Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Mar del Plata · Causa 161655
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo, se resuelve, por mayoría:
I.) Revocar la sentencia de fs. 338/342, en cuanto fuera materia de agravio; II.) Rechazar el incidente de revisión promovido por Juan Antonio Toledo;
III.)
Imponer las costas de Primera Instancia y Alzada al incidentista vencido (art. 68 del CPCC).
REGISTRO Nº 32.S FOLIO Nº 106
Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata Expte. Nº 161655. -
Autos:
"TOLEDO JUAN ANTONIO C/ A.R.B.A. S/ INCIDENTE DE REVISION".-
En la ciudad de Mar del Plata, a los 2 de Marzo de 2017, habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación:
1. Dr. Alfredo Eduardo Méndez, 2º) Dr. Ramiro Rosales Cuello y 3°) Dr. Ricardo Domingo Monterisi se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos "TOLEDO JUAN ANTONIO C/ A.R.B.A. S/ INCIDENTE DE REVISION".
Aceptadas que fueron las excusaciones formuladas a fs. 372 y 378 por los Sres. Jueces de Cámara Dra. Nélida Isabel Zampini y Rubén Daniel Gérez, respectivamente, a mérito de las causales invocadas (arts. 17, incs. 5, 7 y 9, 30 y 32 del CPCC).-
Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes A N T E C E D E N T E S :
A fs. 338/342 el Sr. Magistrado de la Instancia de origen dicta sentencia mediante la cual: 1) hace lugar al planteo de inconstitucionalidad propuesto por el incidentista Juan Antonio Toledo, declarando inaplicable a la causa los arts. 21, 24 y 63 del Código Fiscal; 2) hace lugar al incidente de revisión incoado por el concursado Juan Antonio Toledo y declara inadmisible el crédito de ARBA; 3) impone las costas a la incidentada vencida.-
Contra dicho pronunciamiento, la parte incidentada interpone recurso de apelación a fs. 344, el que se encuentra concedido a fs. 345, fundado a fs. 346/358, y sustanciado a fs. 360/362 y 364/368.-
En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S :
1ª) ¿Es justa la sentencia de fojas 338/342?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ DIJO:
I. Mediante la sentencia apelada: a) se hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad propuesto por el incidentista Juan Antonio Toledo, declarando inaplicable a la causa los arts. 21, 24 y 63 del Código Fiscal; b) se hizo lugar al incidente de revisión incoado por el concursado Juan Antonio Toledo y se declaró inadmisible el crédito de ARBA; c) se impuso las costas a la incidentada vencida. Para así resolver, el a quo tuvo en cuenta lo siguiente: 1) que el Código Fiscal pone en cabeza del concursado incidentista la responsabilidad del pago de una deuda de Supermercados Toledo SA, en franca oposición a lo normado por la ley 19.550; 2) que la responsabilidad de los directores de una sociedad anónima está regulada por los arts. 59 y 274 de la 19.550, dando como resultado que no hay responsabilidad de éstos si no se le puede atribuir un incumplimiento de origen contractual o un acto ilícito con dolo o culpa en el desempeño de la actividad; 3) que el régimen tributario provincial imputa responsabilidad ilimitada y solidaria, por la falta de pago del tributo, a los directores por el solo hecho de serlo; 4) que por tratarse de un aspecto sustancial de la relación entre acreedores y deudores, compete al legislador nacional su regulación, por lo que no cabe a las provincias dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen al respecto, toda vez que al haber delegado en la Nación la facultad de dictarlos, han admitido la preeminencia de las leyes del Congreso y la necesaria restricción de no dictar normas que las modifiquen o contradigan; 5) que siendo que la admisibilidad del crédito de ARBA en el presente concurso se funda exclusivamente en la responsabilidad solidaria que tiene el aquí concursado -Juan Antonio Toledo- en el pago del impuesto de Sellos adeudado por la sociedad en donde se desempeñara como directivo -Supermercados Toledo SA-, la normativa provincial se contrapone y avanza sobre una materia propia del derecho de fondo, en manifiesta contradicción con las disposiciones constitucionales.-
II. Se agravia el recurrente por cuanto el a quo declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 24 y 63 del Código Fiscal. Argumenta que varios son los motivos que justifican el dictado de una regulación autónoma de todos los aspectos que rodean los impuestos provinciales: 1) autonomía financiera: la provincia debe asegurar su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria, como así también afianzar la justicia, consolidar la paz interna, proveer la seguridad común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad de sus habitantes. Y justamente a esos fines resulta primordial contar con la autonomía financiera necesaria, materializada a través de la prerrogativa de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención de autoridad extraña. Alega que aplicar las normas del Código Civil o pretender adaptar las regulaciones impositivas locales a las del derecho privado, conduce a sentencia que perjudican gravemente la renta pública local, atentando en forma directa contra aquella autonomía y afectando la conservación y el vigor del verdadero federalismo; 2) ejercicio de facultades no delegadas: las provincias han conservado todo el poder no delegado expresamente al Gobierno Federal mediante la Constitución Nacional. En ese contexto, el derecho tributario, al igual que el derecho administrativo, resulta rama integrante del derecho público local, cuya regulación las provincias mantuvieron dentro de las facultades no delegadas.-
Asimismo, en lo que atañe al fallo de la SCBA "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Raso, Francisco s/ Apremio" (sentencia del 02 de julio de 2014), sostiene el quejoso que en esa oportunidad el Superior Tribunal Provincial, por mayoría, rechazó el recurso extraordinario por argumentos formales, centrados en la insuficiencia de la pieza recursiva, por lo tanto, no puede sostenerse que la SCBA haya declarado la inconstitucionalidad del art. 21 del Código Fiscal. Alega que sólo el Dr. Negri, en minoría, se pronunció sobre dicha inconstitucionalidad, por lo que ese voto no puede configurar doctrina legal sobre el tema.-
Por otro lado, manifiesta que no existen dudas que la atribución de responsabilidad que contienen los arts. 21 y 24 del Código Fiscal es de tipo subjetiva, es decir, derivada de la conducta concreta del sujeto. En la medida que se permite a éste acreditar una determinada conducta propia como eximente de responsabilidad, su atribución no es objetiva, en tanto lo que se somete a análisis es justamente su actuación.-
A su vez, critica que la sentencia recurrida omite referirse a lo dispuesto por el último párrafo del art. 274 de la ley 19.550, que contiene las causales eximentes de responsabilidad solidaria de los directores que resulta -incluso- más restrictiva que la norma local. Alega que el Código Fiscal contempla esa única fuente de responsabilidad solidaria, desde que la totalidad de las obligaciones fiscales impuestas a los contribuyentes y responsables surgen de las normas que la integran y su incumplimiento, materializado a través de la falta de pago de los tributos allí regulados, encierra la violación de una ley.-
III. Como punto de partida, debo señalar que los Jueces no están obligados a pronunciarse sobre todas las articulaciones de las partes sino únicamente sobre aquéllas que estimen conducentes para fundar su decisión (argto. CSJN en Fallos 302:235, entre muchísimos otros).-
Sentado ello, la cuestión traída a estudio gira en torno a dilucidar si la normativa tributaria que establece la responsabilidad solidaria e ilimitada de los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean representantes legales, de personas jurídicas resulta compatible con las normas constitucionales en juego (arts. 21 y 24 del Código Fiscal -t.o. por Resolución 39/11-; 31 de la Constitución Nacional).- La sentenciadora de grado, al decidir la inconstitucionalidad de la normativa en cuestión, hace propios los argumentos vertidos en el voto en minoría del Ministro Dr. Héctor Negri efectuado en la causa "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Raso, Francisco. Sucesión y otros s/ Apremio" (SCBA, causa 110.369, sentencia del 02 de julio de 2014). En esos términos, la sentencia en crisis hace hincapié en que la responsabilidad de los directores de una sociedad anónima regulada por los arts. 59 y 274 de la ley 19.550 es subjetiva; mientras que el régimen tributario provincial imputa responsabilidad ilimitada y solidaria, por la falta de pago del tributo, a los directores por el solo hecho de serlo, siendo en tal caso, el factor de atribución objetivo. De esta manera, concluye que la normativa provincial se contrapone y avanza sobre una materia propia del derecho de fondo en manifiesta contradicción con las disposiciones constitucionales.- Debo decir al respecto que no comparto las conclusiones arribadas por la Sra. Jueza de grado.-
El art. 21 del Código Fiscal (t.o. por Resolución 39/11) establece que "se encuentran obligados al pago de los gravámenes, recargos e intereses, como responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes -en la misma forma y oportunidad que rija para éstoslas siguientes personas: (...) 2. Los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean representantes legales, de personas jurídicas, civiles o comerciales; asociaciones, entidades y empresas, con o sin personería jurídica; como asimismo los de patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean consideradas por las Leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible (...)".
A su vez, el art. 24 del Código Fiscal (t.o. por Resolución 39/11)
prescribe que los responsables indicados en los artículos 21 y 22 del mismo código (entre los que se encuentran, como ya se dijo, "los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean representantes legales, de personas jurídicas, civiles o comerciales") responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes. Asimismo, señala que se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y éstos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva.-
La propia SCBA tiene dicho que "en ciertos casos la norma atribuye la responsabilidad por las obligaciones fiscales -esto es, la condición de sujeto obligado a hacer efectiva la prestación- a personas distintas del contribuyente, naciendo de tal manera la diferenciación entre deudores y responsables" (SCBA, causa B. 50.259, "Consorcio de Propietarios Mayling Club de Campo c/ Municipalidad de Pilar s/ Demanda contencioso administrativa", sentencia del 28 de marzo de 1995).-
De esta manera, la responsabilidad solidaria de los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean representantes legales, de personas jurídicas no surge únicamente por su condición de tal, sino que responde también a la conducta que hayan desplegado en el ejercicio de su función. Es decir, el representante de la persona jurídica tiene a su cargo el ingreso del tributo y, por tal motivo, la ley lo hace responsable solidario; pero si ese representante demuestra que exigió a su representado (persona jurídica) los fondos para afrontar el pago de los tributos y este último lo colocó en imposibilidad de cumplir con la obligación, entonces la ley lo exime de esta responsabilidad.-
Se tiene dicho que ello es así "porque la solidaridad del art. 24 no es objetiva sino subjetiva, pues requiere la imputabilidad de la conducta del tercero responsable; por lo cual dice bien la norma que puedan demostrar que el contribuyente los hubiere colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con su obligación. Es decir que no sólo debe demostrar tal imposibilidad, sino también que ella lo fue del cumplimiento correcto y oportuno; si así no fuere, no jugaría la dispensa de responsabilidad" (Giuliani Fonrouge, Carlos M. - Navarrine, Susana Camila "Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires", Tomo I, Ed. La Ley, 2012, pág. 64).-
Por lo antedicho, no encuentro incompatibilidades entre los arts. 21 y 24 del Código Fiscal (t.o. por Resolución 39/11) y los arts. 59 y 274 de la ley 19.550 que hagan factible una declaración de inconstitucionalidad por violación del art. 31 de la Constitución Nacional.-
Despejada esta cuestión, resta analizar los restantes planteos formulados en el escrito de demanda y que no fueron tratados por la Sra. Jueza de primera instancia, por el modo en que se resolvió.-
Si bien en el libelo inicial el argumento troncal ha sido la inconstitucionalidad de las normas fiscales, también plantó el incidentista que le causa agravio que se haya afirmado la solidaridad como principio cuando en concreto no se determinan deudas específicas. Sostiene que constituye un agravio porque "es como si se verificaran aisladamente de los créditos respectivos contraídos eventualmente por Supermercados Toledo SA, la garantía solidaria sobre los mismos, aunque todavía no se conozca bien cómo se compondrían los mismos en caso de que el Fisco provincial intentara una revisión".-
Conforme se desprende de la lectura de la resolución del art. 36 de la LCQ (que se tiene a la vista desde la Mesa de Entradas Virtual http://mev.scba.gov.ar) el aquí incidentado insinuó créditos derivados de dos tributos (impuesto de Sellos e Ingresos Brutos) por ser el concursado responsable solidario, en los términos del Código Fiscal, de la firma Supermercados Toledo SA.
