Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 33.142-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución Nº 1078/2012 en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 3163/2007, mediante la cual se intima a las firmas de Transporte TRANSPORTES JN LTDA, TREVISAN SCHIMITZ y al ATA THONE, FEDERICO al pago de la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 86/100 CVOS. ($ 42.656.86.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA. (conf. lo expuesto en el cons. XV- “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01”), adeudados por la destinación Nº 07 042TRAS008847X, en los términos de los arts. 310, 312, 315, 780 y 794 del C.A., con más los intereses correspondientes en los términos del art. 794 del C.A.
2Costas conforme los mutuos vencimientos, los que se estiman en un 62% a cargo de la actora y en 38% a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-22351478-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Sábado 2 de Marzo de 2024 Agente de Transporte Aduanero (y su acumulado) TRANSPORTES JN LTDA c/ DGA s/ recurso de apelación. Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “THONE, FEDERICO, Agente de Transporte Aduanero c/ DGA s/ recurso de apelación” Expte. 33.142-A (y su acumulado) “TRANSPORTES JN LTDA c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expte. 33.310-A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho Resolución Nº 1078/2012 (AD PASO) dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, en la actuación SIGEA N°12307-11-2007/1, en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo 3163/2007, mediante la cual se intima a la Empresa TRANSPORTES JN LTDA, TREVISAN SCHIMITZ y al ATA THONE, FEDERICO, por la suma de $ 69.266,92.- en concepto de tributos, en los términos de los arts. 310, 312, 315, 780 y 794 del C.A., por la operación N° 07 042 008847X.
II. Fundamentos del recurso:
• Coactor THONE, FEDERICO (A.T.A) y ALESANDRO TREVISAN SCHIMITZ (Empresa de Transporte): A fs. 17/36, se presenta, por medio de apoderado, e interpone recurso de apelación contra la mencionada resolución. Hace una breve reseña de los hechos. Plantea la inconstitucionalidad del art. 1132 inc. c) y del art. 315 del C.A. Cita normativa. Asimismo, opone la incompetencia del Tribunal Fiscal de la Nación para entender en la causa y solicita la remision de las actuaciones al Juzgado Federal de Paso de los Libres. Cita normativa. Manifiesta que su representada no es responsable en materia tributaria como lo afirma la Aduana. Cita art. 315 del C.A. Señala que el transportista actuó con diligencia y que el hecho del robo fue informado en tiempo y forma conf. el art. 308 del C.A. Asimismo, manifiesta que se trata de un hecho que tuvo carácter de caso fortuito o fuerza mayor, por lo cual, no debe ponerse en cabeza de la víctima la responsabilidad tributaria. Cita normativa y jurisprudencia. Por lo cual, considera que en esta causa no se encuentra configurado ninguno de los supuestos contemplados en los arts. 311, 312 y 315 del C.A. Asimismo, señala que su representada cumplió con todas las obligaciones a su cargo, formuló denuncia ante la policía y comunicó oportunamente al servicio aduanero. Luego la Aduana formulo ante el Juzgado Federal la denuncia por Robo, sin embargo la causa por el delito de contrabando fue archivada atento a que el ministerio público no tenía medidas para proponer, en virtud a la falta de pruebas. Cita jurisprudencia relativa a la desestimación de la denuncia. Finalmente, ofrece prueba que hace a su derecho, formula reserva del caso federal, y solicita que se revoque la resolución apelada en autos, con costas.
• Coactor TRANSPORTES JN LTDA: A fs. 57/59VTA., se presenta, por medio de apoderado, e interpone recurso de apelación contra la mencionada resolución. Hace una breve reseña de los hechos. Señala que no resulta aplicable a este caso la procedencia de las presunciones de los arts. 310 y 311 del C.A. Asimismo, se refiere al alcance del art. 315 del C.A. Señala que la responsabilidad por la deuda ajena, es del contrabandista es el responsable conf. art. 782 del C.A. Cita jurisprudencia. Asimismo, manifiesta que se trata de un hecho que tuvo carácter de caso fortuito o fuerza mayor, por lo cual, no debe ponerse en cabeza de la víctima la responsabilidad tributaria. Cita normativa y jurisprudencia. Por lo cual, considera que en esta causa no se encuentra configurado ninguno de los supuestos contemplados en los arts. 311, 312 y 315 del C.A. Asimismo, señala que su representada cumplió con todas las obligaciones a su cargo. Finalmente, ofrece prueba que hace a su derecho, y solicita que se revoque la resolución apelada en autos.
