Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-17448-MP1E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 10-06-2026 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento en crisis. No habiendo mediado contradicción entre las partes, las costas se imponen en el orden causado (art. 51 inciso 1° del C.P.C.A.).
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (conf. art. 31 ley 14.967).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-17448-MP1E "TOLOSA FARIAS SILVIA INÉS c. PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL. PUBLICO s. INCIDENTE DE APELACION DE MEDIDA CAUTELAR" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Mora y Ucín .
I. El magistrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, con fecha 01-06-2026, desestimó el pedido de tutela cautelar formulado por la parte actora.
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación articulado electrónicamente contra dicho pronunciamiento por la parte actora y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en torno del recurso de apelación intentado por la parte actora con fecha 10-06-2026?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Una detenida lectura del escrito inicial me permite apreciar que Silvia Inés Tolosa Farías promovió la presente pretensión anulatoria contra la Provincia de Buenos Aires con el objeto de obtener la anulación de la Resolución N° 11.987/2025, dictada en el marco del expediente administrativo N° 21.100-018.689/22 -Investigación Sumarial Administrativa N° 1050-71.602/1122-, mediante la cual se le impuso una sanción de cesantía.
Solicitó, asimismo, que, como consecuencia de la invalidez de dicho acto, se disponga su reincorporación a los cuadros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el reconocimiento de los haberes dejados de percibir, con intereses, y el cómputo del período durante el cual permaneció separada de la institución a los fines de los ascensos, antigüedad y retiro.
Al fundar su reclamo, relató que el procedimiento disciplinario instruido en su contra se inició a raíz de un hecho ocurrido el 20-11-2022, cuando su entonces pareja, Ulises Gastón Córdoba, tomó, sin su conocimiento, el arma reglamentaria que tenía asignada y, luego de retirarse del domicilio en el que ambos se encontraban, efectuó disparos con ella, uno de los cuales impactó en su propio pie y le provocó lesiones.
Expuso que, a raíz de ese episodio, en el ámbito del sumario administrativo se la consideró responsable de las faltas previstas en el art. 205 incisos "c" y "o" del decreto 1050/09, teniendo la autoridad disciplinaria por acreditado que mantuvo un comportamiento reñido con su condición de agente policial, en tanto se encontraba junto a quien fue calificado como una persona de notoria mala fama por registrar diversas investigaciones penales en las que resultó denunciado y éste portó y exhibió su arma reglamentaria ante otras personas para luego utilizarla fuera del domicilio.
Cuestionó las referenciadas conclusiones por considerar que los hechos en los que se sustentaron no fueron probados.
En ese andar, señaló que la investigación penal iniciada a raíz del mismo episodio fue archivada por la Fiscalía interviniente el 13-12-2022 sin que se formulara imputación en su contra y sostuvo que, por el contrario, allí fue considerada víctima de lo sucedido.
Afirmó que, pese a ello, la Auditoría General de Asuntos Internos tuvo por acreditadas circunstancias que, según postuló, tampoco fueron demostradas en el procedimiento administrativo y, sobre esa base, le aplicó la sanción disciplinaria más gravosa prevista por el régimen policial.
Adujo, asimismo, que en el ámbito del procedimiento disciplinario se prescindió de considerar que fue víctima de violencia de género por parte de quien entonces era su pareja y que éste se apoderó del arma reglamentaria sin su conocimiento ni consentimiento, pese a que se encontraba debidamente resguardada, circunstancias personales y de género que, en su visión, debieron ser ponderadas al juzgarse su conducta.
Agregó que durante el trámite sumarial se rechazaron sin fundamento sus pedidos dirigidos a producir prueba testimonial y a acogerse al procedimiento abreviado previsto en el art. 245 del decreto 1050/09.
También objetó que, al graduar la sanción, no se valorara su foja de servicios, en la que -según afirmó- constaban únicamente sanciones menores por llegadas tarde y diversas felicitaciones y reconocimientos por su desempeño profesional.
Con sustento en lo hasta aquí relatado, calificó la decisión expulsiva como arbitraria y desproporcionada y sostuvo que, con ella, se vulneraron los principios de igualdad y razonabilidad, su derecho de defensa y las garantías de inocencia y debido proceso.
