Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 49/2007, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $165.887, por la representación procesal, y de $414.718 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de Ticinense S.A. teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido, las tareas desarrolladas y las etapas cumplidas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3Regular los honorarios del Contador Público Gustavo Alberto Yañez en la suma de $66.436 a cargo de Ticinense S.A., por aceptación del cargo de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, teniendo para ello en consideración las pautas establecidas por el decreto ley 16.638/57, y por la ley 27.423 vigente respecto de montos mínimos.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-67324429-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 23 de Junio de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente Nº 29.623-I caratulado “Ticinense S.A. s/apelación”
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Ticinense S.A. interpuso el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 49/2007, dictada por la Dirección Regional Microcentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Allí se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 1/2001 a 6/2005 y se la intimó a ingresar la suma de $2.899.019,07 más intereses resarcitorios (art. 37, ley 11.683). Asimismo, en dicho acto se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
Surge de los Considerandos de la Resolución que la fiscalización se inició porque Ticinense S.A. no había presentado las declaraciones juradas correspondientes al tributo y períodos mencionados.
En su presentación ante esta instancia, Ticinense S.A. expresó que se dedica a la elaboración de quesos en una planta industrial ubicada en la localidad de Ticino, en la provincia de Córdoba, que vendía a través de locales ubicados en la provincia de Buenos Aires, donde también tenía un depósito desde el cual se proveía a esos locales.
Sostuvo que la difícil situación que afectó a la industria nacional y, sobre todo, a los pequeños comercios durante años, le dificultó el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Manifestó que en el marco de la causa penal “Ticinense S.A. s/ infracción Ley 24.769” que tramitó por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 2, se ordenó el allanamiento de cinco domicilios relacionados con su actividad, en los que se secuestraron once cajas de documentación. Sin embargo, destacó que en tales oportunidades se omitió secuestrar también cuantiosísima documentación sobre su operatoria comercial que, justamente, hacía referencia a las compras a sus proveedores. Agrega que por dicho motivo presentó una nota en el Expediente de la fiscalización a la que adjuntó la documentación correspondiente a las operaciones sobre compras y servicios que debían ser incluidas en las bases imponibles a fin de calcular los ajustes y del mismo modo lo hizo al contestar los ajustes cuando se le notificó el inicio del procedimiento de determinación de oficio. Menciona que debido a esta última presentación, el juez ordenó una medida para mejor proveer a las resultas de la cual se subsanaron errores cometidos por la fiscalización interviniente.
A continuación, solicitó la nulidad de la Resolución por haber sido fundada en prueba “seleccionada” y evaluada en forma arbitraria, afectando así su legítimo derecho de defensa y su garantía a un debido proceso. Explicó que la documentación acompañada en la instancia previa fue rechazada por haber sido presentada en copia simple y por no haberse detallado lo que se adjuntaba. Por ello, en oportunidad de contestar la vista, dice que exhibió los originales de las copias aportadas a los fines de su cotejo y certificación formándose de ese modo un cuantioso “Anexo documental” en el que ordenó de forma cronológica y puntualizada todas las compras realizadas. No obstante, se quejó de que no fueron computados créditos fiscales cuyo monto total representaba gastos millonarios, deliberadamente omitidos e ignorados por los funcionarios actuantes.
Asimismo, adujo que se le denegó la producción de otros medios probatorios ofrecidos, necesarios para conocer la certeza de los hechos discutidos. Por ello, concluyó que el Fisco Nacional actuó con una evidente “desviación de poder” en el ejercicio de sus facultades a fin de determinar la correcta materia imponible y solicitó, en suma, que se haga lugar a la nulidad planteada.
A continuación, se refiere a la incorrecta interpretación dada por el Fisco Nacional a los soportes magnéticos obtenidos en los allanamientos de los que extrajeron como conclusión la existencia de un sistema de registración de operaciones que incluía ventas en negro (NDI). Se agravió, entonces, de que la información obtenida de sus sistemas fue valorada erróneamente. Ello, por las siguientes razones:
- en el sistema existían varias opciones para emitir listados: Opción 1), “Externo”, que incluía únicamente operaciones bajo el concepto “FAC”; Opción 2), “Interno” que contenía las registraciones denominadas “NDI” y “NCI” que no correspondían a operaciones gravadas sino a movimientos internos de la operatoria comercial de la empresa; y Opción 3) “Todos”, que contenía los registros correspondientes a las dos opciones anteriores. - dijo que el Fisco Nacional computó erróneamente como ingresos gravados los montos que surgían de las registraciones de las tres opciones y que ello fue incorrecto en tanto, a. las registraciones bajo la opción “todos” incluían aquellas contenidas en las otras dos opciones; b. las registraciones identificadas como “NDI” eran de uso interno y correspondían a movimientos de inventario entre el depósito y los locales de la firma, a devoluciones de mercadería, a presupuestos, incluso contenían información de otras firmas vinculadas a Ticinense S.A. con las cuales dijo que “compartían el domicilio — sede administrativa” y que por razones de economía se registraban en el mismo sistema.
Dijo, en suma, que solo las operaciones registradas en FAC eran las compras reales de insumos y las ventas que debian tenerse en cuenta en la liquidacion.
A modo de ejemplo de lo señalado, dijo que en el sistema contable había cargadas planillas de cálculo que corresponderían a las ventas del local ubicado en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Así se identificaban operaciones como “A”, “B”, “2” y “Negocio”. Agrega que sin mediar explicación alguna, se consideró que en los montos de las operaciones de los dos primeros ítems, el débito fiscal ya se encontraba incluido mientras que, los montos de aquellas referenciadas mediante los dos ítems restantes se consideraron sin el impuesto al valor agregado incluido y por ende pasibles de ser incluidos en el cálculo del ajuste. Aclaró también que la columna correspondiente al ítem “Negocio” de ninguna manera registraba operaciones gravadas sino que era utilizada a modo de reconocimiento de las variaciones de inventario referidas al traspaso de mercadería entre el depósito y los locales o entre los locales entre sí. Es decir hechos que no deberían integrar la base imponible por no constituir operaciones gravadas.
Asimismo, describió que en el sistema el cliente anotado como N° 868 identificaba al local sito en la calle Asamblea y el cliente N° 869 al local propio de la calle Moreno.
Dijo que allí podía observarse que las operaciones registradas como “NDI” relacionadas con esos números de clientes no correspondían a ventas gravadas sino a retiros de mercaderías o a pases entre los locales. Por ello no correspondía su inclusión en el cálculo del impuesto reclamado, porque respecto de ellas no hubo transferencia de bienes que implique la salida del patrimonio de la empresa, por lo que no se consumó el hecho imponible. Así, afirmó que las únicas operaciones que debían ser computadas y consideradas eran las registradas bajo la modalidad “FAC” en tanto tenían su correspondiente respaldo documental y emisión de facturas a sus clientes. Destacó, además, que existía una perfecta coincidencia entre la información contenida en las facturas y los datos registrados bajo la opción “FAC” en el sistema contable, lo que fue reconocido por la fiscalización.
Por todo ello es que solicitó se deje sin efecto el ajuste practicado en lo que respecta a las operaciones registradas bajo otras denominaciones por no constituir ventas.
Además, criticó que respecto de las operaciones registradas como “FAC” se determinó la materia imponible discriminando el débito fiscal del IVA correspondiente a cada operación. Sin embargo, no aplicó el mismo criterio para las anotadas bajo la opción “NDI”. Agregó que resulta tendencioso considerar que esas “ventas omitidas” fueron realizadas discriminando el impuesto o utilizando un precio especial, teniendo en cuenta que los precios de los productos se encuentran exhibidos en las góndolas y que la mayoría de sus clientes son consumidores finales, es decir, lo razonable era contemplar que el precio incluía el impuesto.
Por otra parte, respecto a los créditos fiscales se agravió que hayan sido descartadas las operaciones cuyos proveedores desconocieron tener vínculos con la firma o cuyo número de CUIT no correspondía con el que figuraba en los comprobantes o bien, era inválido. Disco manifestó desconocer la razón que llevó a los proveedores a mentir o fraguar su CUIT en las facturas emitidas y criticó que el Fisco Nacional se haya conformado con dichas manifestaciones para descartar sin más a las operaciones.
A mayor abundamiento, hizo notar que entre la documentación secuestrada el Fisco Nacional también tuvo a disposición un libro de registro de cheques por lo que bien podría haber circularizado a los bancos para comprobar la existencia de las operaciones y comprobar que los movimientos bancarios no tenían ninguna relación con los montos ajustados.