De ahí que no se advierte cuál es el perjuicio concreto que le ocasiona al concursado la circunstancia de que el a quo se haya expedido en dicha resolución acerca de su responsabilidad solidaria de la forma en que lo hizo. De hecho, el concursado no alegó siquiera que los tributos insinuados merezcan un trato diferenciado desde la faz de la responsabilidad solidaria que deriva de las normas tributarias analizadas "ut supra". Por otro lado, el incidentista manifestó que "existen dificultades para probar la exculpación de los directivos", sin embargo no indicó con precisión en qué consistían esas dificultades, por lo que ello no constituye más que un argumento genérico que no logra conmover la resolución objeto de revisión.-
Por último, el incidentista mencionó que el crédito insinuado corresponde a una acreencia que ARBA tiene con Supermercados Toledo SA y que solamente le puede ser adjudicada al concursado por responsabilidad solidaria y no por una deuda propia por hechos imponibles que se hubieran adjudicado sobre base cierta al contribuyente Juan Antonio Toledo, como al parecer ha interpretado erróneamente el a quo.- En relación a esto debo decir que de una lectura integral de la resolución del art. 36 de la LCQ se desprende que el Sr. Juan Antonio Toledo ha sido declarado responsable de la deuda reclamada en concepto de Impuestos de Sellos en función de la solidaridad emanada del art. 24 del Código Fiscal. Ello se vislumbra también de lo dicho por la propia Jueza de grado en la sentencia en crisis cuando manifiesta que "la admisibilidad del crédito de ARBA en el presente concurso se funda exclusivamente en la responsabilidad solidaria que tiene el aquí concursado Sr. Juan Antonio Toledo en el pago del Impuesto de Sellos adeudado por la sociedad en donde se desempeñara como directivo" (el subrayado me pertenece).-
Por las razones antedichas, propongo receptar el agravio vertido por la parte incidentada y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 338/342 en cuanto fuera materia de agravio y rechazar el incidente de revisión promovido por Juan Antonio Toledo contra ARBA, con costas al incidentista por su calidad de vencido (arts. 32, 36, 37, y ccdts. de la ley 24.522; 21, 24, y ccdts. del Código Fiscal -t.o. por Resolución 39/11-; 68 del CPCC).-
Por lo expuesto VOTO POR LA NEGATIVA.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RAMIRO ROSALES CUELLO DIJO:
I. No comparto los fundamentos por los cuales se arriba a la solución que postula el magistrado preopinante frente a los planteos articulados por la parte incidentada, aquí apelante, a fs. 346/358.-
II. Repasando las constancias de autos, el Sr. Juan Antonio Toledo promovió incidente de revisión contra la resolución del art. 36 LCQ dada en favor del acreedor ARBA por el crédito declarado admisible con causa en la deuda fiscal por impuestos de sellos, más intereses y multa en cabeza de Supermercado Toledo SA, débito por el cual responde el mencionado en forma solidaria e ilimitada a tenor de lo dispuesto en los arts. 21 a 24 del Código Fiscal. A tal efecto, sus apoderados impugnaron la constitucionalidad de tales preceptos, al entenderlos violatorios del art. 75 inc. 12 que pone en cabeza del Poder Legislativo la potestad de dictar los Códigos de fondo, cuerpos legales donde la responsabilidad resulta tratándose de personas físicas siempre de corte subjetivo y no por el solo hecho de ocupar un cargo; agregaron que mediando un estado de cesación de pagos del obligado principal cabria hacer alguna distinción y sumaron jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación (ver fs. 17/24). El Fisco contestó el incidente, individualizando el expediente donde se determinara oficiosamente la deuda y se estableciera la responsabilidad del actor (ver fs. 37/40). Oportunamente y de conformidad con lo dispuesto en la LCQ, la sindicatura se pronunció en favor de lo peticionado por el incidentista (ver fs. 331/334).- El "a quo" partió de declarar la incompatibilidad entre el régimen de responsabilidad de la Ley de Sociedades y aquel que fija el Código Fiscal, toda vez que el primero exige la demostración de la culpa o el dolo en el proceder del órgano de administración, el segundo imputa responsabilidad en forma objetiva. Luego, dio precisiones en torno al control de constitucionalidad y la pirámide jurídica que establece el art. 31 CN, para concluir en que el legislador provincial vulneró la preeminencia de la legislación nacional, declaró la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, hizo lugar a la revisión, declaró inadmisible aquel crédito insinuado e impuso las costas a la parte incidentada.-
Deducida apelación a fs. 344, tres resultan ser los cuestionamientos contra lo resuelto, a saber: que se desconozca la potestad legisferante local en materia tributaria, que se repute al régimen de responsabilidad del Código Fiscal de objetivo y que se supedite el régimen de responsabilidad de los directores a la culpa o dolo del agente prescindiéndose del supuesto en que mediare violación de la ley según el art. 274 LGS. Niega que exista doctrina legal de la SCJPBA en la materia y que pueda invocarse el estado de cesación de pagos del ente como eximente (ver desarrollo particular de cada tópico a fs. 346/358). Estos fueron replicados a fs. 360/362 y 364/368.-
En el ínterin que va desde la traba de la litis (02/03/2009 a fs. 41) y hasta la fecha en que se dictó sentencia (29/12/2015 a fs. 338), entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.694, BO 08/10/2014 y el art. 7mo de la Ley 27.077 BO 19/12/2014) y con este también se modificó el régimen de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales que pasó a denominarse Ley General de Sociedades. Preciso, que a diferencia de su antecesora, la LGS nada dice respecto de su eficacia temporal, motivo por el cual, su aplicación se supedita a lo dispuesto en el art. 7 del CCC (el tema en particular se puede compulsar en VÍTOLO, Daniel Roque, "Comentario a las modificaciones de la ley 26.994 a la Ley General de Sociedades. Análisis comparativo con la ley 19.550", 2ª Edición Actualizada y ampliada, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2015 y del mismo autor "Derecho transitorio aplicable a las sociedades", en LA LEY 10/06/2015 pág. 1).-
Sin embargo, el presente entuerto ha de ser atendido con aquella ley vigente al momento en que se determinó para el pago del capital, intereses y multas la responsabilidad solidaria del contribuyente y el Presidente del Directorio de Supermercado Toledo SA, Sr. Juan Antonio Toledo, de conformidad con los arts. 18, 21 y 55 del Código Fiscal y así se lo hizo saber (ver al efecto la copia del expediente 2306-83137/03 y la respectiva resolución del 01/12/2005, en particular los arts. 2 y 4 a vta. de fs. 213 y 214, asi como el respectivo formulario R-132 a fs. 217). Caso contrario estaríamos en presencia de una inadmisible aplicación retroactiva del nuevo Código y de la LGS a hechos cumplidos y situaciones jurídicas consolidadas al amparo de la ley anterior.
Nótese que lo que se busca a través de este pleito no es la constitución de nuevos derechos, sino que se declare la ausencia de la responsabilidad impuesta (sobre el tema se puede consultar LLAMBIAS, JORGE JOAQUIN "Tratado de Derecho Civil, Parte General", 15 edición, Tomo I, Ed. Perrot, Bs. As., Buenos Aires, pág. 131, RIVERA, JULIO CÉSAR "Instituciones de Derecho Civil, Parte General", 4ª edición, Tomo I, Ed. LexisNexis Abeledo Perrot, Bs. As., 2007, pág. 241; los recientes trabajos de este último publicados en La Ley, "Aplicación del Código Civil y Comercial a los procesos judiciales en trámite. Y otras cuestiones que debería abordar el congreso", LL del 04/05/2015, "Aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones preexistentes y a los procesos judiciales en trámite Algunas propuestas" LL del 17/06/2015 y "En defensa de los códigos, el viejo y el nuevo", LL del 28/09/2015; también los de AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI "El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme" LL del 22/04/2015, "Nuevamente sobre la aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones jurídicas existentes al 1 de agosto de 2015" LL del 02/06/2015 y "La entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina" LL del 03/08/2015; y en jurisprudencia los votos de los Dres.
Marcelo Lopez Mesa en CapelTrelew, Plenario Acuerdo Nro. 194 del 15/04/2015 y Peralta Mariscal en CApelBahiaBlanca, Sala II, Causa 145.795 "Mangano" del 23/12/2015; Causa 145.994 "Zweedyk" del 02/02/2016 y mas aca en el tiempo, Causa 146.037 "Yacomella" del 16/02/2016; entre otros).- A la par de ello dejo constancia que de todas las alegaciones dadas por el Fisco, las que han sido reseñadas en los antecedentes de este Acuerdo, solo he de ocuparme de aquellas que estimo atinentes para decidir este conflicto, puesto que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo las que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.); como tampoco tienen el deber de ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estiman apropiadas (CSJN Fallos 274:113; 280:3201; 144:611).-
Por tales motivos, no corresponde que me aboque a la primer tacha toda vez que el juzgador no ha desconocido las potestades en materia fiscal de la Provincia, sino el modo en que se lo ha hecho. Lo segundo, tampoco me pronunciaré sobre cada uno de los supuestos contemplados en el art. 274 LGS, ni sobre el alcance que corresponde atribuir a la hipótesis de la infracción legal, ya que en autos el vínculo obligacional del incidentista reposa en el Código Fiscal. Finalmente si bien le asiste razón al quejoso respecto de que no puede considerarse a "Raso, Francisco" como doctrina legal de la SCJPBA, no es menos cierto que si bien el juzgador hizo cita del caso, consigno expresamente los motivos por los cuales correspondía declarar la inconstitucionalidad del sistema instituido por aquel cuerpo legal (ver lo expresado en el último párrafo del cuarto considerando a vta. de fs. 341).-
En definitiva, solo resulta pertinente la segunda de las críticas ensayadas.-
IV. Bajo el prisma del juzgador, el régimen tributario provincial resulta de corte objetivo puesto que imputa responsabilidad ilimitada y solidaria por la falta de pago del tributo a los directores solo en virtud de que estos detenten el cargo.- La protesta sostiene que el sistema es de tipo subjetivo, es decir, que se deriva de la conducta concreta del sujeto puesto que aquellos pueden acreditar que requirieron los fondos y así eximirse de responsabilidad.-
La inteligencia propuesta por el apelante no es ajustada a derecho. Con el ánimo de no abundar sobre temas a esta altura ya conocidos por todos, resulta claro que aun cuando la ley contemple un supuesto de eximición de responsabilidad, no se sigue de ello que el factor de atribución de responsabilidad resulte de corte subjetivo (ver al respecto Di Chiazza, Iván G., "Responsabilidad de los directores por deudas fiscales de la sociedad", LA LEY del 03/07/2014, pág. 4)
Son cosas totalmente diversas.-
La hipótesis del art. 24 del Código Fiscal no conjura que según el inc. 2do. del art. 21 los integrantes de los órganos de administración de las personas jurídicas se encuentran obligados al pago de los gravámenes, recargos e intereses, como responsables por el cumplimiento de las obligaciones fiscales del ente, sin atender a si prestan culpa o dolo, solo por el hecho de integrar el órgano.-
Muestra de ello, resulta ser que el Fisco determinó la responsabilidad del incidentista exclusivamente por su condición de Presidente del Directorio de la sociedad deudora del tributo (ver los términos expuestos en el art. 4to de la resolución del 01/12/2005 en el expediente 2306-83137/03), pero sin atender a los requisitos necesarios para que nazca la responsabilidad solidaria: que el responsable haya omitido el cumplimiento de sus deberes tributarios, que el incumplimiento le sea imputable a título de dolo o culpa y que los deudores principales no cumplan con la intimación administrativa previa (ver en tal sentido Tribunal Fiscal de la Nación, sala "A", " Bentivegna, Francisca s/apelación", sentencia del 04/03/2013, AR/JUR/11098/2013; CNFed. Contenciosoadministrativo, sala V, "Club Atlético Adelante Asoc. Civil y Depor. (TF 15567-I) c/DGI", sentencia del 15/07/99; CNFed.
