Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2022-17264245-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas.
2Intimar a la incidentista para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 84.686,01 en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios devengados en los términos del artículo 7° de la Ley N° 25.964, a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-81836668-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 8 de Agosto de 2022 SRL / BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS”.
Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía de la 12da. Nominación En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal titular de la Vocalía de la 11a.Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el expediente EX-2022-17264245- -APN-TFN#MEC caratulado “TOLOSA ECOTRANS SRL / BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS”.
El Dr. Martin dijo:
I. Que mediante RE-2022-17264520-APN-DTD#JGM, viene la empresa Tolosa Ecotrans S.R.L. A promover el Beneficio de Litigar sin Gastos en virtud de las previsiones del articulo 78 y siguientes del C.P.C.C.N., en el proceso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que se inicia contemporáneamente con el presente, contra la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Manifiesta la recurrente que ha sido objeto de una fiscalización impositiva iniciada por orden de intervención N° 1.654.906. Sintéticamente, plantea que durante la fiscalización la Administración Federal confecciono un listado de proveedores incluidos en la Base de Contribuyentes No Confiables, de los cuales solicito documentación respaldatoria y, posteriormente, impugno. El organismo ha fundado las resoluciones determinativas de oficio 9/2021, 10/2021 y 11/2021, conjuntamente con las resoluciones 9/2022, 10/2022 y 11/2022, únicamente en la inclusión de ciertos proveedores en la base E-Apoc, con la intención de otorgarle efectos retroactivos a esas inclusiones, toda vez que al momento en que la empresa TOLOSA ECOTRANS contrato con los mencionados proveedores, los mismos se encontraban autorizados a emitir comprobantes por la propia AFIP, quien les otorgo y mantuvo vigente su C.A.I. Y/o C.A.E. Durante los periodos que actualmente pretende impugnar. Así, el organismo pretende impugnar las operaciones con ciertos proveedores, a saber, SEM SERVICIOS ELETROMECANICOS S.A., ETFI S.R.L. Y R.E.Y.E.M. GIRARD S.R.L., con el argumento de su inclusión en la base de contribuyentes no confiables -Base E-Apoc-, pero sin considerar que esa inclusión se produjo uno o dos años después de haberse configurado la operación. Es decir, el organismo pretende trasladar su responsabilidad al contribuyente hace saber la recurrente en tanto la obligación de control de las empresas en cuanto a la autorización para emitir facturas con su correspondiente C.A.I. Y/o C.A.E. Y su habilitación para poder operar se encuentra exclusivamente a cargo de la AFIP.
En primer lugar, hace referencia a que el monto de las resoluciones N° 9/2022, 10/2022 y 11/2022, sobre el cual se calcula la tasa de actuación, es por un total de pesos tres millones trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos cuarenta con veinte centavos ($3.387.440,20). Considerando que la tasa de actuación equivale al 2,5% del total de la determinación de oficio, incluido capital e intereses, representa un total de pesos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y seis ($84.686), resultado excesivamente oneroso para el contribuyente el gasto a afrontar para el acceso a la justicia, en virtud de las consecuencias socio económica que ha dejado la pandemia por Covid- 19, del cual el contribuyente no es ajeno.
Por otro lado expone que el monto que representa la tasa de actuación resulta excesivamente onerosa para el contribuyente, en estos tiempos, en donde resultan escasos los recursos e insuficientes para la promoción y prosecución de la pretensión que en el proceso principal se esgrime, es decir, se encuentra frente a una situación de imposibilidad de asumir los gastos que el proceso principal pudiera irrogar, más precisamente, en este momento le es imposible la erogación correspondiente a la tasa de actuación, atento la crisis socio económica por la que atraviesa el país a causa de la pandemia mundial por Covid-19 y las consecuencias del correspondiente aislamiento social decretada por el Gobierno en el año 2020, en resguardo de la salud de la población Argentina, sin perjuicio de considerar la alta presión fiscal.
Más allá de esto, la recurrente plantea que su cliente se enfrenta a una dura realidad económica y financiera, intentando sobrellevar una situación de crisis económica, en busca de conservar la fuente de ingreso, como así también, las fuentes de trabajo, atento que resulta ser empleador. En el presente marco descripto por la misma, el contribuyente ha mermado su actividad comercial, pudiendo apenas remontar la misma durante los comienzos del año 2021, en un intento de reflotar los meses precedentes en donde la actividad comercial y económica estuvo casi paralizada. Como se sostuvo anteriormente nuestro país se encuentra atravesando una crisis socio económica, marcada por una recesión muy profunda, como la actividad en baja, producto del aislamiento social por la pandemia mundial.
Sumado a la crisis social económica financiera por la que atraviesa el país, el principal foco de atención en la crisis es la ruptura de la cadena de pagos. Y esto resulta sumamente relevante, toda vez que muchas veces una empresa factura un interesante monto de ventas pero en la realidad logra percibir una suma muy ínfima en tiempo y forma, retrasándose en el cobro total, es decir del 100%, de sus ventas mensuales, y esto es a causa de que las grandes compañías para las que prestan servicios las PyMEs suele incorporar el habito de cancelar las operaciones en los plazos de 30, 60 y hasta 90 días.
Por último la única prueba acompañada por la parte actora es la prueba documental acompañada en autos la cual consta de copias de subdiarios de IVA, compra ventas de noviembre / diciembre 2021 y enero 2022. Es por todo lo anteriormente mencionado que resulta necesario para la parte acceder al Beneficio de Litigar sin Gastos para garantizar el acceso a la justicia, derecho de defensa y principio de igualdad.
II. Que mediante el IF-2022-36827503-APN-DTD#JGM tomó intervención la representante fiscal en los términos del artículo 80 del CPCCN III.- Que mediante el IF-2022-38154395-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional se presenta y contesta el recurso planteando que la actora expresa, como único argumento que carecería de recursos para afrontar los gastos que demanda el pago de la tasa de actuación y demás gastos que puedan derivarse del proceso principal. Para que el beneficio prospere tiene que existir un estado de absoluta imposibilidad de pago, no bastando las meras apreciaciones que hace la peticionante. En efecto, la actora aporta solo comentarios encaminados a poner de manifiesto que carecería de recursos para afrontarla. Pero no ha demostrado que se encuentre imposibilitada de obtener recursos suficientes para afrontar el gasto de la tasa de actuación que le ocasiona el presente litigio. Manifiesta que en el presente caso se puede observar que la contribuyente actúa a través de un apoderado. Se evidencia entonces un hecho que es irrebatible: un infortunado no acude para defender sus derechos a un profesional particular, sino que se asiste por un servicio profesional gratuito o el defensor oficial. El Fisco Nacional recuerda que la petición de la recurrente se basa únicamente en meras especulaciones, no demostrando encontrarse en una situación tal de pobreza que de no poder afrontar el pago de la tasa se actuaría el derecho de estar en juicio. Plantea del mismo modo que los argumentos esgrimidos para solicitar no abonar los gastos y costas del proceso son insuficientes, pues de ellos no surge una efectiva imposibilidad de hacerse cargo de la tasa de actuación ante este Tribunal y, eventualmente, de las posibles costas en su contra. En medio de lo manifestado anteriormente el Fisco Nacional niega que la recurrente no pueda afrontar los gastos derivados del proceso y por ende solicita el rechazo con costas del beneficio pedido por la apelante, toda vez que su pretensión se basa en afirmaciones puramente dogmáticas, no cumplimentando los requisitos que la ley exige para su procedencia.