Finalmente, concluyó que no fue aplicado el sistema de presunciones de una manera coherente y razonada. Aporta prueba instrumental y solicita la producción de prueba pericial contable y solicita a continuación que se revoque la Resolución, con costas.
II. A su turno, el Fisco Nacional contestó el traslado del recurso y pidió que se la confirme, también con costas. Acerca de la nulidad planteada, sostuvo que la Resolución se encuentra debidamente fundada en los hechos y el derecho invocado, que no se vio afectado el derecho de defensa de la recurrente ni se incumplió ningún requisito esencial que la invalide. De hecho, destacó que Ticinense S.A. acompañó abundante prueba documental que mereció por parte del juez administrativo el dictado de una medida para mejor proveer a efectos de que se circularizara a distintas empresas que dijo habían sido sus proveedoras. Destaca que, a partir de información recolectada, se recalcularon los ajustes admitiéndose el cómputo del crédito fiscal surgido de las facturas aportadas (detalladas en el Anexo I que forma parte de la Resolución). Por ello, solicitó que se rechace el planteo de nulidad.
Con relación al fondo de la cuestión, explicó que tras dos requerimientos que no fueron contestados, la recurrente aportó parte de la documentación que le fuera solicitada. Mencionó que se realizaron diversos allanamientos en varios domicilios relacionados con la firma de los cuales se extrajeron once cajas de documentación. Asimismo, hizo hincapié en que se circularizó a distintos contribuyentes que operaban con la recurrente según surgía de sus bases informáticas.
A partir de toda esa información se efectuaron una serie de tareas de cotejo y comprobación y, en base a los datos obtenidos y ante la falta de presentación de las declaraciones juradas del impuesto, se determinaron los débitos y créditos fiscales y las retenciones sufridas a fin de practicar las respectivas liquidaciones.
Dio detalles sobre cómo se analizaron las registraciones de las operaciones según los archivos encontrados en los allanamientos, esto es que las registraciones identificadas como “FAC” y “NDI” correspondían a ventas gravadas, y que del libro de registro de cheques también secuestrado surgía la existencia de ventas identificadas como NDI que fueron utilizadas para cancelar compras bajo la misma denominación.
Expresó a continuación que la recurrente no había rendido pruebas para contradecir los ajustes así determinados.
III. A fs. 240 el Expediente se abrió a prueba y se hizo lugar a la prueba pericial contable, pero a fs. 273, ante la inacción de la recurrente en su producción, se dio por decaído el derecho a producirla y se clausuró el período probatorio.
Mediante la PV-2025-26745147-APN-VOCXI#TFN se elevó el Expediente a la Sala y por IF- 2025-63796669- APN-VOCXI#TFN quedó en estado de dictar sentencia.
IV. Corresponde referirse, en primer término, a la defensa de nulidad de la Resolución opuesta por Ticinense S.A. con fundamento en que el juez administrativo merituó las pruebas presentadas en forma arbitraria y sesgada lo que dijo afectó su derecho de defensa en juicio.
Sin embargo, los Considerandos de dicho acto dan cuenta que se encuentra debida y suficientemente motivada en los antecedentes de hecho y de derecho que surgen de las actuaciones administrativas que preceden su emisión, por lo que no se advierte violación alguna a ninguna de las disposiciones de la ley 11.683, ni tampoco al procedimiento administrativo reglado en la ley 19.549, ya que no se comprobó que el Fisco Nacional haya incurrido en ningún vicio que justifique que este Tribunal declare la nulidad del acto. Por el contrario, la pretensión fiscal tiene sustento en las tareas previas de fiscalización realizadas a la aquí recurrente a partir de la información y documentación aportada por Ticinense S.A., por sus proveedores y clientes y de los resultados de la medida para mejor proveer ordenada por el juez administrativo.
Ello, sumado a que Ticinense S.A. pudo ejercer su derecho de defensa en las diferentes etapas previstas en la ley 11.683 citada, descartan afectación alguna a dicho derecho. Cabe recordar, además, que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, ya que Ticinense S.A., como ya se dijo, ha tenido oportunidad de hacer valer sus defensas tanto en el procedimiento sustanciado en sede administrativa, como ante este Tribunal.