III. Contestación del traslado: A fs. 69/78 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por las actoras en autos, y acompaña las actuaciones administrativas de la presente causa. Niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Señala que los planteos de Inconstitucionalidad e incompetencia planteados por el ATA no pueden prosperar. Cita normativa y jurisprudencia. Manifiesta que la normativa aplicable crea una ficción legal que no admite prueba en contrario y supone que ante la falta de arribo de la mercadería sometida a tránsito a destino, la misma se tiene por importada para consumo, por lo que corresponde el pago de los tributos. Específica que los arts. 312 y 780 a su vez se refieren a la responsabilidad por dichos hechos, colocándola en cabeza del transportista o su agente, previendo, asimismo, que dicha responsabilidad resulta solidaria. Cita normativa. Manifiesta que el hecho del robo de la mercadería, si bien procede tenerlo a priori como irresistible no puede calificarse de imprevisible. Cita jurisprudencia. Por último, ofrece prueba documental, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución que se apela en autos, con costas.
IV. Que de la Actuación Nº 12307-11-2007/1 obra a fs. 1 la copia del e-mail 110/07 of. G (de fecha 05/02/07) sobre la regularización de tránsitos de importación. A fs. 5/6 obra copia MIC/DTA BR 202805514 y Carta de porte BR 202803382. A fs. 7/9 obran e-mails informando que los camiones TRAS 8847X y 8859L fueron robados y que no podrán cumplimentar sus tránsitos (de fecha 05/02/07) y que el mismo transportaba 18 pallets de polietileno de alta densidad. A fs. 10 obra la Nota 08/07 (06/02/07) mediante la cual se elevan los actuados a Sección V. A fs. 11 obra planilla de liquidación. A fs. 12 con fecha 29/0507 se intima al ATA a que presente la denuncia del robo. A fs. 13 obra el Cargo Nº 3163/07 por la suma de $ 69.266.90 (notificado con fecha 03/12/07 al ATA- y a la empresa de transporte- a fs. 16/18) . A fs. 19/53 obran las impugnaciones del cargo de la empresa de transporte, Alesandro Trevisan Schimitz y el ATA, asimismo, acompaña MIC/DTA, denuncia policial. A fs. 54 solicita que se afecte la garantía a favor de la aduana y se levante la orden de interdicción del medio de transporte CAMION dominio IAW2734 y SEMI dominio IHC5066. A fs. 55/57 se constituye la garantía por los tributos adeudados Comprobante de liquidación manual 08042LMAN002211Z. A fs. 58/67 obra el Dictamen Nº 81/08 (de fecha 19/02/08). A fs. 68/74 obra la Disposición Nº 61/08 (AD PASO) por la cual se procede al levantamiento de la interdicción sobre el medio transportador CAMION dominio IAW2734 y SEMI dominio IHC5066 y se tiene por constituida la garantía. A fs. 80 se continua con el trámite del recurso de impugnación (nota de fecha 28/03/08). A fs. 81/83 se los tiene por presentado. A fs. 88/97 obra la Resolución N° 1078/12 aquí apelada (notificada con fecha 13/11/12 y 21/11/12 al Sr. Treviasan Schimitz, al ATA 13/11/12 y a la empresa de transporte 13/11/12 – a fs. 98/101).
V. A fs. 86 se abre la causa a prueba, a fs. 92 se tiene por desinteresada la prueba ofrecida por el ATA y ordenada a fs. 86. A fs. 94 se elevaron los autos a la Sala G. A fs. 95 quedaron los autos en estado de dictar sentencia.
VI. En primer lugar, corresponde referirme en relación a los planteos de inconstitucionalidad del art. 1132 inc. c) del C.A., e incompetencia de este Tribunal para entender en el caso, por considerar que se estaría lesionado su derecho de defensa en juicio, por no ser competente en autos un juez natural al domicilio del actor.
Al respecto, corresponde referir al Acuerdo Plenario del 26/4/2022 -IF-2022-40809437-APN- VOCXIX#TFN- dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020- 24600163-APNSGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales acordaron en su artículo 1° que “El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente...”. Asimismo, corresponde recordar que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad que debe ser considerada ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 286:76; 288:325; 300:1087; 333:447, entre muchos otros). Asimismo, cabe recordar que la competencia del TFN está detallada en el art. 1025, del Código Aduanero, donde se incluyen situaciones donde este tribunal de justicia actúa como tribunal de alzada, como en al caso de autos -conf. lo establecido en los arts. 1132 ap. 2 y 1053 inc. a) del C.A.- y corresponde resolver sobre los hechos probados y analizar las normas que le calzan a la situación concreta sometida a su conocimiento y resolución. Por lo que corresponde rechazar los planteos efectuados en este sentido por la actora, sin costas.
VII. El Cargo Nº 3163/07 se originó en virtud de los tributos que se devengaron de la mercadería amparada por la destinación 07 042 TRAS 008847X (MIC/DTA Nº BR.202805514, CRT Nº BR.
202803382), mercaderia que no arribo a la Aduana de destino, por el robo que sufriera el medio transportador DOMINIO IAW2734 y REMOLQUE IHC5066, y su carga 18 PALLETS DE 1375 KG DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, hecho que fue informado con a la Aduana con fecha 05/02/07 por el ATA Federico Thorne (ver fs. 7/8 de las act. adm.).
A los efectos de determinar la cuestión debatida en autos, corresponde destacar que no se controvierten los hechos en sí, es decir, el incumplimiento del referido tránsito de importación con destino final Chile, así como tampoco que ello fue consecuencia del robo de la carga del camión mencionado, siniestro que fuera denunciado ante la autoridad competente. Encontrándose la discusión circunscripta a la procedencia o no de la exigencia tributaria que formula el servicio aduanero en el presente.
VIII. Corresponde, analizar en autos si el art. 315 del Código Aduanero exime de responsabilidad tributaria cuando la mercadería fuere robada, o si, por el contrario, corresponde confirmar el reclamo tributario formulado en dicho concepto a la actora y no hacer lugar a la impugnación efectuada contra el mismo.
La operación de tránsito de importación se encuentra regulada en los arts. 296 y sgtes. del C.A., y constituye un régimen en virtud del cual se autoriza que la mercadería importada, es decir, aquella ingresada al territorio aduanero pero que carece aún de libre circulación en el mismo, sea transportada desde la Aduana por la que hubiere arribado hasta otra aduana para ser sometida a otra destinación aduanera, previéndose al efecto la no sujeción a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios (art. 304 C.A.).
La principal obligación que el régimen impone recae en el transportista, que asume su propia responsabilidad frente al servicio aduanero por la operación que se documenta, teniendo a su cargo el deber de transportar la mercadería a la aduana de destino (de salida o interior), dentro de un plazo estipulado, cuidando que arribe la misma mercadería (art. 317) y en su totalidad (art. 310), sin haber sufrido ninguna modificación ni haber sido utilizada.
Por su parte, el art. 315 exime de responsabilidad tributaria en caso de incumplimiento del tránsito, cuando las mercaderías se pierden “irremediablemente”, no habiendo entrado al circuito económico, y si se efectúa la comunicación prevista en el art. 308 del C.A.
A continuación, el mismo artículo no exime del pago de tributos si la mercadería en cuestión puede potencialmente ser utilizada por un tercero.
Por ello, no quedan dudas de que la segunda parte del art. 315 funciona como excepción a la situación planteada en la primera parte, y que el sentido de esa excepción (la posibilidad de empleo de la cosa por un tercero) comprende especialmente a la mercadería hurtada o robada. Trata los supuestos de siniestros en que por su naturaleza (como en el caso de autos, el robo a mano armada), pese a no poder ser recuperada por su propietario, la mercadería ingresa a plaza de forma irregular.
Según, la interpretación literal de la citada norma basta al respecto la mera posibilidad del empleo de la mercadería por un tercero, sin que sea necesario, en manera alguna, demostrar su empleo efectivo o económico de manera real, ya que la norma no requiere esa prueba o demostración. Es más, presume su importación a consumo sin admitir prueba en contrario.
En tal sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ha sostenido en numerosos fallos que la finalidad de la exigencia de pago de tributos de la mercadería perdida para el documentante como consecuencia del robo, es la de proteger la renta aduanera, previendo los perjuicios al erario público por su posible utilización en razón de un ingreso que ha resultado ilegítimo. En conclusión, el siniestro que afectó a la mercadería objeto del tránsito de importación (en el caso, el robo), a luz de la normativa expuesta, no puede ser considerado como un supuesto de pérdida irremediable de la misma -excepción para la que se previó la no sujeción al régimen tributario aduanero (art. 315 del C.A.)- y en consecuencia la misma se presume irregularmente importada para consumo.