Solicitó como medida cautelar que, hasta el dictado de la sentencia definitiva, se suspendan los efectos de la Resolución N° 11.987/2025 y se mantenga la situación de revista en disponibilidad que ostentaba con anterioridad a su dictado.
Fundó el pedido precautorio en el hecho de que la cesantía determinó la pérdida de los haberes con los que atendía las necesidades alimentarias de su grupo familiar y de la cobertura de obra social necesaria para continuar los tratamientos psicológico y psiquiátrico que refirió encontrarse realizando.
En cuanto a la verosimilitud del derecho, sostuvo que surgía de la ilegitimidad que, a primera vista, exhibía el acto sancionatorio impugnado.
Reiteró que los hechos tenidos en cuenta para disponer su cesantía no determinaron que se formulara imputación o cargo alguno en su contra en sede penal y que, por el contrario, en aquella investigación fue considerada víctima del episodio.
Añadió que la Administración se apartó de las normas que regían su actuación, omitió considerar las circunstancias de vulnerabilidad y violencia de género que atravesaba, prescindió de elementos favorables de su foja de servicios y le aplicó una sanción que calificó como excesiva.
2. Al fundar el rechazo al pedido cautelar formulado, el magistrado de primera instancia señaló que el otorgamiento de la tutela requerida suponía suspender los efectos del acto administrativo que dispuso la baja de la agente de la fuerza policial, por lo que cabía examinar su procedencia a la luz de lo establecido por los arts. 22 y 25 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
Expuso que se requirió a la demandada la presentación de un informe, así como la remisión de las actuaciones administrativas producidas, a fin de analizar los recaudos previstos por el art. 22 del ordenamiento citado y que, frente a ese requerimiento, la Administración manifestó carecer de recursos para digitalizar la Investigación Sumarial Administrativa N° 1050-71.602/1122, solicitando que se individualizaran los actos procedimentales específicamente requeridos.
Añadió que la demandada informó cuáles eran, a su criterio, los actos del procedimiento que producían efectos y comunicó que la sanción de cesantía se encontraba firme y que las actuaciones permanecían archivadas desde diciembre de 2025.
Señaló que, ante esa respuesta, confirió vista a la actora y requirió nuevamente las actuaciones administrativas a los fines de evaluar la admisibilidad de la demanda.
Explicó que, contestada aquella vista y vencido el plazo sin que la demandada cumpliera con la remisión ordenada, hizo efectivo el apercibimiento previsto por el art. 30 inc. 2° del Código Contencioso Administrativo y procedió al análisis de admisibilidad de la pretensión tomando como base la exposición de los hechos contenida en la demanda.
Sentado lo anterior, precisó que la verosimilitud del derecho debía apreciarse a partir de los defectos atribuidos al acto cuya suspensión se pretendía y de los cuestionamientos formulados contra la decisión administrativa.
Desde tal mirador, apreció que las objeciones planteadas por la accionante contra el acto sancionatorio y el encuadre jurídico de su situación involucraban circunstancias fácticas de cierta complejidad que no se encontraban acreditadas.
Apuntó, específicamente, que la comprobación de los hechos invocados en sustento de la pretensión -entre ellos, el estado de salud de la actora y la situación de violencia de género denunciada- excedía el ámbito de conocimiento superficial propio de la instancia cautelar, sin que de la simple lectura del acto surgieran los vicios alegados.
Recordó que la suspensión de los efectos de un acto administrativo exige un examen riguroso de la verosimilitud del derecho, en atención a la presunción de legitimidad y ejecutoriedad que lo ampara, y juzgó que el derecho invocado por la accionante no aparecía con nitidez suficiente.
Entendió que la complejidad de la controversia de fondo y la necesidad de verificar los hechos alegados impedían tener por configurado el citado presupuesto, pues de las constancias examinadas, a partir de una cognición preliminar, propia de esa etapa, no surgía una actuación manifiestamente antijurídica de la Administración ni se advertían, con la intensidad necesaria, vicios en el acto impugnado que justificaran suspender sus efectos.
