Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 29786-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaTener por condonada la sanción de multa impuesta a la firma Tipoiti SATIC por resolución nº 114/11 (AD IGUA), con costas en el orden causado.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa nº 37.239/2019, “Tipoiti SATIC (TF 29786-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de abril del año dos mil veintiuno, reunida en Acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver los autos caratulados “Tipoiti SATIC (TF 29786-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, y:
La jueza Clara María do Pico dijo:
I. La Aduana, por resolución nº 114/11 (AD IGUA), sancionó a Tipoiti SATIC con una multa de $22.194,52 por encontrarla responsable de efectuar una declaración inexacta en infracción al art. 954 inc. c) del Código Aduanero (importó algodón de una calidad inferior a la declarada, con lo que no dio lugar a diferencia en concepto de tributos).
II. La sentencia de la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la sanción aplicada a Tipoiti SATIC por resolución nº 114/11 (AD IGUA), aunque redujo la multa, en los términos del art. 915 CA, a la suma de $11.097,26.
Impuso las costas a la actora por la parte confirmada y las distribuyó en el orden causado con relación al monto de la multa que revocó.
III. La Aduana apeló esa decisión (escrito de fs. 66 y expresión de agravios de fs. 71/72, sin réplica).
IV. En el capítulo I, del título IV, de la ley 27.541 (modificado por ley 27.562), se estableció un régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera en favor de “[l]os contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos” (art. 8º).
En ese mismo artículo se estableció que “[s]e consideran comprendidas en el presente régimen las obligaciones correspondientes a (…) los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación, las liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones conforme lo previsto por la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias y los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional”.
El artículo 11 establece, “con alcance general, para los sujetos que se acojan al régimen de regularización excepcional previsto en este Capítulo y mientras cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior, las siguientes exenciones y/o condonaciones: a) De las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias, en la ley 17.250 y sus modificatorias, en la ley 22.161 y sus modificatorias y en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización previsto en este Capítulo; (…) Lo dispuesto en los párrafos anteriores será de aplicación respecto de los conceptos mencionados que no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley modificatoria y correspondan a obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas o por infracciones cometidas al 31 de julio de 2020”.
Finalmente, el artículo 12 dice que “[e]l beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de julio de 2020, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal. (…) Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de julio de 2020, inclusive (…)”.
V. Pues bien, con ello en claro, cabe recordar que esta sala ya se expidió sobre el carácter formal de la infracción tipificada en el artículo 954 ap.1, inc. c) del Código Aduanero, al examinar la condonación de sanciones bajo el régimen de la ley 27.260 (ver causas n° 72.653/18 “YPF SA”, 45.748/2019 “Maltería Pampa SA” y 55.381/2019 “Ingenio y Refinería San Martin del Tabacal SRL”, entre otras, pronunciamientos del 16 de mayo de 2019, 6 de febrero y 11 de marzo de 2020).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa nº 37.239/2019, “Tipoiti SATIC (TF 29786-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”
Ese criterio también lo mantuvieron la Sala IV en la causa n° 44.314/17, “YPF SA”, pronunciamiento del 17 de abril de 2018 —y el dictamen de la procuradora general de la Nación, Dra. Laura Monti, del 28 de febrero de 2019, en esa causa— y la Sala V en la causa n° 49.622/18, “YPF SA”, pronunciamiento del 11de septiembre de 2018.
VI. En estos autos se endilgó a la actora el incumplimiento a un deber formal que, por su naturaleza, no es susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción. Por ello, y de acuerdo con la jurisprudencia y normativa citadas, la sanción debe ser condonada de oficio. Dicha condonación se declara sin perjuicio del control que el organismo fiscal efectúe en su oportunidad, respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos en el régimen de regularización excepcional, como así también de los extremos que debe satisfacer la parte actora para gozar de los beneficios establecidos en la ley (esta sala, causa “Promecor Productora de Seguros Generales SA (TF 49416-I) c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 11 de febrero de 2021).
VII. Las costas del proceso deben ser distribuidas en el orden causado. Esto es así porque el proceso culminó en razón de la condonación operada en los términos del art. 12 de la ley 27.541, que establece el beneficio de liberación de multas, en tanto se cumplan las diversas condiciones allí previstas. Resulta claro que, acreditado su cumplimiento, la condonación opera de pleno derecho —y así expresamente lo consagra el régimen—, razón por la cual no resulta posible establecer que exista un parte vencida en el pleito, en los términos del art. 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (causas “Vicente, Domingo Daniel” y “Ayastuy, Javier Martín”, pronunciamientos del 15 de septiembre de 2020).
Idéntica postura fue sostenida por esta sala al analizar la forma en que correspondía distribuir las costas en beneficios análogos de condonación de infracciones materiales al aquí dispuesto, previstos en los regímenes de la leyes 26.476 (causas “Arre Beef” y “Recursos Humanos y Organización”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, entre otros) y 27.260 (causas “Bertolini, Francisco Eugenio” y “Eventos del Campo S.A.”, pronunciamientos del 13 de diciembre de 2016, entre otros); criterio que respecto de la última ley constituye doctrina legal de esta cámara (acuerdo plenario, causa nº 78.983/2018 “Alpargatas SAIC”, pronunciamiento del 16 de diciembre de 2020; ver, esta sala, causa “Promecor”, citada).
En virtud de estas consideraciones, VOTO: por tener por condonada la sanción de multa impuesta a la firma Tipoiti SATIC por resolución nº 114/11 (AD IGUA), con costas en el orden causado.
La jueza Liliana María Heiland y el Juez Rodolfo Eduardo Facio adhieren al voto que antecede.
En virtud del resultado que informa el Acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: tener por condonada la sanción de multa impuesta a la firma Tipoiti SATIC por resolución nº 114/11 (AD IGUA), con costas en el orden causado.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia