su omisión. Se trata de una regla de juicio que indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos (art. 375 del CPCC).
Por lo demás, se adjunta a la contestación de demanda una factura de ARBA de 2016, una de ABSA de 2019 y otra de EDEA de 2019, todas sin los recibos de pago, lo que resulta a todas luces insuficiente, por lo reciente de las mismas y porque ni siquiera han sido abonadas, salvo una factura por tasas municipales de 2019. También se agregó un comprobante de Rentas de 2013 con sello de ingreso en “tesorería municipal”, pero sin recibo de pago. Ello sin perjuicio de señalar que tampoco se ha demostrado la autenticidad de tales documentos; fue decretada también la caducidad de la prueba informativa (arts. cit.; 2384 del CC; 400, 430 del CPCC).
Por su parte, del informe emitido por ABSA el 23.04.2021 surge que el servicio está habilitado desde 2020 a nombre de una tercera persona, adjuntando resumen de deuda vencida e impaga.
En definitiva, y como se señaló al principio, habiendo ingresado la demandada locataria como tenedora precaria y no demostrada prima facie [a primera vista] la condición de poseedora ni la interversión del título originario, no existen motivos que justifiquen desestimar la pretensión de desalojo instaurada, por haber vencido el plazo de treinta y seis meses previsto por las partes en la cláusula tercera del contrato de locación del 01.12.2004 (v. 04.05.2019) (arts. 1137, 1144, 1198, 1493, 1494, 1505 y concs. del CC; hoy arts. 957, 958 1187, 1192 y concs. del CCyCN).
VI. En consecuencia, como los agravios dan la medida de la competencia de esta alzada (arts. 260, 261 y 266 CPCC), en base a los fundamentos expuestos, citas legales y jurisprudenciales, propongo revocar la sentencia del 22.02.2022 y receptar la acción de desalojo instaurada por Mónica Alejandra Thea contra Evangelina Beatriz Hernández y todo subinquilino y/o ocupante, a quienes se los condena a restituir el inmueble objeto de autos en el plazo de diez días de adquirir firmeza la presente. Costas de ambas instancias a la parte demandada en su objetiva condición de vencida que impone el principio general en la materia (arts. 68 y 274 del CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora jueza doctora Galdos adhirió al voto precedente por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Janka dijo:
Conforme se ha votado la cuestión precedente, corresponde revocar la sentencia del 22.02.2022 y receptar la acción de desalojo instaurada por Mónica Alejandra Thea contra Evangelina Beatriz Hernández y todo subinquilino y/o ocupante, a quienes se condena a restituir el inmueble objeto de autos (calle 57 n° 996 de la localidad de General Belgrano, designado catastralmente como Circ. I, Secc G, Manz. 59-BS, Parc. 19 E y 20, Partido 36) en el plazo de diez días de adquirir firmeza la presente. Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 1137, 1144, 1198, 1493, 1494, 1505, 2353, 2354, 2447, 2458, 1493, 1494, 1505 y concs. del CC; 1, 2, 3, 957, 958, 1187, 1192, 1928, 1932 a 1940 del CCyCN; 68, 274, 330, 354 inc. 1, 375, 384, 439, 456, 676 del CPCC).
Así lo voto.
La señora jueza doctora Galdos votó en análogo sentido.
Con lo que terminó el presente acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el acuerdo que antecede, fundamentos, citas legales y jurisprudenciales que se dan aquí por reproducidos, se revoca la sentencia del 22.02.2022 y se recepta la acción de desalojo instaurada por Mónica Alejandra Thea contra Evangelina Beatriz Hernández y todo subinquilino y/o ocupante, a quienes se los condena a restituir el inmueble objeto de autos (calle 57 n° 996 de la localidad de General Belgrano, designado catastralmente como Circ. I, Secc. G, Manz. 59- BS, Parc. 19E y 20, Partido 36) en el plazo de diez días de adquirir firmeza la presente. Costas de ambas instancias a la demandada vencida. Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 LHP).
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante en la ciudad de Dolores, en la fecha indicada en la constancia digital de la firma (Ac. 3975/20 SCBA).
JANKA Mauricio JUEZ GALDOS Daniela JUEZ FERNANDEZ Gaston Cesar SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia