Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución 1364/13 (AD PASO), y por ende el cargo 12042LMAN0026833E, que se fija en la suma de U$S73.033,94 conforme lo establecido en el punto V.2.-, más los intereses correspondientes (art. 794 CA).
2Imponer las costas a las co-actoras (art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-93657358-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 25 de Agosto de 2025 Y OTROS Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria y Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía de la 14° Nominación), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS SA Y OTROS c/ DGA s/ recurso de apelación Expte. n ° 33. 786-A”.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 37/44vta. se presenta por apoderado la firma TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS SA Y OTROS, TRANSPORTES INTERNACIONAIS OLIVEIRA NUNES Y ATA FERNANDO GONZALES, e interpone recurso de apelación contra la Resolución (AD PASO) n° 1364/2013 , dictada en las actuaciones n° 12307-541-2012/1, por la que se rechaza el procedimiento de impugnación contra el cargo n° 13042LMAN0026833E. Realiza un relato de los hechos ocurridos. Aduce la falta de legitimación pasiva de la firma Transporte Internacionais Oliveira Nunes. Sostiene que en autos se ha verificado un supuesto de contrabando, dado por la introducción a plaza de la mercadería sustraída, los responsables del ilícito aquellos que también son responsables de la tributación por la introducción a consumo irregular de los efectos robados. Afirma que la responsabilidad surge indudablemente de los arts. 777 y 782 del CA. Cita y explica el juego de los art. 308, 310, 311 y 312 del CA. Sostiene que el siniestro en virtud del cual perdió la mercadería que fue debidamente comunicado en tiempo y forma al servicio aduanero, así como a la dependencia policial, y aun cuando la norma no permite considerar a la mercadería como irremediablemente perdida, a los efectos tributarios en tanto pueda ser empleada por un tercero, resulta innegables que se configura la situación descripta en el fallo de la Corte, “Tevelam SRL”. Cabe agregar que también se dió cumplimiento a las restantes obligaciones relevantes, tales como que circulaba con seguimiento satelital y por la ruta asignada cuando sufrió el robo a mano armada durante el cual el chofer fue privado ilegítimamente de su libertad, así como que no existe indicios que indiquen la connivencia de la empresa y sus dependientes con los autores del hecho delictivo. Impugna la liquidación porque por le falta la fecha utilizada por el servicio aduanero, siendo uno de los elementos esenciales que permiten que la misma se ajuste a derecho. Entiende que a la mercadería le es aplicable el certificado de origen Mercosur, por lo cual no debería pagar derechos de importación ni las percepciones. Ofrece prueba. Hace reserva de caso Federal. Solicita se revoque la resolución recurrida con costas.
II. Que a fs. 64/70 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa una reseña de las actuaciones. Niega todas y cada una de las afirmaciones vertidas por la actora que no fueran de su especial reconocimiento. Afirma que no se encuentra controvertido el acaecimiento del robo de la mercadería, carente de libre circulación, ni la denuncia policial formulada, ni se cuestiona la comunicación del siniestro en los términos del art. 308 del CA, tampoco se le indilga al ATA falta de diligencia en el cumplimiento de sus deberes. Manifiesta que el fundamento del cargo está determinado en la responsabilidad tributaria fundada en el art. 312 del CA, operando la presunción legal prevista en el art. 311 del CA, operando la presunción iure et de iure y al solo efecto tributario de que la mercadería fue importada a consumo.
Advierte que si bien el transportista formuló la denuncia policial de robo y comunicó el siniestro, en los términos del art. 308 del CA, ello no resulta suficiente para eximir del pago de los tributos que gravan la importación a consumo de la mercadería sustraída, dado que la normativa exige que la misma no pueda ser utilizada por un tercero, conforme el art. 315 del CA. Expone que el sujeto pasivo de la obligación es un tercero escogido por la ley para cumplir con tal deber y esta es una obligación propia, porque la ley lo ha colocado en el lugar del sujeto que ejecutó el hecho imponible, sin perjuicio de la posibilidad de la acción civil de repetición de lo pagado contra el sujeto que ejecuto el hecho irregular (contrabando).
Advierte que si la empresa transportista y su agente pretendían no verse afectados en su situación patrimonial por las consecuencias de su responsabilidad de naturaleza tributaria del régimen, debió cumplir con su deber de previsión, concerniente al exclusivo giro de sus negocios empresariales, tramitando la destinación de transito de importación por el régimen previsto la normativa y contratando una póliza de seguro contra robo por el valor en aduana de la mercadería, de este modo evita el riesgo que hoy debe asumir. Indica que el hecho no se puede calificar de fuerza mayor o caso fortuito porque si bien procede tenerlo como irresistible no puede calificarse de imprevisible. Cita abundante jurisprudencia que avalan su postura.
Señala que deber ser rechazada la impugnación de la liquidación planteada así como la aplicación de los beneficios intrazona alegados por ser no ser beneficiaria quien no ha cumplido con el régimen de transito de importación. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita se confirme la resolución, con costas.
III. Que las actuaciones SIGEA n° 12307-541-2012/1 se inicia con la Multinota del ATA González de fecha 29/11/2012 y acompaña documental a fs. 2/4. A fs. 5 luce comunicación interna del servicio aduanero con fecha que se 29/11/2012 pone en conocimiento del robo. A fs. 13 luce aforo y liquidación de la mercadería. A fs. 9/19 lucen prints de pantalla de diversas consultas efectuadas. A fs. 20/21, 22/23, 24/25 lucen cedulas de notificación del cargo y a fs. 26/28 lucen los respectivos acuses de recibo. A fs. 30 se solicita afectación de póliza de caución. A fs. 37/38, 48/58ref, y 63/74 se presentan las coactoras e impugnan el cargo, oponen defensas, asimismo acompañan documental, en la que se destaca a fs. 39 luce denuncia policial y a fs. 59/61 luce denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. A fs. 98 se proveen las presentaciones y se pasan los autos a resolver. A fs. 103/104 luce recurso de reposición, que es resuelto a fs. 109, no haciendo lugar al planteo. A fs. 118/125 luce Resolución n° 1364/2013 (AD PASO). A fs. 129/130 se encuentra acreditada la interposición del presenta recurso y el formulario F4, y en ese estado remiten los antecedentes a este Tribunal.
IV. Que a fs. 71 se dispuso apertura a prueba y diferir con el fondo el tratamiento de la excepcion. A fs. 160 luce cierre de periodo probatorio y a fs. 184 se eleven los autos y a fs. 185 pasan a alegar. A fs. 191/201 alega la actora y fisco no hace uso de su derecho. A fs. 203 pasan los autos a sentencia.
V. Que, corresponde resolver en autos si la Resolución (AD PASO) n° 1364/2013 en cuanto confirma el Cargo n° 12042 LMAN 0026833E y se le intima el pago de tributos a las coactoras, empresa de transportes TNT Mercurio Cargas y Encomendas SA, Transportes Internacionais Olivera Nunes y ATA Fernando González, con relación a la mercadería amparada por la destinación suspensiva de tránsito de importación registrada con 042 MANI 105712S con el n° MIC/DTA BR 2413.02553, TRAS 12042TRAS075202Z cuya copia obra glosada en las actuaciones administrativas acompañadas oportunamente por la representación fiscal.
Que a los efectos de determinar la cuestión debatida en autos, corresponde destacar que no se controvierten los hechos en sí, es decir, el incumplimiento del referido tránsito de importación, así como tampoco que ello fue consecuencia del robo del camión y semi-remolque que transportaba la mercadería.