Contenciosoadministrativa, sala II, "Vinitzky Guillermo Mario (autos La vendimia-TF 15188-I) c/DGI", 07/09/2009 y CNFed. Contenciosoadministrativo, sala III, "Costa, Roberto", sentencia del 28/04/2010; entre muchísimos otros dados en idéntico sentido) y en este punto es donde el régimen choca con lo dispuesto en LGS, que en tanto Código de Fondo, no puede ser desatendido por el legislador local (art. arts. 31 y 75 inc. 12 CN).-
Por todo ello, corresponde ratificar lo resuelto.-
ASÍ LO VOTO.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RICARDO DOMINGO MONTERISI DIJO:
Adhiero a la solución y a los fundamentos expuestos por el Dr. Méndez en el voto que abre el acuerdo.-
No coincido con lo afirmado por la jueza de grado -ni con los argumentos expuestos por el Ministro Negri en "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Raso, Francisco, Sucesión y otros s/ Apremio", SCBA, C. 110.369, del 02-VII-2014- en cuanto a que los artículos 21 y 24 del Código Fiscal bonaerense resultan inconstitucionales por inmiscuirse en una materia de competencia legislativa nacional (art. 75.12 de la CN).-
En nuestra estructura constitucional federal las provincias tienen un poder tributario originario que comprende la facultad de dictar normas que instituyen el tributo, determinan las condiciones de su aplicación y crean los organismos encargados de su percepción. La creación y captación de los impuestos, contribuciones y tasas es una actividad esencial en las finanzas públicas de un estado provincial.-
A la hora de definir cuál es el hecho imponible de un determinado tributo y determinar quiénes son los obligados a su pago (sean los contribuyentes, o los denominados "responsables por deudas ajenas"), es virtualmente imposible que el legislador local no acuda a las categorías normativas del derecho privado común, cuya regulación le compete al Congreso de la Nación (art. 75.12 de la CN). Toda norma fiscal provincial hará necesaria referencia a personas humanas, personas jurídicas, sociedades, asociaciones, tutores, curadores, sucesiones, administradores, albaceas, cónyuges, herederos, locatarios, locadores, vendedores, compradores, patrimonios, formas asociativas, síndicos de quiebras, o -como en el caso- a representantes de personas jurídicas.-
Esto no significa que en cada caso la provincia se inmiscuya en temas de "responsabilidad" de derecho privado, o en cualquier otra materia de derecho común ajena a sus competencias legislativas. Por el contrario, el derecho local no hace más que establecer -reitero: de acuerdo a sus facultades constitucionales no delegadas- relaciones tributarias de derecho público extrañas a las cuestiones de derecho privado que son de competencia legislativa del Congreso Nacional (arts. 75 incisos 1, 2, 12 a contrario, 121 y 126 de la Constitución Nacional y 103 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).-
En otras palabras, y refiriéndome al punto controvertido en autos, cabe al Congreso Nacional regular la responsabilidad de los directores -frente al ente, a los accionistas o a terceros- en el ámbito de las relaciones de derecho privado propias de la ley mercantil (arts. 59 y 274 de la LGS; 75.12 de la CN), pero ello no debe entenderse como comprensivo de las responsabilidades tributarias derivadas del derecho público provincial que pudieren emerger en la persona que asume aquél carácter, y que siempre serán frente al Fisco provincial (arts. 121 y 126 de la CPBA).-