Concluyó que el examen necesario para determinar la existencia de las irregularidades denunciadas debía quedar reservado para la resolución de la pretensión principal y, al no encontrarse acreditada siquiera en grado de apariencia la verosimilitud del derecho invocado, resultaba innecesario examinar los restantes recaudos de admisibilidad de la tutela precautoria.
3. En su recurso de apelación la parte actora objeta que el magistrado no hubiera valorado adecuadamente los hechos expuestos en la demanda ni la documentación acompañada para acreditar la verosimilitud del derecho invocado.
Refiere que, ante la falta de remisión de las actuaciones administrativas por parte de la demandada, el juez hizo efectivo el apercibimiento previsto por el art. 30 inc. 2° del Código Contencioso Administrativo y, pese a ello, no tuvo en cuenta la plataforma fáctica expuesta en el escrito inicial al examinar la procedencia de la tutela solicitada.
Por esa senda, reprocha que no se asignen consecuencias a la conducta procesal asumida por la demandada, pues ésta, pese a los requerimientos cursados, omitió acompañar las actuaciones administrativas y alegó carecer de recursos para su digitalización, proceder que debió ser valorado como demostrativo de mala fe procesal y relacionado con las irregularidades que denunció respecto del trámite del procedimiento disciplinario.
En cuanto a la verosimilitud del derecho, expresa que no fue imputada penalmente por el hecho que dio origen al sumario administrativo, que en sede penal fue considerada víctima del episodio y que carecía de antecedentes disciplinarios de entidad durante sus años de servicio, circunstancias que, junto con la documentación acompañada y las irregularidades atribuidas al procedimiento disciplinario, permitirían apreciar prima facie la arbitrariedad de la sanción aplicada.
Finalmente, objeta que no se ponderen las consecuencias que la ejecución del acto produce sobre su situación personal, dado que la cesantía y la consiguiente pérdida de sus haberes y cobertura médica profundizan la situación de vulnerabilidad económica y de salud que atraviesa, por lo que entiende reunidos los recaudos necesarios para restablecer cautelarmente la situación laboral que mantenía con anterioridad al dictado del acto impugnado.
II. El recurso no merece prosperar.
1.1. Recuerdo que la fundamentación de la apelación constituye la herramienta que busca desbaratar la ratio decidendi que sostiene la solución consagrada en el fallo recurrido, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el juez de la instancia, sin hacerse cargo de los fundamentos del pronunciamiento en crisis, toda vez que la postulación recursiva requiere una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto, junto con la demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (cfr. art. 56 inc. 3° del C.P.C.A.; esta Cámara causas C-9110-MP2 "Beiersdorf S.A.", sent. del 27-10-2020; C-12525-MP1E "Cristobo", sent. del 13-07-2023; C-13443-BB1 "Marquez", sent. de 11-04-2024; C-14215-BB1E "Energen S.A.", sent. del 17-12-2024).
De esta forma, en la labor impugnativa, el recurrente debe criticar todas las partes del fallo que le sirven de sustento y, si en dicha tarea, deja incólumes o incuestionadas parcelas que -por sí- tienen entidad para conservarlo, el pronunciamiento debe mantenerse (arg. doct. S.C.B.A. causa Ac. 92.995 "J., D.", sent. de 24-05-2006; esta Alzada en causas C-9376-MP2 "Sirochinsky", sent. del 4-6-2020; C-10020-MP2 "Marchesani", sent. del 17-9-2020; C-12360-BB1E "Cavalier", sent. del 10-08-2023; C-12638-NE1 "Saccomano", sent. del 11-07-2024).
1.2. A la luz de tales pautas, advierto que el recurso en estudio no logra satisfacer la carga de fundamentación exigible para conmover lo decidido en la instancia anterior.
Repárese que el argumento central sobre el que el magistrado sustentó el rechazo de la tutela precautoria instada consistió en que los cuestionamientos dirigidos contra el acto sancionatorio involucraban situaciones de cierta complejidad cuya comprobación requería una actividad de comprobación que excedía el ámbito superficial propio del despacho cautelar y resultaba impropia de la instancia inicial en la que se hallaba el proceso, perspectiva desde la que juzgó que los elementos hasta entonces colectados no permitían verificar, con el grado de nitidez necesario, los vicios denunciados por la accionante, actividad que, por ello mismo, debía quedar reservada para una etapa ulterior, de mayor debate y prueba.
El razonamiento referido no ha sido objeto de una crítica concreta y razonada por parte de la apelante, quien insiste con cuestiones tales como que no fue imputada penalmente por el hecho que dio origen al sumario, que en aquella sede fue considerada víctima, que carecía de antecedentes disciplinarios de entidad y que la Administración omitió ponderar tanto esas circunstancias como la situación de violencia de género que denunció, manifestaciones que, en lo sustancial, reproducen los hechos y argumentos en los que fundó su pretensión cautelar, sin explicar de qué modo esos elementos permitirían tener por acreditados, dentro del limitado marco cognoscitivo propio de esta etapa, los defectos que atribuye al acto administrativo atacado ni, fundamentalmente, por qué resultaría desacertada la conclusión del sentenciante acerca de la necesidad de un ámbito de mayor debate y prueba para verificar su efectiva configuración.
Tampoco modifica el temperamento propiciado lo expresado por la recurrente en torno a la ausencia de remisión de las actuaciones administrativas por parte de la demandada y a las consecuencias derivadas del apercibimiento dispuesto por el juez con fundamento en el art. 30 inc. 2° del Código Contencioso Administrativo, toda vez que, aun cuando ante el incumplimiento del requerimiento cursado el magistrado proceda -como lo hizo- al examen de admisibilidad de la pretensión tomando como base la exposición de los hechos contenida en la demanda, de ello no se sigue necesariamente que tales circunstancias debieran tenerse por acreditadas a los fines de resolver favorablemente la tutela precautoria ni autoriza a asumir, sin más, la existencia de los vicios que la accionante atribuye al procedimiento disciplinario y al acto sancionatorio.
Precisamente, luego de considerar los hechos invocados en el escrito inicial, el juez de grado entendió que la comprobación de las circunstancias sobre las que reposaban las impugnaciones formuladas contra el acto requería una actividad probatoria incompatible con el restringido ámbito de conocimiento cautelar, conclusión frente a la que la recurrente se limita a postular que la falta de remisión de las actuaciones obligaría a conferir mayor entidad a su relato y a calificar la conducta procesal de la demandada como demostrativa de las arbitrariedades denunciadas, prescindiendo de explicitar, empero, las razones por las que dicha circunstancia permitiría tener por verificados -sin otro sustento- los presupuestos de hecho de los vicios invocados y de desvirtuar la necesidad de un conocimiento más amplio señalada por el juzgador.
Similar falencia exhiben las manifestaciones vertidas por la actora en punto a las consecuencias que la cesantía impugnada proyectaría sobre su situación económica y de salud, ya que tales argumentos se vinculan con el requisito de admisibilidad cautelar atinente al peligro en la demora, mas no rebaten el fundamento por el cual el magistrado consideró ausente la verosimilitud en el derecho alegado, por lo que, al resultar este último recaudo indispensable para el otorgamiento de la tutela requerida, la invocación de los perjuicios derivados del mantenimiento de los efectos del acto carece de aptitud para suplir la ausencia de una crítica suficiente contra el fundamento sobre el que reposa el pronunciamiento en crisis.
Así, al permanecer incólume un fundamento que posee entidad suficiente para sostener per se el rechazo de la medida precautoria solicitada, corresponde declarar insuficiente el recurso de apelación articulado por la parte actora (art. 56 inc. 3° del C.P.C.A.).
III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 10-06-2026 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento en crisis. No habiendo mediado contradicción entre las partes, las costas deberían imponerse en el orden causado (art. 51 inciso 1° del C.P.C.A.).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Ucín , con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota la cuestión planteada en el mismo sentido .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 10-06-2026 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento en crisis. No habiendo mediado contradicción entre las partes, las costas se imponen en el orden causado (art. 51 inciso 1° del C.P.C.A.).
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (conf. art. 31 ley 14.967).
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente, cfr. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 4039/21-. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1024-2026
Fin de la sentencia