Que tampoco se cuestiona la circunstancia de que no se habían abonado los tributos correspondientes a la mercadería involucrada, precisamente por encontrarse amparada en una destinación suspensiva de tránsito. Que el servicio aduanero formuló el Cargos n° 12042LMAN 026833E, por los tributos adeudados que ascienden a la suma de u$s 127.005,98 con fundamento en los arts. 310, 312, 315 y cc. del Código Aduanero. Que lo que fundamenta el cargo tributario formulado por la aduana es la responsabilidad por deuda ajena, es decir una responsabilidad indirecta o refleja, consagrada en forma expresa en el art. 312 del Código Aduanero, puesta expresamente por la ley en cabeza del transportista y el ATA que asumió la obligación de transportar a su riesgo la mercadería extranjera que no gozaba de libre circulación. Ese transporte lo realiza a título oneroso, recurriendo a un régimen de excepción (destinación suspensiva de tránsito de importación) que permite la importación de la mercadería sin abonar los tributos aduaneros correspondientes.
Que éste régimen, regulado en los arts. 296 y siguientes del C.A., autoriza que la mercadería importada, es decir, ingresada al territorio aduanero, pero que carece aún de libre circulación en el mismo, sea transportada desde la aduana por la que hubiere arribado hasta otra aduana para ser sometida a otra destinación aduanera, previéndose al efecto la no sujeción a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios (art. 304 del C.A.).
Que la principal obligación que el régimen impone recae en el transportista, es decir en el empresario que asume su propia responsabilidad por la operación que compromete frente al servicio aduanero, teniendo a su cargo el deber de transportar la mercadería a la aduana de destino (de salida o interior), dentro de un plazo fijado, cuidando que arribe la misma mercadería (art. 317) y en su totalidad (art. 310), sin haber sufrido ninguna modificación ni haber sido utilizada.
Que, por su parte, el art. 315 prevé un supuesto de eximición del tributo, cuando la mercadería resultare irremediablemente perdida por algún siniestro ocurrido durante su transporte bajo el régimen de tránsito de importación y que hubiere sido comunicado de conformidad con lo dispuesto en el art. 308 (es decir, fundamentalmente aviso inmediato al servicio aduanero). En este supuesto, efectivamente, la norma prevé que la mercadería “...no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare a satisfacción del servicio aduanero”. Para no dar lugar a dudas sobre cuándo debe considerarse irremediablemente perdida, el legislador lo aclara al final de la misma norma “...cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero...”.
Que, corresponde precisar que no está en discusión que la persona que cometió el robo y, por ende, quien introdujo ilícitamente a plaza la mercadería sustraída, es el que ha realizado el hecho gravado por la importación para consumo irregular (arts. 310 y 311 del CA) y, en esa condición es deudor por deuda propia de los tributos aduaneros correspondientes (conf. art. 777 del CA).
Que frente a las escasas posibilidades de percibir esos tributos del ladrón contrabandista, el Código Aduanero contempla, para preservar los intereses fiscales, una responsabilidad por deuda ajena en cabeza del transportista y su agente de transporte aduanero (Basaldúa, Ricardo Xavier, Sujetos gravados por los tributos aduaneros, cit., pág. 104).
Que, en definitiva, el Código Aduanero al regular la destinación de tránsito de importación (arts. 311, 312 y 315) ha establecido un supuesto de responsabilidad por deuda ajena, es decir un responsable indirecto, con el fin de proteger con eficacia los intereses fiscales en juego. Tal solución, que está expresada con claridad, se confirma en el sistema, pues se reitera con relación a las destinaciones suspensivas de depósito de almacenamiento (arts. 211 y 293) y de importación temporaria (arts. 261 y 274).
VI. Que atento al dictado del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha 11 de diciembre de 2012, recaída en la causa “Tevelam SRL (TF 22.427-A) c/ DGA”, debo señalar que comparto el voto –en minoría- de la Sra. Vicepresidenta y Ministro de la Corte, Dra. Highton de Nolasco en el sentido de que el siniestro que afectó el tránsito de importación no constituye causal eximente de responsabilidad por el pago de los tributos, pues tal dispensa solo tiene lugar si el siniestro ocasiona la pérdida irremediable de la mercadería, sin embargo, por razones de seguridad jurídica y economía procesal, me debo ajustar a lo resuelto por el voto de la mayoría en la CSJN, por lo tanto procederé a analizar las particularidades del caso y si las mismas se adecuan al mencionado fallo.
Que la mercadería en cuestión consistía en 351 rollos de diversas telas, la que ingresó por la Aduana de Paso de los Libres (proveniente de Uruguaiana - Brasil), con destino Los Andes -Chile.
Que, según las constancias obrantes en la causa, el medio de transporte con su carga (camión marca Mercedes Benz, patente ISC7862 y semi-remolque marca Random, patente ISJ79086), de la firma recurrente, fue robado a mano armada cuando iba transitando por la Ciudad de San Francisco, Provincia de Santa Fe.
Que ha quedado verificado el actuar diligente del chofer del camión que transportaba la mercadería, quien al haber sido liberado por los responsables del robo acaecido, se presentó en la Comisaría de Sexta UR Estación Clucellas, Provincia Santa Fe, a fin de realizar la correspondiente denuncia por robo, en mismo día, el ATA dió aviso de lo ocurrido a la DGA mediante la Multinota presentada el 29/11/2012, -conforme surge de las constancias de fs. 1, y de acuerdo a lo normado en el art. 308 del CA.
Que dejando a salvo mi opinión en contrario, y –conforme lo manifestado-, por razones de economía procesal y seguridad jurídica, considero que corresponde ajustarse al criterio del Máximo Tribunal, y en consecuencia, revocar la resolución apelada, por aplicación al caso de autos del criterio fijado en el fallo recaído en la causa Tevelam SRL.
En virtud de que esta causa se resuelve por aplicación del mencionado fallo de la CSJN, y siendo este de fecha posterior a la de interposición del presente recurso, las costas se imponen a la vencida.
Que atento a como se resuelve la presente es que no corresponde tratar el resto de los agravios vertidos por las partes.
Por ello voto por:
Revocar la Resolución N° 1364/2013 (AD PASO) y el Cargo Nº 12042LMAN 0026833E, dictada en las actuaciones administrativas N° 12307-541-2012/1. Con costas.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Doy por reproducido el relato expuesto por el Dr. Héctor Hugo Juárez en sus considerandos I a IV, continuando el considerando V conforme lo siguiente:
V. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -1364/13-, en cuanto dispone rechazar las impugnaciones incoadas por TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A., TRANSPORTES INTERNACIONAIS OLIVERA NUNES y el ATA FERNANDO GONZALEZ, y confirmar el cargo 12042LMAN0026833E, se ajusta a derecho.
V.1. En primer lugar, debo señalar que las co-actoras realizan una incorrecta caracterización y presentación de los hechos controvertidos. No resulta conforme a las constancias de las actuaciones administrativas ni de autos que se haya producido un robo. Lo único que se encuentra demostrado es que, con fecha 29.11.12 se realizó una denuncia en sede policial de un robo que habría ocurrido el día 28.11.12, cuyos extremos fácticos carecen de otra demostración más que tal declaración unilateral contenida en dicha denuncia (ver fs. 59/61 de las act. adm.). Corresponde también poner de manifiesto que las constancias obrantes en las actuaciones administrativas y lo actuado ante este tribunal nada aportan ni agregan al respecto. En consecuencia, lo único que puede afirmarse con certeza, en el plano de los hechos acaecidos en relación a estos autos, es que: a) existe una denuncia unilateral de robo de un camión marca Mercedes Benz patente ISC-7862 con un semirremolque marca Random, patente ISJ- 9086, efectuada ante autoridad policial, y que dicho siniestro habría ocurrido el 28.11.12; b) la mercadería transportada en ese camión se encuentra, por ende, desaparecida –no robada- sin que haya podido ser recuperada por sus responsables.
En segundo lugar -sentada la base fáctica de la causa-, resulta menester reafirmar un principio básico relativo al ejercicio de la función jurisdiccional: ella consiste en aplicar el derecho tal como este se encuentra legislado, con prescindencia del juicio particular de los magistrados sobre la justicia o injusticia de las soluciones objetivas contenidas en los textos legales -aplicables a los casos que les toca juzgar-.
En esta línea, se observa que los hechos expuestos supra tornan diferente este caso respecto a la base fáctica tenida en cuenta por la Corte en el citado precedente “Tevelam” -ver considerandos 3º y 11º a partir de la línea 11-; señalando asimismo que el examen jurídico del plexo normativo del CA -aplicable en autos- que realiza el Alto Tribunal en dicho precedente –exclusivamente sus considerandos 4º a 9º- resulta sustancialmente correcto. La previsión del art. 315 del CA –conforme la explicación sistemática de los considerandos 4º a 9º del precedente “Tevelam” de la Corte Suprema- establece expresamente que la mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando resulte utilizable por un tercero (tal como se verificó en este caso, al no recuperarse la mercadería supuestamente robada), operando a los efectos tributarios la presunción legal iuris et de iure de que la mercadería fue importada para consumo, esto es sin dispensa a los responsables tributarios del pago de los derechos de importación.
Las normas del CA bajo examen son previsiones de naturaleza impositiva sustancial que, lejos de aparecer en desarmonía con el ordenamiento jurídico nacional -o arrojar consecuencias reñidas con los valores que tutelaguardan analogía con innumerables institutos del derecho tributario federal. Tales institutos regulan supuestos de responsabilidad impositiva ex lege, similares a los de las normas del CA aplicables en autos. Basta referir a: a) las previsiones de los arts. 780 y 781 del CA que establecen respectivamente los supuestos de responsabilidad tributaria aduanera del agente de transporte aduanero con el transportista, y del sujeto que por actividad o profesión tiene relación con el servicio aduanero con sus dependientes que realizaren un hecho gravado en ejercicio de sus funciones; b) el instituto de las salidas no documentadas del art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias (“LIG”) donde un contribuyente debe pagar el tributo de la ley aplicando la alícuota marginal máxima de la escala -35 %- sobre un ingreso gravado (que así queda alcanzado) obtenido por otro contribuyente (el “beneficiario desconocido u oculto”); c) el Sexto Método de precios de transferencia -art. 15 de la LIG- donde el exportador o importador argentino pueden ver aumentado su ingreso gravado proveniente de una transacción controlada por el incumplimiento de otro sujeto –el intermediario internacional, no necesariamente vinculado- de determinados requisitos de sustancia empresarial; d) las presunciones de ganancias netas de fuente argentina contenidas en los arts. 9 a 13 de la LIG, establecidas con independencia de su carácter de ganancias de fuente argentina conforme el art. 5 de la misma LIG; e) las retenciones con carácter de pago único y definitivo -sin computar los gastos y deducciones legales- del impuesto a las ganancias a los beneficiarios del exterior, reguladas por los arts. 91, 92 y 93 –salvo incisos f) y g)- de la LIG, incluidas las presunciones de ganancia neta del último artículo referido, que no admiten prueba en contrario; f) en la ley 11.683 (t.o. 1998) que establece en su Capítulo II “Sujetos de los deberes impositivos” a los responsables por cumplimiento de deuda tributaria ajena (arts. 6 y 7), “los responsables en forma personal y solidaria con los deudores” (art. 8) y los “responsables por los subordinados” (art. 9); g) las numerosas normas de responsabilidad objetiva –no tributaria- por hechos de terceros que prevé el Código Civil, etc.