IX. A su turno, nuestro Máximo Tribunal efectuó una interpretación del mencionado régimen, aconsejando distinguir, para un caso análogo al de autos, “la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; se aparta por el itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción (...) de la de quien ha cumplido con los deberes de custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas” (CSJN, “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T.317.
XLVI).
Por tanto, autorizó en ese orden de ideas -en una interpretación extensiva del plexo normativo- la posibilidad de la presentación de prueba en contrario, más allá de aquélla que se encuentra dirigida a derribar el presupuesto que la condiciona -esto es, que pueda ser (al menos) potencialmente utilizada por un tercero-.
X. Sentado ello, debe entenderse que el robo o hurto de la mercadería constituyen contingencias que no son ajenas a la operatoria de transporte, y si bien pueden considerarse como caso fortuito o fuerza mayor, en el caso que la mercadería pueda ser utilizada por un tercero, dicho hecho no opera per se como eximente de la responsabilidad tributaria, sino que tal como surge de la ley ritual y a la sazón de los criterios establecidos por nuestra Alzada en “Tevelam S.R.L.”, debe probarse en la especie otros extremos - en especial el haber cumplido con los deberes de custodia de modo significativamente ostensible- a fin de derribar el presupuesto que implica la presunción en trato, es decir, considerarla importada para consumo. Cabe predicar, que el razonamiento presuncional comporta en su estructura lógica como en su validez la existencia de un hecho inferente -comprobado o fundante- sobre cuya existencia no existen dudas (esto es, el incumplimiento de las obligaciones inherentes del régimen de importación de tránsito, debido a la existencia de un siniestro, sumado a ello, la potencial utilización por un tercero). A partir de él -el hecho inferente- se elabora una regla de experiencia para, finalmente, derivar de ello la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho inferido -presumido, fundado- (es decir, que la mercadería se encuentra circulando irregularmente dentro del territorio aduanero y que por tanto, debe ser considerada como importada para consumo).
Dichas presunciones admiten una división entre hominis y legales. Éstas últimas (aquí en trato), en la medida en que admitan prueba en contrario (aunque inviertan la carga de la prueba), serán absolutas o relativas. En las primeras es el legislador quien impone cierto razonamiento, pero para el caso de ser relativas (y es así como debe entenderse, en la especie analizada, a raíz de la interpretación jurisprudencial), dichas presunciones ayudan al juez con cierto razonamiento en virtud del cual se indica una regla de experiencia considerada normal, todo sin perjuicio del requerimiento de razonabilidad como garantía constitucional.
La consecuencia práctica de tales consideraciones preliminares es a los efectos de analizar la correcta concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que analizadas en una articulación coherente del plexo normativo y la doctrina de nuestra CSJN, evidencien que el hecho presumido guarda una razonable correspondencia con los hechos verificados.
XI. Entonces, a fin de determinar en el caso de autos a quién corresponde la carga de la prueba, cabe señalar que, genéricamente, ésta es correlativa a la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377 del Código Procesal Civil Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Para ello, debe tenerse presente que se trata de mercaderías de origen extranjero sujeta al pago de tributos, y que la presunción establecida en el art. 315 in fine del CA, encuentra su fundamento en la necesidad de evitar que con el régimen de importación de tránsito se perpetren maniobras que afecten la renta fiscal. Por lo que, pretender que debe ser la Aduana quien debe demostrar el no cumplimiento de las obligaciones de los sujetos responsables por la existencia de caso fortuito o fuerza mayor o la acreditación del no cumplimiento de sus deberes de custodia respecto de la mercadería introducida, poniendo en su cabeza la carga negativa de la prueba, implicaría en razón de la cantidad y magnitud de las operaciones que se realizan en el ámbito del país, imponerle una obligación de cumplimiento extremadamente dificultosa y la inexistencia de la presunción misma dispuesta por el legislador para todo aquél que acreditase un robo. Siendo, por lo demás, la parte recurrente aquélla que está en mejores condiciones de probarlo. Es por ello, que las normas vigentes, de la manera más adecuada a la lógica y a la razón, imponen esa carga -onus probandi-, de demostrar el cumplimiento de las obligaciones, a los propios beneficiarios de los regímenes de importación o de exportación.