Es jurisprudencia reiterada y constante de la Cámara que ejerce como alzada de este tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI”y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre muchos otros-. Por su parte, también los Considerandos de la Resolución dan cuenta que la prueba documental que Ticinense S.A. aportó a la fiscalización y luego al contestar la vista de los ajustes, fue valorada, sin perjuicio de su disconformidad con los resultados extraídos de la misma; la prueba pericial contable ofrecida se desestimó porque a criterio del juez administrativo era superflua y dilatoria, decisión que fundó en consideraciones volcadas en la Resolución que es, en definitiva, lo que exige el art. 34 del dto. 1379/97, reglamentario de la ley 11.683.
Por ello, corresponde rechazar el planteo de nulidad, sin costas por no haber sido planteado ni por ende tratado como de previo ni de especial pronunciamiento (“Bolland, Fallos 336:70).
V. Corresponde ahora resolver si la pretensión fiscal notificada en Resolución se ajusta a derecho. Para ello, cabe hacer mención a lo que surge de los Considerandos y de las actuaciones administrativas que preceden su dictado. La fiscalización se inició porque Ticinense S.A. omitió presentar las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 1/2001 a 6/2005.
A su vez, en el marco de la causa penal “TICINENSE S.A. s/ infracción ley 24.769” que tramitó en el Juzgado en lo Penal Tributario N° 2 que secuestraron 11 cajas de documentación que fue utilizada en la liquidación de los ajustes.
La fiscalización cursó requerimientos de información a Ticinense S.A. en los que solicitó que aportara los libros de IVA ventas y compras, documentación de ventas, compras, gastos, y nota indicando actividad de la empresa, lugar donde se desarrollan las tareas, la nómina del personal y de cuentas bancarias. Ésta los cumplió parcialmente, por lo que procedió a reconstruir las bases imponibles a partir de la información obrante en sus propios sistemas, facultad que le acuerdan los art. 18 y 33 y ss. de la ley 11.683.
Cabe destacar que previo al dictado de la Resolución recurrida, el juez administrativo ordenó una medida para mejor proveer a partir de la cual constató lo siguiente:
- a partir de la circularización Maxiconsumo S.A., Emfaco S.A. y Villa Dafri habían operado con ella como clientes, mientras que La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A., Berkley International Seguros S.A., La Meridional Cia Argentina de Seguros S.A., Asociación de Cooperativas Argentinas Cooop. Ltda, Germaiz S.A., Masivos S.A., Logística la Serenísima S.A., Molino Argentino S.A., Atilio Avena e Hijos S.A. y Frigorífico El Nahuel S.R.L. habían sido sus proveedores.
- tenía una cuenta bancaria en el Banco Provincia de Buenos Aires con movimientos de $22.180 durante el período fiscal 2001 y de $ 667.292 durante el periodo fiscal 2002.
- tenía varios locales de venta y un depósito de mercaderías, así como también camiones y autos, que se encontraban asegurados en las compañías de seguros antes citadas. Asimismo, se comprobó que había contratado una póliza de seguros por el transporte de mercadería por un monto de U$S 1.500.000 y otra por U$S 1.750.000. - había dos controladores fiscales a nombre de Ticinense S.A. ubicados en un supermercado minorista llamado “Supermercado Asamblea”.
- en una fiscalización anterior realizada a la firma en la Dirección Regional Rio Cuarto (Córdoba) se realizó un relevamiento de personal en la fábrica ubicada en Ticino y se comprobó que procesaba cerca de 15.000 litros de leche por día.
También se analizó la voluminosa documentación de las compras aportada en la instancia administrativa por Ticinense S.A. a partir de la cual se admitió el cómputo de créditos fiscales, tal lo que muestra el Anexo adjunto a la Resolución en el que en 150 páginas se detallan las operaciones que fueron consideradas. En otros casos, se pudo observar que el CUIT de algunos comprobantes eran inválidos o no se correspondían con el proveedor que figuraba en los mismos.
Se circularizó a los proveedores y algunos no pudieron ser localizados, otros desconocieron haber realizado operaciones con Ticinense S.A. y otros las reconocieron y pudieron dar detalles de las mismas. En base a ello, se procedió a reliquidar los créditos fiscales, excluyéndose las facturas de los proveedores que desconocieron las operaciones, las que su CUIT era inválido o no se correspondía con el proveedor que figuraba en ellas. Debe recordarse que Ticinense S.A. no presentó las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los periodos fiscales 1/2001 a 6/2005, es decir no declaró ventas y fue por ello que el Fisco Nacional debió reconstruir las bases imponibles, tanto, de los débitos fiscales como de los créditos fiscales. Respecto a las ventas determinadas a partir de la documentación secuestrada de los sistemas informáticos de Ticinense S.A., el criterio del juez administrativo fue que correspondían tanto a las señaladas como “FAC” como a las “NDI”, descartando de esta manera que allí se asentaran movimientos internos entre locales de la empresa u otras empresas. Para ello se basó en otros elementos que le permitieron llegar a tal conclusión, entre ellos, el libro de registro de cheques en el que constató que el monto de los cobros se correspondía a las ventas FAC y NDI. También se cotejaron con las registraciones de las cuenta corriente de proveedores y clientes y con las órdenes de pago secuestradas (en las que constaba la sigla NDI), y se comprobó que esas operaciones no tenían relación con movimientos de inventario, sino financieros.
