Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 8476
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y consiguientemente, mantener la sentencia de fecha 12/5/2022 (art. 367 CCyC).
II. Las costas de Alzada se imponen a la apelante (art. 68 CPCC), difiriéndose la regulación de los honorarios correspondiente para la oportunidad en que estén determinados los de la instancia de origen (art. 31 LH).
Expte. n°: JU-8476-2018 TICA S.C.A. C/ DAGHERO ROBERTO PEDRO S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC. ALQUILERES, ETC) (109)
------------------------------------------------------------------------------ En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-8476-2018 caratulada: "TICA S.C.A.
C/ DAGHERO ROBERTO PEDRO S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO
(EXC. ALQUILERES, ETC.) (109)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Guardiola y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
I. En fecha 12/5/2022, la Sra. Jueza titular del Juzgado de primera instancia n° 2, Dra. Daniela Karina Ragazzini, dictó sentencia, por la que rechazó, con costas, la demanda promovida por "Tica S.C.A." contra Roberto Pedro Daghero.
De tal modo, la sentenciante de origen desestimó la pretensión encaminada al cobro de la suma de dinero que, según adujo la persona jurídica accionante, le adeuda el demandado, por la falta de pago del precio correspondiente a la venta de setenta terneros.
Para adoptar tal decisión, la Dra. Ragazzini sostuvo inicialmente que se encuentra reconocida por ambas partes, la compraventa instrumentada mediante la factura agregada con la demanda.
Expuso, cita jurisprudencial mediante, que reconocida por el demandado la existencia del crédito invocado por la actora, queda a cargo del mismo, la prueba del pago alegado.
Mencionó que en autos quedó acreditado que el accionado entregó a Juan Luciano Lacoste, en pago de la factura agregada por la actora, cuatro cheques de pago diferido librados a la orden de la accionante, contra la cuenta que el mismo tenía en el Banco de la Provincia de Buenos Aires; los cuales fueron pagados por éste.
Continuó diciendo que la cuestión a dilucidar, es si Lacoste tenía facultades para recibir en pago de la operación, los cheques que le fueron entregados por el demandado.
Manifestó que con las declaraciones testimoniales prestadas por Zubiri y Lacoste, quedó acreditado que este último era intermediario en la venta de hacienda, actuando para la actora en la operación en cuestión, y en tal carácter, le ofreció setenta terneros a Zubiri, quien, a su vez, se los ofreció al demandado, el cual los compró, comprometiéndose a abonarlos contra factura, con la entrega de cheques.
Hizo hincapié en que la circunstancia de que Lacoste haya participado en el negocio desde su celebración y suscripto la guía de traslado de ganado, induce a presumir que el comprador creyó que el mismo contaba con facultades para percibir los cheques; operatoria que no es ajena al mercado de hacienda. Asignó importancia a que quedó acreditado que el demandado fue un empresario rural cumplidor de sus obligaciones; circunstancia que lleva a concluir que el mismo entregó a Lacoste, los cheques para abonar la compra de hacienda que, por su intermedio contrató, con la total convicción de que éste podía recibirlos en representación de la vendedora; por lo que dicho pago es liberatorio y acredita el cumplimiento de la obligación cuyo cumplimiento la actora le reclama.
II. Contra este pronunciamiento, Fabián Héctor Melián y Adrián Guillermo López Spadaro, en su carácter de apoderados de la parte actora, interpusieron apelación en fecha 12/5/2022; recurso que, concedido libremente, motivó la remisión la causa a esta Cámara, recibiéndose la correspondiente expresión de agravios en fecha 9/6/2022.
En dicha presentación, los Dres. Melián y López Spadaro se agraviaron por la desestimación de la pretensión interpuesta por su mandante. Expusieron que la teoría del mandato aparente, de interpretación restrictiva y excepcional, fue aplicada forzadamente por la sentenciante; ya que el demandado obró con negligencia, incurriendo en un error fulminante e insalvable que quiebra absolutamente la noción buen hombre de negocios. Aseveraron que en toda operación comercial se exige un mínimo de diligencia de las partes, cuya ausencia no puede salvarse mediante la invocación de la teoría del mandando aparente, por parte de una persona avezada en la materia, como lo era el demandado, que tenía basta experiencia en el rubro y conocía cuál es la participación de los intermediarios de hacienda; razón por la cual, no puede haber considerado que era correcto el pago de la hacienda, con la entrega de cuatro cheques a Gerardo Zubiri, quien jamás contó con autorización de la vendedora para firmar guías de hacienda, hacer trámites en Senasa, o recibir pagos.