Y si bien, la CSJN en “Tevelam S.R.L.” estableció que “si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas que fue comunicado a las autoridades (...) no cabe responsabilizar a la actora por el pago de los tributos...”, cabe destacar que dicha premisa lógica procedía, justamente, de diversas aristas fácticas del caso, como fue, en especial, la demostración por la parte actora en las instancias previas (debiendo destacarse la prueba en sede aduanera) del contundente cumplimiento de sus deberes de cuidado y custodia de la mercadería proveniente de zona extranjera, que implicó, sobre el caso particular y a partir de allí, naturalmente, la inversión de la carga de la prueba hacia el Fisco a fin de desvirtuar ello último.
XII. Sentado ello, corresponde ahora analizar los hechos en razón de las probanzas que fueron arrimadas a estos autos.
Los esfuerzos probatorios de la actora se limitaron a denunciar el robo de la mercadería en tránsito e informarlo a la Aduana. (v. copia de presentación efectuada por el ATA a fs. 7/8 y la constancia de la entrega del automotor por la policia y el certificado de denuncia de las actuaciones “Hallazgo automotor” de la Unidad funcional de Instrucción en lo Criminal Nº 5 del Departamento Judicial de la Matanza (de fecha 08/02/2007), a fs. 39/40, 48/49 de los antecedentes administrativos.
Destacándose, que no obra otra prueba que haga a su defensa, toda vez que como surge de autos, la prueba ordenada a fs. 86 nunca fue diligenciada por la parte actora, a los fines de requerir información sobre el trámite de la causa penal y los hechos investigados.
Tampoco se informó en autos, ni de las actuaciones administrativas, si el transporte de la mercadería contara con algún sistema de rastreo satelital o vehículos de custodia o cualquier otro medio para disuadir y desalentar dichos hechos delictivos, que si bien, no resultan exigibles conforme la normativa aplicable, no puede dejar de señalarse que la frecuencia de los robos de mercadería transportada por vía terrestre impide considerarlos como hechos imprevisibles y se aconseja a los transportistas arbitrar los medios necesarios para evitar e intimidar tales acontecimientos. Tal como sucedió en el antecedente (in re “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T.317. XLVI CSJN).
Conforme a lo expuesto, las coactoras empresa transportista TRANSPORTES JN LTDA, TREVISAN SCHIMITZ, y el ATA THONE, FEDERICO, no acreditaron ante esta instancia, ni en sede aduanera, probanza alguna relativa al cumplimiento de los deberes de custodia sobre la mercadería ingresada del extranjero u alguna otra que -en su magnitud e indubitabilidad- pudiese llevar a este juzgador a una razonable convicción de eximirla de la responsabilidad tributaria.
La norma tiene como fin primario evitar que simples maniobras desnaturalicen la excepcionalidad del régimen en trato del que goza el importador, colocándose dinámicamente la carga de la prueba sobre los responsables tributarios a fin de que puedan derribar el presupuesto legal que ofrece la norma como condicionante, esto es, la utilización de la mercadería por un tercero, sumando a ella, según la doctrina de “Tevelam S.R.L.”, la posibilidad de instar otras pruebas dirigidas a demostrar de modo fundado su ajenidad al incumplimiento.
XIII. En otro orden de ideas, al tratar la cuestión tributaria que nos ocupa, nada tiene que ver la cuestión penal en la que se investigue el delito de contrabando porque, por disposición de ley, se ha puesto a los beneficiarios del régimen del tránsito como responsables de la exigencia tributaria, y esos son los sujetos pasivos de dicha obligación (art. 312).
XIV. Que en relación a los sujetos que deben responder por los tributos adeudados, el art. 312 del C.A. considera al transportista y a su agente de trasporte aduanero como deudores principales de las obligaciones tributarias, mientras que considera al cargador, al que tuviere derecho a disponer de la mercadería y a los beneficiarios del régimen como responsables subsidiarios de esas obligaciones, con independencia de la situación de quienes realizaron los actos ilícitos que originaron el caso fortuito o la fuerza mayor, es decir, sin perjuicio de que el hecho gravado haya sido realizado por otro. De esta forma el Código los hace responsables por deuda ajena, con la finalidad de proteger los intereses fiscales. En consecuencia, y en lo que aquí interesa, corresponde confirmar el decisorio apelado en cuanto íntima, a las firmas de Transporte TRANSPORTES JN LTDA, TREVISAN SCHIMITZ y al ATA THONE, FEDERICO, al pago de los tributos adeudados por el incumplimiento del tránsito en cuestión, con costas.
XV. En cuanto a la exigencia tributaria en cuestión, el servicio aduanero ha liquidado por la mercadería en tránsito (ver liquidación a fs. 11) y Cargo Nº 3163/07 (a fs. 13/15 de las act.adm.), como tributos que gravan la importación para consumo -IVA, derechos de importación, tasa de estadística, IVA y percepciones de IVA y Ganancias, por la suma total de $ 69.266,90.-, y por ese importe se intimó su pago. Al respecto, debe señalarse, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177).
Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
En virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
DESTINACION07 042TRAS008847X CARGO Nº 3163/07 D.I 14% 15.493,48 T.E 0,50% 553,34 IVA 21% 26.610,04 IVA ADIC 0% 0 IIGG 0% 0 TOTAL PESOS 42.656,86
Por lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente la exigencia tributaria contenida en la resolución apelada, declarando que los tributos adeudados, ascienden a PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 86/100 CVOS. ($ 42.656.86.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA.
XVI. Los intereses relativos a la obligación tributaria que se confirma corren desde el 18/12/2007 ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
XVII. Costas conforme los mutuos vencimientos, los que se estiman en un 62% a cargo de la actora y en 38% a cargo del Fisco.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Nº 1078/2012 en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 3163/2007, mediante la cual se intima a las firmas de Transporte TRANSPORTES JN LTDA, TREVISAN SCHIMITZ y al ATA THONE, FEDERICO al pago de la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 86/100 CVOS. ($ 42.656.86.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA. (conf. lo expuesto en el cons. XV- “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01”), adeudados por la destinación Nº 07 042TRAS008847X, en los términos de los arts. 310, 312, 315, 780 y 794 del C.A., con más los intereses correspondientes en los términos del art. 794 del C.A.
2. Costas conforme los mutuos vencimientos, los que se estiman en un 62% a cargo de la actora y en 38% a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa, se encuentran adecuadamente reseñados en los considerandos I a IV del voto del Dr. Segura, a cuyos términos me remito por motivos de brevedad.
II. En las condiciones indicadas cabe recordar que el art. 315 del C.A. dispone: “La mercadería irremediablemente perdida por algún siniestro ocurrido durante su transporte bajo el régimen de tránsito de importación y que hubiere sido comunicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero”.
La disposición transcripta realiza una distinción entre la hipótesis de la mercadería “irremediablemente perdida por algún siniestro” que tuvo lugar durante su transporte, en alusión a aquella situación donde no existiría posibilidad alguna de que la mercadería pudiera ser utilizada en el mercado interno y, como consecuencia de ello, los responsables no estuvieran sujetos al pago de los tributos que gravaren la importación para consumo (primera parte del art. 315 del C.A.), y aquella otra en donde la mercadería no pueda considerarse “irremediablemente perdida”, pues “…pese a no poder ser recuperada por su propietario, pudiere ser empleada por un tercero” (segunda parte del art. 315 del C.A.), circunstancia que supuestamente haría referencia a la situación de hurto, o de robo.
III. En ese entendimiento del asunto, es dable traer a colación lo resuelto por la CSJN, en el caso “TEVELAM S.R.L. c/ DGA (TFN 22427-A)” del 11/12/2012, en donde luego de describir el régimen, transcribiendo la normativa aplicable al caso (Capítulo VI, Título II, Sección III del C.A.) afirmó que: “…el sistema descripto no puede conducir a que, sin más ni más, se concluya que en todo caso en que la mercadería se hallare irremediablemente perdida porque ha mediado una sustracción -y por el solo hecho de que aquélla pudiera ser utilizada por un tercero- no existe posibilidad alguna de dispensa del pago de los tributos por parte de los responsables de la obligación tributaria, cuando pese a cumplir con todos los deberes inherentes al régimen de tránsito de importación, han padecido aquella clase de siniestro”.