En línea con los institutos señalados los arts. 310, 311, 314 y 315 del CA establecen la obligación de pago de los derechos de importación para los supuestos de importación a consumo bajo las presunciones iuris et de iure que regulan, no existiendo razón legal atendible para apartarse de las previsiones normativas del CA, fundamentos que se colocan al margen de los claros textos normativos. Que, a fortiori, cabe indicar que: a) no resulta correcto afirmar que en supuestos como el previsto en el art. 315 del CA se responsabiliza tributariamente al transportista o su agente por hechos involuntarios: quienes desarrollan o se vinculan a la realización de una actividad empresarial -regulada por ordenamientos como el CA- voluntariamente emprenden una actividad sometida a determinadas contingencias legales o tributarias como las aquí suscitadas, conociéndolas de antemano; vale recordar que rige en nuestro país, desde hace más de 100 años, el principio del antiguo art. 20 del Código Civil de Vélez Sarsfield que establece que “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley” (ley 340 BO: 01.01.1871), disposición mantenida en el vigente art. 8 del nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994; BO: 01.10.14, vigencia 01.08.15); b) tampoco sirve de fundamento para dispensar pretorianamente el pago de los derechos de importación, una supuesta incoherencia entre lo previsto por el art. 783 y cc. del CA y su art. 315 para el caso de que la mercadería fuera finalmente encontrada en poder de terceros (los supuestos malhechores) que deberían pagar nuevamente los derechos ya satisfechos por los sujetos del art. 315 del CA: el ordenamiento legal prevé para estos últimos la acción de regreso contra tales terceros (arts. 827, 840 y cc. del Código Civil y Comercial vigente, que mantuvo los mismos dispositivos legales existentes desde 1.871); c) finalmente, respecto a las consideraciones sobre los valores de justicia y equidad que se verían afectados por el art. 315 del CA –que, en mi opinión, no se advierten lesionados en este caso- cabe recordar lo sostenido sabiamente por Blackstone: “la ley sin equidad, aunque dura y odiosa, es mucho más deseable para el bien común que la equidad sin ley, que hace de cada juez un legislador e introduce la más infinita confusión” (Law, without equity, though hard and disagreeable, is much more desirable for the public good, than equity without law: which would make every judge a legislator, and introduce most infinite confusion –William Blackstone: 1 Commentaries on the Laws of England 62, 4th ed., 1770).
V.2. Finalmente, se señala que en virtud del criterio del Máximo Tribunal en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas” no corresponde incluir en los cálculos efectuados por el servicio aduanero las percepciones de IVA adicional y de impuesto a las ganancias, dado que, según dicho precedente, al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las mencionadas percepciones.
En efecto, surge del mencionado precedente “CLADD” que, a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, se extingue la facultad de la DGA para exigir el pago de las percepciones. Ello en razón de cesar la función que ellas cumplen en el sistema tributario, pues en ese momento -fecha de vencimiento de las declaraciones juradas del impuesto- nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen definitivo, es decir, la obligación resultante del período fiscal. En consecuencia, los anticipos –percepciones- solo pueden exigirse cuando no se ingresaron a la fecha de su vencimiento y hasta la fecha de vencimiento para presentar la declaración jurada del impuesto respectivo, nunca con posterioridad. En función de lo expuesto, corresponde reliquidar el cargo formulado a fs. 21 de las act. adm., excluyendo del cálculo a las referidas percepciones, por lo que su importe queda fijado en la suma de U$S73.033,94. En virtud de lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución 1364/13 (AD PASO), y por ende el cargo 12042LMAN0026833E, que se fija en la suma de U$S73.033,94 conforme lo establecido en el punto V.2.-, más los intereses correspondientes (art. 794 CA).
2. Imponer las costas a las co-actoras (art. 1163 del CA).
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juan Manuel Soria, ya que considero que no resulta aplicable a este caso en particular el precedente “Tevelam SRL”.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría se resuelve:
1. Confirmar la Resolución 1364/13 (AD PASO), y por ende el cargo 12042LMAN0026833E, que se fija en la suma de U$S73.033,94 conforme lo establecido en el punto V.2.-, más los intereses correspondientes (art. 794 CA).
2. Imponer las costas a las co-actoras (art. 1163 del CA).
Regístrese y notifíquese. Oportunamente por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2025.08.25 12:32:20 ART Date: 2025.08.25 14:24:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.25 15:01:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.25 15:02:29 -03:00
Fin de la sentencia