Puntualizaron que el demandado emitió y entregó los cuatro cheques al aludido Zubiri, y éste se los entregó a Juan Lacoste; quien no tenía mandato para percibirlos en nombre y representación de la accionante, sino solamente autorización de ésta para firmar o gestionar la guía de la hacienda objeto de la operación y la certificación de Senasa.
Agregaron que con este peregrinar de los cheques, surge en forma indubitable que el demandado no ejerció el debido contralor respecto a quien se los entregaba; error que no puede caer en el abrigo de la teoría de la apariencia. Manifestaron que, al contestar la demanda, el accionado reconoció que era un empresario agropecuario con una trayectoria superior a los cuarenta años; lo que no deja lugar a dudas de que debió extremar los recaudos a la hora de efectuar el pago cuestionado.
Insistieron en que el demandado hizo entrega de los cheques a una persona que no era el vendedor de la hacienda; por lo que, sin perjuicio de que en algunas oportunidades pueda bastar con identificar a la persona que figura en la guía de traslado, para hacerle el pago, ello no significa que jurídicamente sea un obrar correcto, más aun cuando dicha persona no resulta ser representante ni mandatario del acreedor.
Remarcaron la ausencia de facultades otorgadas por la persona jurídica accionante a Lacoste, para percibir pagos en su nombre y representación; añadiendo que éste se desempeñaba como intermediario de hacienda y únicamente fue autorizado por el socio gerente de aquella, para la mera obtención de la guía única de traslado de hacienda y el certificado de Senasa. Explicaron que si bien puede ser común en la actividad agropecuaria, que la persona autorizada para gestionar la guía, también perciba los pagos una vez entregada la hacienda al comprador, ello no impide que ambas facultades puedan recaer sobre distintas personas.
Resaltaron que Lacoste, al prestar declaración testimonial, respondió que sólo estaba autorizado para el retiro de guía y el certificado de Senasa, pero no contaba con poder alguno para percibir en nombre y representación de "TICA SCA".
Finalizaron argumentando que la sentenciante incurrió en arbitrariedad e incongruencia en la apreciación de las declaraciones de los testigos Zubiri y Lacoste, soslayando las francas contradicciones entre ambos.
III. Corrido traslado de la expresión de agravios reseñada precedentemente, en fecha 6/7/2022 lo constaron Juan Pablo Daghero y María de los Ángeles Daghero; quienes, en carácter de coadministradores de la sucesión de su padre, solicitaron la desestimación de la apelación de la accionante; luego de lo cual, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a la presente causa en condiciones de resolver.
IV. En tal labor, comienzo por dejar sentado que, por falta de agravios, arribó firme a esta instancia recursiva que Juan Luciano Lacoste recibió, en pago de la compraventa de setenta terneros celebrada, con su intermediación, entre la accionante y el demandado, cuatro cheques de pago diferido librados a la orden de aquella, contra la cuenta que éste tenía en la sucursal O´Higgins del Banco de la Provincia de Buenos Aires, los cuales fueron pagados. Partiendo de esta plataforma fáctica, cabe mencionar que no ha quedado probado, pese a la afirmación de la parte actora, que esos cuatro cheques fueron entregados por el demandado a Gerardo Zubiri, y que éste posteriormente se los hubiera dado a Juan Luciano Lacoste.
Lacoste, al declarar como testigo, expuso que Zubiri le entregó los cheques, en tanto que este último, dijo que Lacoste recibió los cheques directamente de Daghero.
Esta última versión aparece respaldada por el recibo emitido por Lacoste, en el que se dejó constancia de que recibió del demandado, los cheques emitidos por éste a la orden de la accionante, en pago total de la compraventa formalizada en la factura 0002-00000004.
De cualquier modo, al no estar discutido que finalmente quedaron en poder de Lacoste, los cheques emitidos por el demandado a la orden de la persona jurídica accionante; resulta irrelevante que aquel los hubiera recibido directamente del demandado o por intermedio de Zubiri.