Una interpretación distinta llevaría a resultados absurdos. Por caso, que la regulación del impuesto a los ingresos brutos (art. 182 y sig. del Código Fiscal) es inconstitucional por inmiscuirse en materia de "responsabilidad de los comerciantes", de competencia legislativa del Congreso Nacional. O que la determinación de las sociedades comerciales como agentes de recaudación de impuestos de sellos (art. 294 y cctes. del Código Fiscal) es inconstitucional por inmiscuirse en temas de responsabilidad societaria.-
Es cierto que el estado provincial no tiene una libertad absoluta para el dictado de normas tributarias. La Corte Federal ha resuelto -en un añejo precedente vinculado también con normas fiscales bonaerenses- que las facultades tributarias provinciales no son ilimitadas ya que sus reglas deben ser establecidas teniendo presente que la uniformidad de la legislación común en toda la Nación tiene un claro propósito de unidad nacional con el que no es compatible un ejercicio de la facultad impositiva que cree para sus propios fines normas inconciliables con los principios del derecho común sobre el particular (Fallos: 217:189). Tal es el principio que, por otra parte, se desprende del artículo 31 de la Constitución Nacional.-
En el caso en estudio, no advierto que los artículos 21 y 24 de la Ley 10.397 conformen una regulación fiscal que pudiere considerarse -en términos de la Corte Suprema- "inconciliable" con los principios del derecho societario, y en particular con el sistema de responsabilidad de los directores de la sociedad anónima frente a la sociedad, accionistas y terceros por el mal desempeño en su cargo (art. 59 y 274 de la LGS).-
Por otra parte, no puedo dejar de advertir que la ley de procedimiento fiscal nacional establece normas similares a las impugnadas (art. 6 inc. "d" y 8 inc. "a" de la Ley Nacional de Procedimientos Fiscales Nro 11683 t.o. Dec. 821/98) y ello no podría merecer reproche constitucional dado que media una identidad entre el organismo que regula el tributo federal y el que regula el derecho mercantil (en ambos casos, el Congreso Nacional). ¿Por qué las provincias no podrían echar mano a este recurso técnico para la percepción de sus impuestos y sí podría hacerlo el legislador nacional con relación a los tributos federales? ¿Qué justificaría una interpretación del texto constitucional y de las atribuciones legislativas que sostenga semejante desigualdad? Por todo lo expuesto, y como adelanté, adhiero al voto del Dr. Méndez.-
ASÍ LO VOTO.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ DIJO:
Corresponde, por mayoría: 1) Revocar la sentencia de fs. 338/342, en cuanto fuera materia de agravio; 2) Rechazar el incidente de revisión promovido por Juan Antonio Toledo; 3) Imponer las costas de Primera Instancia y Alzada al incidentista vencido (art. 68 del CPCC).-
ASÍ LO VOTO.-
LOS SEÑORES JUECES DRES. RAMIRO ROSALES CUELLO Y RICARDO DOMINGO MONTERISI VOTARON EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.-
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo, se resuelve, por mayoría:
I.) Revocar la sentencia de fs. 338/342, en cuanto fuera materia de agravio; II.) Rechazar el incidente de revisión promovido por Juan Antonio Toledo;
III.)
Imponer las costas de Primera Instancia y Alzada al incidentista vencido (art. 68 del CPCC). NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula (art. 135 CPCC).
DEVUÉLVASE.-
RAMIRO ROSALES CUELLO ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ RICARDO DOMINGO MONTERISI JOSÉ GUTIÉRREZ
- Secretario -
Fin de la sentencia