En este sentido, nuestro Máximo Tribunal agregaría la pertinencia de “…recordar que según lo ha mantenido en forma constante […], “...cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de su texto, conduzca a resultados concretos que no armonicen con el ordenamiento jurídico restante o arriba a consecuencias reñidas con los valores por él tutelados, la interpretación debe integrarse al conjunto armónico del referido ordenamiento...” (Fallos: 326:3679). “Asimismo, reiteradamente ha afirmado que los textos legales no deben ser considerandos a los efectos de establecer su alcance y sentido aisladamente, sino como un todo coherente y armónico, como partes de una estructura sistemática considerada en su conjunto, teniendo en cuenta, además de la letra, la finalidad perseguida por aquéllos, y adoptando un sentido que concilie y deje a todas sus disposiciones con valor y efecto (ver, Fallos: 323:2117; 324:1481; 325:1731; 327:769, entre muchos otros y disidencia del juez Petracchi en Fallos: 312:2192)” (ibid.).
Agregando (en el considerando 11) que, “…una interpretación prudente y respetuosa de los principios precedentemente referidos -acorde, por lo demás, con el criterio fijado por el Tribunal en materia de presunciones iuris et de iure (Fallos: 333:993)-, aconseja distinguir la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino, se aparta del itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319 del C.A.), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción, en cuyo caso no podría alegar una razón eximente de su responsabilidad tributaria fundada en un hecho imprevisible e irresistible, de la de quien ha cumplido con todos los deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas como el denunciado en estas actuaciones (…)”.
Y concluye: “...si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas [...], no corresponde responsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos del art. 315, segunda parte, de aquel ordenamiento”. (ibid.).
IV. En ese orden de ideas, podemos entrever que la CSJN ha fijado una serie de pautas interpretativas con el fin de analizar, en qué condiciones, no corresponde condenar al pago de los tributos cuando existe un robo en tránsito.
Así es que, no corresponderá el pago de los tributos cuando haya una sustracción de la mercadería amparada por una destinación en tránsito, cuando:
-El beneficiario del régimen comunica el siniestro conforme al art. 308 del C.A.
-La aduana no ha desacreditado el hecho del robo denunciado.
-La aduana no ha constatado el incumplimiento de los deberes de custodia del transportista.
V. A tenor de lo expuesto, no puedo dejar de hacer notar que el acto administrativo recurrido no ahonda en lo más mínimo en las circunstancias en que se habría producido el robo. Si bien en lo personal, disiento absolutamente con la doctrina establecida en el precedente citado, el que desnaturaliza el sentido de las obligaciones aduaneras, lo cierto es que en autos no se probó el incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el robo.
VI. A mayor abundamiento cabe resaltar que la propia Aduana en la Resolución apelada N. º 1078/2012 a fs. 88/97 -específicamente a fs. 89- de las actuaciones administrativas, indica textualmente: “No se controvierte el acaecimiento del robo de la mercadería (…), como así tampoco se pone en dudas la existencia de la denuncia formulada ni la tramitación de causa penal ante el Ministerio Publico. Tampoco se pone en tela de juicio la comunicación del siniestro al servicio aduanero en los términos del art. 308 del C.A., ni se endilga negligencia al ATA en el cumplimiento de sus deberes”.
VII. Así es que a tenor de lo expuesto, no corresponde responsabilizar a las co-actoras por el pago de los tributos a la luz del estándar interpretativo comentado del fallo de la CSJN.
VIII. De manera que, por la forma en que se resuelve la presente se torna inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas.
Por lo expuesto, VOTO POR:
Revocar la Resolución N. º 1078/2012 dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, en la actuación SIGEA 12307-11-2007/1 y, por ende, el cargo N. º 3163/2007, con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución Nº 1078/2012 en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 3163/2007, mediante la cual se intima a las firmas de Transporte TRANSPORTES JN LTDA, TREVISAN SCHIMITZ y al ATA THONE, FEDERICO al pago de la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 86/100 CVOS. ($ 42.656.86.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA. (conf. lo expuesto en el cons. XV- “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01”), adeudados por la destinación Nº 07 042TRAS008847X, en los términos de los arts. 310, 312, 315, 780 y 794 del C.A., con más los intereses correspondientes en los términos del art. 794 del C.A.
2. Costas conforme los mutuos vencimientos, los que se estiman en un 62% a cargo de la actora y en 38% a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2024.02.29 17:50:53 ART Date: 2024.02.29 17:52:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.02 12:05:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.02 12:05:39 -03:00
Fin de la sentencia