Sentado ello, cabe señalar que la persona jurídica accionante reconoció que, por medio de su socio gerente, autorizó a Juan Lacoste para tramitar la guía de traslado de hacienda y el certificado de Senasa; documentos necesarios para transportar al establecimiento rural del actor, los terneros comprados por el mismo.
En relación a esta documentación, cabe mencionar que con la contestación de demanda, se agregó una copia, no desconocida por la actora, de la Guía Única de Tránsito en cuestión, en la que figuran: "Tica S.C.A." como emisor; Roberto Pedro Daghero, como comprador; el nombre del transportista; la cantidad de animales transportados; y el trayecto a realizar. Cabe remarcar como dato relevante, que en este documento, en el espacio destinado a identificar el propietario o representante legal, se colocó la firma y el nombre de Juan Lacoste (ver fs. 77).
En consecuencia, más allá de que la accionante no hubiera conferido a Lacoste mandato para cobrar el precio de la venta en la que el mismo intermedió, no puede soslayarse que en la Guía Única de Tránsito figura el mencionado Lacoste, como representante legal del propietario.
Además, Lacoste declaró que en este tipo de operaciones es corriente que el intermediario reciba cheques en pago; y Zubiri dijo que no pudo ver un poder extendido a Lacoste, facultándolo para cobrar, pero sí pudo ver que éste firmaba las guías como propietario de la hacienda.
En estas circunstancias, cabe concluir en que el demandado, aún obrando con diligencia y buena fe, pudo convencerse de que Juan Lacoste estaba facultado por "Tica S.C.A.", para recibir el pago de la operación en la que el mismo había intermediado por encargo de la misma.
Es decir, el demandado creyó justificadamente que le estaba pagando a un representante de la vendedora, aunque en rigor de verdad no lo era. En la creación de esta apariencia, la vendedora tuvo un rol decisivo, ya que, con la autorización brindada a Lacoste para la confección de la guía de transporte de hacienda, en la que el mismo figuraba como representante legal del propietario, contribuyó a la conformación de un cuadro de situación que determinó que el demandado pudiera razonablemente creer que el autorizado también lo estaba para cobrar.
En estos casos, es posible apartarse de un análisis centrado estrictamente en la formación de la voluntad contractual, para tomar en cuenta la protección de los terceros desde la figura del mandato aparente. En síntesis, la actuación de la persona jurídica accionante indujo al demandado a creer razonablemente que Juan Luciano Lacoste tenía facultades para cobrar en su representación; razón por la cual, aquella debe ser tenida como mandante de este último frente al demandado.
Entre el interés de la accionante, que contribuyó a la creación de la apariencia de apoderamiento, y el interés del demandado, que obrando diligentemente y de buena fe, creyó por razones serias que aquella había facultado a Lacoste a cobrar el precio; corresponde inclinarse por el interés del demandado, protegiendo de tal modo la seguridad jurídica (art. 367 CCyC). Como corolario de lo expuesto precedentemente, emerge que ha sido correctamente rechazada la pretensión objeto del presente proceso; por lo que la desestimación de la apelación en tratamiento, se impone.
V. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: Rechazar el recurso de apelación en tratamiento, y consiguientemente, mantener la sentencia impugnada (art. 367 CCyC); con costas de Alzada a la apelante (art. 68 CPCC).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Guardiola y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE:
I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y consiguientemente, mantener la sentencia de fecha 12/5/2022 (art. 367 CCyC).
II. Las costas de Alzada se imponen a la apelante (art. 68 CPCC), difiriéndose la regulación de los honorarios correspondiente para la oportunidad en que estén determinados los de la instancia de origen (art. 31 LH).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Guardiola Y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve:
I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y consiguientemente, mantener la sentencia de fecha 12/5/2022 (art. 367 CCyC).
II. Las costas de Alzada se imponen a la apelante (art. 68 CPCC), difiriéndose la regulación de los honorarios correspondiente para la oportunidad en que estén determinados los de la instancia de origen (art. 31 LH). Regístrese, notifíquese automáticamente, conforme lo dispuesto por el art. 10 del Ac. 4013 SCBA. y oportunamente remítanse al juzgado de origen.-
Fin de la sentencia