Entonces, si bien Ticinense S.A. sostiene “incoherencia interpretativa” respecto a la lectura dada por parte del juez administrativo a las registraciones en sus sistemas informáticos, lo cierto es que no pudo demostrar con pruebas fehacientes una realidad diferente, esto es los movimientos de inventarios que invocó, ni ninguna de las otras explicaciones con las que pretendió refutar la pretensión fiscal.
No se fundó para ello únicamente el juez administrativo en las denominaciones utilizadas en dichos registros, sino que recurrió a otras fuentes de datos que lo llevaron a concluir que allí también se asentaban ventas sin declarar o en negro. Si bien Ticinense S.A. invocó que, se trataba de un sistema de registración de fines más amplios que excedían las meras compras y ventas, no lo probó.
Debe decirse aquí que en virtud del sistema de autodeterminación de la obligación tributaria que rige en nuestro país, es deber del contribuyente hacer llegar a la Administración Tributaria la documentación de respaldo de sus declaraciones juradas, conforme lo disponen los arts. 33 y ss. de la ley 11.683. Pero, además, en el caso, quien podía explicar la naturaleza de las operaciones registradas relacionadas con la actividad en la que se encontraba inscripta, era Ticinense S.A., y era de su interés hacerlo para de ese modo refutar la pretensión fiscal. Respecto a los créditos fiscales también determinados, debe decirse que a su liquidación se arribó luego de exhaustivas tareas llevadas a cabo por la fiscalización, de las que dan cuenta las voluminosas actuaciones administrativas. Además, la Resolución tiene un Anexo de 150 con un detalle de todas las compras que le fueron admitidas, en particular, a partir de los resultados que arrojaron la medida para mejor proveer ordenada por el juez administrativo.
Si bien en esta instancia solicitó la producción de una prueba pericial contable sobre sus registraciones con el objeto de acreditar sus dichos, entre ellos los errores en las liquidaciones de sus obligaciones que invoca también en su recurso, y fue Ticinense S.A., la que en su recurso de apelación destacó la importancia de dicha medida, no instó su producción, razón por la cual se le dio por decaído su derecho a producirla.
En suma, le correspondía a la recurrente acreditar la realidad de sus afirmaciones, circunstancia que no se verificó en el caso. Al respecto, la Corte Suprema ya ha expresado que "...la prueba constituye la actividad procesal encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante quien, a su vez, corre el riesgo de obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva" (Fallos 315:255).
Sin embargo, esa carga procesal no fue cumplida pues no produjo prueba alguna tendiente a demostrar tales extremos sino que se limitó a criticar el accionar del Fisco Nacional, negando las conclusiones arribadas mediante meras afirmaciones carentes de sustento probatorio.
Por todo ello, corresponde confirmar la Resolución N° 49/2007, tanto respecto del capital como de los intereses resarcitorios que se devengan en forma automática, según el art. 37 de la ley 11.683 y sobre los cuales no se formularon agravios en particular.
El Dr. Martin y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución N° 49/2007, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $165.887, por la representación procesal, y de $414.718 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de Ticinense S.A. teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido, las tareas desarrolladas y las etapas cumplidas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3. Regular los honorarios del Contador Público Gustavo Alberto Yañez en la suma de $66.436 a cargo de Ticinense S.A., por aceptación del cargo de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, teniendo para ello en consideración las pautas establecidas por el decreto ley 16.638/57, y por la ley 27.423 vigente respecto de montos mínimos.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y, oportunamente, archívese. Date: 2025.06.23 12:24:32 -03:00 Date: 2025.06.23 13:39:40 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.23 13:46:35 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.23 13:46:36 -03:00
Fin de la sentencia