IV. En la PV-2022-78641570-APN-VOCXII#TFN se elevan las actuaciones a la consideración de la Sala “D”.
V. Que la ley N° 25.964 en su art. 9° establece la exención del pago de la tasa de actuación a las “personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos” y que este instituto se ve plasmado en el art. 78 del C.P.C.C.N., donde se ampara a quienes “carecieren de recursos” esto es, los que se encuentran en una situación de pobreza tal que de no poder afrontar el pago de la tasa, afectaría su derecho a estar en juicio.
Que para analizar el sustento del citado instituto, debemos remitirnos a los dos preceptos de raigambre Constitucional como son; la garantía de defensa en juicio y la igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la Constitución Nacional), como pilares que vienen a asegurar la prestación de los servicios de justicia que se ajusta a la situación económica de quienes no pueden afrontar un litigio.
En este orden de ideas, en tanto constituye un privilegio de carácter excepcional, su concesión ha de valorarse en forma restrictiva, lo que determina que la ausencia de recursos económicos que imposibiliten el pago de los costos causídicos deba ser demostrada en forma fehaciente, carga que le incumbe al peticionante (conf. art. 79, ap. 2°. C.P.C.C.N.).
Que asimismo corresponde aclarar que la concesión de este beneficio "...queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas "(CSJN, "Siderman José y otros c/Nación Argentina y Provincia de Tucumán s/daños y perjuicios" ED - T. 132 - pág 142), por lo que es el Tribunal quien debe efectuar en cada situación concreta, un examen particularizado de las pruebas aportadas a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión.
Como se puede observar en dichos autos la única justificación que plantea la parte actora para solicitar dicho beneficio es la imposibilidad que tuvo para poder ejercer sus labores a causa de la pandemia mundial por covid- 19, más allá de esto la misma no presenta ningún tipo de medio probatorio para de esta manera demostrar la imposibilidad de poder sustentar los costos que dicha causa le traería.
VI. Otro aspecto a tener en cuenta es que, a pesar de que la ley de procedimiento tributario prevé que “En la instancia ante el Tribunal Fiscal de la Nación los interesados podrán actuar personalmente, por medio de sus representantes legales, o por mandatario especial...” (art. 160 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.), el incidentista ha optado por actuar con letrado patrocinante, lo que es un argumento más para tener en cuenta al momento de valorar la real “carencia de fondos”, toda vez que deberá afrontar el pago de los honorarios correspondientes a la actuación del profesional interviniente. Que así como corresponde prever los honorarios del profesional - patrocinante- con motivo del recurso incoado, también debe considerarse el arancel correspondiente a la tasa de actuación que establece la ley Nº 25.964, puesto que ninguno de esos gastos surge en forma intempestiva, sino que son consecuencia de la decisión que adopta el propio apelante en el momento de acudir ante esta instancia jurisdiccional.
Que a juzgar por la ausencia total de evidencias, que permitan corroborar la supuesta falta de medios para poder afrontar el pago de la tasa de actuación ante este Tribunal, corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda la que incluirá los intereses resarcitorios devengados en los términos del artículo 7o de la Ley N° 25.964.
Por último corresponde intimar a la incidentista para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 84.686,01 en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios devengados en los términos del artículo 7° de la Ley N° 25.964, a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere en lo sustancial a los argumentos del Dr. Martín, en cuanto a que la incidentista no acreditó en autos de manera fehaciente la hipótesis de pobreza por su parte argumentada.
Que por todo ello, corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas e intimar la tasa de actuación debida, bajo apercibimiento de librar boleta de deuda (conf. ley N° 25.964). La Dra. O Donnell dijo:
Que adhiere al voto del Vocal Instructor.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas.
2. Intimar a la incidentista para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 84.686,01 en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios devengados en los términos del artículo 7° de la Ley N° 25.964, a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal.
Regístrese, notifíquese y archívese. – Date: 2022.08.05 11:48:56 -03:00 Date: 2022.08.08 08:11:19 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.08 11:30:37 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.08 11:30:38 -03:00
Fin de la sentencia